Jesús Chávez Ascencio
Expediente 1008/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1008/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesús Chávez Ascencio
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 1008/2019 del índice de este juzgado e informa que dicho juzgado se avocó al conocimiento del asunto. En virtud de lo anterior, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto totalmente concluido y conforme al Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace notar que el mismo es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses contado a partir de esta propia fecha, de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, de dicho acuerdo. Además de conformidad con el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del Acuerdo General en cita, el suscrito considera que el presente asunto NO es de relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte Quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este Juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27 fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los originales del juicio ejecutivo mercantil 24/2015, así como el juicio de amparo directo 660/2019. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que por auto de diez del mes y año en curso el tribunal en cita, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en mención; por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 49 de la Ley de Amparo en vigor este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda de amparo que promueve Jesús Chávez Ascencio, contra actos del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, regístrese en el libro de gobierno y fórmese expediente bajo el número 1008/2019. Con las constancias que remitió el tribunal de alzada, fórmense un tomo de pruebas relativo a este expediente. Ahora bien, al tratarse de un presupuesto procesal para la válida tramitación y resolución del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito examina su competencia por razón de territorio para conocer del presente asunto, de conformidad con las reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo. El referido artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para la competencia: a) Es competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Apreciada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: 1. El auto de ocho de agosto de mil diecinueve, dictado por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, en el que ordenó girar despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, en turno, con residencia en Zamora, Michoacán, dentro del juicio ejecutivo mercantil 24/2015 a efecto de llevar a cabo la diligencia de entrega real y material de los bienes muebles embargados en autos y adjudicados en audiencia de remate el trece de septiembre de dos mil dieciocho, frente a Jesús Chávez Ascencio. Luego, si en la especie la parte quejosa reclama la entrega real y material de los bienes muebles embargados que se encuentran en la localidad de "Guarachanillo", ubicada en Tangancícuaro, Michoacán; se concluye que la ejecución de dichos actos tendrá lugar en dicha población, pues los bienes muebles se encuentran en dicha localidad, lugar donde se llevará a cabo dicha diligencia. Sobre esas bases, se estima que los actos reclamados se habrán de ejecutar en Tangancícuaro, Michoacán, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 03/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es aplicable a lo anterior la tesis VII.3o.C.2.K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1779, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Febrero de 2001, que al rubro dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO". Asimismo, apoya en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 152, Materia Constitucional Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, con número de registro 232142, de rubro y texto siguiente: AGUAS DEL SUBSUELO. SON PROPIEDAD DE LA NACION. CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTICULOS 1o., 5o., 7o. Y 9o. DE LA LEY FEDERAL DE AGUAS. Es inexacto que el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Federal establezca que las aguas del subsuelo sean propiedad privada, ya que lo contrario se deduce del contenido de la exposición de motivos de la reforma al referido párrafo de 26 de diciembre de 1944, la que en lo conducente dice: "... Las facultades del poder público fijadas en la Constitución, a medida que se desenvuelve la vida económica del país, exigen establecer nuevas normas o limitaciones a la propiedad privada, especialmente de los elementos naturales que, de acuerdo con el principio general que informa el artículo 27 constitucional, son originariamente propiedad de la nación. El objeto de esa ampliación de facultades es facilitar el aprovechamiento de las riquezas naturales ... la utilización cada vez mayor y más frecuente de las aguas del subsuelo para el abastecimiento de las poblaciones, abrevadero de ganado, usos industriales o para el cultivo agrícola, reclama que se establezcan bases legales que permitan reglamentar y controlar su aprovechamiento ... por las razones anteriores, es necesario modificar el párrafo quinto del artículo 27 constitucional atribuyendo el carácter de propiedad nacional a las aguas subterráneas abarcando, en el propio precepto, las bases legales que mejoren la conservación y desarrollo de los recursos hidráulicos del país". De lo anterior deriva que son constitucionales los artículos 1o., 5o., 7o. y 9o. de la Ley Federal de Aguas en cuanto establecen que las aguas del subsuelo son propiedad de la nación, pues no fue otra sino esa la finalidad de la reforma al citado precepto constitucional". Así como la tesis visible en la página 97, Séptima Época, Segunda Sala, Fuente: Informes, Informe 1972, Parte II, cuyo rubro es: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO". En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno. En consecuencia, una vez que se notifique el presente acuerdo a la parte quejosa, mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena remitir el expediente en que se actúa formado con la referida demanda de amparo, así como sus anexos, al juez que se considera con competencia legal por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas determine si acepta o no la competencia que se le plantea y se le solicita que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese mismo sentido se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como responsable; caso en el cual de no ser hallados en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Se autoriza al actuario de este juzgado practicar notificaciones por lista a la parte quejosa de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo cuando para llevar a cabo una notificación personal se constituya en el domicilio correcto de lo cual deberá cerciorarse y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previo aviso fijado en la puerta y las razones que al respecto se levanten. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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