Jesus Avila Maldonado
Expediente 165/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 165/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Jesus Avila Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por la Síndica Procuradora y representante legal del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, a través del cual solicita la consulta del expediente electrónico. Atento a lo anterior, y toda vez que ni de las constancias de autos ni del escrito que se provee se advierte documento idóneo que acredite la personalidad con la que se ostenta la promovente, no ha lugar a proveer de conformidad con su petición. Cúmplase.
- Principal
Del estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra el acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario constitucional, sin que alguna de las partes lo hubiere hecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria el referido acuerdo. Por otra parte, se estima innecesario realizar el cómputo del mencionado plazo de diez días, por lo que hace a la autoridad responsable, puesto que carece de legitimación para interponer el recurso de revisión a que alude el artículo 86 de la ley de la materia, en virtud de que el sentido en que se resolvió el presente juicio de amparo (sobreseimiento fuera de audiencia) no puede producirles agravio alguno. Archivo y anotaciones Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Destino del expediente principal Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintitrés, se hace la precisión siguiente: 1. Al consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. 2. Asimismo, en términos del artículo 20, fracción I, del referido acuerdo general este expediente es destruible en un plazo de tres años, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo; en relación con el punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia documental, de conformidad con lo previsto en los artículos 8º, fracción I y 15 del Acuerdo General mencionado, por tanto, dentro de los treinta días siguientes, se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial judicial "C" ponga en la caratula de este asunto el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que tanto los expedientes físicos como los electrónicos coinciden en la totalidad de las constancias, con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, cualquiera de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre los expedientes físicos y los expedientes electrónicos. Lo anterior, en términos del artículo 34 del citado acuerdo. Por otra parte, conforme lo dispone el artículo 19 del referido Acuerdo, dese vista a la parte quejosa para que dentro de un plazo de noventa días acuda a las instalaciones de este órgano jurisdiccional con el propósito de recoger los documentos originales que exhibió en este expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Es menester precisar que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Dado que la presente determinación contiene un requerimiento para la parte quejosa, se ordena a cualquiera de los actuarios notificarla en términos del artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese a los autos el sobre devuelto por el Administrador Postal de esta ciudad; el cual contiene el oficio 1387/2023, dirigido a la autoridad responsable Superintendente de la Comisión Nacional Federal de Electricidad, de la cual se advierte que no fue posible realizar su entrega por motivo "Rehusado. Informan q, el oficio debe ser dirigido a suministrador de Servicios Básicos Zona Altamirano". Reexpido de oficio En tales condiciones, se comisiona a uno de los actuarios judiciales adscritos, para que en estricto cumplimiento a sus funciones, y con el fin de que la citada autoridad responsable se encuentre debidamente notificada del comunicado en comento, en términos de lo establecido en el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo, reexpida el oficio mencionado en el párrafo precedente. Cúmplase.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte el quejoso ********************, reclama: 1. La omisión de dar contestación al escrito presentado el trece de enero de dos mil veintidós, en la oficina de correspondencia de dicha autoridad responsable jefe del Departamento de ********************, Distribución Zona Chilpancingo, por el que solicitó el pago de indemnización por daños y lesiones perpetuas. 2. La omisión de realizar las acciones necesarias y contundentes, conforme el artículo 66 de la Ley sobre el Contrato de Seguro; 5 de la Ley General de Víctimas; 1, 49 , fracción VI, 78, fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, desde que la autoridad tuvo conocimiento de dicho escrito (trece de enero de dos mil veintidós) de ponerlo en conocimiento de la compañía titular de la póliza de seguro, hasta cumplir en tiempo y forma con lo pactado en el contrato de seguro respectivo, en lo referente a la cláusula de responsabilidad civil por daños a terceros. Ahora, en el caso concreto, el quejoso ******************** acreditó que el trece de enero de dos mil veintidós, presentó una solicitud, por escrito, por medio de la cual requirió a las autoridades que señaló como responsables el pago de la indemnización derivada de los daños que -afirmó- le ocasionaron las líneas de energía eléctrica propiedad de la citada autoridad (fojas 8 y 9). Ahora, analizada la demanda de amparo, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en los artículos 61, fracción XXIII, 1 y 217, todos de la Ley de Amparo, en relación con los razonamientos expuestos en la jurisprudencia P./J. 4/2021 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que para probar la responsabilidad derivada de la prestación irregular del servicio de energía eléctrica, por parte de la ********************, la vía correcta es la administrativa a través de la acción de reclamación patrimonial del Estado. Por tanto, previo a exponer las razones que dieron sustento a tal criterio, es puntual reseñar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos directos en revisión ******************** y ********************, ambos de sesión de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, precisó que la vía procedente para reclamar de la ******************** la indemnización por los daños que se genere con motivo de la prestación de un servicio público, como es la transmisión y distribución de energía eléctrica, cuando ésta sea deficiente, es la vía administrativa, de conformidad con el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado previsto en el artículo 109 de la Constitución. Por su parte, en la tesis 2ª LXXIX/2018 (10ª), emanada de la resolución de los amparos en revisión ******************** y ********************, así como de los amparos directos ******************** y ********************, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la vía procedente para reclamar de la ******************** el pago de la indemnización por los daños derivados de actos relacionados con el servicio público que presta es la civil. Ante esa contradicción de criterios entre las Salas del Alto Tribunal se plantearon las contradicciones de tesis ********************, ******************** y ********************, del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien mediante Acuerdo General 12/2019, aplazó el dictado de la resolución, entre otro tipo de asuntos, en los amparos en revisión radicados en los Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se abordaría el tema relativo a la naturaleza de la responsabilidad en la que incurre la ******************** por alguna actividad considerada irregular, así como a la vía para reclamar la indemnización correspondiente; aplazamiento que fue decretado hasta que se resolvieran las citadas contradicciones de tesis. Luego, en sesión de once de marzo de dos mil veintiuno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis ********************, en la cual determinó, que las actividades de transmisión o distribución de energía eléctrica que realiza la ******************** pueden llegar a actualizar la responsabilidad patrimonial del Estado, cuando dicha empresa productiva presta el servicio público de transmisión o distribución de energía eléctrica de manera irregular, pues se actualiza un acto materialmente administrativo y, en consecuencia, resulta aplicable el régimen de responsabilidad patrimonial; por lo que, indicó, el pago de la indemnización por los daños generados con la prestación de dicho servicio es reclamable en la vía administrativa, a través del procedimiento previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Lo anterior, constriñó el Tribunal Pleno ya que con motivo de la transformación de la ******************** en empresa productiva del Estado ésta se preside, en lo que concierne a su estructura y operación, por su ley, por el reglamento de ésta, y por el derecho civil y mercantil; y si bien su ley y la Ley de la Industria Eléctrica no establecen la vía para exigir el pago indemnizatorio a dicha empresa, ello se debe a los objetos que tienen dichas normatividades, siendo que es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado la que tiene por objeto, en términos de su artículo 1, fijar las bases y los procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. Igualmente, el Pleno del Alto Tribunal señaló que la naturaleza inherente a la ********************, así como la cuestión de que el derecho común le sea supletorio, no la excluye por completo del ámbito del derecho público en el que se halla el fundamento de su existencia como empresa productiva del Estado, en tanto no sólo ha de cumplir los valores y principios tutelados en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, sino también otros igualmente tutelados en la Norma Fundamental, como los que derivan del último párrafo del artículo 109. De igual forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reveló que en cuanto a las funciones que realiza dicho ente, con motivo de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, aun cuando se transformó a la ******************** en una empresa productiva del Estado y se estableció un régimen comercial en relación con los actos o las cuestiones derivadas de los contratos, lo cierto es que respecto de la transmisión y distribución de energía eléctrica se definió que tales actividades son un servicio público por involucrar la existencia de redes en la prestación del servicio, por lo que el Estado Mexicano conserva el dominio de las distintas actividades involucradas en la prestación de dicho servicio público, actividad administrativa que exclusivamente corresponde al Estado prestar. Expuso que dicha reforma constitucional fue enfática en mantener la titularidad del Estado sobre los servicios de transmisión y distribución eléctrica, reiterando a su vez su carácter público. En consecuencia, el Pleno del Alto Tribunal mencionó que con independencia de la transformación orgánica de esa comisión, sigue siendo un ente del Estado, y no todo su actuar se rige conforme a la legislación civil y mercantil, aunado a que el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que define la responsabilidad estatal contiene a todo ente público de carácter federal. Así, refirió, si bien la ******************** puede llevar a cabo actos y actividades cuyo objeto puede estar sujeto a normas de derecho privado, como son los contratos que se rigen por la legislación mercantil o común aplicable, lo cierto es que la actividad de transmisión y distribución de energía eléctrica se realiza bajo el régimen de servicio público, el cual se presta por cuenta y orden del Estado, de acuerdo con lo previsto desde la Constitución General en sus artículos 27 y 28, así como en la propia Ley de la ********************, en su artículo 5, párrafo primero, de ahí que se encuentra regido por el derecho administrativo. También, el Alto Tribunal actuando en Pleno detalló que la naturaleza de un ente público, así como las normas que son supletorias a las leyes que lo rigen no pueden tener la aptitud de transformar la naturaleza de las funciones que desde la Constitución General se le encomiendan, de ahí que una función materialmente administrativa no se puede tornar en civil o mercantil sólo porque se haya diseñado a un ente público con un régimen de tipo corporativo, o bien porque en lo que atañe a sus actividades sea supletoria la normatividad civil y mercantil, pues todo ello está encaminado a la forma de operar de la ******************** y a su estructura, con el propósito de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. Conjuntamente, arguyó que en aras de crear un auténtico Estado de derecho, es que se implementó el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, razón por la que se reconoció constitucionalmente el derecho fundamental de los particulares a una reparación integral o justa indemnización del daño como consecuencia de una actividad administrativa irregular del Estado, y en ese sentido, del proceso legislativo que dio origen al segundo párrafo del artículo 113 constitucional, que con posterioridad pasó a ser el último párrafo del artículo 109, deriva que la intención del Poder Reformador de la Constitución fue de manera clara y enfática reconocer la responsabilidad que pudiera derivarse para el Estado proveniente de un acto administrativo, y a la par, impulsar la eficiencia y el control de las actividades estatales en su conjunto, entre ellas, los servicios públicos. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte señaló que es claro que la actividad administrativa irregular del Estado comprende la prestación de un servicio público deficiente y la vía idónea para demandar del Estado la reparación de los daños con motivo de la prestación deficiente de los servicios es la vía administrativa, con motivo de la prestación de un servicio público, como es la transmisión y distribución de energía eléctrica, cuando ésta sea deficiente, es la vía administrativa. Además, sostuvo que al margen de que el artículo 1913 del Código Civil Federal prevea la acción de responsabilidad civil objetiva que procede cuando una persona hace uso de un mecanismo peligroso por sí mismo, como una obligación que surge de un acto ilícito, la cuestión es que el último párrafo del artículo 109 de la Constitución General resulta determinante al señalar que la responsabilidad objetiva procede por los daños que cause no cualquier persona, sino precisamente el Estado, con motivo de su actividad administrativa irregular, lo cual comprende la prestación deficiente de un servicio público, como es la transmisión y distribución de energía eléctrica. Por ello, el Pleno del Alto Tribunal determinó que la vía procedente para reclamar la indemnización por los daños que se generen con motivo de la prestación de un servicio público, como es la transmisión y distribución de energía eléctrica, cuando éste sea deficiente, es la administrativa, pues la vía ordinaria civil sólo es procedente cuando se demande a un ciudadano en lo particular, de forma que en ella no se puede demandar a las entidades públicas, siendo además que el artículo 1927 del Código Civil Federal fue derogado precisamente cuando entró en vigor la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, el uno de enero de dos mil cinco. Dicha tesis jurisprudencial es exactamente aplicable en el caso, pues contempla el supuesto en que una persona que sufrió daños con motivo de descargas eléctricas provenientes de las líneas o los cables de conducción de energía eléctrica pertenecientes a la ********************, lo que realmente pretende es que se le pague una indemnización por la responsabilidad derivada de ese evento. Cierto, del acuse de trece de enero de dos mil veintidós, exhibido como prueba de la parte quejosa, se observa que su verdadera intención es ejercitar una acción indemnizatoria reclamada a ********************, empresa productiva subsidiaria de la ********************, con motivo de un hecho en que, según ese ocurso, resultó electrocutado ********************, en términos de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad. Además, de los conceptos de violación vertidos se observa que argumentó que la autoridad responsable ha sido omisa en 1) dar continuidad al procedimiento de pago de indemnización de la póliza de seguro vigente en la fecha en que recibió la descarga eléctrica; y 2) en llevar a cabo las gestiones necesarias para exigir a la aseguradora que cubra la indemnización a la que -afirma- tiene derechos a partir de los daños ocasionados por las líneas de energía eléctrica. Lo anterior, aun cuando, como se ve, el presente sumario constitucional fue planteado como violación directa al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reclamando la omisión de las autoridades responsables, de dar respuesta, por escrito, a su solicitud elevada el trece de enero de dos mil veintidós, en términos del acuse respectivo. No obstante, a criterio de este órgano de control constitucional, en términos de los hechos narrados por el solicitante de la tutela constitucional, en relación con los argumentos sostenidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis detallada, conducen a establecer que el servicio público a cargo del Estado de transmisión y distribución de energía eléctrica, involucra directamente la materia administrativa y, por tanto, la responsabilidad que surja por ese tipo de daños o de perjuicios, debe dilucidarse a través del procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, conforme al último párrafo del artículo 109 Constitucional. Bajo tales consideraciones, resulta inconcuso que los actos reclamados se encuentran estrechamente vinculados entre sí, por lo que no podría ordenarse la separación de éstos, a fin de que en este procedimiento de amparo se diera trámite y resolviera lo concerniente al derecho de petición sustentado por la parte quejosa; por ende, la demanda de amparo es indivisible. En esos términos, es claro que si ya fue definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 4/2021 (10a.), que la vía administrativa es la procedente para reclamar la indemnización por los daños que pretende dicha parte procesal; es conforme a tal criterio, obligatorio para este órgano de control constitucional en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que se concluye que la competencia para conocer del asunto de origen le corresponde a un órgano en materia administrativa. Lo anterior, conforme a lo determinado por el máximo tribunal del país, tiene como fin respetar el principio de legalidad y garantizar la seguridad jurídica de las partes en el juicio, contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen el deber de asegurarse que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente en cualquier momento de la contienda, al constituir un presupuesto procesal de orden público, necesaria para la regularidad del desarrollo del procedimiento, y para que la sentencia pueda producir efectos, porque sin la vía correcta no puede dictarse válidamente sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa, lo cual torna dicho presupuesto procesal en insubsanable, dado que no puede ser saneado ni ratificado, salvo que exista determinación firme sobre la procedencia de la vía, lo cual no sucede en el presente asunto. En esa tesitura, en términos del artículo 63, en relación con el 61, fracción XXIII, 1 y 217, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente asunto, respecto de los actos reclamados, y de las autoridades a las que les atribuyen los mismos. Anotaciones. Por último, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); asimismo, comuníquese a las partes que la fecha y hora programadas para la audiencia constitucional, prevista para las once horas con diecisiete minutos del doce de julio de dos mil veintitrés, se deja sin efectos por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables.
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