Jesús Cárdenas Montoya
Expediente 1585/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1585/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jesús Cárdenas Montoya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En veintiocho de octubre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del trece al veintiséis del mes y año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el siete de octubre de dos mil quince, en el juicio de amparo 1585/2015.- DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede, así como con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de octubre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el siete de octubre de dos mil quince; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal como el cuaderno original del incidente de suspensión SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en razón de que en relación al primero se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y en el segundo se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, la copia certificada del Procedimiento Administrativo de Restitución de Tierras 920/2009, así como su cuadernillo de ejecución; que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Ajc.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1585/2015, estando en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta con el escrito registrado bajo el número 19769, suscrito por Rocío Maldonado Trejo. A lo que el Juez Acuerda: sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que Rocío Maldonado Trejo, mediante auto de veintiséis de agosto de dos mil quince, se le tuvo como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones, al no acreditar contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y no en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. El Secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Tiene aplicación a la tesis siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han -quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, el Secretario da cuenta con las que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable, consistentes en copia certificada del Procedimiento de Restitución de Tierras y cuadernillo de ejecución marcados con el número 0920/2009, a lo que el Juez acuerda: Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las documentales antes señaladas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el que el Secretario da cuenta que los formulados por el tercero interesado, en su escrito adjuntado a foja 18 del expediente, por lo que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por reproducidos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1585/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, JESÚS CÁRDENAS MONTOYA, por su propio derecho formuló demanda de amparo indirecto, contra actos del Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, que a continuación se precisan: "4. LEY O ACTO RECLAMADO: Lo es la orden de desalojo que emite la Autoridad Responsable, dentro del expediente de restitución de tierras marcado con el número 920/2009, radicado en la Dirección de Fraccionamientos Rurales en el Estado de Zacatecas." 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular dictó proveído el veintiséis de agosto de dos mil quince, en que ordenó su registro bajo expediente 1585/2015, se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La orden de desalojo dictado por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas dentro del expediente administrativo 920/2009, relativo a la restitución de tierras. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II. 2. 1. Certeza: Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, toda vez que así lo reconoció en su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, su existencia se corrobora con las copias certificadas del expediente 920/2009, relativo al juicio de restitución de tierras; así como del cuadernillo de ejecución; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en término de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, este órgano jurisdiccional advierte de manera oficiosa la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no fueron expresados conceptos de violación. En efecto, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . VIII. Los conceptos de violación." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Aunado a lo anterior, es de indicarse que en tratándose de otras materias el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, por lo que, en el caso resultaba necesario que la parte quejosa expresara en el capítulo respectivo los conceptos de violación encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY. La regulación establecida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDA SALA" Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se logra evidenciar que el peticionario del amparo no expresó concepto de violación alguno encaminado a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado consistente en la orden de desalojo dictado por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas dentro del expediente administrativo 920/2009, relativo a la restitución de tierras, pues no trae capítulo de conceptos de violación, solamente capítulo de hechos. De tal forma, que toda vez que en el caso a estudio no se actualiza el supuesto precisado con anterioridad para suplir la deficiencia de la queja, esto es, alguna irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso, al impetrante de garantías le era imperativo expresar los conceptos de violación correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO.- Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." "AMPARO INDIRECTO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE DERIVA DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 61, FRACCIÓN XXIII Y 108, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO (AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN), SI EL JUZGADOR TIENE EL DEBER DE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LOS SUPUESTOS EN QUE OPERA. Uno de los cambios más importantes que se introdujeron en la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, consiste en que la suplencia de la queja opera respecto de las fracciones I (declaratoria de inconstitucionalidad de leyes); II (menores, incapaces, orden o estabilidad de la familia); III (materia penal); IV (materia agraria); V (materia laboral), y VII (condiciones de pobreza o marginación del quejoso), del artículo 79 del propio ordenamiento, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. Por tanto, si en un amparo indirecto contra leyes promovido con motivo de un acto concreto de aplicación no se formula algún concepto de violación en contra de la norma reclamada y el Juez advierte que debe suplirse la deficiencia de la queja ante la ausencia de dichos motivos de inconformidad por ser aplicables cualquiera de las fracciones mencionadas, no procede el sobreseimiento en el juicio respecto de la disposición reclamada, sino que, por el contrario, al actualizarse una de las excepciones al principio de definitividad en relación con el respectivo acto concreto de aplicación, precisamente aquella que se refiere a la impugnación de normas generales, el juzgador debe analizar el fondo del asunto y resolver lo conducente. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO." De igual forma, tiene aplicación la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN NO MOTIVA QUE EL JUZGADOR PREVENGA AL QUEJOSO.- El artículo 146 de la Ley de Amparo establece que cuando el Juez advierta que la demanda no cumple alguno de los requisitos señalados en el artículo 116 de la propia Ley o que no se ha señalado con precisión el acto reclamado, o no se han exhibido las copias exigidas por la ley, deberá ordenar que se cumplan los requisitos omitidos o se hagan las aclaraciones correspondientes. Sin embargo, tomando en consideración que la finalidad del precepto primeramente citado consiste en aclarar demandas que adolecen de irregularidades de carácter formal, es indudable que se aplica exclusivamente cuando en la demanda ya existe un principio de señalamiento o esbozo de los conceptos de violación, pero no cuando se omiten totalmente, ya que resultan indispensables para conocer la pretensión del quejoso; admitir lo contrario implicaría que éste, por el solo hecho de haber presentado un escrito con datos meramente identificatorios, pudiera plantear su pretensión constitucional fuera del plazo previsto para tal efecto en los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se concluye que la ausencia total de conceptos de violación en el escrito inicial de demanda no motiva que el juzgador prevenga al quejoso." Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías promovido por JESÚS CÁRDENAS MONTOYA. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JESÚS CÁRDENAS MONTOYA, contra la autoridad responsable y en cuanto al acto precisado en el considerando segundo, punto II. 1, de este fallo. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.
- Principal
En ocho de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un oficio con registro 17857.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por UBALDO PÉREZ CARDENAS, en su carácter de tercero interesado; en consecuencia, con apoyo en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, téngasele por apersonado al presente juicio de garantías; asimismo, como lo solicita el ocursante, se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, al licenciado Manuel Hernández Ramírez, quien cuenta con cédula profesional 1711492 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Manuel Alejandro Hernández Gomez; y como domicilio para tal fin el ubicado en Calle Crucero Donato Guerra número 110 Zona Centro de Zacatecas, Zacatecas. Por otra parte, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo vigente, téngasele por formulando los alegatos que vierte a su favor el tercero interesado; sin perjuicio de relacionarlos en la etapa procesal que corresponda. Notifíquese por medio de lista a las partes. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza licenciado José de Jesús Martínez Torres.- Doy fe. Luis.
- Principal
En dos de septiembre de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un oficio registrado con el número 17280 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas; con su contenido así como con el de las constancias que acompaña a su comunicado dése vista a las partes, para que hasta antes de celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en el desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la mencionada responsable, las constancias que en copia certificada acompaña a su comunicado, las cuales dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas y se ordena su resguardo por separado, hasta en tanto concluya el presente juicio de garantías; sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia respectiva. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
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