Jesús Calderón Esquivel

Expediente 270/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
270/2020
Año
2020
Actuaciones
27
Última actuación
01/03/2023

Partes del expediente

  • Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán
  • Claudia Garduño Correa y Otros.
  • Jesús Calderón Esquivel
  • Claudia Garduño Correa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee. Llegada de autos. Agréguese a los autos el oficio de la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa el original del presente juicio y copia del testimonio de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en la cual el órgano colegiado ordenó reencausar la vía del medio de impugnación interpuesto y, declaró infundado el incidente de inejecución de sentencia. Acuse de recibo. Como lo solicita la autoridad oficiante acúsese recibo. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, entréguese al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.. Valoración del amparo. Ahora, con base en lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b)1 , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente, el expediente principal es susceptible de DEPURABLE. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, y una vez acontecido ello, deberá transferirse el Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo séptimo del Acuerdo General citado. Valoración de los cuadernillos incidentales. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a emitir pronunciamiento alguno, toda vez que no se aperturó. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Agréguese a los autos el oficio suscrito por la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se acusa recibo y se comunica que se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuestos en autos, el cual se registró con número de expediente 11/2022; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Javier Ivan Contreras Osorio, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Se remite expediente al tribunal de alzada. Del estado de autos se advierte que se ha logrado la correcta integración del presente expediente; por tanto, en cumplimiento con lo acordado en dos de septiembre de dos mil veintidós, se ordena remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda, audiencia constitucional, sentencia y el escrito de agravios; lo anterior en atención a que la totalidad de las constancias que integran el expediente principal obran en el expediente electrónico. Medida que se adopta para eficientar el uso de los recursos humanos y materiales para un buen funcionamiento de los órganos jurisdicciones. Por último, no se inadvierte la excesiva dilación con la que se envía el presente recurso; no obstante es hasta esta fecha que se da cuenta a la suscrita con el estado de autos con lo cual se tomarán las medidas de organización y disciplina internas, a efecto de regularizar las labores de este juzgado. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintidós. 1. Certificación de cuenta y estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días que se concedió a la parte quejosa, en auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, transcurrió sin que se realizara manifestación alguna, motivo por el cual, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 2. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia dictada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se concedió tanto a Jesús Calderón Esquivel y Claudia Garduño Correa como a José de Jesús Díaz Rosas, en cuanto representante legal de las empresas "GRUPO EMPRESARIAL GASECO GNV" SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE y de "EGMX ASOCIADOS", SOCIEDAD ANÓNIMA CAPITAL VARIABLE, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, realizara lo siguiente: "[.] 1. Dejar insubsistente la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca I-444/2019. 2. Con plenitud de jurisdicción, emita un nuevo fallo en el que por un lado, reitere las determinaciones que no fueron objeto de pronunciamiento en esta ejecutoria, subsanando las violaciones formales destacadas en el presente fallo, esto es: 2.1. Al analizar los agravios en relación a las medidas cautelares marcadas con los números I y II, deberá emitir de forma pormenorizada las razones que tome en cuenta para confirmar o no el otorgamiento de las mismas; en particular deberá precisar a) Con cuáles elementos se acreditan los principios de verosimilitud o apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, que le sirvan de base para confirmar su procedencia -en caso de que así lo determine-. b) Si éstas aseguran o no la eficacia de la sentencia que se emita en el juicio subyacente y por qué motivo; c) Si la inscripción de la demanda relativa al juicio ordinario mercantil de origen en el Registro Público de la Propiedad constituye o no una medida cautelar y si ésta es suficiente para asegurar la efectividad de la sentencia que se llegue a dictar en dicho subyacente; d) Si con el otorgamiento de dichas medidas se afecta o no la naturaleza comercial y el objeto social de la empresa "GRUPO EMPRESARIAL GASECO GNV, S.A.PI. de C.V., al impedirle la celebración de asambleas ordinarias o extraordinarias de accionistas que tengan por objeto asignar dividendos a los accionistas, aprobar aumentos de capital, enajenar, endosar, gravar o comprometer las acciones que conforman el capital social o el patrimonio de la empresa, activos tangibles o intangibles en favor de terceros, emitir títulos accionarios y reformar los estatutos sociales, dado que por ley las sociedades mercantiles a realizar al menos una asamblea general ordinaria de accionistas para presentar los resultados financieros de cada anualidad y el porqué de la determinación a la que arribe; e) Si las mismas dañan o no el derecho humano a la propiedad consagrado en el artículo 21, punto 1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y las razones que sustenten su decisión. 2.2. De la misma forma, al analizar los agravios encaminados a cuestionar las medidas cautelares identificadas en los apartados III, IV y V, deberá esbozar las razones y fundamentos en que se apoye para revocar o no tales medidas, en especial deberá tomar en consideración: a) Si la pretensión de nulidad de las actas de asambleas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas de la empresa "Grupo Empresarial Gaseco GNV", Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable celebradas los días tres, veintidós, veintitrés y veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dieciocho de febrero siguiente, doce y treinta de abril de dos mil diecinueve, inciden en la subsistencia de dichas medidas, para preservar la materia del juicio, tomando en cuenta si ocasionan algún menoscabo en los derechos patrimoniales de los incidentistas Jesús Calderón Esquivel y Claudia Garduño Correa, a partir de la medida del porcentaje que como propietarios ostentan cada una de las partes (actores y demandados). b) Si las decisiones, apersonamientos y demás consecuencias que derivaron de las referidas asambleas, influyen o no en la administración de la citada persona moral; así como en la pretensión de Jesús Calderón Esquivel y Claudia Garduño Correa para que les sea reconocido el carácter de socios de la persona moral "Grupo Empresarial Gaseco GNV", Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, según lo establecido en el Acta Constitutiva de Sociedad y el Acta de Asamblea General de tres de enero de dos mil dieciséis, a saber, que aquéllos son propietarios, en forma conjunta, del 50% de acciones tipo "A" y del 59.14% de acciones tipo "B", por lo que detentan el 58.94% del capital social total fijo y variable de dicha empresa; en la expedición de los títulos accionarios correspondientes y en el reconocimiento del cargo que la citada Garduño Correa indica tener en el consejo de administración de dicha moral y la declaración judicial de que sus registros deben prevalecer sobre los diversos que hubiesen sido tomados en consideración en tales asambleas. 2.3. De subsistir la implementación de algunas de las medidas precedentes, al examinar los agravios encaminados a cuestionar el monto de la garantía (fianza fijada por el a quo para la efectividad de las medidas cautelares que se hayan concedido, deberá emitir los fundamentos y razonamientos jurídicos, conforme a la ley de la materia, en especial atenderá: a) A los daños y/o perjuicios que pudieran ocasionarse a los demandados con la concesión de las medidas cautelares que prevalezcan, estableciendo qué monto es por daños y cuál es por perjuicios, b) Así como el precepto legal o criterio jurisprudencial que tome en consideración para su regulación (atendiendo a la legislación especial que rige el juicio ordinario mercantil de origen o a los preceptos supletorios en materia civil), debiendo precisar los elementos que tome en consideración para ello, es decir, parámetros inflacionarios, factores externos, temporalidad estimada para la resolución del asunto principal, etcétera. 2.4. Acorde al punto anterior, de subsistir alguna o todas de las medidas implementadas por el juzgador primigenio, deberá analizar los agravios encaminados a cuestionar la efectivización de la medida a la condición de firmeza de su decisión; para lo cual deberá atender: a) A la finalidad de las medidas precautorias decretadas y en especial a los numerales 384 a 388 del Código Federal de Procedimientos Civiles que las regulan, en los que se establece que para que éstas sigan surtiendo sus efectos, la parte actora debe exhibir la garantía que se le fije para tal efecto, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a los demandados por el tiempo que dure la medida cautelar, pues en caso de no hacerlo, la misma quedará sin efectos. En la inteligencia que para resolver cada uno de los tópicos indicados en este fallo, deberá tomar en consideración los agravios formulados por los apelantes en cada segmento, así como las pruebas aportadas para ello y los datos que se desprendan de las mismas. [.]" 3. Modificación de la resolución. Mediante ejecutoria de veinte de abril de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 204/2021 el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, modificó el punto de concesión 2.2 inciso b), de la forma siguiente: "[.] 2.2. De la misma forma, al analizar los agravios encaminados a cuestionar las medidas cautelares identificadas en los apartados III, IV y V, deberá esbozar las razones y fundamentos en que se apoye para revocar o no tales medidas, en especial, deberá tomar en consideración: [.] b) Si las decisiones, apersonamientos y demás consecuencias que derivaron de las referidas asambleas, influyen o no en la administración de la citada persona moral; así como en la pretensión de Jesús Calderón Esquivel y Claudia Garduño Correa para que les sea reconocido el carácter de socios de la persona moral "Grupo Empresarial Gaseco GNV", sociedad anónima, promotora de inversión de capital variable, según lo establecido en el Acta Constitutiva de Sociedad y el Acta de Asamblea General de tres de enero de dos mil dieciséis; en la expedición de los títulos accionarios correspondientes y en el reconocimiento del cargo que la citada Garduño Correa indica tener en el consejo de administración de dicha moral y la declaración judicial de que sus registros deben prevalecer sobre los diversos que hubiesen sido tomados en consideración en tales asambleas [...]". Por ende, en proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós se requirió su cumplimiento. 4. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El dieciséis de mayo del año en curso, se recibió en la oficialía de partes de este juzgado el oficio signado por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al cual se adjuntó la resolución de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en la que determinó que se encuentra imposibilitado jurídicamente para cumplir cabalmente con la ejecutoria de amparo, pues desde su perspectiva se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, ya que se dictó sentencia definitiva dentro del juicio ordinario mercantil 753/2019 y ésta se encuentra firme. En efecto, el Magistrado responsable sostuvo tal impedimento en que el siete de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva en el juicio mercantil de origen, en la que, entre otras cosas, se declararon improcedentes las acciones pretendidas en la vía ordinaria mercantil, sobre declaración de nulidad e inexistencia de las asambleas generales ordinarias y extraordinarias y se dejó sin efectos las medidas cautelares dictadas en dicho expediente. Sentencia que además se encuentra firme, pues fue impugnada mediante apelación resuelta por la autoridad mediante ejecutoria de siete de mayo del año pasado, que confirmó el fallo recurrido; incluso las partes promovieron juicio de amparo directo, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, el que por ejecutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, únicamente para el efecto de que no se impusiera codena de costas, dejando subsistente la determinación del juez de primera instancia consistente en declarar improcedentes las acciones ejercitadas y dejar sin efectos las medidas cautelares decretadas dentro del juicio ordinario mercantil 753/2019. Lo cual acreditó con las constancias anexas al citado oficio. 5. Conclusión. En tales circunstancias, existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia. Se afirma de ese modo, pues el amparo y protección de la Justicia de la Unión se concedió para que se purgaran los vicios de la sentencia que confirmó la interlocutoria sobre fijación de medidas cautelares dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio ordinario mercantil 753/2019. Resolución que por la naturaleza de las medidas cautelares quedó sin efecto con el dictado de la sentencia definitiva en el juicio ordinario mercantil de origen, que declaró improcedentes las acciones pretendidas por la parte actora y, en consecuencia, se dejaron sin efectos la medidas cautelares decretadas en dicho controvertido, determinación que además se encuentra firme, pues fue recurrida por medio del recurso de apelación y, en contra de la resolución dictada en dicho medio de impugnación, se promovió juicio de amparo directo, en el que se concedió el amparo solicitado únicamente para absolver la condena en costas de primera instancia. Tal como se advierte de la copia certificada de la resolución de diecinueve de abril de dos mil veintidós dictada en el toca I-291/2020, que emanó en cumplimiento a la ejecutoria de dieciséis de marzo pasado, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio de amparo directo número 290/2021, que fue remitida por la autoridad responsable, como sustento a su determinación de imposibilidad jurídica. Constancia anterior a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, por tratarse de documentos públicos que fueron expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Circunstancia que imposibilita que la autoridad responsable lleve a cabo los actos ordenados en la sentencia protectora, toda vez que la materia del acto reclamado, jurídicamente ha perdido vigencia. 7. Remisión al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Por tanto, para los efectos legales conducentes y de conformidad con el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, una vez que transcurra el plazo previsto por los diversos numerales 201, fracción II y 202 del mismo ordenamiento legal, remítase este expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para que se sirva proceder conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 193 del citado ordenamiento legal. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por reiteración, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO". Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente remítase a la superioridad. 8. Cambio de titular. Hágase del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/320/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, se determinó que a partir del veintidós de agosto de dos mil veintidós, la Juez Katia Orozco Alfaro, funge como titular de este órgano jurisdiccional, a efecto de que se encuentren en posibilidad de formular el impedimento que consideren pertinente.

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