Jesús Aurelio Juárez Rodriguez

Expediente 567/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
567/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
25/05/2018

Partes del expediente

  • Jesús Aurelio Juárez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    "...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente ya que se sobreseyó el juicio; así mismo carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvase al Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno con Detenidos en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el anexo que remitió como complemento a su informe con justificación, consistente de un tomo de copias certificadas relativas a la carpeta de investigación CUA/CUA/CUT/032/060089/18/03; asimismo, por estar plasmadas en las constancias, firmas y huellas digitales autógrafas, devuélvanse las documentales remitidas por esa autoridad (foja 28 a 61)..."

  2. Principal

    567/2018-VI-B Pral. Audiencia constitucional En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las trece horas con veinte minutos del ocho de mayo de dos mil dieciocho, hora y día fijados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 567/2018-VI-B, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por Diego Juárez Rodríguez en favor de Jesús Aurelio Juárez Rodríguez; en audiencia pública Francisco Javier Munguía Padilla, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, asistido del Secretario Tomás Martínez Moscoza que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de amparo, procedió a celebrarla sin la asistencia de las partes ni representante legítimo de las mismas. Enseguida, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el periodo probatorio y el Secretario da cuenta con las pruebas que obran en autos. El Juez acuerda: de conformidad con el precepto antes citado, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las mismas y al no existir prueba pendiente por desahogar, procede a cerrar este periodo. Enseguida se abre el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos, por lo que se cierra este periodo. No habiendo otra prueba pendiente por desahogar ni promoción por acordar, en términos del ordinal 124 de la Ley de Amparo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 567/2018-VI-B; R e s u l t a n d o: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, Diego Juárez Rodríguez en favor de Jesús Aurelio Juárez Rodríguez, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Previa ratificación del escrito de demanda, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. TERCERO. Por auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por inexistente a la autoridad responsable que la parte quejosa señaló como "Jefe de la Unidad de Investigación de la Policía de Investigación Ministerial de la Fiscalía Regional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México", pues no señaló su denominación correcta (foja 19, vuelta). C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 1°, fracción I, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse actos de autoridades distintas de las judiciales que afectan la libertad personal del quejoso. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este juzgador considera que el quejoso reclama del Fiscal General de Justicia del Estado de México, del Fiscal Regional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y del Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno Investigador con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México: - La ilegal incomunicación sufrida por Jesús Aurelio Juárez Rodríguez. - La ilegal privación de la libertad que sufre desde el veinticinco de marzo de dos mil dieciocho. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado se trata de uno privativo de la libertad personal fuera de procedimiento, ya que al momento de haber sido detenido el quejoso no existía el mismo, en razón de que fue privado de la libertad por la comisión de un delito en flagrancia, por lo que es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Las responsables Fiscal General de Justicia del Estado de México y Fiscal Regional de Cuautitlán, Estado de México, al momento de rendir sus informes justificados, niegan la existencia de los actos que se les atribuyen (fojas 67 y 74 del juicio). Por otro lado, el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno Investigador con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al rendir su informe justificado no señala expresamente si es cierto el acto reclamado consistente en la ilegal incomunicación que se le atribuye (foja 24 del sumario); sin embargo, a continuación realiza manifestaciones relativas a su inexistencia, pues refiere que de las documentales que remitió como apoyo a su informe justificado se colige el llamado telefónico realizado por el quejoso a su progenitora (foja 51 del juicio) y entrevista con sus familiares; por lo tanto, se le tiene negando el referido acto reclamado. Así, en virtud que la parte quejosa no exhibió documento alguno con el cual desvirtúe dicha negativa, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo" QUINTO. Existencia del acto reclamado. Respecto al diverso acto reclamado consistente en la ilegal privación de la libertad que sufre desde el veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno Investigador con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, niega la existencia del acto reclamado (foja 24 del juicio); sin embargo, de las constancias que obran en autos se advierte que el quejoso sí fue privado de la libertad con motivo de la investigación iniciada por la representación social, en su contra, por el delito de cohecho. En consecuencia, se desvirtúa esa negativa y se tiene por cierto el referido acto reclamado. SEXTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Este motivo de improcedencia, conforme a los diversos criterios emitidos por nuestro más Alto Tribunal, se surte cuando se destruyen todos los efectos de la transgresión alegada en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, es decir, como si el acto reclamado no hubiera lastimado la esfera jurídica del quejoso. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, a página 38, que señala en su rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, si como ya se mencionó en párrafos precedentes, la parte quejosa reclamó del Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno Investigador con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México la que señaló como la ilegal privación de la libertad que sufrió desde el veinticinco de marzo de dos mil dieciocho; y, de las constancias que obran en autos se colige que a las catorce horas con treinta minutos del veintiséis de marzo de esa misma anualidad fue dejado en libertad (foja 106 del juicio), es evidente que los efectos del acto reclamado cesaron sus efectos, pues provocó el mismo efecto que hubiera tenido la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, es decir, que quedara en libertad. De lo que se sigue que se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." SÉPTIMO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto y fundado se, R e s u e l v e:Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados por Diego Juárez Rodríguez en favor de Jesús Aurelio Juárez Rodríguez, a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio del licenciado..., Agente del Ministerio Público Mesa de Trámite de Carpetas de Investigación en Cuautitlán, Estado de México, por medio del cual da cumplimiento al auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho y remite diversas constancias relativas al acto reclamado. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Le y de Amparo, se tiene como prueba las documentales que remite la autoridad oficiante; sin perjuicio de hacer relación de éstas en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Agréguese el oficio del licenciado Miguel A. Olivares Jacuinde, Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno con Detenidos en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; en atención a su contenido, únicamente téngasele informando la denominación completa de la autoridad que conoce de la carpeta de investigación CUA/CUA/CUT/032/061909/18/03.

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