Jesus Carbajal Rosales

Expediente 254/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 36 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
254/2019
Año
2019
Actuaciones
36
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Jesus Carbajal Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve (foja 603), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que alguna de ellas desahogara la vista en cita. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio, es necesario indicar que en la sentencia dictada el trece de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 484 a 510), se concedió el amparo a Jesús Carbajal Rosales, en los siguientes términos: "1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el proceso penal 240/1996, en contra de Jesús Carbajal Rosales, única y exclusivamente en lo relativo a los delitos de secuestro, cometidos en agravio de C.A.G., V.M.M.S. y M.S.A. previstos y sancionados por el artículo 302, fracciones I, II, III y IV, en relación con los diversos 13 y 21 del Código Penal para el Estado de Puebla. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra determinación debidamente fundada y motivada, en la que resuelva la situación jurídica del inculpado respecto de tales injustos (secuestros), la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron estacados en esta sentencia, esto es: a) Fundará y motivará debidamente, y en apartados separados, los elementos constitutivos del delito, por cada evento (secuestro), debiendo desde luego, especificar la conducta que en concreto desplegó el activo en cada caso. b) Fundará y motivará, con cuales elementos probatorios de los que obran en el proceso penal de origen, se demuestran -en cada evento- cada uno de los elementos del cuerpo de los delitos de secuestro que se imputan al hoy quejoso, desde luego, una vez que haya motivado debidamente los elementos que lo integran. c) Fundará y motivará debidamente la probable responsabilidad del indiciado, es decir establecerá de manera individualizada las conductas desplegadas por el activo, en cada uno de los secuestros que le atribuye, así como su grado de participación o forma de intervención en cada uno de ellos, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que produjo los delitos que estime actualizados, valorando de forma pormenorizada todas y cada una de las pruebas existentes tanto de cargo como descargo. d) Notificará el auto que resuelva la situación jurídica del indiciado (aquí quejoso) a éste y a su defensa en los términos y con las formalidades que para tal diligencia establece el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. e) Hará llegar a este Juzgado Federal las constancias conducentes al cumplimiento dado al fallo amparador. Cabe indicar, que la sentencia no surte efectos inmediatos de conformidad con el artículo 77, de la Ley de Amparo, al no actualizarse el supuesto establecido en dicho precepto, pues la concesión de amparo no es lisa y llana, por lo que no tiene por efecto dejar en libertad al quejoso, sino sólo que subsanen los vicios de forma detectados. En el entendido de que, para acatar el fallo protector de garantías, el juez primigenio deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia. (.)" En acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 531 a 534), se declaró que tal sentencia causó ejecutoria. En proveído de once siguiente, se tuvo al juez responsable, remitiendo copia certificada de la resolución dictada el seis de diciembre de dos mil diecinueve, en autos del proceso número 240/1996 de su estadística, y de las constancias de notificación al directo quejoso y al fiscal de la adscripción de dicha resolución. Sin embargo al no obrar la notificación correspondiente a la defensa del aquí quejoso, se le requirió para que la hiciera llegar a este juzgado federal (foja 597); la cual se tuvo por recibida en auto de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve (foja 603). Documentales con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, de las constancias reseñadas se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realizó lo siguiente: Mediante resolución de seis de diciembre de dos mil diecinueve dejó insubsistente el auto de formal prisión de ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el proceso penal 240/1996, en contra de Jesús Carbajal Rosales, única y exclusivamente en lo relativo a los delitos de secuestro, cometidos en agravio de C.A.G., V.M.M.S. y M.S.A. Y, con libertad de jurisdicción dictó otra determinación, en la que por una parte, resolvió que no se acreditaba la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión de los delitos de secuestro cometidos en agravio de C.A.G. y V.M.M.S., por lo que decretó a favor de Jesús Carbajal Rosales auto de libertad por falta de elementos para procesar; y, por otra, dictó auto de formal prisión al peticionario de amparo, al tener por acreditado el cuerpo del delito de secuestro, cometido en agravio de M.S.A. previsto y sancionado por el artículo 302, fracciones I, II, III y IV, del Código Penal para el Estado de Puebla, así como a probable responsabilidad del hoy amparista en su comisión. Sin embargo, la responsable no cumplió debidamente con los efectos del fallo protector por lo siguiente. Del análisis de la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector, se aprecia que de nueva cuenta la responsable. realiza un incorrecto desglose de los elementos del cuerpo del delito. Ello es así porque al efecto, la responsable señala que los elementos integrantes de la descripción corpórea en el caso particular sujeto a su potestad, son: "a).- Privación arbitraria de la libertad de cualquier persona. Que esa privación de la libertad tenga el carácter de secuestro o plagio en la siguiente forma: b).- Que se trate de obtener un beneficio económico. c).- Que el beneficio económico que se pretende sea bajo amenazas d).- Que las amenazas consistan en la causación de daños y perjuicios que se causen en la persona del plagiado. e).- Que las amenazas consistan en la causación de daños y perjuicios se causen a otras personas relacionadas con éste. f).- Que desde que se ejecuta la privación de la libertad o mientras dura esta, se haga uso de amenazas, maltrato o tormento. g).- Que la detención se haga en camino público h).- Que los plagiarios obren en grupo o banda." Sin embargo, tal como se estimó en la sentencia amparadora, si bien el secuestro o plagio requiere, en primer término, de una detención arbitraria, lo cierto es que de la redacción del artículo 302, fracciones I, II, III y IV del Código Penal para el Estado de Puebla vigente en la época de los hechos, para que esa detención arbitraria tenga el carácter de plagio o secuestro no existe una sola hipótesis, sino diversas. Dicho numeral y apartados disponían: Artículo 302.- Se impondrán de dieciocho a cincuenta años de prisión y multa de cien a mil días de salario, cuando la detención arbitraria tenga el carácter de plagio o secuestro, en alguna de las formas siguientes: I.- Cuando se trate de obtener rescate, o de causar daños y perjuicios al plagiado o a otras personas relacionadas con éste; II.- Cuando, al perpetrarse el plagio o secuestro o mientras dura la detención arbitraria, se haga uso de amenazas graves, de maltrato y de tormento; III.- Cuando la detención se haga en camino público o en paraje solitario; y IV.- Cuando los plagiarios obren en grupo o banda. (.)" Así en la resolución con la que la responsable pretende dar cumplimiento a la concesión de amparo, nuevamente deja de tomar en consideración que el delito por el que emite el auto de formal prisión reclamado, es de los denominados "alternativamente formados", cuya naturaleza implica que, para que se actualice, no existe una exclusiva conducta, sino variantes por las que podrá materializarse, las cuales el propio texto legal autoriza y que derivan del empleo de la disyuntiva "o", que obliga a decidir entre una u otra opción; es decir, constituyen distintas hipótesis, lo que en todo caso obliga a precisarlas con detalle; por lo que, resulta indiscutible que para la configuración del delito basta la actualización de una de ellas. Y, en ese sentido, la responsable propone en el elemento del cuerpo del delito identificado como f), que "desde que se ejecuta la privación de la libertad o mientras dura esta, se haga uso de amenazas, maltrato o tormento, pretendiendo que se estime la perpetración y la duración del plagio como si de un solo momento se tratase, soslayando que la naturaleza del secuestro es permanente, de ahí que se caracteriza por una consumación duradera, de modo que mientras se realiza, continúan sus efectos hasta que cesa la conducta o desaparecen los elementos del tipo, cuando lo correcto era que estableciera cuándo se llevaron a cabo las mencionadas conductas intimidatorias, esto es si acaecieron al perpetrarse el secuestro o mientras duró el mismo. Pero además, establece (sin especificar en cuál de esos dos momentos), que se emplearon amenazas, maltrato o tormento, cuando la norma no prevé el empleo de una u otra de tales conductas intimidatorias, pues de la redacción del numeral atinente se aprecia: ""Artículo 302. (.) II.- Cuando, al perpetrarse el plagio o secuestro o mientras dura la detención arbitraria, se haga uso de amenazas graves, de maltrato y de tormento;." Es decir, la hipótesis en cuestión requiere que se materialicen dichos procederes y, no como en el anterior caso, que se dé uno u otro. Al margen de lo anterior, conviene instruir a la responsable que la conducta típica descrita por el multicitado ordinal 302 del código sustantivo penal para la entidad, sólo requiere para su actualización, el verificativo de una sola de las hipótesis contenidas en su descripción. Sin que lo dicho, de ninguna manera implique que no puedan concurrir en el caso más de una hipótesis, empero ello debe verse reflejado en el desglose adecuado que de dicho elemento del cuerpo del delito haga la responsable, prescindiendo entonces, del empleo de expresiones disyuntivas (o), pues como ya se dijo, al hacer uso de ella lo obligaría necesariamente a decidir entre uno u otro supuesto de los contemplados en la descripción típica. Al margen de que es menester que, al momento de precisar los elementos del cuerpo del delito que estime actualizado, se ciña a lo establecido en la norma y no varíe la redacción que en su caso se establezca, para la actualización de tales elementos corpóreos. Pero además, la responsable pretende (al estudiar el cuerpo del delito de secuestro cometido en contra de M.S.A.), tener por demostrados de forma global y conjunta cuatro de los elementos del cuerpo del delito que a su juicio estableció como: "c).- Que el beneficio económico que se pretende sea bajo amenazas d).- Que las amenazas consistan en la causación de daños y perjuicios que se causen en la persona del plagiado. e).- Que las amenazas consistan en la causación de daños y perjuicios se causen a otras personas relacionadas con éste. f).- Que desde que se ejecuta la privación de la libertad o mientras dura esta, se haga uso de amenazas, maltrato o tormento." (Foja 558 vuelta). Lo cual contraviene lo ordenado en el fallo concesorio de amparo en tanto que en éste se dispuso: "Así las cosas, era indispensable que el juez responsable, tomando en consideración la mecánica de los hechos, determinara concretamente las hipótesis que actualizan la conducta ilícita y, con base en ello, desglosara los elementos del cuerpo del delito de secuestro, para posteriormente de forma fundada y motivada, establecer específicamente con cuáles pruebas, de las que obran en la causa penal respectiva, se acredita cada uno de tales elementos. En ese contexto, conforme al artículo 16 Constitucional, el juez responsable debía atender a la definición de cuerpo del delito, es decir, a los elementos tendentes a demostrar la existencia del hecho desde un plano meramente externo y perceptible, como el conjunto de elementos objetivos o externos constitutivos de la materialidad de la figura delictiva descrita concretamente por la ley penal para la Entidad y no habiéndolo hecho, el acto reclamado se estima ilegal. Por todo ello, se itera, la autoridad señalada como responsable, en el presente caso, si bien es cierto que citó los preceptos aplicables, y los elementos que a su juicio integran el cuerpo del delito, verdad es también que su resolución es deficiente en cuanto a fundamentación y motivación, en virtud de que omitió esquematizar debidamente cuáles eran los elementos estructurales del injusto, para posteriormente precisar, en específico, con cuál y con qué medios de convicción que enunciaba y valoraba, llegó a la conclusión de que se demuestran éstos en los ilícitos que por los que libró el auto de formal prisión reclamado." (Fojas 500 y 501). Lo anterior, cuenta habida que resulta imprescindible realizar el estudio de cada uno de los elementos del cuerpo del delito de forma separada, cuenta habida que el artículo 16, párrafo primero de la Carta Magna, impone como garantía a favor del gobernado, que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado, a fin de que esté en posibilidad de conocer con precisión los motivos y razones legales que se tomaron en cuenta para emitir dicho acto de autoridad. Por otra parte, el artículo 83, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social Para el Estado Libre y Soberano de Puebla, impone a la autoridad judicial la obligación de examinar si en el caso concreto, se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito relativos. En ese sentido, de la interpretación armónica de ambos preceptos, se concluye que para cumplir con la referida obligación constitucional, es necesario que la autoridad judicial precise: a) Cuáles son los elementos citados cuya actualización exige la figura delictiva correspondiente; b) Con qué pruebas se acredita cada uno de ellos y qué valor les corresponde a éstas, de acuerdo con la ley adjetiva; c) Cuáles son los preceptos legales aplicables al caso, y además, todas aquellas circunstancias que se tuvieron en consideración para ello, precisando la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, es claro que tales requisitos no se satisfacen cuando el juzgador se constriñe a relacionar diversa pruebas existentes en la causa penal relativa y con ello concluye que se encuentran probados varios de los elementos del cuerpo del delito a la vez, como lo pretende la responsable, al analizar el cuerpo de los delitos de secuestro cometidos en agravio de C.A.G., V.M.M.S. y M.S.A que se imputan al hoy quejoso. Ante tales condiciones, es inconcuso que no se han cumplido con los lineamientos establecidos en la sentencia protectora; y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído: 1. Deje sin efectos la resolución reclamada, así como la diversa de seis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el proceso penal 240/1996 de su índice, con la que pretendió cumplir con la ejecutoria de amparo. 2. Dé cabal cumplimiento a todos los efectos de la sentencia protectora, tomando en consideración lo precisado en párrafos precedentes. En el entendido de que la autoridad responsable deberá atender puntualmente los efectos de la ejecutoria de amparo, así como las consideraciones contenidas en ella. Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no hacerlo así, esta autoridad continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. De igual forma, (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 16 DE diciembre DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio 5116, signado por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con anexo, con el que, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de once de diciembre de esta anualidad (foja 597), remite copia certificada de la constancia de notificación realizada al defensor de oficio de diez de diciembre de esta anualidad, de la resolución de seis del mismo mes y año, dictada en los autos del proceso número 240/1996 de su estadística, instruido en contra del aquí quejoso Jesús Carbajal Rosales. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexos de cuenta, así como con el diverso de 5029 y anexo de la autoridad en cita; dese vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio 5116, signado por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con anexo, con el que, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de once de diciembre de esta anualidad (foja 597), remite copia certificada de la constancia de notificación realizada al defensor de oficio de diez de diciembre de esta anualidad, de la resolución de seis del mismo mes y año, dictada en los autos del proceso número 240/1996 de su estadística, instruido en contra del aquí quejoso Jesús Carbajal Rosales. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexos de cuenta, así como con el diverso de 5029 y anexo de la autoridad en cita; dese vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio 5029 signado por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con anexo, con el que, pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de cuatro de diciembre de esta anualidad (fojas 531 a 534), pues remite únicamente copia certificada de la resolución dictada el seis de diciembre de dos mil diecinueve, en autos del proceso número 240/1996 de su estadística, y de las constancias de notificación al directo quejoso y al fiscal de la adscripción de dicha resolución. Ahora, como de las constancias de notificación que la autoridad responsable anexa a su oficio de cuenta, no obra la notificación correspondiente a la defensa del aquí quejoso, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita a este órgano de control constitucional, copia certificada de dicha constancia, en la inteligencia que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en acuerdo de cuatro de diciembre de esta anualidad.

Quedan 32 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano