Jesús Eduardo Martínez López
Expediente 681/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 681/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jesús Eduardo Martínez López
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y en atención al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veinte de octubre del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Toda vez que se encuentran documentos que anexó la parte quejosa al presente asunto como pruebas documentales, se le previene para que los recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega de los mismos, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, los citados documentos correrán la misma suerte que este expediente. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de octubre de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Eduardo Martínez López, contra actos del Juez de Control y de Tribunal Oral, Sala sede del Centro Integral de Justicia Penal en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 1, 19 y 20 Constitucionales. REGISTRO DE DEMANDA. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 681/2022-I-A. SUSPENSIÓN DE PLANO. Respecto a la suspensión de plano del acto reclamado solicitado por el promovente del amparo, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad. Para tal efecto, se estima necesario sentar como premisa lo contenido en el artículo 107, párrafo primero, fracción X de la Constitución Federal, así como el artículo 126 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes; (.)" "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Los preceptos legales de referencia, son producto de la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación y la posterior expedición de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, lo que generó, en cuanto a la suspensión en el amparo indirecto, un nuevo sistema equilibrado, orientado en la preservación de los derechos humanos y contar con mayores elementos de control, con objeto de evitar el abuso en su concesión y el dictado de resoluciones que lastimen la sensibilidad social. En el artículo 107, primer párrafo, fracción X, constitucional, se estableció que correspondería al legislador determinar tanto las condiciones como los casos en los que la suspensión sería procedente y, en función de esto, al expedir la ley reglamentaria en vigor, no sólo reconoció al Juez de Distrito la discrecionalidad para decidir sobre ella y estableció los parámetros normativos para el desarrollo general o específico de la ponderación, sino le otorgó la facultad de determinar los supuestos en los que la suspensión era procedente en función de ciertos bienes jurídicos de índole irreductible o preponderante. Aunado a ello, el artículo 126, transcrito, dispone que en el auto de admisión de la demanda, el juez podrá conceder la suspensión de plano, la que de otorgarse deberá comunicarse sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento, cuando se trate de los actos siguientes: a) Importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas. b) Las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales (prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). c) La incorporación forzosa en el ejército, armada o fuerza aérea nacionales. d) Tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. De ese modo, la suspensión de "oficio" o de "plano", se decide sin sustanciar incidente y sin exigir requisito alguno para que surta efectos, pues la medida tiene por objeto la protección de bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, cuya protección conlleva una urgencia y gravedad que permiten al juzgador actuar de manera inmediata. Así, el legislador estableció una serie de actos o supuestos en los que se impuso el otorgamiento de la medida cautelar sin mayor trámite o ponderación y con exclusión de la discrecionalidad del juzgador, a fin de evitar que se materialicen o consumen actos que afecten bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante. En ese sentido, conviene recapitular que el acto reclamado, consiste en la resolución dictada el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual se cancela la resolución de providencias precautorias y los efectos de la misma, dictadas por la Juez de Control y de Tribunal Oral, Sala sede del Centro Integral de Justicia Penal en esta ciudad, dentro de la causa penal 50/2022, el pasado cuatro de octubre del año en curso. Sin embargo, se estima que esos señalamientos son insuficientes para hacer procedente la medida que solicita, pues no se actualiza un acto conforme con lo previsto en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, permite sostener que no es procedente pronunciarse sobre la suspensión de plano solicitada, pues atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, en el caso, la parte quejosa no se ubica en los supuestos previstos por el numeral 126 de la ley de la materia citado para decretar ese tipo de suspensión, pues para poder emitirla no debe atenderse exclusivamente a las razones que al afecto aduzca la promovente, pues la naturaleza de los actos reclamados es un elemento indispensable para tal efecto y no los enfoques subjetivos de las partes. IMPROCEDENCIA. Ahora, en otro orden de ideas, es importante precisar que del artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte la facultad del Juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia opere en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes; es decir, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia I.13o.A. J/62 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así como en la jurisprudencia número 128/20013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Puntualizado lo anterior, previo a entrar en materia se hace pertinente precisar que las consideraciones plasmadas en el presente acuerdo se emiten en estricta interpretación de los antecedentes mencionados y del análisis que en particular se pronuncia sobre el tema. Ahora, tenemos que dicho numeral -113 de la Ley de Amparo- establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución dictada el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual se cancela la resolución de providencias precautorias y los efectos de la misma, dictadas por la Juez de Control y de Tribunal Oral, Sala sede del Centro Integral de Justicia Penal en esta ciudad, dentro de la causa penal 50/2022, el pasado cuatro de octubre del año en curso. En primer término, es conveniente destacar los antecedentes que bajo protesta de decir verdad refiere el quejoso en su demanda, y que dieron lugar al auto que aquí se reclama, de los que se advierte lo siguiente: 1. El veintisiete de junio de dos mil veintidós, se dictó resolución de vinculación a proceso a Fernando Zamora Flores, por el delito de privación ilegal de la libertad del padre del quejoso, quien en vida llevó el nombre de Cipriano Martínez Novoa, dentro de la causa penal 50/2022. 2. Por resolución de once de octubre de dos mil veintidós, la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de la causa, al resolver el toca de apelación 272/2022. 3. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, se celebró audiencia de provisiones precautorias, bajo la necesidad de proteger los bienes de la víctima Cipriano Martínez Novoa, que aún se encuentran en posesión del imputado Fernando Zamora Flores, ante el Juez de Control y de Juicio Oral, quien declaró procedente la solicitud del ofendido aquí quejoso Jesús Eduardo Martínez Flores -albacea testamentario-, por lo que dictó las providencias necesarias para que se efectuara tal restitución. 4. Luego, por resolución de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se celebró audiencia ante la Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, quien resolvió revocar la resolución de cuatro de octubre pasado en la causa penal 50/2022, por lo que canceló los efectos de la resolución en comento. La anterior determinación que constituye en la especie el acto reclamado. En ese contexto, en relación con el tema en particular y de una reflexión al mismo, el suscrito considera que por lo que hace al acto aquí combatido se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad, consistente en ejercitar previamente a la promoción de la acción constitucional, el recurso o medio de defensa ordinarios que la ley establece y que pueda conducir a la revocación o modificación del acto reclamado; el que consistió en la resolución emitida por el juez de control responsable, en que decidió el levantamiento de la providencia precautoria de embargo y aseguramiento de bienes a la parte ofendida, considerada como una providencia precautoria apelable. El indicado numeral, es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De inicio, cabe señalar el principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, tratándose de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Entonces, de la simple lectura del indicado numeral se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia los siguientes: El acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa. Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto. De lo anterior se colige que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa, para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Para llegar a la conclusión anterior, es necesario tomar en consideración lo dispuesto en los artículos siguientes: Del Título Quinto, sujetos del procedimiento y sus auxiliares, Capítulo II, de las Víctimas u ofendidos -Código Nacional de Procedimientos Penales-. "Artículo 111. Restablecimiento de las cosas al estado previo En cualquier estado del procedimiento, la víctima u ofendido podrá solicitar al Órgano jurisdiccional, ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. ." De dicho precepto se advierte que como derechos de la víctima u ofendido, se prevé que, en cualquier estado del procedimiento, puede solicitar al órgano jurisdiccional que ordene, como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. En relación a dicho precepto se encuentran los artículos 138 y 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén: "Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima. Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias: I. El embargo de bienes, y II. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. El juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público. Las providencias precautorias serán canceladas si el imputado garantiza o paga la reparación del daño; si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, o no solicita orden de aprehensión en el término que señala este Código; si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño. La providencia precautoria se hará efectiva a favor de la víctima u ofendido cuando la sentencia que condene a reparar el daño cause ejecutoria. El embargo se regirá en lo conducente por las reglas generales del embargo previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. . Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito. Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación. ." De lo anterior, se concluye que, el embargo de los bienes de que se trata, la retención de pagos por frutos de cosechas y la restitución de semovientes, reclamado en el juicio de amparo, tiene el carácter de una medida provisional, tendente a evitar la dilapidación y explotación de los mismos. Por su parte, el artículo 138 del Código Nacional aludido, refiere en lo que interesa, que las providencias precautorias tienen por objeto garantizar la reparación del daño a la víctima u ofendido del delito y que consisten en: "I. El embargo de bienes, y II. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. El juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público." Por otra parte, los artículos 153 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refieren que las medidas cautelares tienen por objeto, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo; y, evitar la obstaculización del procedimiento y consisten en: La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa, la separación inmediata del domicilio, la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, la colocación de localizadores electrónicos, el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga; y, la prisión preventiva. Los artículos 456 y 467 del ordenamiento legal citado, se establecen: "TÍTULO XII. RECURSOS. CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES. Artículo 456. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda. . SECCIÓN II. Apelación. APARTADO I. Reglas generales de la apelación Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba. ." Del artículo 456 del Código Nacional de Procedimientos Penales citado, refiere que en el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda, y las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la norma adjetiva penal en mención. Por su parte el artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que son apelables las resoluciones del juez de control que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares. Atento a todo lo anterior, el artículo 20 de la Constitución Federal, prevé que el objeto del proceso penal, es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Ahora bien, una vez reseñada la normatividad sobre el caso, se establece que de acuerdo a que el Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé como un derecho de la víctima u ofendido, el restablecimiento de las cosas al estado previo, para ello, en cualquier estado del procedimiento, y que éstas podrán solicitar al Órgano Jurisdiccional, que ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de su bienes, objeto, instrumentos o producto del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes de los hechos; inclusive según el artículo 229 del ordenamiento legal citado, prevé el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito; a su vez, en el artículo 138 transcrito con anterioridad, se establece que las providencias precautorias que deberán emitirse para la restitución de derechos de la víctima, esto es, para garantizar la reparación del daño, podrán solicitarse al juez las siguientes providencias precautorias el embargo de bienes y a la inmovilización de cuentas y demás valores que estén dentro del sistema financiero; ahora las medidas cautelares tienen por objeto asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo y evitar la obstaculización del procedimiento. Por tal motivo, en un análisis conjunto de los preceptos legales citados, debe considerarse que la medida provisional de restitución de bienes inmuebles a la víctima u ofendido, objetos, instrumentos o productos del delito no tienen por objeto el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes del hecho delictivo, prevista como un derecho de la víctima u ofendido, y de la cual deben seguirse las reglas de las providencias precautorias, que están previstas para garantizar la restitución de los derechos de las víctimas u ofendidos. En ese sentido, resulta inconcuso que el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción V, del señalado código adjetivo, es aplicable en contra de la providencia precautoria de embargo y aseguramiento de bienes, que con sustento en el artículo 111, del ordenamiento de mérito, así como en el caso, la decisión de haberse dejado sin efectos es la medida provisional. Por esas razones se estima que la resolución que deja sin efectos la medida provisional reclamada, es una resolución apelable, acorde al artículo 456 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé que las resoluciones judiciales como en el caso, el dejar sin efectos la medida provisional de restitución reclamada, sólo podrán ser recurridas por los medios y en los casos expresamente establecidos en la norma aludida en el caso, serán apelables. Al respecto es aplicable, la jurisprudencia que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2235, Décima Época, Materias(s): Común, Registro digital: 160536, de rubro y texto siguientes: "MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN O EMBARGO PRECAUTORIO CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO. LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE LA DECRETA DENTRO DE JUICIO NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que en su caso procedan. Condición impuesta que deriva de la observancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual opera como regla general y tiene como excepciones legales los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Por tanto, si la determinación judicial dictada dentro de juicio que decreta la medida provisional de restitución o embargo precautorio de un inmueble relacionado con la comisión del delito, a pesar de tener el carácter de actos de ejecución irreparable, no actualizan alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad; es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Sin que se desatienda por parte de este órgano jurisdiccional, que la jurisprudencia transcrita, estudió asuntos de Códigos Procesales Estatales, anteriores a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que de su contenido es orientador para resolver el tema en estudio. También debe decirse que contrario a lo que aduce la parte quejosa, no se actualiza supuesto alguno de excepción al mencionado principio de definitividad, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que prevé como casos de excepción: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." Por ende, en el caso, se refiere a una medida provisional, que sigue las reglas de una providencia precautoria, y como tal debe impugnarse mediante el recurso ordinario de defensa, ya que como medida precautoria no se impusieron medidas restrictivas de libertad. Así, es infundado, lo que se aduce que debe exceptuarse de agotar el principio de definitividad, pues la apelación no paralizaría la determinación del juzgado a quo, de dejar sin efecto las provisiones precautorias por lo que el peligro en la demora, la dilapidación, desvanecimiento y enajenación de bienes propiedad de la víctima formaría un potencial e inminente deterioro de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución General de la República, pues no habría forma de reparar el daño originado, por lo que es el recurso idóneo, por los efectos de su interposición, al no suspender el acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez, que los efectos que produce dicho recurso, suspensivos o no, en comparación con el juicio de amparo, no son caso de excepción, conforme a la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, antes citados. Aunado a que tampoco es aplicable al caso la tesis que cita la recurrente en sus agravios, de la voz: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. ES INNECESARIO QUE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO INTERPONGA EL RECURSO DE APELACIÓN, CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE GARANTÍA QUE LO CONFIRMA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUCIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2016). Ello porque de su contenido se advierte que el tema de fondo que se abordó en la misma se refiere cuando la norma sea aplicable una interpretación adicional no será necesario agotar dicho principio de definitiva, lo cual como se vio en los párrafos precedentes no es el caso en la especie, pues se patentó que en su contra sí es procedente el medio de impugnación anotado. Resta decir, como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, que en similares términos se pronunciaron el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con sede en la Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco y el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en Aguascalientes, al resolver las quejas penales 117/2022 y 131/2021 de sus respectivos índices, en la que incluso el primero de los nombrados, denunció ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una posible contradicción de criterios; sin embargo, a juicio del suscrito son las razones expuestas por los Tribunales ya citados, las que atienden la problemática analógica a la aquí analizada, y que si bien los mismos pertenecen a distinto Circuito Judicial, sus consideraciones son orientadoras en el tópico analizado y que se comparten. En virtud de lo cual, se considera ajustado a derecho, desechar la demanda de amparo, al tener por actualizada una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Como lo solicita el quejoso, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico, así como para recibir notificaciones del juicio que nos ocupa al usuario "eesg8310", de conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase a la Secretaria de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que el directamente quejoso se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que puedan consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. En el entendido que de conformidad con el último párrafo del artículo 60 del citado Acuerdo General, la notificación se tendrá por hecha a partir de que la persona autorizada consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente constancia de notificación ante la falta la consulta al expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el numeral 62 de ese mismo acuerdo. Sin que haya lugar a tener a la parte promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso, toda vez que se autorizó al usuario "eesg8310" para recibirlas de forma electrónica, de conformidad con el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DATOS DE CONTACTO. Asimismo, se tiene a la parte quejosa señalando dirección electrónica y número telefónico, para entablar comunicaciones no procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 12 de la ley de amparo se tiene como sus autorizados en términos amplios a Edgar Enrique Sánchez González y a Javier de Jesús Ornelas González, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las otras personas indicadas, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades responsables tienen expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.
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