Jesús Chairez Márquez
Expediente 1795/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 33 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1795/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 28/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jesús Chairez Márquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
El veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción con folio 9299. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por la actuaria judicial del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de inconformidad relativo a la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia protectora dictada en el expediente principal del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*
- Principal
El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, el secretario CERTIFICA: El término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió: para la parte quejosa del veintinueve de mayo al dieciocho de junio del año en curso, sin que hubiera interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución que declaró la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia protectora. Se realizó una búsqueda en el libro de promociones recibidas por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, así como en la Oficialía de Partes de este Juzgado, ya sea física o electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que se haya localizado alguna por medio de la cual se interponga el recurso correspondiente. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución de veinte de mayo de dos mil diecinueve que declaró la imposibilidad jurídica para dar el cumplimiento a la sentencia protectora; por tanto, se ordena el envío de los autos del juicio de derechos en que se actúa, al Tribunal Colegiado de este Circuito, para que dicho órgano jurisdiccional determine lo conducente sobre la existencia de la imposibilidad para el cumplimiento que fue establecida en el auto invocado, con fundamento en los párrafos segundo y último del artículo 196 de la ley citada. Robustece lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 23/2018 con registro 2017828, que a continuación se transcribe: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella. Fórmese cuadernillo de antecedentes y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*
- Principal
CERTIFICACIÓN. El veinte de mayo de dos mil diecinueve, el secretario CERTIFICA: Que el término de tres días que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta de abril al tres de mayo del año en curso. Doy fe. CUENTA. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que en sentencia de veintidós de marzo de dos mil diecinueve (fojas 49 a 56), este órgano jurisdiccional concedió el amparo solicitado, para los efectos de que la juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, diera cabal cumplimiento a la sentencia protectora en los siguientes términos: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. Con libertad de jurisdicción dicte otra, en la que para el desahogo de la audiencia de revisión de acuerdo preparatorio, cite al inculpado bajo apercibimiento de imposición de alguno de los medios de apremio establecidos en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de incomparecencia. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a las autoridades ejecutoras en tanto que se reclama derivado de la inconstitucionalidad del acto de la ordenadora y no por vicios propios.". Al respecto, la juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, mediante oficios 600 y 1465 de quince y veinticuatro de abril de este año (fojas 86 y 97), hizo del conocimiento de este Juzgado en lo toral, que en atención a que en quince de ese mes y año se cumplimentó la orden de captura dictada por esa autoridad en contra del aquí quejoso atendiendo a que este órgano jurisdiccional en diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dejó sin efectos la suspensión definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, en consecuencia celebró audiencia de revisión de acuerdo reparatorio en la misma fecha de la puesta a su disposición, en la que se autorizó la restructuración del citado acuerdo revisado, y por ende, no había materia para emitir una nueva resolución. Por su parte, el inspector jefe del grupo de aprehensiones I de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por oficio 0409 de quince de abril de dos mil diecinueve remitió el diverso 264 de esa misma data (fojas 88 y 89), dirigido al juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Zacatecas, con firma de recibido de esa propia fecha, mediante el cual en cumplimiento a la orden de aprehensión girada en contra de Jesús Cháirez Márquez dejó a su disposición a éste, interno en el Centro Regional de Readaptación Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas. A su vez el Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por oficio 0418 de veintidós de abril de este año (foja 94) informó que no era posible dar cumplimiento al fallo protector, virtud a que el quince de dicho mes y año, Jesús Cháirez Márquez fue puesto a disposición del juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, por su responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, dentro del proceso penal 770/2017. Por su cuenta el encargado del departamento jurídico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe, Zacatecas, por oficio 00179/2019 de veinticuatro de abril del año en curso (foja 96), informó en lo que interesa, que no procedería a detener al quejoso. Con lo anterior, mediante proveído de veinticinco de abril del año en curso (foja 103), se dio vista a la parte quejosa sin que hiciera manifestación alguna. Con base en lo anterior, se advierte que en el presente asunto existe una imposibilidad material y jurídica para llevar a cabo un pronunciamiento en relación con el cumplimiento de la ejecutoria concesoria del amparo, al no haber materia sobre la cual dar cumplimiento, habida cuenta que la orden de aprehensión materia del presente juicio de derechos fue ejecutada en quince de abril de este año, atendiendo a que las responsables se encontraban en aptitud de ello, en razón que por auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el incidente de suspensión relativo al presente juicio, se dejó sin efectos la suspensión definitiva decretada a favor del justiciable de mérito, acorde a los motivos y fundamentos ahí establecidos (foja 72); en tanto que el fallo protector dictado en relación a dicho acto privativo de la libertad causó ejecutoria por auto de dieciséis de ese mes y año; todo lo cual convierte al acto reclamado como aquel que ha producido todos sus efectos, y por ende, imposibilita la restitución al amparista en el goce de los derechos violados, por lo que resulta excusable la imposibilidad material y jurídica de las responsables para dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, sin que deban ser tomadas las providencias a que se refiere el artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y sin que exista cumplimiento sustituto, por no estar ante un daño cuantificable. Es aplicable en lo conducente, la tesis I.9o.P.171 P (10a.) con registro 2015580, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, con el rubro y texto que a continuación se reproducen. "SENTENCIAS DE AMPARO EN MATERIA PENAL. CASO EN EL QUE LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y JURÍDICA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA DARLE CUMPLIMIENTO ES EXCUSABLE. Cuando en el juicio de amparo se concedió la protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado relacionado con la obtención de la libertad, ya sea por reactivación del sustitutivo de la pena de prisión por tratamiento en libertad o se le otorgue el beneficio penitenciario de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, para el efecto de que la responsable deje sin efecto el acto reclamado y pronuncie otro motivadamente con libertad de jurisdicción; emerge el supuesto de la imposibilidad material y jurídica para llevar a cabo un pronunciamiento en relación con el cumplimiento de la ejecutoria concesoria del amparo, si el quejoso ya fue puesto en libertad por haber compurgado la pena impuesta en la causa en que fue emitido el acto reclamado, al no haber materia sobre la cual dar cumplimiento, puesto que las cosas ya se encuentran en un estado igual a la inexistencia del acto reclamado, es decir, ya fueron restablecidas al estado que guardaban antes de la violación cometida en el acto reclamado, respecto del cual le fue concedido el amparo, pues al ser compurgada la pena impuesta al quejoso y decretarse su libertad, lo convierte en un acto que ha producido todos sus efectos, respecto del cual, es imposible restituirlo en el goce de la garantía individual violada, por lo que resulta excusable la imposibilidad material y jurídica de la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, sin que deban ser tomadas las providencias a que se refiere el artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y sin que exista cumplimiento sustituto, por no estar ante un daño cuantificable." Ante ello, se estima que existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia protectora, por tanto, se declara que ha quedado sin materia el cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, sin que en su caso se interponga recurso de inconformidad en contra del presente proveído, ordénese el envío de los autos del juicio al Tribunal Colegiado de este Circuito, para que la superioridad determine lo conducente sobre la existencia de la imposibilidad para el cumplimiento que ha quedado precisada, con fundamento en los párrafos segundo y último del artículo 196 de la ley citada. Robustece lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 23/2018 con registro 2017828, que a continuación se transcribe: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella. Notifíquese; personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA JESÚS CHÁIREZ MÁRQUEZ Y TERCERO INTERESADO JORGE ALFREDO BUENDÍA SANTOYO, LA DETERMINACIÓN DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "...Zacatecas, Zacatecas, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que en sentencia de veintidós de marzo de dos mil diecinueve (fojas 49 a 56), este órgano jurisdiccional concedió el amparo solicitado, para los efectos de que la juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, diera cabal cumplimiento a la sentencia protectora en los siguientes términos: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. Con libertad de jurisdicción dicte otra, en la que para el desahogo de la audiencia de revisión de acuerdo preparatorio, cite al inculpado bajo apercibimiento de imposición de alguno de los medios de apremio establecidos en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de incomparecencia. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a las autoridades ejecutoras en tanto que se reclama derivado de la inconstitucionalidad del acto de la ordenadora y no por vicios propios.". Al respecto, la juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, mediante oficios 600 y 1465 de quince y veinticuatro de abril de este año (fojas 86 y 97), hizo del conocimiento de este Juzgado en lo toral, que en atención a que en quince de ese mes y año se cumplimentó la orden de captura dictada por esa autoridad en contra del aquí quejoso atendiendo a que este órgano jurisdiccional en diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dejó sin efectos la suspensión definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, en consecuencia celebró audiencia de revisión de acuerdo reparatorio en la misma fecha de la puesta a su disposición, en la que se autorizó la restructuración del citado acuerdo revisado, y por ende, no había materia para emitir una nueva resolución. Por su parte, el inspector jefe del grupo de aprehensiones I de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por oficio 0409 de quince de abril de dos mil diecinueve remitió el diverso 264 de esa misma data (fojas 88 y 89), dirigido al juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Zacatecas, con firma de recibido de esa propia fecha, mediante el cual en cumplimiento a la orden de aprehensión girada en contra de Jesús Cháirez Márquez dejó a su disposición a éste, interno en el Centro Regional de Readaptación Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas. A su vez el Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por oficio 0418 de veintidós de abril de este año (foja 94) informó que no era posible dar cumplimiento al fallo protector, virtud a que el quince de dicho mes y año, Jesús Cháirez Márquez fue puesto a disposición del juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, por su responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, dentro del proceso penal 770/2017. Por su cuenta el encargado del departamento jurídico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe, Zacatecas, por oficio 00179/2019 de veinticuatro de abril del año en curso (foja 96), informó en lo que interesa, que no procedería a detener al quejoso. Con lo anterior, mediante proveído de veinticinco de abril del año en curso (foja 103), se dio vista a la parte quejosa sin que hiciera manifestación alguna. Con base en lo anterior, se advierte que en el presente asunto existe una imposibilidad material y jurídica para llevar a cabo un pronunciamiento en relación con el cumplimiento de la ejecutoria concesoria del amparo, al no haber materia sobre la cual dar cumplimiento, habida cuenta que la orden de aprehensión materia del presente juicio de derechos fue ejecutada en quince de abril de este año, atendiendo a que las responsables se encontraban en aptitud de ello, en razón que por auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el incidente de suspensión relativo al presente juicio, se dejó sin efectos la suspensión definitiva decretada a favor del justiciable de mérito, acorde a los motivos y fundamentos ahí establecidos (foja 72); en tanto que el fallo protector dictado en relación a dicho acto privativo de la libertad causó ejecutoria por auto de dieciséis de ese mes y año; todo lo cual convierte al acto reclamado como aquel que ha producido todos sus efectos, y por ende, imposibilita la restitución al amparista en el goce de los derechos violados, por lo que resulta excusable la imposibilidad material y jurídica de las responsables para dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, sin que deban ser tomadas las providencias a que se refiere el artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y sin que exista cumplimiento sustituto, por no estar ante un daño cuantificable. Es aplicable en lo conducente, la tesis I.9o.P.171 P (10a.) con registro 2015580, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, con el rubro y texto que a continuación se reproducen. "SENTENCIAS DE AMPARO EN MATERIA PENAL. CASO EN EL QUE LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y JURÍDICA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA DARLE CUMPLIMIENTO ES EXCUSABLE. Cuando en el juicio de amparo se concedió la protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado relacionado con la obtención de la libertad, ya sea por reactivación del sustitutivo de la pena de prisión por tratamiento en libertad o se le otorgue el beneficio penitenciario de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, para el efecto de que la responsable deje sin efecto el acto reclamado y pronuncie otro motivadamente con libertad de jurisdicción; emerge el supuesto de la imposibilidad material y jurídica para llevar a cabo un pronunciamiento en relación con el cumplimiento de la ejecutoria concesoria del amparo, si el quejoso ya fue puesto en libertad por haber compurgado la pena impuesta en la causa en que fue emitido el acto reclamado, al no haber materia sobre la cual dar cumplimiento, puesto que las cosas ya se encuentran en un estado igual a la inexistencia del acto reclamado, es decir, ya fueron restablecidas al estado que guardaban antes de la violación cometida en el acto reclamado, respecto del cual le fue concedido el amparo, pues al ser compurgada la pena impuesta al quejoso y decretarse su libertad, lo convierte en un acto que ha producido todos sus efectos, respecto del cual, es imposible restituirlo en el goce de la garantía individual violada, por lo que resulta excusable la imposibilidad material y jurídica de la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, sin que deban ser tomadas las providencias a que se refiere el artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y sin que exista cumplimiento sustituto, por no estar ante un daño cuantificable." Ante ello, se estima que existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia protectora, por tanto, se declara que ha quedado sin materia el cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, sin que en su caso se interponga recurso de inconformidad en contra del presente proveído, ordénese el envío de los autos del juicio al Tribunal Colegiado de este Circuito, para que la superioridad determine lo conducente sobre la existencia de la imposibilidad para el cumplimiento que ha quedado precisada, con fundamento en los párrafos segundo y último del artículo 196 de la ley citada. Robustece lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 23/2018 con registro 2017828, que a continuación se transcribe: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella. 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