Jesús Eduardo Martínez López

Expediente 48/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
48/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/02/2023

Partes del expediente

  • Jesús Eduardo Martínez López

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Temporalidad para destrucción de expediente. Cumplido el plazo de conservación y cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Orden de archivo. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Devolución de documentos. Toda vez que se encuentran documentos que anexó la parte quejosa al presente asunto como pruebas documentales, se le previene para que los recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega de los mismos, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, los citados documentos correrán la misma suerte que este expediente. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Marcela Guadalupe Castro Núñez, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistida de Germán Cabrera Rodríguez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de febrero de dos mil veintitrés. Identificación de promovente y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ************, contra actos del Titular de la Delegación Séptima de la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16 y 22 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 48/2023. Análisis de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el Juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción y, que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Ahora, de la lectura integral de la demanda de derechos fundamentales, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión del Titular de la Delegación Séptima de la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí y del Agente del Ministerio Público de Investigación y Litigación adscrito a la Mesa de Tramitación Común (con la asignación de la causa penal 50/2022), de dar cumplimiento a la determinación de providencia precautoria de embargo y aseguramiento de bienes, de cuatro de octubre de dos mil veintidós, emitida por el Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, sala sede Ciudad Valles. Es pertinente precisar que, atendiendo a los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró el solicitante del amparo, y los anexos allegados con la demanda de cuenta, se desprende que la referida providencia precautoria de embargo y aseguramiento de bienes, autorizada el cuatro de octubre de dos mil veintidós, fue cancelada por la diversa Jueza de Control del propio órgano jurisdiccional, el dieciocho de octubre de dos mil veintidós; sin embargo, con motivo del recurso de apelación que interpuso el ofendido, aquí quejoso, en contra la determinación citada en último lugar, la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, revocó la mencionada determinación de dieciocho de octubre del año próximo pasado, en la que se cancelaron las providencias precautorias de mérito, ordenando quedar subsistentes en los términos en que fueron decretadas. Enseguida, la Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, sala sede Ciudad Valles, tuvo por recibida la resolución de la Sala, en auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, y ordenó hacer del conocimiento dicha circunstancia a quien corresponda, para que se procediera a su ejecución. Establecido lo anterior, la suscrita Juzgadora estima que en el caso particular se actualiza la causal de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, dado que el juicio de amparo no procede contra actos que no sean de autoridad. En efecto, el artículo 5°, fracción Il de la Ley de Amparo, establece que por "autoridad responsable" se debe entender aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dictada, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; para lo cual, debe aclararse que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. El concepto referido en el párrafo que antecede, ha sido ampliamente estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos asuntos previos a la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo; así el Máximo Tribunal considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tiene su nacimiento en la ley cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; Que con motivo de esa relación, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por si o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Precisadas las peculiaridades que revisten los actos de autoridad para los efectos del amparo, se concluye que el acto reclamado al Titular de la Delegación Séptima de la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí y del Agente del Ministerio Público de Investigación y Litigación adscrito a la Mesa de Tramitación Común (con la asignación de la causa penal 50/2022), consistente en la omisión de ejecutar la determinación de providencia precautoria de embargo y aseguramiento de bienes, de cuatro de octubre de dos mil veintidós, emitida por el Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, sala sede Ciudad Valles, no constituye un acto de autoridad, toda vez que las mencionadas autoridades señaladas como responsables, solo actúan en auxilio del referido Juzgado de Control, dentro de la causa penal 50/2022 de origen, para lograr hacer cumplir la determinación jurisdiccional de cuatro de octubre de dos mil veintidós, a que se ha hecho referencia. Por lo que, ante su omisión o negativa para el cumplimiento de esa determinación, será el Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, sala sede Ciudad Valles, quien emitirá, en su caso, el pronunciamiento correspondiente para hacer cumplir esa actuación judicial, bajo su jurisdicción mediante la imposición de los medios de apremio estipulados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el acto atribuido a las potestades responsables no es autónoma, sino que se encuentra vinculada a lo actuado dentro de un procedimiento judicial, donde el titular del órgano tiene el deber de vigilar sus determinaciones sean acatadas. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario en estudio, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Eduardo Martínez López, en contra del acto atribuido al Titular de la Delegación Séptima de la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí y del Agente del Ministerio Público de Investigación y Litigación adscrito a la Mesa de Tramitación Común. Acceso a expediente electrónico y notificación electrónica. Como lo solicita, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico, así como para recibir notificaciones del juicio que nos ocupa al usuario "eesg8310", de conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase al Secretario de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. En el entendido que de conformidad con el último párrafo del artículo 60 del citado Acuerdo General, la notificación se tendrá por hecha a partir de que la persona autorizada consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente constancia de notificación ante la falta la consulta al expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el numeral 62 de ese mismo acuerdo. Domicilio. Sin que haya lugar a tenerlo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, toda vez que en párrafos que anteceden se autorizó realizar las mismas vía electrónica. Autorizados. Téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a Edgar Enrique Sánchez González y Javier de Jesús Ornelas González, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a Teresa de Jesús Jasso y María Guadalupe Aguilar Morales, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que los autorice a ejercer la profesión de abogado. Datos de contacto. De igual forma, téngase señalando como correo electrónico y número telefónico de contacto la dirección eesg99@hotmail.com y el 481 111 92 63. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órgano jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Integración. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico-, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3o del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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