Jesús Armando López Pérez

Expediente 842/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
842/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
15/12/2021

Partes del expediente

  • Jesús Armando López Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones relativas en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se desechó de plano la demanda que dio origen al presente expediente, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de diciembre de dos mil veintiuno. CUMPLE PREVENCIÓN Visto lo de cuenta, se provee: agréguese a los autos el escrito signado por********************, autorizado de la quejosa, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que le fueron aplicadas a la peticionaria de amparo ********************, las dos dosis de la vacuna de AstraZeneca. Y al efecto adjunta su escrito los comprobantes respectivos, haciendo las aclaraciones pertinentes al respecto a los datos contenidos en el certificado de vacunación. En mérito de lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento que se le hizo mediante proveído de veintitrés de noviembre del año en curso. Ahora bien, vista la demanda, se tiene a ********************en representación de la quejosa ********************, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal que reclama de en contra de los actos que reclama de las autoridades siguientes: TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL DIF. COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, Capitán ********************, con sede en Yucalpetén, Yucatán. Que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, reclaman esencialmente lo siguiente: LA OMISIÓN DE VACUNAR DE FORMA PRIORITARIA A LA QUEJOSA, TODA VEZ QUE, LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO, NO ESTABLECE LA JUSTIFICACIÓN LÓGICA Y RAZONABLE DE RELEGAR HASTA LA ETAPA 4 DE LA ESTRATEGIA GENERAL DE VACUNACIÓN AL DENOMINADO -GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA- EN EL CUAL SE ENCUENTRA. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que conlleva a su desechamiento. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. La invocada fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de las responsables, en esencia, la omisión de aplicar la vacuna correspondiente para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19. Sin embargo, de lo manifestado por la promovente bajo protesta de decir verdad y de las documentales que a su escrito de cuenta insertó, se aprecia que a la directa quejosa ya le fueron aplicadas las dos dosis de la vacuna AstraZeneca. Circunstancia que aconteció con posterioridad a la interposición de la demanda de amparo. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran en el estado que se encontraban anteriormente, como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata respetando de esa forma la autoridad responsable el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que él mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En estas condiciones, se reitera, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************en representación de la quejosa ********************, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. SE RECIBE TESTIMONIO Ahora bien, visto el estado de los autos y la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite testimonio de la resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciada por ese Tribunal en el toca 120/2021, relativo al recurso de queja interpuesto por Ángel Mario Fernández Montes autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la quejosa TERESA LÓPEZ MORENO representada por su padre JESÚS ARMANDO LÓPEZ PÉREZ, contra el proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictado en estos autos, testimonio del que aparece que la citada Superioridad, por los motivos que expone, declaró FUNDADO el aludido recurso de queja. Acúsese recibo. En ese sentido, SE ACUERDA: PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Téngase a JESÚS ARMANDO LÓPEZ PÉREZ, en representación de la quejosa TERESA LÓPEZ MORENO, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal que reclama de en contra de los actos que reclama de las autoridades siguientes: TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL DIF. COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán (señalado por la parte quejosa como (COORDIINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN VS COVID-19 "OPERATIVO CORRECAMINOS"). Que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, reclaman esencialmente lo siguiente: LA OMISIÓN DE VACUNAR DE FORMA PRIORITARIA A LA QUEJOSA, TODA VEZ QUE, LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO, NO ESTABLECE LA JUSTIFICACIÓN LÓGICA Y RAZONABLE DE RELEGAR HASTA LA ETAPA 4 DE LA ESTRATEGIA GENERAL DE VACUNACIÓN AL DENOMINADO -GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA- EN EL CUAL SE ENCUENTRA. PREVENCIÓN. Ahora bien, previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda, y toda vez que de la ejecutoria dictada por la superioridad se advierte que el autorizado de la parte quejosa, por escrito presentado el quince de junio de dos mil veintiuno, ante ese Tribunal Colegiado, manifestó que a la peticionaria de amparo, el once de junio del año actual se le aplicó la primera dosis de la vacuna contra COVID-19, de la marca AstraZeneca lote 77502, como lo demostró en su momento con el comprobante respectivo que adjuntó a su ocurso ante la superioridad. En ese sentido, dado que pudiera actualizar una causal de improcedencia, en su caso, por haber cesado los efectos del acto reclamado, al verse restablecidas las cosas al estado en el que se encontraban hasta antes de la violación reclamada, como si se hubiera concedido la protección y amparo de la Justicia Federal. Prevéngase al representante legal de la quejosa, para que dentro del término de cinco días, computado a partir del día siguiente al en que surta efectos notificación del presente proveído, señale bajo protesta de decir verdad, si a la presente fecha ya le fue aplicada a la quejosa TERESA LÓPEZ MORENO, la segunda dosis de la vacuna o si ha sido citada para ello. En el entendido que, de ser posible, deberá exhibir el documento que acredite fehacientemente dicha circunstancia. Apercibida que, en caso de incumplimiento al requerimiento dentro del plazo otorgado, se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de junio de dos mil veintiuno. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a estos autos el oficio 4737/2021 del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad; recibido vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL. Con el que esencialmente comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente expediente. Notifíquese y cúmplase.

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