Jesus de la Luz Sanchez Cuevas
Expediente 734/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jesus de la Luz Sanchez Cuevas
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, este expediente es susceptible de destrucción transcurridos tres años contados a partir del presente auto, de con el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal y la certificación secretarial de cuenta (precisada con el número 1), se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte promovente mediante auto de veintiuno de julio de dos mil veintidós, para el efecto de que compareciera ante este juzgado a ratificar el escrito registrado con el folio 12482; sin que lo haya hecho; además, tampoco compareció a la cita generada por este órgano jurisdiccional a las diez horas del veintisiete de julio de dos mil veintidós, para que diera cumplimiento a dicho requerimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se les conminó en el citado auto y se tiene por no presentado el referido libelo. Por otra parte, vista la diversa certificación secretarial de cuenta (arábigo 2) y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte promovente, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló el quince de julio de dos mil veintidós. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a la parte promovente en dicho acuerdo y, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE -AL HABER SEÑALADO DICHO MEDIO PARA TAL EFECTO-.
- Principal
veintiuno de julio de dos mil veintidós. I. Promoción 12482. Visto, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales, el escrito signado por el quejoso Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, mediante el cual, pretende cumplir con el requerimiento efectuado en proveído de quince de julio del actual. Sin embargo, toda vez que la firma que aparece en el escrito inicial de demanda y en el diverso de cuenta, a simple vista difieren notoriamente, como se advierte de las siguientes capturas: FIRMA DE LA DEMANDA. FIRMA DEL ESCRITO ACLARATORIO. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resérvese acordar lo conducente a su contenido y requiérase al promovente, para que en el término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante el personal actuante de este juzgado a reconocer la firma que calza el escrito de cuenta. Apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no presentado dicho ocurso; hágase del conocimiento del promovente que el artículo 261 de la Ley de Amparo, prevé una sanción de dos a seis años y multa de treinta a trescientos días, para el quejoso, su abogado autorizado o a ambos, que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 258, visible en la página ciento setenta y cuatro, Octava Época, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo texto literal dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." En la inteligencia que, se deberá atender al esquema de citas previsto en el artículo 3 y demás aplicables, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte. Por lo que, atendiendo a lo establecido en el referido Acuerdo General en su artículo 6, fracción I, incisos b) y e), se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que el promovente acuda a las instalaciones de este recinto judicial y estén en aptitud de reconocer la firma indicada. Para tal efecto, -dado que la notificación del presente proveído se realizará por medio de lista a la parte quejosa (pues solicitó que las notificaciones se le realizaran por dicho medio)- insértese al final del presente proveído el Código QR generado (s) respectivo; lo anterior, a fin de que el promovente esté en aptitud de poder descargar el mismo. Sin embargo, hágasele del conocimiento del promovente, que si es su deseo comparecer a este órgano jurisdiccional, a desahogar la diligencia para la que es requerida, en una fecha anterior, a la programada para tal fin y respecto de la cual este Juzgado generó la cita respectiva, entonces, el propio quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6, del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar la cita correspondiente a la fecha en que desee comparecer, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permite a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; en la inteligencia, que la cita respectiva estará sujeta a la disponibilidad que arroje el sistema, en cuyo supuesto, quedará bajo su estricta responsabilidad cumplir el requerimiento que le es efectuado en este proveído, dentro del plazo establecido. II. Promoción 12516. En diverso aspecto, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, mediante el cual pretende ampliar su escrito inicial de demanda de amparo, respecto de una autoridad responsable diversa a la señalada en el mismo. Sin embargo, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad dicha ampliación, por las razones que enseguida se exponen. En principio, porque los requisitos que prevé el artículo aludido, para la procedencia de la ampliación de demanda, son los siguientes: i) Cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación; ii) Que, con independencia del punto anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, en este caso la ampliación de la demanda deberá promoverse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; y, iii) Que la ampliación de demanda se formule antes de la celebración de la audiencia constitucional.Enseguida, la jurisprudencia 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12 del Tomo XVIII de julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, detalla que la ampliación de demanda, es admisible cuando ocurren las siguientes hipótesis: a) Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; b) Cuando en dicho informe se fundamente o motive el acto reclamado; o, c) Cuando el quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados. Jurisprudencia que es del tenor literal siguiente:"AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional."Por tanto, para la procedencia de la ampliación de demanda de amparo, es necesario, primero, que en autos obren los informes justificados de las autoridades responsables, y de aquéllos aparezcan datos no conocidos por la parte quejosa -lo que en la especie, no acontece-; y, segundo, que cuando dicha parte procesal, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad, éstos deban estar vinculados con los reclamados inicialmente, pudiendo recaer la ampliación no sólo respecto de dichos actos, sino también sobre nuevas autoridades responsables o conceptos de violación distintos a los señalados en el escrito inicial de amparo, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos legales.En ese orden, conviene precisar, que en su escrito inicial de demanda, el aquí demandante constitucional Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, reclamó de la 1. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, Ana Alicia Ponce Frías y otras autoridades, las órdenes de aprehensión y detención, así como su ejecución. Mientras que ahora pretende reclamar en vía de ampliación, a la autoridad:"(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO adscrita a la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN, de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, MARÍA FERNANDA SÁCHEZ SÁNCHEZ. A quien reclama los mismos actos precisados en su escrito inicial de demanda, a saber: la orden de detención librada en su contra y su ejecución. De lo antes destacado se advierte, que la nueva autoridad que el quejoso pretende introducir a la Litis inicial de este juicio, no se advierte de los informes justificados, en virtud que a la fecha en que se actúa, no se ha admitido a trámite la demanda que dio origen al presente controvertido constitucional, máxime que en la presente data, se ordenó ratificar el escrito mediante el cual el promovente pretende desahogar el requerimiento preventivo; por lo que es evidente que el peticionario de amparo no tuvo conocimiento de datos no conocidos a través de las constancias que obran en autos. En virtud de lo antes expuesto, resulta evidente que la ampliación de demanda que pretende realizar la parte quejosa, no encuadra en los supuestos de procedencia de la misma, pues, como se dijo, el quejoso no tuvo conocimiento de algún nuevos actos reclamados a partir de los informes justificados de las autoridades responsables señaladas en su escrito inicial de demanda, por lo que éstos no están vinculados con los reclamados inicialmente, siendo susceptibles de ser impugnados en un nuevo juicio de amparo. Estimar lo contrario propiciaría una cadena de interminable de ampliaciones en perjuicio de la garantía de acceso a una administración de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al desnaturalizar el proceso sumario de amparo. Por tanto, de conformidad con el comunicado 77/2020, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la sentencia pronunciada en la contradicción de tesis 83/2019, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y, el Segundo en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver respectivamente los recursos de queja administrativa 29/2017 y 13/2019, la ampliación de demanda efectuada por la parte quejosa, se debe tramitar como un asunto nuevo e independiente al presente juicio. Es decir, la Corte determinó en sesión remota, que de ninguna manera se puede desechar la ampliación de demanda por los motivos antes expuestos, pues tal acontecimiento solo impide resolver lo solicitado en ese juicio. Por ello, se resolvió que la mejor solución que tutele el principio pro actione y el derecho de acceso a la justicia, es remitir la demanda a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé trámite de una demanda independiente. En tales condiciones, se ordena la remisión del escrito de ampliación de demanda a la Oficina de Correspondencia Común de Partes de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, para el turno correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1o.A.C.8 K (10a.), Décima Época, publicada el trece de marzo de dos mil veinte; registro 2021775, que señala: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI NO SE ACREDITA SU ESTRECHA RELACIÓN CON EL ESCRITO INICIAL, EL JUZGADOR DEBE PROVEER SU TRÁMITE COMO DEMANDA INDEPENDIENTE, EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO PRO ACTIONE. En el supuesto de que el promovente de un juicio de amparo indirecto pretenda modificar los términos de la litis original, por ejemplo, al reclamar nuevos actos, señalar nuevas autoridades o ampliar los conceptos de violación, como ello implica el ejercicio de la acción de amparo, es necesario que lo plantee como ampliación a la demanda, con la oportunidad que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, y la admisibilidad de ésta se entiende condicionada a la existencia de una estrecha relación entre una y otra causas, lo que corresponde a la figura procesal de la conexidad y atiende a los principios procesales de economía y de concentración, por virtud de los cuales se estima favorable la sustanciación de ambas, en un solo procedimiento, en aras de la brevedad y para evitar decisiones contradictorias entre sí. Por tanto, si no se acredita la estrecha relación entre el escrito inicial y lo que se plantea como ampliación, en observancia al principio pro actione, el juzgador debe proveer su trámite como una demanda independiente para salvaguardar, en favor del quejoso, el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y proveer lo conducente para que se remita al Juez correspondiente." NOTIFÍQUESE POR LISTA AL PROMOVENTE Y POR OFICIO AL JEFE DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.
- Principal
Puebla, quince de julio de dos mil veintidós. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período.Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia.- Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 09/2022;-Que el Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al seis de agosto de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria; - Que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el trece de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, y remitida el catorce de julio siguiente en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; Por tanto, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 734/2022, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 108, fracciones I, III y V y 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, computado legalmente, realice lo siguiente: PRIMERO. Manifieste bajo protesta de decir verdad con exactitud cuál es la denominación actual y correcta de las autoridades que señaló como:"(.) JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE., MARIO CORTÉS ALMADA. (.) JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLULA, PUE., JAVIER VÁZQUEZ HERNÁNDEZ. (.)" En virtud que es un hecho notorio para el suscrito juzgador, que no existen autoridades bajo esas denominaciones; y esta autoridad no puede presumir a cuál de ellos señala como responsable en la presente contienda; por lo que, deberá precisar la denominación correcta y exacta de cada una de las autoridades que pretende señalar como responsables. Lo anterior es así, pues resulta imprecisa la denominación señalada por el promovente, y a efecto estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta, pues esta autoridad Federal no puede presumirla, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a la(s) autoridad(es) responsable(s) su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional deberá requerir a la parte promovente que aclare la demanda de amparo, cuando hubiere alguna irregularidad. Asimismo, el escrito de demanda resulta oscuro e impreciso al no contar con el elemento exacto que se señaló con anterioridad. Similar criterio sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 123/2019 de su índice. SEGUNDO. Deberá bajo protesta de decir verdad, precisar la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados en la presente instancia constitucional. Lo anterior es así, pues del contenido integral de la demanda de amparo, se aprecia que el promovente de amparo, fue omiso al indicar tal aspecto; por lo que no se tiene conocimiento de la fecha exacta en la que tuvo conocimiento de los actos que por esta vía combate. Por tanto, el aquí promovente deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, precisar la fecha en que tuvo conocimiento de los actos que por esta vía combate, lo cual debe hacer con sujeción a la verdad sin afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con la demanda de amparo que se estudia; máxime que, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, se impondrá una pena de dos a seis años y multa de treinta a trescientos días, para el promovente, sus abogados autorizados o a ambos, que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado.La anterior cuestión, resulta indispensable aclarar para proveer conforme a derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son:"DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado."Esto es así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, pues es obligación de la parte inconforme manifestar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, lo cual debe hacer con sujeción a la verdad sin afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con la demanda de amparo que se estudia. Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO.Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo.Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por el mismo, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes:"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO.Téngase como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por dicho medio.Sin que haya lugar a tener los correos electrónicos y números telefónicos proporcionados por el peticionario de amparo, como medios para oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no los prevé para tal fin; sin embargo, en caso de estimarlo necesario, se tomarán en consideración, únicamente tratándose de comunicaciones no procesales, de lo cual se dejara certificación glosada al expediente, en caso de resultar pertinente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 22, fracción II; del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. AUTORIZADOS. Se tiene(n) como autorizado(s) en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Raúl Melgoza Figueroa y Edgar Alejandro Andrade Ortiz, designada(s), atento a que de los datos proporcionados acredita(n) encontrarse legalmente autorizado(s) para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados.Y, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, al resto de los profesionistas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente.USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Ahora, atendiendo a que la parte promovente solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de diecitreinta de junio de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro:"REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requiera la utilización de medios electrónicos autorizados -como acontece en el presente asunto- que requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma.SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA.Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once.TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN.Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA".Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal.( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente.( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL PROMOVENTE - AL HABER SEÑALADO DICHO MEDIO PARA TAL EFECTO-.
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