Jesus Alejandro Pichardo Martinez
Expediente 252/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 252/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Jesus Alejandro Pichardo Martinez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que se haya realizado; en consecuencia, con apoyo en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2, se declara firme el referido auto. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. Destino del expediente Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintitrés, se hace la precisión siguiente: 1. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. 2. Asimismo, en términos del artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo este expediente es destruible en un plazo de tres años, al tratarse de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en relación con el punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia documental, de conformidad con lo previsto en los artículos 8º, fracción I y 15 del Acuerdo General mencionado, por tanto, dentro de los treinta días siguientes, se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial judicial "C", ponga en la caratula de este asunto el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que tanto los expedientes físicos como los electrónicos coinciden en la totalidad de las constancias, con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, cualquiera de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre los expedientes físicos y los expedientes electrónicos. Lo anterior, en términos del artículo 34 del citado acuerdo. Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obre la constancia de notificación derivada del presente proveído. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
SE DESECHA Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y en representación del menor de iniciales D.A.P.S., contra actos del Juez Primero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala y otra autoridad. Registro Fórmese expediente electrónico; regístrese en los libros de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), dentro de los juicios de amparo bajo el número ***. Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: 1. La resolución de dos de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente incidental de guarda y custodia y alimentos número 413/2018-III, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el quejoso contra el auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, donde determinó no acordar favorable llevar a cabo la videograbación del estudio psicológico del menor con iniciales D.A.P.S., así como la presencia de la perito en psicología. Causa manifiesta e indudable de improcedencia. Establecido lo anterior y en el caso, el suscrito considera que, respecto al acto materia de reclamo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que, en su orden, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Con motivo de la causa de improcedencia advertida, es pertinente considerar que en términos de lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente, además de las hipótesis establecidas en sus veintidós fracciones, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición constitucional o de la Ley de Amparo. Por tanto, es oportuno tener en consideración que conforme lo previsto por el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos procesales dictados dentro de juicio; el amparo indirecto procede sólo contra aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales; es decir, actos de imposible reparación. En ese sentido, tenemos que para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos de imposible reparación han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos actos procesales de ejecución cuyas consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, y que no podrían repararse al resolverse el asunto aun obteniendo laudo favorable por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate. Por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores; ya que el prototipo de estos actos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Es decir, los actos de imposible reparación quedan conformados en el momento en que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y no en aquellos supuestos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como en el caso. Así, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado que tutela la Constitución y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, tutelan para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por el quejoso, no constituye un acto de imposible reparación que afecte derechos sustantivos, que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, toda vez que el juez Primero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en Iguala, dentro del expediente 413/2018-III, dictó el auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, en el que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el quejoso, contra del auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en el que no acordó de conformidad llevar a cabo la videograbación del estudio psicológico del menor con iniciales D.A.P.S., así como la presencia de la perito en psicología, Por tanto, las violaciones que reclama el quejoso en el presente juicio de amparo no pueden ser considerados como actos de imposible reparación pues se considera que tales actos solo tienen como consecuencia una afectación o derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales, y desaparecen si el afectado obtiene resolución favorable, ya que tienen que ver con el perfeccionamiento de una prueba en materia de psicología. En tales condiciones, como se adelantó, contra dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia, contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que la determinación que aquí se combate, de ninguna manera es reclamable a través del amparo indirecto, pues no constituye un acto que sea de imposible reparación, ya que dicha determinación sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales dentro del juicio del cual emana el acto reclamado, los cuales pueden ser reparados durante la secuela procesal, con independencia que se obtenga o no la sentencia definitiva favorable. Lo anterior, en virtud de que de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, se advierte que el referido expediente se encuentra en trámite, toda vez que no se ha emitido sentencia definitiva. En efecto, en el supuesto de que el trámite de aquélla estuviera afectada de ilegalidad, dada la naturaleza procesal del acto, únicamente afectaría garantías en su perjuicio si esa ilegalidad trascendiera al resultado de la sentencia que se dicte en el juicio natural, en cuyo caso, estará en posibilidad de reclamarla nuevamente ante la autoridad que conozca del medio de impugnación que se interponga contra la sentencia que emita el Juez Primero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero. De ahí que se estime actualizada dicha causa de improcedencia. A manera de ejemplo de lo anterior, se citan las tesis siguientes: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es equivocada la pretensión de confundir la identidad y naturaleza de los actos reclamados con los conceptos de violación que se enderezan a tratar de explicar y, en su caso, justificar por qué el acto reclamado se estima inconstitucional, pues independientemente del número o variedad de dichos conceptos, ello no produce una segmentación o multiplicación del acto o actos reclamados cuando la identidad y precisión de ellos aparece debidamente delimitada. Por tanto, para determinar la procedencia del juicio en el supuesto previsto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, deben considerarse los efectos que producen de manera objetiva y jurídica, y no las argumentaciones que constituyan los conceptos de violación, pues éstos, en todo caso, constituyen el fondo del amparo que pudiera llegar a resolverse de estimarse procedente la demanda de garantías. Ello es así, porque la consideración de los efectos del acto constituyen el presupuesto de su procedibilidad, previo al análisis de los conceptos de violación o motivos de inconformidad, ya que de lo contrario no sólo se desconocería la técnica del juicio de amparo, sino que se atentaría contra la lógica elemental y la estructura de este medio de control constitucional, haciendo nugatoria la procedencia de la aludida fracción IV del artículo 114 de la propia ley.". "AMPARO INDIRECTO. SU PROCEDENCIA NO DEPENDE DEL ESTUDIO DE LOS ANTECEDENTES Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR NO CONSTITUIR ACTOS DIVERSOS A LA MATERIA DE RECLAMACIÓN, SINO ARGUMENTACIONES REFERENTES AL ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA. Para efectos de la procedencia del juicio de garantías, cuyo análisis es preferente, debe atenderse sin duda a la naturaleza del acto reclamado, pero ésta no depende ni de los "antecedentes" de los que derive, ni tampoco de los "conceptos de violación" planteados con la pretensión de evidenciar la posible o alegada inconstitucionalidad del acto que se reclama; esto es así, porque los "antecedentes" implican aspectos fácticos relativos a la narrativa del surgimiento del acto, pero que, por ende, son previos y ajenos a él, en tanto que los "conceptos de violación" representan la argumentación tendente a justificar la pretensión de evidenciar las razones o motivos por los que estima el quejoso que el acto reclamado es inconstitucional; por tanto, es obvio que los citados elementos no constituyen actos diversos a la materia de reclamación, sino argumentaciones referentes al acto de autoridad que específicamente se reclama." Así, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, es decir, sólo especifica cuáles son impugnables en el juicio de amparo indirecto de manera inmediata y cuáles, al ser procesales, deben ser objeto de impugnación hasta que se dicta sentencia, mediante recurso idóneo; pero ello no atenta contra el acceso a la impartición de justicia, ni lo supedita a condición alguna u obstáculo que impida la tutela judicial, ni a requisitos impeditivos, obstaculizadores, trabas innecesarias, excesivas o carentes de razonabilidad y menos que convencionalmente esté supeditado a requisitos o limitaciones excesivos y desproporcionados. Por tanto, si es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que en su artículo 107, dispone que las controversias de que habla el precepto 103 del mismo ordenamiento se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, clasifica los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y la Ley de Amparo sólo los define, no es admisible que atente contra los derechos fundamentales previstos en el artículo 17 constitucional. Entonces, al no actualizarse los supuestos de procedencia del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, se considera que el acto que se reclama no causa un perjuicio irreparable a la parte quejosa. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta, SE DESECHA la demanda de amparo. Domicilio Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************. Autorizados Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y ********************, por tener registro de cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Aviso de transparencia. Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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