Jesus Arturo Estrella Jasso

Expediente 2479/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2479/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Jesus Arturo Estrella Jasso

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por ********************, representante del tercero interesado ********************, por medio del cual solicita copias certificadas del recurso de revisión que obra en autos. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, expídanse las copias que solicita debidamente certificadas y entréguense previa toma de razón y recibo que obre en autos. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con diecinueve minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, asistido de la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia incidental, sin contarse con la asistencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. La Secretaria hace relación de la demanda y certifica: que respecto al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud del Gobierno de México, ambos con sede en la Ciudad de México, no se tiene conocimiento que a la fecha hayan rendido sus correspondientes informes previos, no obstante de encontrarse debidamente notificados para ello como se aprecia de los comprobantes de entrega del servicio de mensajería privada que obran en autos, por lo que feneció el término de cuarenta y ocho horas previsto en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo. A lo anterior, el Juez acuerda: Ténganse por hecha la relación secretarial y por hecha la certificación que antecede; en tal virtud, celébrese la presente audiencia incidental. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa con su demanda de amparo. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas las documentales de referencia, mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, téngase por cerrado este período. En la etapa de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna. Por lo que el Juez acuerda: que atendiendo a que las partes no hicieron uso de ese derecho, se declara cerrada dicha etapa. A continuación, no habiendo diligencias por desahogar ni pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el Juez declara visto el incidente y procede a dictar la siguiente resolución: Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 572/2022-V-A, promovido por Gretty Várguez Grajales, como representante de los menores de edad Elio Antonio Barrera Varguez y Gretty Elena Barrera Varguez; y, RESULTANDO PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, Gretty Várguez Grajales, como representante de los menores de edad Elio Antonio Barrera Varguez y Gretty Elena Barrera Varguez, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó del 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, 2. Secretario de Salud del Gobierno de México, con sede en la Ciudad de México, 3. Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y 4. Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación contra Covid-19 "Operativo Correcaminos", con sede en Yucalpetén, Yucatán. SEGUNDO. Por acuerdo dictado en el juicio principal el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede. TERCERO. Mediante interlocutoria de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se difirió la audiencia únicamente por lo que respecta a las autoridades responsables foráneas Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud del Gobierno de México, ambos con sede en la Ciudad de México, misma que se llevó a cabo el día de hoy, en los términos que constan en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa los actos que la parte quejosa reclama, que como se asentaron en el auto de suspensión provisional, esencialmente son: La omisión de aplicar la vacuna para la prevención del SARS-CoV-2 al grupo etario de cinco a once años, al que pertenecen los menores de edad quejosos, atendiendo a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. Hasta el momento en que se resuelve el presente incidente, no se tiene conocimiento de que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud, ambos con sede en la Ciudad de México, hayan rendido sus respectivos informes previos, a pesar de haber sido debidamente notificados, según se aprecia de los comprobantes de recibo correspondientes de la mensajería privada que obran agregados en autos. En virtud de lo anterior, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, opera en su contra la presunción de certeza prevista en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317,630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERO. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados por la aquí parte quejosa del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud, ambos con sede en la Ciudad de México, al respecto, debe decirse, en relación con el derecho a la salud previsto en el artículo 4° Constitucional, que la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, de 8 de diciembre de 2020, se aprobó a partir de estudios científicos realizados por especialistas nacionales en materias de inmunología, vacunación, infectología, sociología, sistemas y economía de la salud, quienes se apoyaron en lo recomendado por los organismos internacionales en la materia, con el fin de proteger la salud de la población y reducir los contagios y muertes provocados por el virus. Así, con dicha estrategia de salud se determinó ejecutar el plan de vacunación en cinco (5) etapas por grupos poblacionales, priorizados como sigue: etapa 1: diciembre 2020-febrero 2021, personal de salud de primera línea de control de la COVID-19; etapa 2: febrero-abril 2021, personal de salud restante y personas de 60 y más años; etapa 3: abril-mayo 2021, personas de 50 a 59 años; etapa 4: mayo-junio 2021, personas de 40 a 49 años; y, etapa 5: junio 2021-marzo 2022, resto de la población. Ahora bien, constituye un hecho notorio, por tratarse de un medio oficial, que en la página de internet oficial de la Secretaría de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, ya está abierto el registro para ser inoculados con la vacuna contra el virus SARS-CoV2 que causa la enfermedad Covid-19, los menores de cinco años o más. Tal como lo anunció el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lo que además se corrobora con la siguiente imagen capturada del sitio web oficial, de la que se advierte que efectivamente ya se pueden registrar los menores de cinco años de edad o más, para recibir la vacuna contra el virus que provoca COVID-19. Lo anterior, pone de manifiesto que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, emitió autorización para aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech en menores a partir de cinco años, conforme a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la COVID-19 en México. Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio que puede invocarse por este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; aunque no hayan sido alegados o probados por la parte quejosa. Por tanto, a dichas documentales e imágenes que aparecen en páginas electrónicas oficiales, se les concede valor probatorio en términos del artículo 197 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ACTOS DE PUBLICIDAD DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO NO REQUIEREN DE LA CITA DE LOS PRECEPTOS LEGALES FACULTATIVOS PARA SU EMISIÓN, PARA ESTIMAR QUE SATISFACEN LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. De los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se advierte la obligación de las entidades oficiales de hacer pública, de la manera más simple y directa, la información que se encuentra en su poder derivada del ejercicio de sus funciones, así como aquella que estimen relevante, a efecto de aportar a la opinión pública datos sobre su gestión, lo que implica una carga de carácter democrático. En este sentido, la emisión de boletines de prensa, comunicados, conferencias, discursos, entrevistas, entre otros medios de divulgación, en los que se da a conocer determinada información sobre las funciones desempeñadas por un órgano de gobierno, es un acto de publicidad de su desempeño y resultados dirigido al público en general y no a un sujeto en particular, cuya emisión obedece a la obligación y necesidad de transparentar su gestión - elevada a rango constitucional-. Consecuentemente, dicho acto no requiere la cita de los preceptos legales facultativos para su emisión, para estimar que satisface la garantía de legalidad, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, pues basta la existencia de una norma que faculte y obligue a la autoridad encargada de divulgar esa información para actuar en ese sentido, y que su proceder se encuentre dentro de los límites legales y del texto constitucional, por tratarse de actos con efectos generales donde existen razones que, socialmente, justifican su emisión, obligación emanada del propio mandato -ex lege-, en donde se confieren la facultad y responsabilidad a la autoridad de difundir las actividades y resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones, siendo destacable, además, que la fuente en que se basa el medio de divulgación es fiable, por tener su origen en actos desplegados por autoridades en ejercicio de sus funciones, resultando conveniente que la sociedad tenga conocimiento de este tipo de información, por tratarse de acontecimientos que trascienden la órbita de lo privado." "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En consecuencia, por cuanto hace al acto reclamado del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud, ambos con sede en la Ciudad de México, procede NEGAR la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda decretarse dicha medida suspensional, pues como se señaló ya puede realizar su pre-registro y proceder a la aplicación de la vacuna respectiva, de acuerdo con lo que le indiquen las autoridades de salud relativas. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA a los menores Elio Antonio Barrera Varguez y Gretty Elena Barrera Varguez, la suspensión definitiva que solicitaron a través de su representante Gretty Várguez Grajales, contra los actos que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud, ambos con sede en la Ciudad de México, por el motivo indicado en el considerando tercero de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto: agréguese a este expediente el oficio RAN/YUC/SR/DJ/4126/2022, de la encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, así como el anexo adjunto, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista de lo anterior a la parte quejosa, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos el oficio el informe justificado rendido por el Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con residencia en la Ciudad de México, y anexo que acompaña. Sin que sea el caso ponerlo a la vista de las partes, toda vez que este juzgador oficiosamente advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa Jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó del Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con residencia en la Ciudad de México, la omisión de dar contestación a su solicitud presentada mediante escrito de seis de octubre de dos mil veintiuno. Sin embargo, de las constancias que anexó el citado Director, a su informe de cuenta, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Se advierte que por oficio 401-3-2560 de cinco de septiembre de dos mil veintidós, la Coordinadora Nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dio contestación correspondiente en relación al escrito presentado por la parte quejosa el seis de octubre de dos mil veintiuno. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a los peticionarios en el pleno goce de los derechos humanos que estimaron violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada Ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTO la audiencia constitucional señalada para las doce horas con trece minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. De igual forma, como lo solicita la responsable, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como a sus delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, los señalados para tal fin en su informe de mérito. Por otra parte, en cuanto a las direcciones de correo electrónico señaladas en el oficio de cuenta, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante, que el exhorto realizado en auto de radicación de veintiuno de junio del año en curso, a fin de que se proporcionara a este órgano jurisdiccional un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, se encontraba dirigido únicamente a las partes quejosa y, en su caso, tercero interesada, no así para las autoridades responsables; en ese sentido, no ha lugar a tener por señalado el medio de comunicación proporcionado en el oficio que se provee; no obstante se toma razón de ello. Finalmente, en cuanto a su solicitud de que se autorice el acceso al expediente electrónico por medio del usuario "Alin_inah"; al efecto, con fundamento en el artículo 3 de la misma Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 37, 38, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como se solicita, se otorga autorización al referido usuario para que, únicamente, tenga acceso a la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo. En consecuencia, proceda la Secretaria a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente y cúmplase.

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