Jesús David Aboytes Gallegos

Expediente 252/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
252/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
08/03/2017

Partes del expediente

  • Jesús David Aboytes Gallegos

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos y toda vez que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de veinte de febrero del año en curso, que desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, como se advierte de la certificación que antecede, que no obran documentos originales, debe decirse que en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    A sus autos la constancia asentada por el actuario adscrito de la que se desprende la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el proveído de veinte de febrero del año en curso, virtud a que no existe el domicilio proporcionado para tal efecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese dicho acuerdo, el presente auto y los proveídos subsecuentes aún los de carácter personal, por medio de lista, en términos del numeral 29 del mismo ordenamiento legal. SE NOTIFICA AL QUEJOSO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Vista de la demanda de amparo presentada por ************** contra actos del Juez Único Civil de Partido, con residencia en Salvatierra, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 252/2017-II. Se les tiene señalando como representante común a ***********. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en razón de lo que a continuación se expone. Es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa se duele sustancialmente de la resolución del recurso de revocación, que confirmó el auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio sucesorio testamentario 574/2010, del índice del Juzgado Único Civil de Partido, con residencia en Salvatierra, Guanajuato, en el que fue acordada de conformidad la petición formulada por ************, en el sentido de señalar fecha para la celebración de junta de herederos, con la finalidad de realizar el nombramiento del nuevo albacea; no obstante que ésta no podía promover porque había sido removida del cargo de albacea. Aducen, bajo protesta de decir verdad, que el acto que combaten les fue notificado el veintitrés de enero del año en curso, manifestación que al referirse a hechos propios, realizadas con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, constituye una confesión y como tal hace prueba plena en su perjuicio de conformidad con lo previsto en los numerales 95, 96, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Ahora, cabe precisar que la demanda de amparo que se analiza fue depositada en la oficina de Correos de México, con sede en Salvatierra, Guanajuato, el quince de febrero del año en curso, tal y como se desprende del sello asentado en el sobre que la contenía. En ese contexto, el artículo 23 de la ley de la materia precisa: "Artículo 23. Si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica." De tal artículo transcrito se advierte que la parte quejosa tiene la oportunidad de presentar su demanda de amparo, dentro de los plazos legales, en la oficina de correos que corresponda a su domicilio, y en caso de no de haberla, a la más cercana. Pero es claro al precisar que únicamente cuando resida fuera de la jurisdicción del órgano que conozca de dicho asunto. Sin embargo, de la demanda que se trata se hace patente que los quejosos tienen domicilio ubicado en ********** del municipio de Salvatierra, Guanajuato, y que como ya se dijo tal libelo constitucional, fue depositado en la oficina de Correos de México, con sede en Salvatierra, el quince de febrero pasado. Por su parte, el acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece que los Juzgado de Distrito del Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, ejercerán jurisdicción territorial entre otros municipios, en la localidad de Salvatierra. De lo anterior se colige, que no obstante que la demanda fue depositada en Correos de México, lo cierto es que para computar el plazo de presentación, no se deberá tomarse como fecha de interposición, la que obra en el sello que la contenía, sino la data en que fue recibida en éste órgano jurisdiccional, a saber, diecisiete de febrero del año en curso, puesto que como ya se analizó la parte quejosa tiene su domicilio en Salvatierra, localidad en la que éste órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial, por lo que no se actualiza el supuesto que establece el artículo 23 de la Ley de Amparo, para justificar su presentación en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia. Por lo anterior, debe tomarse en cuenta para el cómputo de la presente demanda, en términos del artículo 17 de la ley de amparo, que la resolución que aquí se combate fue notificada a la parte quejosa el veintitrés de enero del año en curso, y que el escrito de cuenta fue presentado el diecisiete de febrero del año en curso. En esas condiciones, si la demanda que nos ocupa fue presentada hasta el día diecisiete de febrero del año en curso, resulta evidente que se interpuso fuera del plazo de quince días que establece el numeral 17 de la Ley de Amparo. Tal precepto estatuye: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, la fracción XIV, del ordinal 61, de la Ley de Amparo dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" En efecto, si la demanda que nos ocupa fue presentada el día diecisiete de febrero pasado, mientras que la notificación del acto reclamado fue el veintitrés de enero de esta anualidad; el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del veinticinco de enero y feneció al quince de febrero del presente año; sin contar los días veintiocho y veintinueve de enero, cuatro, cinco, seis, once y doce de los corrientes, por ser inhábiles. De ahí que si la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, el diecisiete de febrero actual, según se aprecia del sello de recepción, su presentación resulta extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por lo cual se actualiza, de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, con el 17 de la Ley reglamentaria, tocante a que la parte quejosa tenía obligación legal de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que le fue notificado el acto que reclama, y al no haberlo hecho así, su demanda resulta extemporánea. Por otra parte, aun cuando se considerara la fecha de depósito de la demanda que nos ocupa en el servicio postal mexicano, el juicio de amparo deviene improcedente, por lo siguiente. Los quejosos narran como antecedentes del acto reclamando que el veintiocho de agosto pasado, promovieron incidente de remoción de albacea, ordenando dar vista a Ana María Teresa Aboytes Gallegos para que defendiera sus intereses. Que el siete de octubre pasado, se dictó resolución en la que se declaró procedente el incidente planteado y se decretó la remoción, determinación que fue confirmada en apelación dentro del toca 594/2015, con fecha treinta de noviembre de dos mil quince. Que posteriormente, la albacea removida promovió con esa calidad el trece de diciembre pasado, solicitando se señalara fecha y hora para celebrar junta de herederos a efecto de designar nuevo albacea, lo que se acordó de conformidad en auto de diciembre siguiente, señalando para su verificado el dieciséis de enero del año en curso, la cual no se celebró debido a la inasistencia de los coherederos. Contra la anterior determinación, los quejosos promovieron recurso de revocación, mismo que se declaró infundado, lo que constituye el acto reclamado. Ahora bien, de los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 fracción V, de la Ley de Amparo , se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aquí conviene precisar que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Tal normatividad legal no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación, de ahí que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, el Máximo Tribunal del País estableció que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la Ley de Amparo actual, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue el de que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía también de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior", afectación esta que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció durante un tiempo prolongado un respetable número de pautas que habían venido introduciendo orden y seguridad en esta materia. Así, sólo por vía de ejemplo, incluyó como violaciones procesales que podían conocerse como de ejecución irreparable en amparo indirecto diversos temas: como la litisdenunciación o denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento general de todos estos criterios emana de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al prudente juicio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. La tesis temática sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación es la siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". (Tesis P.L. VII/2004, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). No obstante lo anterior, la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, proporciona ahora un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; tal precepto legal dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De la literalidad de tal artículo se obtiene que el legislador estableció como regla general la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y definió como actos de imposible reparación, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Con lo anterior, el legislador termina con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto pues establece, como se ha dicho, una regla general de procedencia tratándose solo de violaciones a derechos sustantivos con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. Además, en la misma porción normativa, el legislador se ocupó de establecer una sola hipótesis de excepción en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia; así lo dispuso en la fracción VIII del citado artículo 107, que consigna: ".VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. Por lo anterior, es claro que dejó de tener vigencia la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo Sexto Transitorio. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Bajo ese contexto, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Asimismo, que en tratándose de violaciones procesales, el amparo indirecto únicamente será procedente por cuestiones de competencia; por lo que, si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general de que el amparo indirecto sólo procede contra actos que afecten materialmente un derecho sustantivo, no es dable al operador jurídico ampliar la procedencia del amparo biinstancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Lo anterior es así, en virtud de que no es válido ni jurídico realizar una interpretación para ampliar o variar en cualquier forma tal disposición legal, ni debe hacerse algún ejercicio de interpretación en búsqueda de un significado que, sin duda, ya fue asignado por el legislador, y no permite más connotación que la literal, al tratarse de una norma de excepción. En esa tesitura, la determinación reclamada, a saber, la resolución del recurso de revocación, que confirmó el auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio sucesorio testamentario 574/2010, del índice del Juzgado Único Civil de Partido, con residencia en Salvatierra, Guanajuato, en el que fue acordada de conformidad la petición formulada por ***********, en el sentido de señalar fecha para la celebración de junta de herederos, con la finalidad de realizar el nombramiento del nuevo albacea; no obstante que ésta ya había sido removida del cargo de albacea, no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Lo anterior, puesto que el órgano judicial sólo determinó señalar fecha para la celebración de junta de herederos, con la finalidad de llevar a cabo el nombramiento del nuevo albacea, sin que se haya realizado dicho nombramiento; acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, sino que sus efectos son de orden procesal y cualquier violación que se hubiera cometido al pronunciarla puede repararse, en primer lugar, a través de la resolución donde se haga el nombramiento de albacea, en caso contrario, por medio del juicio de amparo que en su contra se haga valer, en el que podrán alegarse las violaciones cometidas durante el curso del procedimiento, previo el agotamiento de los recursos ordinarios. En apoyo a lo que precede, se cita la tesis jurisprudencial VI.3º. J/20, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Sexto Circuito, consultable en la página 789 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu". Así como la diversa tesis VI.2º.C.433 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, legible en la página 2406, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época, de rubro y texto: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y XXIII, en correlación con el diverso 107, fracción V, todos de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es desechar de plano, la demanda de amparo promovida por ***********, todos de apellidos **********. Con fundamento, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Se tiene a los promoventes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Amapola número 128 de la colonia Rosalinda II de esta ciudad. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para notificar las providencias respectivas dictadas en el presente juicio para el adecuado despacho del asunto.

  3. Principal

    Notificación personal.

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