Jesús Chávez Ascencio

Expediente 1195/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 32 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1195/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Jesús Chávez Ascencio
  • Juan Chávez Ascencio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de seis meses previsto en el artículo 156 de la Ley de Aparo, para que la parte tercera interesada promoviera el incidente de pago de daños y perjuicios en el presente juicio de amparo al no haber resultado favorable la resolución para la parte quejosa, sin que lo haya hecho. Por otra parte, el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación instituye que los depósitos al cuidado o a disposición del Gobierno Federal constituidos en dinero en valores, inclusive los intereses que en su caso generen, prescribirán a favor del Fisco Federal en dos años contados a partir de la fecha en que legalmente pudo exigirse su devolución por el depositante. Atento a lo anterior, los quejosos desde este día están en aptitud de solicitar la devolución de la garantía que exhibieron para que surtiera efectos la suspensión provisional, consistente en los siguientes billetes de depósito: 1.- N 918582 valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 0/100 M.N.) a nombre de Jesús Chávez Ascencio. 2.- N 918583 valioso por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 0/100 M.N.) a nombre de Juan Chávez Ascencio. Por tanto, se hace saber a los quejosos que de no recoger los citados billetes dentro del plazo de dos años computado a partir de esta fecha, de conformidad con el artículo antes citado, se declararán prescritos en favor del Fisco Federal. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que los quejosos interpusieran recurso de revisión contra la resolución emitida en autos, por la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó la protección de la justicia de la unión en el presente juicio de amparo, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se sobreseyó y se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismos Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del seis de junio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1195/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó la autoridad responsable junto con su informe justificado. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación, formuló los de su intención. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la Representación Social de la adscripción y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Jesús Chávez Ascencio y Juan Chávez Asencio, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zamora, y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 19, 20, 22 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 1195/2021 y se admitió mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; por último, este juzgado señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercero interesado a J.J.A.M. [en cuanto víctima directa], así como a Maribel Alejandra Lara Vega, Agente del Ministerio Público que intervino en la solicitud de orden de aprehensión de veintidós de agosto de dos mil veinte. Luego, mediante proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como Director de Aprehensiones de la Fiscalía Regional de Zamora, por lo que se ordenó suspender toda comunicación con la misma. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede y ahora se resuelve al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión dictada contra Jesús Chávez Ascencio y Juan Chávez Asencio, el veintidós de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal 669/2020, por el delito de tentativa de homicidio calificado, que prevén los artículos 22, 71, 117 y 135, fracciones I, inciso b) y V, en relación con los artículos 19, fracción I, y V, en relación con los artículos 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III, del Código Penal del Estado de Michoacán, en agravio de la víctima de iniciales J.J.A.M., así como su ejecución. Acto que atribuyeron a las siguientes autoridades: 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zamora; 2. Fiscal Regional; 3. Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional; 4. Agente Primero adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional; 5. Agente Segundo adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional; 6. Agente Tercero adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional; 7. Agente Cuarto adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional; 8. Agente Quinto adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional; 9. Agente Sexto adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional; 10. Agente Séptimo adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional; y, 11. Agente Octavo adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional. Todos con residencia en Zamora, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y ontenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades señaladas como ejecutoras siguientes: 1. Fiscal Regional; 2. Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional; 3. Agente Primero adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional; 4. Agente Segundo adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional; 5. Agente Tercero adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional; 6. Agente Cuarto adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional; 7. Agente Quinto adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional; 8. Agente Sexto adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional; 9. Agente Séptimo adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional; y, 10. Agente Octavo adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional. Al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, consistente en la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, con lo cual se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido. No obstante lo anterior, los promoventes del amparo no aportaron probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en cita, aun cuando se les dio vista con los informes justificados, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En ese sentido, dado que se advierte que las autoridades en cita no tienen el carácter de ejecutoras respecto de la orden de aprehensión aquí combatida, se tiene por inexistente el acto reclamado a las mismas. De modo que, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades señaladas en esta consideración, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a la ejecución de la orden de aprehensión atribuida a las autoridades de que se trata. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarta. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó dicha autoridad responsable a su informe, consistentes en un disco que contiene la videograbación de la audiencia de veintidós de agosto de dos mil veinte, mediante la cual se dictó la orden de aprehensión reclamada por los quejosos, así como el acta de dicha audiencia relativa a la causa penal 669/2021, en formato PDF. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Quinta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. Al respecto, la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, en su pedimento manifiesta que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo [falta de interés], porque la parte quejosa no acredita encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y por tanto, no demuestra la afectación en sus intereses jurídicos o legítimos. Al respecto, no procede atender el alegato de la fiscal de la federación, relativo a que los peticionarios de amparo no acreditan el interés jurídico para reclamar la norma, atendiendo a que en el caso, el reclamo constitucional lo constituye la orden de aprehensión dictada contra los quejosos por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tentativa de homicidio calificado, lo cual evidentemente afecta su esfera de derechos y les da interés para comparecer a solicitar la tutela constitucional. Las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia y dado que este juzgado tampoco de manera oficiosa advierte la existencia de alguna, procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En principio, cabe señalar que tomando en consideración que el acto reclamado deriva de un proceso penal que se instruye contra de los aquí quejosos por el delito de tentativa de homicidio calificado, con fundamento en el artículo 20 apartado C fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ofendido de dicho ilícito tiene derecho al resguardo de su identidad y otros datos personales, por lo que a juicio de este juzgador es necesaria la protección de sus datos como víctima directa del delito, por lo que se le tendrá en el presente juicio de amparo únicamente con sus iniciales. Al respecto, son infundados los conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien esto resuelve, considera que lejos de beneficiar a los quejosos los perjudica o no les es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida cuenta que la orden de aprehensión reclamada no transgrede sus derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis 2ª./J.67/2017 (10ª), emitida por sustitución, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, Décima Época, del Semanario Judicial de la federación, Registro 2014703, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Los peticionarios de amparo manifiestan, en esencia, que el juez responsable vulneró en su perjuicio el contenido de los artículos 1º, 14, 16, 17, 19, 20 y 29, de la Constitución, en virtud de que con la orden de aprehensión dictada en su contra se les pretende privar de la libertad mediante un proceso dentro del cual no se han observado las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que el acto reclamado es violatorio de sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica. Por lo anterior, refieren que no existe proceso en el que se haya dictado una resolución debidamente fundada y motivada, y en la que se hayan demostrado los elementos constitutivos del delito, así como su presunta responsabilidad. Como se adelantó, dichos motivos de disenso devienen infundados. Para dar sustento a la premisa anterior, se estima necesario traer a glosa el contenido del artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su orden disponen. "De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." De los artículos transcritos se advierte que una orden de aprehensión es constitucional cuando reúne los siguientes requisitos: a) Que sea dictada por autoridad judicial competente; b) Que le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión; d) La necesidad de cautela; y, e) Asimismo, que deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. El requisito identificado con el inciso a), relativo a que la orden sea dictada por autoridad competente se cumple en el caso, ya que la orden de aprehensión que se reclama la emitió una autoridad judicial competente, esto es, el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán. Se estima lo anterior, porque la autoridad responsable fundó su competencia para emitir la orden de aprehensión reclamada, en el artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 39, párrafo tercero, 44, 46 fracción II y 47 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán; de los que se desprende, en esencia, que los Órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo; que el Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que ese Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio y que son atribuciones del Juez de Control: resolver sobre la aplicación, suspensión, modificación, sustitución o cancelación de las medidas cautelares de carácter real o personal que les sean solicitados por quien esté legitimado para ello; presidir las audiencias que legalmente le corresponda y asumir las decisiones atinentes al caso, entre otros. Ello además, tomando en consideración que los hechos delictivos acontecieron en la comunidad de Patamban, municipio de Tangancícuaro, Michoacán, donde legalmente ejerce jurisdicción la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; entonces, es claro que el Juez de Control Región Zamora, es competente para emitir el acto reclamado. El requisito identificado con el inciso b), relativo a que al acto reclamado le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, se cumplió en el caso, dado que existió la denuncia formulada por la propia víctima directa de iniciales J.J.A.M., quien al momento de rendir entrevista denunció los hechos con la intención de que fueran investigados; motivo por el cual se realizaron los registros de los que se dio cuenta en la audiencia. De igual modo, para justificar que se actualiza el cumplimiento de los anteriores requisitos, y al margen de que los hechos materia de la causa se persiguen de forma oficiosa, es importante mencionar que los numerales que prevén y sancionan el hecho delictivo de tentativa de homicidio calificado, el cual es sancionado con pena privativa de libertad y perseguible de manera oficiosa, disponen lo siguiente: Del Código Penal para el Estado de Michoacán: "Artículo 19. Delito instantáneo, permanente y continuado Atendiendo al momento de la consumación del resultado típico, el delito puede ser: I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos del tipo penal; [.]" "Artículo 20. Principio de imputación subjetiva Las acciones u omisiones delictivas únicamente pueden cometerse dolosa o culposamente, así: I. Actúa dolosamente quien, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta su realización o este es consecuencia necesaria de la conducta realizada; y, [.]" "Artículo 22. Tentativa punible Únicamente es punible el delito cometido en grado de tentativa acabada que haya puesto en peligro al bien jurídico tutelado. Existe tentativa acabada, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando totalmente los actos ejecutivos de deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, y aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente." "Artículo 71. Punibilidad de la tentativa. A quien resulte responsable de la comisión de un delito cometido en grado de tentativa se le aplicará de seis meses hasta las dos terceras partes de la pena correspondiente al delito doloso consumado que el sujeto activo quiso realizar. En la aplicación de las consecuencias jurídicas señaladas en este artículo, el juez tomará en consideración, además de lo previsto en el artículo 65 de este Código, el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito y la magnitud del peligro al que fue expuesto el bien jurídico." "Artículo 24. Autores o participes del delito Son autores o partícipes del delito: [.] III. Los que lo realicen conjuntamente; [.]" "Artículo 117. Homicidio simple A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de quince a treinta años de prisión." "Artículo 135. Circunstancias calificativas El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria. I. Existe ventaja: [.] b) Cuando el sujeto activo es superior por las armas empleadas, por su mayor destreza en el manejo de éstas o por el número de personas que intervengan con él; [.] V. Por los medios empleados cuando se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos, o bien por envenenamiento, asfixia, tormento o por medio de cualquier otra sustancia nociva para la salud; [.]" Luego, los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, son los siguientes: 1. Denuncia de fecha doce de junio de dos mil veinte presentada por la víctima directa Jesús Agustín Melchor, contra Roberto, Juan y Jesús, todos de apellidos Chávez Ascencio [Min 00:08:40 del registro de audio y video]. 2. Once placas fotográficas que ilustran las quemaduras de segundo grado que presentó la víctima en su cuerpo, así como un colchón con maculaciones hemáticas y un amontonamiento de costales de nylon quemados [Min 00:10:25]. 3. Testimonio de Flavia Mateo Martínez, de fecha diez de julio de dos mil veinte [Min 00:11:10]. 4. Testimonio de María Patricia Alejos González, de fecha diez de julio de dos mil veinte [Min 00:13:55]. 5. Entrevista de la víctima directa de iniciales J.J.A.M., de fecha diez de julio de dos mil veinte [Min 00:16:15]. 6. Informe médico de lesiones signado por el médico Martín Abraham Tamayo Ruiz, de fecha doce de junio de dos mil veinte, en el que se dio fe de las lesiones que presentó la víctima J.J.A.M. [Min 00:17:48]. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Con los anteriores datos de prueba, el juez responsable que aportan información apta, idónea y suficiente para establecer razonablemente, que se surte el presupuesto para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio; lo anterior, derivado de la denuncia presentada por la víctima directa de iniciales J.J.A.M., quien refirió que el siete de junio de dos mil veinte, aproximadamente a las tres de la mañana, se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Morelos esquina Xengari, del Barrio del Sagrado Corazón de Jesús, en Patamban, Michoacán, cuando escuchó fuertes golpes en su puerta y que luego la abrieron; que se levantó y vio a, entre otros, Jesús y Juan, de apellidos Chávez Ascencio, quienes le dijeron que él había matado a su hermano Francisco y a continuación entre todos lo golpearon hasta que perdió el conocimiento, además de que dichos agresores amontonaron unos costales y les prendieron fuego; que la víctima recobró el conocimiento al sentir dolor y fuertes ardores y en ese momento se dio cuenta de que se estaba quemando sobre los costales prendidos y que le pusieron encima un colchón; que logró rodar del fuego y pidió ayuda. La versión anterior, la corroboró el juez responsable con la información que proveyó la propia víctima, consistente en las placas fotográficas que evidencian que este presentaba golpes y quemaduras en su cuerpo, así como el lugar de su domicilio donde estaban los costales quemados y el colchón, que fue el lugar que indicó la citada víctima lo aventaron a quemar. Datos los anteriores que el juez responsable no consideró aislados pues al efecto destacó que también se recabó el informe médico que se le practicó a la víctima J.J.A.M., donde se advierte que efectivamente presentó infinidad de golpes en su anatomía corporal, de entre doce a veinte centímetros aproximadamente, lo que corrobora que sí fue golpeado indistintamente como él lo indicó, además de las quemaduras de segundo grado que también presentó en su cuerpo y que evidentemente corresponden a la narración de hechos que manifestó en su denuncia, acerca de que los agresores lo dejaron inconsciente y luego le prendieron fuego, lo que corrobora que sí se atentó contra la vida de dicha persona. De la misma forma -puntualizó el juez responsable- que respecto de la información proporcionada por Flavia Mateo Martínez, en la que señaló que fue a un velorio y ahí una persona le dijo que fuera a ver cómo había quedado su compadre (J.J.A.M.), ello evidencia que los investigados sabían que no lo habían matado, lo cual no es factible corroborar hasta el momento; sin embargo con esa información sí se tiene por cierto que sabían que habían ido a agredirlo y que dicha persona estaba lastimada. Continuó diciendo el juez de control, que respecto de lo señalado por María Patricia Alejos González, vecina de la víctima, y quien al día siguiente de los hechos constató que aquél estaba tirado, golpeado y quemado, así como también observó los objetos que indicó la víctima donde le habían prendido fuego. Por lo anterior, -determinó el juez responsable- los datos de prueba aportados, a la luz de lo que prevén los artículos 259, 265 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen hasta el momento la credibilidad, dado que no se advierte que hubiere otros motivos para brindar esa información por parte de los testigos y de la víctima, así como los peritos hicieron su trabajo al constatar las lesiones que presentó dicha persona y por tanto, permiten tener por ciertos los hechos narrados, pues generan credibilidad respecto antes expuesto, dado que uno a uno van configurándose y siendo inmersos en la historia de la víctima. Probable participación. El juez responsable estimó con base en los datos de prueba, el hecho narrado sí puede subsumirse en el que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado que se atribuye a los investigados aquí quejosos; asimismo, indicó que el delito de homicidio lo comete quien priva de la vida a otra persona, y si bien en el caso no hay una privación de la vida, sí existen actos tendentes a cometer ese resultado. Luego destacó que el artículo 22 del Código Penal del Estado de Michoacán, señala que únicamente es punible el delito cometido en grado de tentativa que haya puesto en peligro el bien jurídico tutelado, lo que en el caso ocurrió porque la víctima fue brutalmente golpeada hasta perder el conocimiento; que luego lo aventaron sobre unos costales y le prendieron fuego; asimismo, uno de los agresores dijo que le prendieran fuego para quemarlo y que no lo identificaran, de lo que puede advertirse que sí tenían esa intención, pues la víctima despertó cuando se estaba quemando y probablemente lo dieron por muerto. De modo que por lo ya expuesto la autoridad responsable consideró acertadamente que el hecho cometido contra J.J.A.M. tiene identidad con el delito de tentativa de homicidio que prevé el artículo 117, relacionado con la descripción de la tentativa prevista en el numeral 122, ambos del Código Penal del Estado de Michoacán; delito doloso y de consumación instantánea al agotarse todos sus elementos al momento del tipo penal con la consumación de la conducta y a la vez atribuible a las tres personas, entre ellos Juan y Jesús, ambos de apellidos Chávez Ascencio, pues dichas personas fueron las que vio la víctima J.J.A.M. que ingresaron a su domicilio y son las que señala como sus agresores y describió la actividad que realizó cada uno de ellos, con lo que no queda duda de su identificación, además de que señaló un móvil pues indicó que dichos agresores le atribuyen la muerte de uno de sus hermanos de nombre Francisco, por lo que evidentemente sabe, ubica y reconoce a las personas que lo agredieron e ingresaron a su domicilio a intentar quitarle la vida. En relación con la calificativa -estableció el juez de control-, el hecho tiene identidad con la calificativa de ventaja que invocó el Ministerio Público, prevista en la fracción I, inciso b), del artículo 135 del Código Penal del Estado, puesto que eran varias personas las que llegaron al domicilio de la víctima y arremetieron contra ella, por tanto existe ventaja; así como respecto de la fracción V, se acredita porque los agresores le prendieron fuego a la víctima cuando éste se encontraba inconsciente, momento en el que lo aventaron sobre unos costales de material inflamable a los cuales les prendieron fuego y además pusieron sobre él un colchón y si la víctima no hubiese reaccionado pudo haber muerto. Necesidad de cautela. En cuanto a la necesidad de cautela para emitir la orden de aprehensión reclamada, en oposición a lo que argumentan los aquí quejosos, debe decirse que fue solicitada por la fiscalía, y el juez de control estableció que si bien el hecho delictivo atribuido de tentativa de homicidio en sí no está previsto como de los de prisión preventiva oficiosa, pero lo cierto es que los investigados utilizaron medios violentos para su comisión, pues al advertirse que prendieron fuego a la víctima existe un peligro para ésta, conforme lo establece el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que efectivamente hay riesgo para J.J.A.M. si los investigados ya ingresaron a su domicilio, le prendieron fuego y quisieron privarlo de la vida, e incluso la representación social informó que se giró una orden de protección para la víctima y se tuvo que cambiar de domicilio para salvaguardarse. En consecuencia, el juez dictó orden de aprehensión en contra de Jesús Chávez Ascencio y Juan Chávez Ascencio, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 22, 71, 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), del Código Penal para el Estado de Michoacán, en agravio de J.J.M.A. Por lo antes expuesto, se estima que contrario a lo que aducen los quejosos en su demanda, existen datos de prueba idóneos pertinentes y suficientes para emitir una orden de aprehensión en su contra, porque con los datos de prueba aportados por la agente del Ministerio Público se acreditan los elementos constitutivos del hecho delictuoso de tentativa de homicidio calificado, así como su probable intervención en su comisión. En ese orden de ideas, también es infundado el argumento de los quejosos en el sentido de que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, pues la autoridad responsable estableció que la conducta delictuosa que se les imputa, encuadra con lo establecido en los artículos ya señalados de Código Penal para el Estado de Michoacán. Es así porque el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la emisión de un acto de molestia que afecte la esfera jurídica de los gobernados; tiene como propósito fundamental dar a conocer las razones de la decisión de la autoridad, para que así la persona agraviada tenga oportunidad de controvertir dichos razonamientos jurídicos. Esta obligación se satisface (desde el punto de vista formal), cuando se citan los ordenamientos legales aplicables y los hechos que hacen que el caso actualice o sea subsumible en la hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse, formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado; esto es, que se den a conocer, en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron la voluntad del juzgador, de suerte que fuese clara y evidente para que el afectado pudiese cuestionar el mérito de la decisión y le permitiese una real y auténtica defensa, que es el propósito y la ratio del derecho humano de legalidad. Cabe señalar que tal derecho de legalidad se encuentra previsto en el artículo 16 constitucional, relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el justiciable conozca el porqué de la conducta de la autoridad, circunstancia que se traduce en darle a conocer, en detalle, la esencia y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurídico de decisión, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado, poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, si bien no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, tampoco es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues basta la expresión de lo estrictamente necesario (explicar, justificar, posibilitar defensa y comunicar decisión), para que se considere debidamente fundada y motivada la actuación de la autoridad, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4.A. J/43 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1531, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En ese orden de ideas, debe calificarse como infundado el concepto de violación que se analiza, pues en el acto reclamado se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión de esa orden de aprehensión, se justipreciaron los datos de prueba que fueron referidos respecto a su idoneidad, pertinencia y suficiencia; sin que se advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado, además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Cobra especial relevancia -en oposición a lo argumentado por los quejosos- el hecho de que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para librar una orden de aprehensión, no se requieren pruebas formalizadas, sino datos de prueba recabados en la carpeta de investigación y que sólo son reseñadas por el agente ministerial y el único requisito es que tales datos de prueba resulten idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer que se ha cometido un hecho delictuoso y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión. De tal forma que la valoración que realiza el juez de control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos, por ello, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público, cumplen esas características y que en conjunto resultan suficientes para presumir que los inculpados participaron en su comisión, para justificar la emisión de una orden de aprehensión. Por último, de igual modo resulta infundado el concepto de violación en el que los peticionarios de tutela constitucional refieren que el acto reclamado es ilegal, porque se les pretende privar de su libertad personal, sin que para ello exista un proceso donde se les haya respetado la garantía de audiencia y debido proceso, y sin que se hayan observado las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior, dado que si bien, por principio todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado; requisitos que en el caso se encuentran satisfechos, según lo expuesto en párrafos que anteceden. Es aplicable, por analogía jurídica la tesis asilada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XCVI, página 1375 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, registro 302153, que dice: "ORDEN DE APREHENSION, NO SE NECESITA DE LA GARANTIA DE PREVIA AUDIENCIA PARA DICTARLA. El artículo 16 de la Constitución Federal, no exige la audiencia previa del acusado ni la comprobación del cuerpo del delito, para que pueda dictarse orden de aprehensión, sino sólo la acusación o querella, apoyada por declaración de persona digna de fe o por otros actos que hagan probable la responsabilidad del acusado en el delito que se le impute; y si en el caso existió la querella y acusación del Ministerio Público, apoyadas con documentos, es claro que el Juez de primera instancia tuvo facultades y base suficiente para dictar esa orden; no siendo cierto que no se hubiera practicado una averiguación previa por el Ministerio Público, ya que ante él ocurrió el querellante y dicha institución consignó el caso al Juez, con solicitud de la orden de aprehensión, que fue dictada legalmente." En consecuencia al no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales de los quejosos Jesús Chávez Ascencio y Juan Chávez Asencio, y sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Séptima. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesús Chávez Ascencio y Juan Chávez Asencio, por su propio derecho, contra la orden de aprehensión reclamada a la autoridad responsable, por las razones expresadas en la consideración sexta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se ordena agregar sin hacer mayor pronunciamiento los telegramas del Fiscal Regional de Zamora, Michoacán y Jefe de la Oficina Telegráfica de esta ciudad, mediante los cuales advierten la inexistencia del Director de Aprehensiones, toda vez que por auto de doce de los actuales se acordó lo conducente. Mismo tratamiento se ordena realizar con el telegrama remitido por el Jefe de la Oficina Telegráfica de esta ciudad, toda vez que el once del mes y año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado del Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía regional de Zamora. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF

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