Jesús Domingo López Medina
Expediente 487/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesús Domingo López Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, doce de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En resolución de once de octubre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Jesús Domingo López Medina para los efectos siguientes: SEXTO. Efectos del fallo protector. Una vez que esta sentencia cause estado, la Segunda Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe realizar lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de veinticinco de abril de dos mil veintidós dictada en el expediente 1708/18-03-02-7. 2. En su lugar, dicte otra resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, analice si fueron o no satisfechos los extremos anotados en la sentencia de nulidad. En cumplimiento a lo anterior, la responsable remitió el oficio 3-2-1-52339/22 que contiene inserto auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en donde dejó sin efectos el acuerdo emitido en veinticinco de abril del año en curso, posteriormente remitió el diverso 3-2-1-56580/22, con el que envío la resolución de veintidós de noviembre de la presente anualidad, en la que se advierte que después de verificar las tasas aplicadas a los incrementos de la pensión, determinó que las operaciones aritméticas realizadas por la demandada en el juicio de origen no eran correctas; y, volvió a requerir a la demandada para efectos de verificar nuevamente los incrementos de la pensión. Documentales que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de depuración. Consecuentemente, una vez que trascurra el término de tres años, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Por último, como lo establecen los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modificación electrónica, y toda vez que se cuenta con constancias que anexó la autoridad responsable, mismas que ya no son de utilidad en este juicio; en tal virtud, se ordena su devolución. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte JESUS DOMINGO LOPEZ MEDINA Culiacán, Sinaloa, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense los oficios remitidos por la Primera Secretaria de Acuerdos adscrita a la Primera Ponencia de la Segunda Sala Regional del Noroeste III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante los cuales en el primero acusa recibo de los oficios 28680/2022 y 31792/2022, y en el segundo cumple con la ejecutoria de amparo anexa copia certificada del auto de veintidós de noviembre del año en curso, dictada en el expediente 1708/18-03-02-7. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el citado oficio y constancias dese vista a las partes para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación correspondiente, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto dicho cumplimiento. Trascurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se emitirá pronunciamiento en torno el cumplimiento de la sentencia protectora. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte QUEJOSO JESÚS DOMINGO LÓPEZ MEDINA. TRÁMITE PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, Jesús Domingo López Medina solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Segunda Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de doce de mayo siguiente se admitió la demanda, se ordenó solicitar informe justificado a la autoridad responsable, dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, emplazar al tercero interesado y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. RESOLUCIÓN PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud que se reclama acto de autoridad que no requiere ejecución material. SEGUNDO. Autoridad responsable y acto reclamado. De la Segunda Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: El acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente 1708/18-03-02-7, en el que se tuvo cumplida la sentencia de nulidad de veintiocho de enero de dos mil diecinueve. TERCERO. Actos ciertos. Es cierto el acto reclamado a la responsable, tal como lo señaló la Presidente de la Segunda Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su informe con justificación (fojas 27 a 29). Lo cual se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistentes en copia certificada del expediente 1708/18-03-02-7, donde está el acuerdo reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor compresión del asunto, conviene hacer relación de las constancias que existen en el cuaderno de pruebas, del que se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil dieciocho ante la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Jesús Domingo López Medina promovió juicio contencioso administrativo en contra de la resolución definitiva contenida en el oficio DE/SP/109/2018 de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, emitido por la Subdelegación de Prestaciones, Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Sinaloa (fojas 1 a 21 del cuaderno de pruebas). 2. Seguido el juicio en sus trámites, el veintiocho de enero de dos mil diecinueve la Sala responsable dictó sentencia en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada (fojas 86 a 94 del cuaderno de pruebas). 3. Mediante oficio SP/3248/2019 de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Sinaloa, emitió resolución en la que detalló el procedimiento para determinar los incrementos a la cuota diaria de pensión del actor aquí quejoso (fojas 107 a 112 del cuaderno de pruebas). 4. Contra la anterior determinación, el actor, aquí quejoso interpuso recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia (fojas 121 a 123), que al ser resuelto el catorce de enero de dos mil veinte por la Sala responsable, determinó que hubo defecto en el cumplimiento de la sentencia, ordenó dejar sin efectos la resolución contenida en el oficio DS/SP/3248/2019 de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, y requirió a la autoridad demandada para que dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir de que quedara debidamente notificada, diera debido cumplimiento al fallo, en los términos que se le precisaron en la sentencia definitiva dictada en los autos del expediente 1708/18-03-02-7 (fojas 173 a 179). 5. En cumplimiento a la resolución de queja en mención, mediante oficio DE/SP/0879/2019 de once de marzo de dos mil veinte, la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Sinaloa, emitió resolución en la que recalculó, modificó y actualizó los incrementos aplicados a la pensión número 488371, del actor aquí quejoso (fojas 187 a 191 del cuaderno de pruebas). 6. Mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, la Sala responsable declaró cumplida la sentencia dictada en el expediente 1708/18-03-02-7 (foja 201 del cuaderno de pruebas). 7. El actor, aquí quejoso promovió juicio de garantías, el que correspondió conocer a este órgano de Control Constitucional dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 1369/2021, quien en sentencia terminada de engrosar el diecisiete de enero de dos mil veintidós, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (fojas 225 a 228 del cuaderno de pruebas). 8. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós la Sala responsable determinó que la autoridad demandada en el juicio de origen, incumplió la sentencia de queja de catorce de enero de dos mil veinte, ordenó dejar sin efectos el oficio DE/SP/0879/2019 de once de marzo de dos mil veinte y, requirió a la autoridad demandada para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de esa determinación, informara la emisión de una nueva resolución donde evidencie el debido cumplimiento a lo ordenado en la aludida sentencia de queja (fojas 234 y 235 del cuaderno de pruebas). 9. Mediante oficio SPSIN/0422/2022 de nueve de febrero de dos mil veintidós, la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Sinaloa, emitió resolución en la que recalculó, modificó y actualizó los incrementos aplicados a la pensión número 488371, del actor aquí quejoso (fojas 252 a 259 del cuaderno de pruebas). 10. Por escrito presentado el quince de marzo de dos mil veintidós ante la Sala responsable, el actor, aquí quejoso hizo diversas manifestaciones en torno al incumplimiento de la sentencia dictada en el expediente 1708/18-03-02-7 (fojas 260 a 262 del cuaderno de pruebas). 11. En acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, la Segunda Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tuvo cumplida la sentencia dictada en el expediente 1708/18-03-02-7 (foja 277 del cuaderno de pruebas). Ésta última determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías. QUINTO. Estudio de fondo. En esencia el quejoso manifiesta que se vulneran en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, virtud que el acto reclamado no está debidamente fundado ni motivado. Sostiene que no cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento afectado sus garantías de seguridad jurídica y acceso a la justicia. Aduce que la Sala responsable debió verificar si los porcentajes señalados por la demandada son correctos, esto es, cuando menos, por ser de orden oficioso, lo que no hizo. Sostiene que la Sala responsable tomó por cumplida la sentencia, por el simple hecho que el quejoso no se inconformó, cuando la responsable tiene la obligación de hacerlo de manera oficiosa. Refiere que la Sala responsable debió haber verificado que la demandada aplicara los incrementos que ha tenido el salario mínimo desde el dos mil dieciséis en adelante, lo cual no realizó la demandada y la responsable no verificó. Aduce que la demandada, en la resolución que emitió en cumplimiento aplicó una cantidad menor a la pagada, de ahí que la responsable omitió asegurarse que la demandada cumpliera con los lineamientos ordenados en la sentencia de nulidad. Dice que la Sala responsable tuvo cumplida la sentencia sin fundar y motivar dicho acto, puesto que simplemente hizo mención que la sentencia dictada en el juicio natural está cumplida, sin asegurarse de la plena ejecución de la sentencia, que debe hacer la demandada. Uno de los conceptos de violación es fundado, por las siguientes razones. En la especie, en la parte conducente del acuerdo reclamado la autoridad responsable señaló: [.] Ante ello, se observa que la Jefa de la Unidad Jurídica en Sinaloa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió una nueva resolución mediante el oficio SPSIN/0422/2022, de fecha 09 de febrero de 2022, en la que se desprende lo siguiente: Realizó un desglose detallando el procedimiento utilizado para determinar los incrementos a la cuota diaria de pensión, conforme al Salario Mínimo Vigente en el D.F., de acuerdo al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (hoy Ciudad de México). Reprodujo tabla que contiene los incrementos autorizados que le corresponden al actor de acuerdo a la reforma a los Salarios Mínimos con la que se pensionó. Así también, realizó las operaciones aritméticas a fin de comparar los porcentajes de aumento, la cuota diaria, los días del periodo, la percepción del periodo, el aguinaldo y detalló las cantidades que se debieron pagar a la parte actora, correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2022, y las cantidades que le han sido pagadas, de conformidad con el artículo 248 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ordenó el debido incremento de la cuota diaria a la pensión del actor, señalando su instauración a la nómina de la misma a partir del mes de abril de 2022, además señaló el pago retroactivo de la diferencia que existe a su favor, visible en el talón de pago correspondiente al mes de mayo de 2022. Atento a lo anterior, es posible determinar que la autoridad demandada dio debido cumplimiento a lo ordenado en el auto de 01 de febrero de 2022, puesto que dictó la resolución detallada, siguiendo los lineamientos ordenados; por lo que, en virtud de que además de lo expuesto, la resolución analizada fue hecha del conocimiento del accionante el 08 de marzo de 2022, según consta en la cédula de notificación personal que obra agregada en los autos del presente juicio (consultable a foja 251), por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DEFINITIVA EMITIDA EN EL PRESENTE JUICIO. [.] Luego, la Sala responsable señaló que la parte demandada cumplió con los lineamientos de la sentencia, y si bien es cierto la parte actora presentó escrito en que se manifestó respecto al cumplimiento otorgado, cierto es que en auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, se le indicó que se estuviera al auto de veinticinco de ese mes y año, en el cual se tuvo cumplida la sentencia en el juicio de origen (foja 281 del cuaderno de pruebas). Ahora bien, en el sistema jurídico mexicano la ejecución y cumplimiento de las sentencias es considerada de orden público e interés social y debe atenderse por parte del órgano jurisdiccional, aún de oficio, para efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado en sus instituciones jurídicas; aun cuando la parte que obtuvo manifieste estar conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria, el resolutor debe verificar que la sentencia está cumplida, tal como fue propuesta en la ejecutoria y velar por los derechos que deriven de las propias ejecutorias, los cuales son irrenunciables, pese a la voluntad de la parte que resultó favorecida. Lo anterior también implica reconocer que las sentencias, como normas jurídicas individualizadas, constituyen derechos para sus beneficiarios, al causar ejecutoria generan el deber correlativo para el Estado; de ahí que sea principio generalmente aceptado que su cumplimiento es de orden público. Para resolver la problemática es necesario precisar que el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo señala que las autoridades demandadas y cualquier otra están obligadas a cumplir las sentencias del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa; en tanto el diverso numeral 58 de esa legislación determina que, a fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal, una vez vencido el plazo correspondiente dicho órgano jurisdiccional podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme los lineamientos señalados en ese numeral. Lo anterior denota que el cumplimiento de las sentencias pronunciadas por ese tribunal es de orden público, por lo que siempre se debe velar por su exacto cumplimiento. En el caso, la Sala responsable en la sentencia de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, señaló los lineamientos que la autoridad demandada, Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Sinaloa, debería realizar para tener cumplida la sentencia de nulidad, a saber: [.] Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción V, de la citada Ley, se declara la nulidad de la resolución impugnada, y se ordena a la autoridad demandada a que una vez que la presente sentencia quede firme, proceda a desglosar los aumentos que legalmente correspondía efectuar a la cuota diaria de pensión de la actora, en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente del 05 de enero de 1993 y hasta el 31 de diciembre de 2001, hasta el momento en que se cumpla la presente resolución; procediendo, en su caso, a determinar y pagar a la hoy demandante las diferencias que pudiesen resultar a su favor, sin que la cuota diaria rebase el tope de 10 salarios mínimos, previsto en el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado aplicable, tomando en consideración los criterios de prescripción antes indicados. En consecuencia, resulta procedente que la autoridad demandada pague las diferencias que se generen con motivo de la aplicación de los incrementos correspondientes, al considerarse dichas cantidades adeudos en favor del accionante, y en lo subsecuente continúe aplicando los incrementos a que tiene derecho el pensionado actor, en los términos previstos en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente del 05 de enero de 1993 y hasta el 31 de diciembre de 2001. [.] Luego, si bien es cierto que no deberá hacerse pronunciamiento en el sentido de calificar si el cumplimiento es o no debido, de cualquier forma la autoridad responsable está obligada a verificar que los lineamientos señalados que se dieron a la autoridad demandada fueron acatados, para de esa manera tener cumplida la sentencia que declaró la nulidad de la resolución impugnada. De lo contrario, bastaría la simple emisión de cualquier resolución por parte de la responsable para tener cumplida la sentencia, lo cual atentaría con la institución de cosa juzgada en detrimento del real acceso al derecho supremo de justicia consagrado en el artículo 17 Constitucional, pues no habrá posibilidad de constatar el cumplimiento de los lineamientos de la sentencia firme, lo cual haría nugatorios los derechos reconocidos en tal fallo, en detrimento de la seguridad jurídica. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 301, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. En la anterior tesis se indica que las autoridades deben cumplir las sentencias (en ese caso de amparo) y el juzgador el de pronunciarse sobre su cumplimiento, lo que solo se logra con verificar si se acataron o no los lineamientos del fallo de nulidad, de lo contrario no se estaría en posibilidad de determinar con conocimiento de causa, si se cumplió o no la sentencia. Lo anterior, al margen que deba o no realizar pronunciamiento en si el cumplimiento es "debido", "exacto" o "cabal", sino solo si se acataron o no las directrices señalas. En la resolución contenida en el oficio SPSIN/0422/2022 de nueve de febrero de dos mil veintidós, la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Sinaloa, en la parte que interesa, señaló lo siguiente: En ese sentido, como ya se dijo, es fundado el motivo de inconformidad expuesto por el quejoso en el sentido que la Sala responsable omitió verificar que se hayan cumplido los lineamientos establecidos en la sentencia definitiva, por lo siguiente: Conviene recordar que en la sentencia de nulidad de veintiocho de enero de dos mil diecinueve dictada en el expediente 1708/18-03-02-7, la Segunda Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa señaló los términos a que debía ajustarse la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Sinaloa, a efecto de cumplir con dicha determinación judicial, que en esencia, se resumen de la siguiente manera: Desglosara los aumentos que legalmente correspondía efectuar a la cuota diaria de pensión de la actora, en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de anterior vigencia, hasta el momento en que se cumpliera esa resolución. En su caso, determine y pagué al actor, aquí quejoso las diferencias que pudiesen resultar a su favor, sin que la cuota diaria rebase el tope de diez salarios mínimos, previsto en el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Continúe aplicando los incrementos a que tiene derecho el pensionado actor, aquí quejoso, en los términos previstos en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de anterior vigencia. Posteriormente, la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Sinaloa pretendió dar cumplimiento a la mencionada sentencia de nulidad, mediante la emisión del oficio SPSIN/0422/2022 de nueve de febrero de dos mil veintidós (fojas 252 a 259 del cuaderno de pruebas). Con base en los argumentos y tablas insertas en el oficio SPSIN/0422/2022 antes transcrito, la autoridad responsable consideró que la demandada cumplió con la sentencia de nulidad, puesto que, indicó, esa autoridad dictó la resolución descrita siguiendo lo ahí asentado; además, destacó la responsable, la resolución analizada fue hecha del conocimiento del accionante el ocho de marzo de dos mil veintidós. A consideración de este Órgano de Control Constitucional la determinación que la sentencia de nulidad fue cumplida es desafortunada, por lo siguiente: Los efectos del fallo de nulidad consistieron en que la demandada desglosara los aumentos que correspondía efectuar a la cuota diaria de pensión del accionante, en términos los indicados en la propia sentencia, hasta el cumplimiento del fallo de nulidad, sin que esa cuota rebasara el tope de diez salarios mínimos, así como demostrar el aumento a la pensión; por lo que, en su caso, debería determinar y pagar a la parte demandante las diferencias que resulten a su favor, para lo cual debería considerar los criterios de prescripción previstos en el artículo 248 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Precisamente por esos efectos, entre ellos demostrar el aumento a la pensión, la Sala de instrucción debió analizar la resolución con la que la autoridad demandada pretendió cumplir la sentencia, a fin de determinar si fue o no correcto el desglose de los aumentos a la cuota diaria de pensión del accionante, para así estar en aptitud de resolver con conocimiento de causa si, en efecto, demostró el aumento de la pensión y, sobre todo, si fue acorde con las disposiciones legales aplicables. Estimar que la sentencia fue cumplida con solo desglosar la forma en que la autoridad condenada efectuó los cálculos correspondientes haría nugatoria la sentencia de nulidad, pues en ésta se indicó los lineamientos conforme los cuales debería religarlos; de ahí la necesidad de constatar si los cálculos fueron hechos conforme esas reglas, así como si las operaciones matemáticas son o no correctas, ya que solo de esa manera es posible verificar si está o no demostrado el aumento y si existe o no alguna diferencia a favor de la ahora quejosa. Por tanto, la Sala debió analizar si la autoridad condenada aumentó la pensión en los términos precisados, para lo cual estaba constreñida a verificar si las tasas aplicadas y las operaciones matemáticas son las correctas. No es obstáculo que la hora parte quejosa hubiere o no manifestado inconformidad con el pretendido cumplimiento de la autoridad condenada, en la medida que la sala responsable está obligada a verificar el acato al fallo de nulidad, lo cual es de oficio por disposición del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de ahí lo irrelevante si el actor se inconformó o no sobre el particular. Para llegar a la anterior determinación no es necesario grandes ni profundas reflexiones, pues basta la sola lectura de la sentencia de nulidad para percatarse de sus efectos y que la Sala no constató su satisfacción; esto es, para advertir la trasgresión indicada sólo basta la lectura de esas actuaciones, sin más; lo que además dejó indefenso a la parte amparista. En las condiciones anotadas, el acto reclamado trasgrede, en perjuicio de la parte quejosa, los derechos supremos de legalidad, seguridad jurídica y congruencia consagrados en los artículos 14, 16 y 17 del Pacto Federal, lo que impone concederle la protección constitucional solicitada. SEXTO. Efectos del fallo protector. Una vez que esta sentencia cause estado, la Segunda Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe realizar lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de veinticinco de abril de dos mil veintidós dictada en el expediente 1708/18-03-02-7. 2. En su lugar, dicte otra resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, analice si fueron o no satisfechos los extremos anotados en la sentencia de nulidad. Solo de esa manera el quejoso podrá ser restituido en el pleno goce de los derechos supremos trasgredidos, como el artículo 77 de la Ley de Amparo ordena. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Jesús Domingo López Mejía, por vicios de fondo. NOTIFÍQUESE DE MANERA PERSONAL.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, catorce de junio de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos se advierte que está programada en este juicio la audiencia constitucional para este día. No obstante, se desprende que el siete de junio del año en curso se agregó el informe justificado rendido por la Presidenta de la Segunda Sala Regional del Noroeste III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que trascurre el plazo de ocho días para que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de preparar la defensa de sus intereses. Por tanto, con sustento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO para su celebración. Notifíquese.
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