Jesús David Valenzuela Zavala (Apoderado Legal)
Expediente 585/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jesús David Valenzuela Zavala (Apoderado Legal)
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de trece de julio del año en curso por el que se desechó la demanda promovida por Jesús David Valenzuela Zavala, en su carácter de Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no fue recurrida dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Por otra parte, toda vez que obran documentos originales que se adjuntaron a la demanda de amparo, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase al quejoso para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos; apercibido que de no hacerlo éstos podrán ser destruidos junto con el expediente.Así lo proveyó y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, asistido de Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario que autoriza y da fe. *KOZF
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado del quejoso *******; en atención a su contenido, dígasele que por el momento no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, hasta en tanto cause estado el proveído por el cual se desechó su demanda, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
- Principal
Cumple prevención Agréguese a sus antecedentes el escrito con anexo que firma el quejoso *******, por el que en desahogo de la prevención que le fuera hecha mediante proveído de once de los actuales, precisa su demanda inicial de amparo, manifestando que acude al presente juicio de amparo en su carácter de subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, personalidad que acredita con copia certificada del nombramiento otorgado a su favor el once de abril de dos mil dieciocho, por el Delegado Estatal en Guanajuato de dicho instituto. Desechamiento de la demanda Ahora, del análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa a la demanda y escrito aclaratorio de cuenta, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En efecto, de la demanda de amparo se desprende que el hoy quejoso manifiesta que promueve demanda de amparo en su carácter de subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 7, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no afecta los derechos patrimoniales de la moral oficial quejosa que representa. Para estar en condiciones de realizar el estudio de la causa de improcedencia referida, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada". De los artículos transcritos y citados se aprecia que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, es decir, por aquel a quien el acto reclamado le ocasione un agravio personal y directo. La promoción respectiva puede hacerse por sí o a través de representante o, en los casos establecidos en la Ley de Amparo, por medio de un defensor o pariente; sin embargo, de los citados preceptos se desprende claramente que el juicio de amparo es el medio jurisdiccional establecido para que los individuos puedan protegerse en contra de la acción del Estado que sea lesiva de derechos fundamentales. En relación con lo anterior debe decirse que, en esencia, los derechos humanos y garantías pueden considerarse restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo. De aquí se sigue que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de derechos humanos y, por lo mismo, por regla general el juicio de amparo promovido por una autoridad es improcedente. La única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover dicho juicio constitucional cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares; en el segundo, obra en las mismas condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo. Ahora bien, según se aprecia de la demanda de amparo, esta fue promovida por Jesús David Valenzuela Zavala en su carácter de Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que acredita con la copia certificada del nombramiento, que agregó a su escrito de demanda, en la que demuestra tener el carácter de funcionario pública. En este sentido, es claro que fue promovido por una persona moral oficial que señaló como actos reclamados el acuerdo de dos de julio de dos mil dieciocho, emitido dentro del expediente 2937/14-10-01-9-OT, por el que se impuso una multa al Titular de la Dirección de Prestaciones Económicas de la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es importante destacar que la sanción de que se trata, debe entenderse impuesta a la persona física que tiene dicho cargo, es decir, a la titular del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno que representa. Por tanto, es inconcuso, que el juicio que promueve Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es notoriamente improcedente, al no afectar intereses patrimoniales de ese ente público. En relación con lo hasta aquí expuesto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 45/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado". En congruencia con lo expuesto, puede válidamente afirmarse que las personas morales oficiales carecen de legitimación para promover juicio de amparo contra sanciones (incluso económicas) impuestas a un funcionario público. Lo anterior, porque en ese supuesto no se afectan los derechos patrimoniales de la persona moral oficial, pues tales sanciones deberán ser cubiertas por la persona a quien le fue impuesta en su carácter de funcionario público, pues es quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa que represente, por lo que es la persona física, por propio derecho, la que está legitimada para promover el juicio de amparo; no en su carácter de titular del ente que represente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 3/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo". Así como la jurisprudencia 65/2015, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra." Por consiguiente, el juicio de amparo que se promueva por la persona moral oficial resultará improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por similitud de razón, la jurisprudencia 2a./J.92/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO. Las garantías individuales, en esencia, constituyen restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, de ahí que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de aquéllas y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de garantías, siendo la única excepción la establecida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías cuando el acto o ley reclamado afecte sus intereses patrimoniales. En congruencia con lo anterior, si una persona moral oficial promueve amparo directo contra la sentencia de un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa impuesta a un funcionario público, es claro que carece de legitimación al no actualizarse el referido supuesto de excepción, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física a quien se le impuso, es decir, ésta deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta y, por ende, el juicio de amparo promovido en su nombre es improcedente". En esas condiciones, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7, de la Ley de Amparo; y lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal invocado. Autorizados Finalmente, como lo solicita el peticionario, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Lorenzo Muñoz González, David Sebastián Blanco Lerma, Francisco Manuel Franco Olvera, José Francisco Guerra Lira, Jovana Ícela Sánchez Patiño, María Guadalupe Soria Mendoza y Francisco Ladino Bocanegra.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo y anexos, presentado por **********, quien se ostenta como subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en contra de actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y regístrese en el libro de gobierno con el número 585/2018-VI. Prevención Para estar en aptitud de acordar sobre su admisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, 112 y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, precise bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1) Manifieste el carácter con que acude a interponer la demanda de amparo, es decir, si lo hace por derecho propio o como subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2) De ser el caso, que acude como el subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acredite con el nombramiento respectivo la personalidad jurídica con que se ostenta dentro del presente juicio de amparo, ello en virtud de que no anexó documento alguno con que se compruebe tal extremo. Cobra aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en la tesis número XVIII.4o.2 K, consultable en la página 2138, Tomo XXXIV, Julio de 2011, registro 161554, Novena Época Registro: 161554, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "NOMBRE DEL QUEJOSO. EL JUEZ DEBE REQUERIR SU ACLARACIÓN, AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Y NO EN OTRO MOMENTO, SI DE ÉSTA O DE SUS ANEXOS SE ADVIERTE TAL NECESIDAD. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece los requisitos que deben expresarse al formular la demanda de garantías, a fin de proporcionar a las partes los elementos necesarios para su defensa y facilitar al juzgador el desarrollo de su función jurisdiccional. Por ello, si al proveer sobre su admisión, no se tiene certeza del nombre del quejoso, porque de la demanda o de sus anexos se advierte uno diverso, el Juez de Distrito debe prevenir a quien promueve para que, dentro del término de tres días aclare esa circunstancia, apercibiéndolo que de no dar cumplimiento a tal prevención, tendrá por no interpuesta la demanda; sin que en ese supuesto sea válido requerir al promovente para que lo haga en otro momento procesal, pues dicha irregularidad atañe a un componente de la legitimación activa, cuyo estudio es de orden público, aunado a que ello puede argumentarse para evidenciar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. De esa manera puede evitarse, en su caso, la tramitación de un juicio inútil, o bien, fijarse desde su inicio ese aspecto; elemento destacado del litigio constitucional, en relación con el interés jurídico de quien solicita el amparo, dándole oportunidad a las partes de ofrecer pruebas sobre el particular. Por tanto, la omisión de requerir al promovente la aclaración de su nombre y en la oportunidad referida, implica una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento del juicio de garantías para que, previo al acuerdo admisorio de la demanda de amparo, requiera al promovente con la finalidad de que señale ese aspecto de su persona." Así también, resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J. 43/96, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48, Tomo IV, Julio de 1996, registro 200084, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y pasaje siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Debiendo exhibir las copias necesarias tanto del escrito aclaratorio, al que deberá acompañar, en su caso, la constancia requerida, con las copias suficientes, lo anterior para correr traslado a cada una de las partes, de conformidad con el artículo 110, de la ley de la materia, es decir, dos para la autoridades señaladas como responsables; una para la parte tercero interesada; una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y dos para formar el incidente de suspensión solicitado; apercibido que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo aplicable la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Así como la tesis 2a./J. 124/2016 (10a.), legible en la página mil cuatrocientos cuarenta y nueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro treinta y seis, Noviembre de dos mil dieciséis, Tomo II, Materia Común, de rubro y texto: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Domicilio y autorizados. Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *** de esta Ciudad. Ahora bien, dado que el peticionario no proporciona dato alguno para corroborar que *********, se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, (verbigracia: el número de cédula o del registro ante el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); con apego en el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tiene a los nombrados como autorizados del peticionario, únicamente en los términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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