Jesús Domingo López Medina

Expediente 1068/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1068/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
26/01/2021

Partes del expediente

  • Jesús Domingo López Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fración I, inciso c), al quejoso; el auto de ocho de diciembre de dos mil veinte. I. Quejoso. Jesús Domingo López Medina. II. Acto reclamado. Auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, en el que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés convenga con el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 1708/18-03-02-7. III. Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta a desechar de plano la demanda de amparo al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo. Esos preceptos legales disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Del segundo de los anteriores preceptos legales derivan dos reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, a saber: I. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido. Tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución; ésta es la que declara cumplida la sentencia o la que decreta la imposibilidad que se cumpla y, tratándose de remates, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. II. En la etapa de ejecución de sentencia o de remate, contra actos intermedios cuya ejecución sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La excepción de procedencia del amparo contra actos intermedios, sin esperar a que el procedimiento culmine, se actualiza únicamente cuando se esté ante acto cuya ejecución sea irreparable, a condición que los derechos sustantivos afectados sean ajenos a la cosa juzgada. La interpretación sistemática de las dos fracciones del segundo de los citados numerales lleva al conocimiento cuándo se está ante actos cuyos efectos son de imposible reparación, al disponer que por éstos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos intermedios en ejecución de sentencia que no afecten derechos sustantivos, pues solo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación. De tal manera, el juicio de amparo biinstancial resulta improcedente contra actos que sólo involucren derechos procesales, pues con ello no se inmiscuyen derechos sustantivos, como pudiera ser la vida, propiedad, posesión, etcétera. Al interpretar normas jurídicas semejantes, lo antes expuesto tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 1708/18-03-02-7; dicho acto no es susceptible de impugnarse vía ampro directo, en la media que no es la resolución que declara cumplida la sentencia o la que decreta la imposibilidad que se cumpla, por lo contrario, es acto tendente a lograr su cumplimiento, pues su fin es que la amparista conozca el acto de cumplimiento de la sentencia de nulidad y, en su oportunidad, resolver si la autoridad cumplió o no con ese fallo. Tampoco es acto con ejecución irreparable, pues no inmiscuye derechos sustantivos como pudieran ser la vida, propiedad, posesión, etcétera; ya que sus efectos son meramente procesales. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo; por ende, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 113 del ordenamiento en cita procede desechar de plano la demanda de amparo por manifiesta y notoria improcedencia. III. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo y autorizado al profesionista que señala en los términos indicados. V. Se exhorta a las partes a transitar a la modalidad de juicio en línea. Por otra parte, debido a la enfermedad producida por el virus SARSCoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarla, se exhorta a la parte quejosa para efectos que, en su caso, continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). VI. Presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional. Se hace saber a la promovente que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de personas persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. VII. Presentación de promociones físicas a través de la OPC. De igual forma, se comunica a la parte quejosa que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común (OPC) de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal que residen en Culiacán, Sinaloa; lo anterior deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar promoción de forma física.

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