Jesús Cerda Rodríguez
Expediente 1040/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1040/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesús Cerda Rodríguez
- Fiscal Regional de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Zamora
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve (foja 8 a 22), que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Cerda Rodríguez, sin que hayan hecho uso de tal derecho; en consecuencia, queda FIRME el proveído en cita. Ahora, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales toda vez que no se exhibieron. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Demanda y radicación. Vista la demanda de amparo promovida en línea por José Eduardo Flores Rivera, quien se ostenta defensor particular de Jesús Cerda Rodríguez, contra actos que atribuye a las autoridades siguientes: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral en Zamora, Michoacán; y, Fiscal Regional de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Zamora, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese con el número V-1040/2019, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Precisión de los actos reclamados. Ahora, de la demanda de amparo analizada como un todo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral en Zamora, Michoacán No admitir como prueba de la defensa del imputado la comparecencia de la víctima de iniciales F. V. C. y el testimonio del menor de iniciales A. V. C., ello dentro de la duplicidad del término constitucional en el proceso penal 393/2019. Fiscal Regional de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Zamora, Michoacán La entrevista de trece de septiembre de dos mil diecinueve que se realizó al menor de iniciales A. V. C., sin la presencia del defensor del imputado Como es de observarse, el juicio de amparo es improcedente respecto del acto consistente en la no admisión de pruebas que reclama al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral en Zamora, Michoacán porque se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia previstas en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De la interpretación de los preceptos transcritos se advierte que contra actos de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo el juicio de amparo, sólo procede contra las sentencias, laudos o resoluciones definitivas que pongan fin al juicio, salvo en los casos expresamente previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo; esto es, cuando se reclamen actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como tales, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando de modo directo e inmediato se trasgredan derechos sustantivos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que México sea parte. Así, los únicos actos emitidos dentro de un juicio que pueden ser materia del juicio de amparo son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, siendo el caso cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo materia de derechos humanos o las garantías constitucionales establecidas para la protección de éstos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable. Ahora, para determinar si existe tal afectación debe atenderse a los efectos que produce objetiva y jurídicamente el acto reclamado, y no a las argumentaciones que constituyen los conceptos de violación, dado que la consideración de los efectos del acto son un presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, el cual debe estudiarse previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería el método del proceso de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción V del artículo 107 de la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia II.2o.P. J/29, cuyo texto dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley". Ahora, para mejor comprensión de lo que se expondrá, conviene hacer la relación de antecedentes siguiente: El diez de septiembre de dos mil diecinueve, se cumplimentó la orden de aprehensión emitida en la causa penal número 393/2019 que se instruye al promovente del amparo Jesús Cerda Rodríguez, por el delito de violación cometido en agravio de la víctima directa de iniciales F. V. C.. El doce de septiembre de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia inicial. En la cual transcurridas las etapas de control de detención y formulación de imputación el citado Cerda Rodríguez solicitó la ampliación del término constitucional. Asimismo, señalan que dentro de dicho término ofertaron como prueba los testimonios de la víctima directa de iniciales F. V. C. y del menor de iniciales A. V. C., la cual no le fue admitida. Ahora, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad que contiene en la demanda, se advierte que el quejoso tienen el carácter de imputado dentro del proceso penal 393/2019, por ser probable responsable de un hecho que la ley señala como delito de violación. De lo expuesto en los párrafos anteriores, debe primeramente establecerse que se trata de un acto acaecido dentro de un proceso jurisdiccional en el que está pendiente de resolver la situación jurídica del quejoso; esto es, el acto combatido se emitió en un procedimiento penal. De ahí que la naturaleza del acto sea intraprocesal, puesto que los derechos que se afectan con la emisión del mismo es adjetivo, porque se encuentran regulado por las normas procesales aplicables al caso en concreto. Asentado lo anterior, se desprende que el contenido de la determinación que el quejoso reclama no es de aquéllas que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que por la etapa procesal -término para resolver la situación jurídica del quejoso- por la que transita la causa penal sólo afecta derechos adjetivos, lo que produce únicamente consecuencias intraprocesales debido a que sus consecuencias materiales se reducen en que quede agotada una de las etapas del procedimiento; lo que puede ser reparado en la resolución de término constitucional que se dicte si le es favorable a sus intereses; incluso de no ser así podrán hacer uso de los medios de impugnación ordinarios que la ley preveé para reparar tales violaciones o, bien, promover el juicio de amparo. Sin que sea inadvertido para este juzgador los argumentos hechos valer por la parte quejosa entorno a la procedencia del presente juicio; sin embargo, para que un acto sea considerado de imposible reparación cometido durante la tramitación de un juicio, es necesario que éste produzca una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado de lo que se determine en el plazo constitucional; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado consistentes en no recibirle la prueba que ofreció dentro de la ampliación de término constitucional en la causa penal 393/2019, pero por la etapa en que se encuentra, no se producen violaciones a derecho sustantivos, lo que es considerado como una violación procesal que puede ser impugnada a través de los medios ordinarios o, bien, la promoción del juicio de amparo indirecto cuando reclame el auto de término constitucional. En ese sentido, el juicio de amparo promovido por la parte quejosa contra dicha determinación, por el momento no es reclamable en la vía indirecta en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, pues, como se destacó, la autoridad responsable no admitió los testimonios que ofreció como prueba dentro de la ampliación de plazo constitucional no constituye una afectación a derechos sustantivos pues con independencia de la naturaleza del medio de convicción ofrecido, la inadmisión, la falta de desahogo o su recepción en una forma prevista en la ley por si sola no produce la afectación de que se habla, ya que el juez al dictar la resolución que corresponda atendiendo a la etapa procesal debe valorar todos los elementos incorporados al proceso para determinar en su caso si se demostró la existencia del delito y la responsabilidad de los indiciados. Luego, como se dijo, la inadmisión de los testimonios que ofreció como prueba constituye violaciones procesales, que no necesariamente trascenderán a la determinación del plazo constitucional, en su caso, dicha determinación podría ser reclamada como violación procesal cuando se dicte el auto de término y sea combatido éste a través medio de impugnación ordinario o, bien, el juicio de amparo indirecto; por tanto, es inconcuso que en el especie, como se anticipó por el momento no es procedente el amparo indirecto. Al respecto es aplicable, la tesis XVIII.2o.P.A.4 P (10a.), de rubro y texto siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS PREVIO AL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (INADMISIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA). DEBEN RECLAMARSE, EN SU CASO, CUANDO SE IMPUGNE DICHO AUTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la necesidad de distinguir las etapas del proceso penal acusatorio, con el fin de que se emitan pronunciamientos para identificar violaciones procesales y el momento en que deben ser reclamadas vía amparo. Dichas etapas son las siguientes: (i) de investigación, que a su vez se divide en dos fases: a) inicial o desformalizada, a cargo del Ministerio Público; y, b) complementaria o formalizada, bajo la vigilancia del Juez de control; (ii) intermedia, a cargo del propio juzgador, en la que se depuran los hechos y pruebas que pasarán a juicio; y, (iii) juicio, a cargo de un tribunal conformado por Jueces sin intervención en etapas anteriores, y salvo casos de excepción, no se recibirán pruebas previamente consideradas. Etapas que persiguen fines distintos y son conclusivas. Sobre esta base, se estima que el reflejo, en su caso, de alguna afectación a los derechos del imputado, acusado o sentenciado, durante su desarrollo, salvo casos específicos, será observable en la resolución que defina cada etapa, por lo que deben combatirse como violaciones, cuando se impugnen en amparo las determinaciones que resuelvan cada fase. En esa lógica, la inadmisión de pruebas por el Juez de control, previo al dictado del auto de vinculación, sólo produce efectos procesales, pues si bien pudiera afectar el derecho a la defensa adecuada, lo cierto es que sólo sería trascendente si el fallo que resuelve sobre la vinculación es desfavorable al imputado, por lo que no podría considerarse, a priori, que es de imposible reparación. Entonces, si el proceso acusatorio se compone de etapas que tienen un principio y fin, debe estimarse que para que las incidencias acaecidas durante su desahogo puedan ser combatidas, es necesario esperar a constatar si realmente tuvieron trascendencia en la resolución culminatoria de esa fase; en el caso, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, pues ese momento es el indicado para revisar la idoneidad, pertinencia y eficacia de la prueba ofrecida o reunida dentro de la primera fase de la primera etapa de investigación, por lo que su inadmisión, aunque susceptible de incidir en prerrogativas del quejoso, sólo producirá efectos en el auto que vincula a proceso. Por ende, es mediante el amparo indirecto que se promueva contra dicho auto, como puede examinarse el actuar previo del Juez de control, dada la conclusión de la primera fase de la etapa inicial de la investigación. Más aún, porque no es viable el estudio posterior a la conclusión de esa etapa, ya que continuaría la investigación formalizada o complementaria, que una vez concluida, el Ministerio Público podrá formular acusación, dando pauta a la apertura de la etapa intermedia, donde sólo podría abordarse el estudio de la exclusión probatoria. Asimismo, sólo las pruebas que se llegasen a admitir en el auto de apertura a juicio oral, serán las que podrán ser desahogadas por el tribunal de enjuiciamiento. Por tanto, no sería posible que los medios de prueba inadmitidos durante la primera fase de la etapa inicial, previo al dictado del auto de vinculación a proceso, sean objeto de estudio como violaciones al analizar la sentencia de primer grado, pues la primera etapa procedimental (investigación) ya habría concluido y, en su caso, de no impugnarse con el auto de vinculación a proceso, quedarían irremediablemente consumadas. Considerar lo contrario, sería admitir la posibilidad de que por medio del amparo se ordenara reabrir etapas anteriores, con el consecuente menoscabo de los recursos materiales, económicos, de logística y estrategias de litigación que implica tanto para el Estado como para las partes; aunado a que se propiciaría el abuso del juicio constitucional, con el consecuente retardo en la solución de los procesos acusatorios, cuya naturaleza es sumarísima. Ahora bien, como los plazos establecidos para resolver sobre la vinculación son breves, al examinar esa determinación en amparo indirecto, en su caso, si son impugnadas, deben también analizarse las incidencias ocurridas durante el desahogo de toda la etapa inicial, verbigracia, la calificación de la detención, medidas cautelares y el plazo que se otorga para la investigación complementaria. Esto, siempre y cuando, en respeto a los principios de igualdad procesal y contradicción, hayan sido materia de debate entre las partes ante el Juez de control, y con el objeto de que dichas violaciones queden debidamente analizadas en vía constitucional, para que no tengan que ser motivo de análisis en posteriores etapas. Sin que lo anterior obstaculice la procedencia del amparo contra actos distintos de los precisados, cuando sí sean de ejecución irreparable". Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia P.J/38/2001, cuyo texto dice: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio". Por otro lado, por lo que respecta al diverso acto consistente en la entrevista de trece de septiembre de dos mil diecinueve que se realizó al menor de iniciales A. V. C., sin la presencia del defensor del imputado reclamado al Fiscal Regional en Zamora, Michoacán, también se actualiza la causal de improcedencia que se integra de la interpretación sistemática de la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento, los cuales disponen. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte," [.] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Establecido lo anterior, en principio, es importante precisar algunos aspectos en cuanto a las autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. Pues bien, la Ley de Amparo, en sus artículos 1o, fracción I, y 5o fracción II, establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, que la autoridad responsable tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; a su vez, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto setraducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Así como la tesis 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Conforme a los criterios citados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es autoridad para efectos del amparo aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin que para ello requiera de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De tal manera que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que, para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, se está frente a actos de autoridad cuando existe una relación de supra a subordinación con un particular; cuando se establezca en la ley; cuando a través de ella emita actos unilaterales, con los que cree, modifique o extinga situaciones que afecten a la esfera jurídica del gobernado y cuando para emitirlos no requiera acudir ante los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que cuando se imputa un acto de autoridad lesivo a los derechos fundamentales, debe analizarse si se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, donde el promovente debe tener el carácter de gobernado o si la vinculación de que se trata deriva de una relación de coordinación, que excluiría la concepción de autoridad y de resultar esto último, el litigio que se suscite ha de ventilarse conforme al procedimiento establecido en el derecho privado. Puede suceder también que las normas constitucionales coloquen al Estado en una situación jurídica parecida a la de un particular. Por ello, con base en los criterios transcritos, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas (tales como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros). Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio, están reguladas por el derecho público. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro; por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En tanto que las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. Ahora, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta el ente jurídico que tenga frente al particular, imperio y, como norma especial, la figura jurídica de los actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general.". Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a la autoridad señalada como responsable, implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. En ese orden, del análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, se obtiene que el acto reclamado al Fiscal Regional de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Zamora, Michoacán, es el siguiente: La entrevista de trece de septiembre de dos mil diecinueve que se realizó al menor de iniciales A. V. C., sin la presencia del defensor del indiciado. Determinado lo anterior, debe indicarse que al fiscal señalado como autoridad responsable, no puede considerarse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, toda vez que en la etapa en que se encuentra la causa penal 393/2019 -después de formulada la imputación- cambia su calidad a la de parte como lo establece el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, se encuentra en un plano de igualdad de condiciones que el imputado, su defensor, la víctima y ofendido. Lo anterior cobra relevancia, pues el quejoso arguye que el doce de septiembre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia inicial en la cual se desahogaron las etapas de control de detención y formulación de imputación, mientras que el trece siguiente se llevó a cabo la entrevista del menor de iniciales A, V. C.; de donde se sigue que la entrevista reclamada acaeció con posterioridad a la data en que se hizo la imputación, esto es, cuando la fiscal ya es parte dentro del proceso penal. Sin que en el caso a estudio se esté en el supuesto previsto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5° de la ley de la materia, pues el hecho de que se determine que el acto atribuido a la responsable en este juicio "no es acto de autoridad", no implica por exclusión, que deban ser considerado como "acto de particulares", susceptibles de ser impugnables en el juicio de amparo, toda vez que para ello se requiere: Que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir: Dicten, ordenen, ejecuten o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u, Omitan actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general. Así, al exigir la nueva Ley de Amparo que el acto de un particular debe ser "equivalente" a un acto de autoridad, se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados, empero ello en un plano de supra a subordinación. A fin de sustentar lo anterior, es conveniente citar que del contenido del apartado de antecedentes, expresados bajo protesta de decir verdad, el quejoso sostuvo que en la causa penal 393/2019 del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán, dentro de la audiencia inicial verificada el doce de septiembre de dos mil diecinueve se hizo la formulación de imputación al acusado y se pasó a resolver su situación jurídica; así mismo indica que el trece de septiembre de dos mil diecinueve tuvo verificativo la entrevista con el menor de iniciales A. V. C., sin la presencia del defensor particular del quejoso. Esto es, aduce que el Fiscal Regional de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Zamora, Michoacán, señalado como autoridad responsable llevó a cabo la entrevista del menor de iniciales A. V. C., sin la presencia del defensor particular del aquí quejoso el trece de septiembre de dos mil diecinueve. Cuestión que no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo toda vez que, como lo refiere, el órgano administrativo que señala como autoridad responsable, una vez judicializada la carpeta de investigación lo que ocurrió al menos el doce de septiembre de dos mil diecinueve cuando formuló imputación al inculpado, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte como lo establece el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que ésta se encuentra en un plano de igualdad con respecto al quejoso, máxime que de la documental que adjunta a su demanda se obtiene que quien desahogó la entrevista fue el psicólogo adscrito al "SDIF" de Zacapu, Michoacán, en atención a la petición que le formuló el agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de la Mesa II de Zacapu, Michoacán. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que todo lo anterior parte de la premisa de que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que todo lo narrado en la demanda constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la demanda -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Desechamiento. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 107, fracción V, 173, Apartado A, fracción VII y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Sin que sea inadvertido que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de título: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, la firma electrónica (FIREL) con usuario edd19, con fundamento en el artículo 3, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar del usuario que indica, para que consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo, dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Asimismo, señala el correo electrónico edd199@msn.com y el número de teléfono 436 104 17 95 para oír y recibir notificaciones; por tanto, en vista de que el juicio de amparo que nos ocupa emana de un proceso penal y tomando en cuenta que los artículos 82, fracción I, inciso b y 83 del Código Nacional de Procedimientos Penales, autorizan que las notificaciones personales se puedan realizar a través de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal se le tiene dichos medios para oir y recibir notificaciones. De igual forma, autoriza para tal efecto a la persona que indica, por así expresarlo el promovente. Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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