Jesús Ayala Miranda

Expediente 1215/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1215/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Jesús Ayala Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio proveniente de la Sala Familiar Regional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 6946/2022 del índice de este órgano por el cual se devolvieron las constancias que adjuntó al momento de rendir su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ésta ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respetivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de depuración, ya que se negó el amparo. Asimismo, es susceptible de depuración el original del incidente, pues en él se concedió la medida cautelar, por ende se ordena glosar el mismo al expediente en que se actúa y una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General señalado. Devuélvase al Presidente de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, los tres tomos de pruebas que adjuntó al rendir su informe justificado. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte tercera interesada Paola...la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, misma que en sus puntos resolutivos, establecen: "...R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ****, por propio derecho, respecto de la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, por derecho propio, contra la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, pronunciada por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México; por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercera interesada, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables..."

  4. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto 1215/2021-III; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el veintidós de noviembre siguiente por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, Jesús Ayala Miranda, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México y otra autoridad, por los actos que se precisarán en el considerando segundo. Segundo. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de noviembre de la presente anualidad, se radicó la demanda con el número 1215/2021-III y se admitió a trámite la acción constitucional, se dio la intervención que legalmente le compete a la representante social federal de la adscripción, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia de ley. Posteriormente, una vez que obraron en autos las constancias que conforman el expediente de origen, el veintiuno de diciembre del año próximo pasado, se tuvo como tercera interesada a Paola Monserrat Ayala Díaz, por lo que se ordenó su emplazamiento -verificado oportunamente-. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que los actos impugnados derivan de un procedimiento del orden familiar tramitado ante una autoridad residente dentro del ámbito territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: 1. La resolución interlocutoria de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias adeudadas y no pagadas derivado del expediente 566/2018, relativo a las Controversias sobre el Estado Civil de las Personas y Derecho Familiar sobre pensión alimenticia, de su índice. 2. La resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, pronunciada por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, en el toca de apelación 658/2021 de su orden, que modificó la diversa resolución precisada en el número anterior. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla (a través de su magistrado semanero) y Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al rendir su informe con justificación, aceptaron la existencia de los actos reclamados en los términos que precisaron; por tanto, se tienen plenamente probados. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, con número de registro 917812, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." La certeza de los actos combatidos se corrobora además con las constancias que remitieron las referidas responsables, consistentes en el expediente 566/2018; incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, y el toca 658/2021, las que tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Cuarto. Causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, enero de 1999, página 13, novena época, con registro digital 194697, de rubro: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso, este juzgador advierte que respecto del acto reclamado identificado con el número uno del considerando segundo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De la interpretación del dispositivo aludido se advierten dos hipótesis con base en las cuales pueden cesar los efectos de un acto reclamado: a) Cesación de efectos por revocación. Se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que la persona es restituida en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b) Cesación de efectos por sustitución. Se acredita por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza surge por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio constitucional respecto de este último el amparo resulta improcedente. Sustenta lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K , emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, diciembre de 2009, página 1491, novena época, con registro digital 165870, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Bajo ese esquema, el suscrito estima que respecto al acto reclamado consistente en la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas en el expediente 566/2018, relativo a las Controversias sobre el Estado Civil de las Personas y Derecho Familiar sobre Pensión Alimenticia, se actualiza el supuesto indicado en el inciso b) de la interpretación realizada, en virtud que los efectos del acto en estudio han cesado por sustitución procesal. Situación que se evidencia fehacientemente con las documentales previamente valoradas, de las que se advierte que la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, modificó la diversa interlocutoria de diecisiete de septiembre de la misma anualidad emitida en el expediente 566/2018, del orden del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; es decir, sustituyó su vigencia y ejecutividad. Circunstancia que impide estudiar las posibles violaciones en la resolución combatida, ya que ello afectaría el nuevo contexto generado por la determinación dictada por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, pues como se indicó, el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, la citada sala resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria de diecisiete de septiembre del mismo año; lo que reitera la imposibilidad del suscrito de analizar la constitucionalidad de la resolución en estudio. En consecuencia, ante la cesación de los efectos del acto que se analiza, resulta procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado identificado con el numeral uno del apartado correspondiente, atribuido al Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Son aplicables, por identidad de razón, las jurisprudencias 1a./J. 77/2012 (10a.) y 2a./J. 59/99, de rubros siguientes: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS." "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Quinto. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, se hará una breve reseña de los antecedentes generadores del acto reclamado: 1) Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veinte (fojas 1 a 8 del tomo de pruebas 1), la actora promovió incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas, mismo que previa aclaración por auto de treinta de octubre de dos mil veinte se ordenó tramitar, corriendo traslado al demandado, aquí quejoso, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera y seguida que fue la secuela procesal, el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 143 a 146 del mismo tomo de pruebas), se resolvió dicha incidencia al tenor de los resolutivos siguientes: "PRIMERO. Es parcialmente procedente el incidente planteado por PAOLA MONSERRAT AYALA DÍAZ. SEGUNDO. Se condena al señor JESÚS AYALA MIRANDA, a pagar a la actora incidentista PAOLA MONSERRAT AYALA DÍAZ, la cantidad de $10,597.002 (diez mil quinientos noventa y siete pesos 002/100) MONEDA NACIONAL), por concepto de pensiones alimenticias no pagadas conforme a lo convenido, del período comprendido del veinticinco de junio del dos mil dieciocho (fecha en que fue emplazado de la demanda incoada en su contra), al veintiséis de octubre del dos mil veinte (fecha en la que fue promovido el presente incidente), a favor de PAOLA MONSERRAT AYALA DÍAZ, debiendo consignarla en este Juzgado dentro de los OCHO DÍAS siguientes al en que esta sentencia sea legalmente ejecutable; apercibiéndole de que en caso de no hacerlo se procederá en términos de ley. TERCERO. No se hace pronunciamiento en gastos y costas judiciales en esta instancia." 2) Inconforme con esa resolución el demandado, ahora quejoso, interpuso recurso de apelación en su contra, mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre del mismo año (fojas 3 a 18 del tomo de pruebas 2); el que la Sala Colegiada Familiar responsable admitió y radicó bajo el toca número 658/2021 y fue resuelto mediante interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno (fojas 41 a 54 del mismo tomo de pruebas), cuyos puntos resolutivos son: ".PRIMERO. Por una parte, resultaron inoperantes los agravios expuestos por JESÚS AYALA MIRANDA, en tanto que los expresados por PAOLA MONSERRAT AYALA DÍAZ, fueron parcialmente fundados, suplidos en su queja deficiente, en consecuencia, SEGUNDO. Se modifica la sentencia interlocutoria del diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en los autos del INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS PROVISIONALES, instado por PAOLA MONSERRAT AYALA DÍAZ, formado en la CONTROVERSIA SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR, sobre PENSIÓN ALIMENTICIA, promovida por aquélla en contra de aquél, en el expediente 566/2018, para quedar en los términos precisados en la parte considerativa de esta resolución. TERCERO. No se condena al pago de costas en esta instancia. CUARTO. NOTÍFIQUESE PERSONALMENTE." Resolución que constituye el acto reclamado en la presente instancia. Sexto. Cuestión jurídica de fondo a resolver. A continuación, se examinará la constitucionalidad de la resolución reclamada, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte quejosa, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. No obstante, debe hacerse mención que, medularmente, la parte promovente plantea la inconstitucionalidad de la resolución reclamada, por los motivos siguientes: a) Que viola el principio de legalidad, igualdad y proporcionalidad, vulnerando sus derechos humanos al modificar la resolución emitida por el juez responsable; pues transgrede el artículo 4.127 del código Civil del Estado de México, ya que no debía ser condenado a proporcionar alimentos a la tercera interesada en los períodos en los que no se encontró estudiando. b) Que es incongruente al condenarlo al pago por la cantidad de $25,232.28 (veinticinco mil doscientos treinta y dos pesos 28/100 m. n.), pues vulnera sus derechos humanos, ya que computó fechas en la que la parte acreedora no se encontraba estudiando. c) Que la Sala de apelación ignoró todas y cada una de las omisiones y violaciones asentadas en su recurso; es decir, fue omiso al pronunciarse respecto de las documentales que acreditan que la aquí tercera interesada dejo de ser estudiante y como consecuencia acreedora alimentaria. d) Que la sala responsable no valoró sus pruebas, particularmente los informes emitidos por el Director General de Administración Escolar y Dirección General de Asuntos Jurídicos ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de los que se advierte que la actora no es acreedora alimentista ya que no se encuentra estudiando; pues únicamente tomó en cuenta el caudal probatorio ofertado por la tercera interesada. e) Que existió una violación procesal, debido a que el A quo no se pronunció respecto del llamamiento a juicio de María Monserrat Díaz Arroyo, ni de su prueba pericial médica en química toxicología, que ofreció dentro del incidente. f) Que el tribunal de alzada tenía la atribución, facultad y competencia de estudiar la totalidad de las constancias que componen el expediente 566/2018 y como consecuencia inaplicar la norma sobre la cual la actora descansó sus pretensiones tanto principales como incidentales, pues es violatoria de sus derechos fundamentales. Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa son infundados, sin que se advierta deficiencia que suplir en su favor en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo y de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 78, septiembre de 2020, tomo I, página 316, de la décima época, con registro digital 2022087, de rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO". En el caso, basta una lectura del acto reclamado para verificar que contiene la expresión de razonamientos que lo justifican, habida cuenta de que la Sala responsable al momento de resolver el medio de impugnación contra la determinación que cuantificó la pensión alimenticia provisional vencida a favor de su acreedora, indicó que el objeto de dicha incidencia no era determinar si la acreedora alimentaria necesitaba los alimentos que reclamó en lo principal, ni tampoco evidenciar si dentro del período a cuantificar se encontraba estudiando, ni mucho menos si su edad era acorde con su grado de estudios, en su caso, si por el hecho de dejar de ser estudiante ya no era acreedora alimentaria, pues tales aspectos son propios del juicio principal, y por ende, la litis se centraba en analizar y cuantificar si existía un adeudo por parte del deudor y a cuánto ascendía éste, tomando como base una determinación que ordenara el pago de los alimentos. Razón por la cual, expuso que dentro del juicio de origen el quejoso Jesús Ayala Miranda, debía cumplir su obligación realizando el pago de la pensión alimenticia provisional, fijada en auto de siete de mayo de dos mil dieciocho y posteriormente modificada en el diverso de siete de octubre de dos mil veinte, determinaciones que adquirieron firmeza procesal al no haber sido recurridas por el ahora quejoso; o bien, el deudor debía acreditar el pago por dicho concepto, sin que ello hubiere acontecido. Máxime que el deudor alimentario, dentro del incidente sometido a la potestad de la autoridad responsable sí desahogó la vista concedida por parte del Juez natural a fin de manifestar lo que a su interés legal conviniera. Bajo ese contexto, en el acto que dio origen a la resolución tildada de inconstitucional se estimó que el objeto de fijar una pensión alimenticia provisional era asegurar la subsistencia de aquel que solicitaba los alimentos; lo que es acorde con lo establecido en el artículo 4 del Pacto Federal, el cual reconoce el derecho fundamental de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, debiendo satisfacerse sus necesidades básicas; aunado a que de conformidad con el precepto legal 5.43 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, dentro del auto admisorio, si el Juez considera acreditada la obligación alimenticia, de oficio determinará el monto de manera provisional y ordenará se hagan los descuentos al deudor. En tal sentido, estableció que cuando se fija una pensión alimenticia provisional, el Juez debe realizar un análisis con los elementos proporcionados por las partes, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio, medida precautoria que regirá por el lapso que dure el procedimiento, de ahí que no era dable esperar ni postergarse tal cuestión, al ser una cuestión de tracto sucesivo, dado que el derecho a recibir alimentos es de orden público e interés social, aunado a que son imprescriptibles, irrenunciables e intransigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 4.126, 4.127. 4.130, 4.136 y 4.145 del Código Civil del Estado de México; y en consecuencia, adverso a lo esgrimido por el apelante en sus agravios, el cobro de la pensión alimenticia provisional adeudada, podía ejecutarse antes del dictado de la sentencia definitiva, toda vez que tal medida se encuentra vigente durante la tramitación del juicio, hasta en tanto no sea modificada a través de su revisión o en sentencia definitiva, de ahí que el quejoso en la incidencia analizada únicamente debía demostrar el pago de los alimentos, al tener la carga de la prueba, en términos del precepto legal 1.252 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Consecuentemente, la Sala calificó de inoperantes los agravios del apelante, puesto que en ningún momento el Juzgador violentó el principio de legalidad, sino por el contrario, la litis se centró en resolver la incidencia planteada por su contrario, habida cuenta de que en la interlocutoria combatida, se cuantificó la deuda por concepto de alimentos a cargo del justiciable, en tanto que el demandado se encontraba obligado a acreditar que pagó los alimentos a su acreedora. Además, de la lectura del acto reclamado se observa que desestimó los agravios relativos a la supuesta violación procesal, por parte del A quo, en el sentido de que no se pronunció respecto del llamamiento a juicio de María Monserrat Díaz Arroyo, lo que tenía por objeto que se estableciera una obligación alimentaria a cargo de la progenitora de la acreedora alimentaria; bajo la razón de que mediante autos de siete de mayo de dos mil dieciocho y siete de octubre de dos mil veinte, no se estableció pensión alimenticia provisional a cargo de la progenitora de la actora incidentista, de ahí que no existía obligación por parte del A quo a realizar el citado llamamiento. La misma calificación se le dio al agravio que expuso en el sentido de que no se pronunció sobre la prueba pericial médica en química toxicología, que ofreció dentro del incidente, puesto que, a través de auto de uno de diciembre de dos mil veinte el A quo se pronunció sobre los medios de prueba anunciados por las partes, en que, si bien no existe expresión sobre el referido medio de prueba, indiscutiblemente el ahora quejoso debió recurrir en tiempo y forma dicha resolución judicial, y al no haberlo hecho, se entiende que se conformó, y por tanto, adquirió firmeza procesal conforme a lo establecido en el artículo 1.215 del código adjetivo civil de la entidad. Aunado a que determinó que aquella manifestación tiene por objeto demostrar una excepción para el juicio principal, lo que resulta independiente de la resolución interlocutoria que analizó; además, a criterio de la autoridad responsable tales inconformidades no atacaron la interlocutoria combatida, máxime que no eran parte de la litis, puesto que el objeto de la incidencia planteada era cuantificar la deuda del apelante por concepto de alimentos provisionales, por lo que su única obligación era acreditar que sí pagó tal cuestión a favor de su acreedora. Como puede observarse, en el acto reclamado se citaron y expusieron todas las razones por las cuales los agravios del quejoso no prosperaron para modificar o revocar la interlocutoria combatida, amén de que se cumplió el principio de legalidad, puesto que la Sala atendió a las inconformidades planteadas confrontándolas con lo resuelto por el Juez natural; de ahí lo infundado de los conceptos de violación relativos a que se vulneró el derecho fundamental de legalidad del peticionario del amparo. Por otra parte, se comparte la decisión de la Sala en el sentido de que los alimentos son de orden público e interés social, donde la medida provisional decretada por el Juez natural prevalece durante la tramitación del juicio, y por ende, el reclamo de los alimentos adeudados es procedente en cualquier momento, puesto que no es posible esperar hasta la ejecución de la sentencia para pedir su cumplimiento, dado que el interés superior de la acreedora alimentaria debe imperar a fin de satisfacer sus necesidades básicas, dado que en el caso, se analizó la liquidación de dichos alimentos provisionales fijados dentro del juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 92/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 399, décima época, con registro digital: 2005045, con título y contenido: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO CESA EN SUS EFECTOS CON EL MERO DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LOS FIJA EN DEFINITIVA, PUES DEBEN APRECIARSE TANTO LOS YA PRODUCIDOS COMO LOS QUE PUEDE SEGUIR GENERANDO. La causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo (en vigor hasta el 2 de abril de 2013), debe implicar la desaparición total de la violación de los derechos transgredidos con el acto reclamado; en consecuencia, para su actualización, es preciso que los efectos de la violación reclamada desaparezcan en su totalidad, de modo que ya no sea posible cumplir con el objetivo buscado en el amparo. En esa virtud, el dictado de la sentencia que fija la pensión definitiva, no es suficiente para considerar que cesaron los efectos de la provisional, pues si se tiene en cuenta que los alimentos son de tracto sucesivo e indispensables para la subsistencia, los efectos de la pensión provisional deben analizarse en dos sentidos, pues por un lado deben tenerse en cuenta los que se produjeron desde el momento en que se emitió, hasta el dictado de la sentencia que fija la definitiva; y por otro, aquellos que a pesar de ese dictado se pueden seguir generando. Así, viendo hacia el pasado, es dable afirmar que la pensión alimenticia definitiva no extingue los efectos que la provisional ya ha producido, pues al ser autónoma e independiente de ésta, no elimina las violaciones a los derechos humanos que a través de la provisional se hayan cometido y reclamado en el amparo, por tanto, no puede considerarse que la finalidad perseguida en el juicio constitucional carezca de objeto. En efecto, si se tiene en cuenta que la parte acreedora generalmente pretenderá combatir esa determinación en el amparo, argumentando que la pensión es deficiente, y que por su parte, el deudor puede alegar que es excesiva o que no debió concederse por no estar demostrado el vínculo en que la actora sustentó su pretensión, es claro que ante esa posibilidad de reclamos, no puede considerarse que la determinación que fija la pensión definitiva prive de sentido el análisis constitucional de la provisional, pues la pensión definitiva en modo alguno erradica las violaciones cometidas a través de la decisión que fija los alimentos de manera provisional, lo cual sí puede ocurrir con la concesión del amparo, de manera que en caso de actualizarse una causa de improcedencia ésta no es la relativa a la cesación de efectos. Por otro lado, viendo hacia el futuro, debe decirse que si bien esta Primera Sala ha señalado que la pensión provisional cesa con el mero dictado de la sentencia que fija la definitiva, pues la provisional subsiste hasta el momento en que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada, esta afirmación debe entenderse desde un punto de vista meramente formal, mas no material, pues aunque formalmente el dictado de la sentencia que fija en definitiva los alimentos, sustituye a la resolución que los establece de manera provisional, ello no siempre es así desde el punto de vista material, pues como los alimentos son de tracto sucesivo, los efectos materiales de la pensión provisional sólo pueden dejar de producirse cuando la pensión definitiva ya es susceptible de ejecución." En ese contexto, contrario a lo que afirma el quejoso, la sala responsable acertadamente determinó que no resultaba necesario que se analizaran los siguientes elementos: Las documentales que en su opinión evidencian que la acreedora alimentaria dejó de estudiar; La omisión de proveer respecto de la prueba pericial que ofreció; y, La omisión de llamar a la progenitora a efecto de que respondiera de su obligación solidaria de proporcionar alimentos. Lo anterior se afirma, pues no debe olvidarse que la resolución que decreta alimentos provisionales, reconoce el derecho del acreedor alimentario a recibirlos; por lo tanto, mientras no exista una determinación que modifique, revoque o anule aquella determinación, ésta prevalece y, como consecuencia de ello, es viable proceder a su ejecución. Al respecto se invoca en lo conducente y en cuanto a su contenido jurídico la jurisprudencia 1a./J. 42/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 33, novena época, con registro digital 161110, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS. Los alimentos decretados de manera provisional participan de las características de orden público e interés social de la pensión alimenticia definitiva, por lo que no deben ser reintegrados al deudor alimenticio aun cuando en el juicio el acreedor no haya probado la necesidad de recibirlos o se haya disminuido el monto de la pensión alimenticia. Lo anterior se robustece si consideramos que las cantidades entregadas han sido consumidas de manera irreparable en satisfacer las necesidades del acreedor. Por mayoría de razón, no deben ser reintegrados los alimentos decretados de manera provisional, si se reclama su devolución a través de la acción de enriquecimiento ilegítimo pues para que éste se configure es imprescindible que no exista una causa jurídica, contractual o extracontractual que lo justifique. Por lo que, si los alimentos fueron entregados en virtud de una determinación judicial, la cual tiene como fundamento un deber legal, es innegable que existe una causa jurídica que justifica dicho desplazamiento patrimonial." En efecto, proceder en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias y no pagadas, a desestimar el derecho del acreedor alimentario a recibir alimentos, implicaría alterar la litis de esa incidencia, cuyo objeto primordial radica en verificar el cumplimiento de la obligación del deudor de proporcionar alimentos. Esto es, en aquel incidente no está a debate el derecho del acreedor a percibir alimentos y, por ende, las pruebas que ofreció el deudor alimentario no son idóneas para resolver el incidente del que emanó el acto reclamado, pues en todo caso, serán pertinentes para definir la acción principal, relacionada con el derecho a recibir o no alimentos, como acertadamente lo consideró la sala responsable. Igual sucede, con el llamamiento de la progenitora de la acreedora alimentaria, pues si en la resolución provisional que concedió los alimentos no se le obligó solidariamente a proporcionarlos, el deudor ahora quejoso no puede pretender obligarla a que cumpla una obligación que no le ha sido reconocida judicialmente, de ahí que su llamamiento a juicio se torne innecesario. Se invoca en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 9/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, marzo de 2005, página 153, registro digital 178961, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles de la citada entidad federativa dispone que en los casos en que se reclamen alimentos, en el auto en que se dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, el Juez podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia puede ser provisional o definitiva, y se presenta en dos etapas procedimentales: la primera se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; mientras que la segunda se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba aportados por las partes en el juicio, ya que es cuando el juzgador está en mejores condiciones de normar su criterio. Por tanto, tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los medios necesarios para subsistir, la reclamación que se interponga en contra del auto que la fija de manera provisional jamás podrá tener el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, pues dado el escaso término establecido en la ley para su trámite y resolución, es evidente que el juzgador difícilmente podría contar en ese lapso con el material probatorio suficiente para decidir el derecho que le asiste al acreedor alimentario, quien puede demostrar durante el juicio su derecho a recibir los alimentos, desvirtuando los motivos aducidos para pedir su cancelación o cesación." Por lo tanto, las pruebas ofrecidas por el quejoso como sustento de su defensa dentro del incidente que originó la emisión del acto reclamado, no pueden tener el alcance que pretende, pues se reitera, están encaminadas a anular el derecho de la acreedora alimentaria a recibir alimentos, cuando en realidad ésta nació en virtud de la pensión provisional decretada en autos, por lo que si no existe una determinación que haya modificado o revocado esa prerrogativa, ésta no podía ser desconocida por la sala responsable. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación formulados y no advertirse deficiencia de la queja que suplir, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ****, por propio derecho, respecto de la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, por derecho propio, contra la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, pronunciada por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México; por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercera interesada, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

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