Jesús Arizmendi Figueroa
Expediente 71/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/03/2017
Partes del expediente
- Jesús Arizmendi Figueroa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción III y IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se negó el amparo, y carece de relevancia documental; y de destrucción del original del incidente, pues se negó la medida cautelar. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 71/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, turnado al día siguiente a este juzgado; Jesús Arizmendi Figueroa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, este juzgado admitió y registró la demanda bajo el número 71/2017; requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; dio intervención al Ministerio Público Federal; ordenó el emplazamiento del Agente del Ministerio Público tercero interesado; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Acontecido lo anterior y previo diferimiento, se llevó a cabo la audiencia de ley, en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación emitida por autoridad judicial del orden penal que afecta la libertad personal, la cual se ejecuta en el ámbito territorial en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama del Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca Estado de México, la dilación para resolver sobre la libertad anticipada solicitada mediante petición de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable referida al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (f.11-12). Lo cual se corrobora con las constancias que el juez adjuntó a su informe, consistente en copias certificadas del cuaderno de antecedentes 165/2016; las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. Antecedentes. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierten los antecedentes siguientes: Mediante escrito con sello de recepción de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, Jesús Arizmendi Ochoa solicitó su libertad anticipada (f. 16). Por acuerdo de la misma fecha, la Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca Estado, formó cuaderno de antecedentes y giró oficio al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, a quien solicitó un informe sobre la situación jurídica del sentenciado, así como la remisión del expediente criminológico (f. 17-18). Mediante oficio DGPRS/DTL/089/2017 de doce de enero de dos mil diecisiete, el Director Técnico Legal del de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, informó a la juez responsable, respecto de la sesión celebrada el nueve de enero de la misma anualidad por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario denominado "Santiaguito", relativa a la integración del expediente clínico criminológico que le fuere solicitado (f. 19). En proveído de dieciséis de enero de dos diecisiete, la juez responsable recibió el aludido oficio y proveyó: "Vista, la razón de cuenta se tiene por recibido el oficio DGPRS/DTL/089/2017, signado por el P.D. Juan José Perdomo Pichardo, Director Técnico Legal adscrito a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México; mediante el cual y en atención al oficio 3322, informa en lo medular que la persona privada de la libertad Jesús Arizmendi Ochoa fue sesionado en Consejo Técnico Interdisciplinario de fecha nueve del año en curso del centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiaguito", Almoloya de Juárez, México, por lo que una vez debidamente integrado el expediente clínico criminológico con el dictamen y los estudios de las áreas técnicas que integren el Consejo, será remitido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 189 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México vigente hasta el treinta de septiembre del año dos mil nueve; glósese el oficio de cuenta a los presentes autos para que obre como corresponda; por otra parte, la suscrita queda enterada de las manifestaciones vertidas en el oficio de cuenta y a la espera de que en su oportunidad el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México rinda el informe solicitado mediante proveído que antecede y remita el expediente clínico criminológico del sentenciado de mérito." Siendo éste el estado procesal que guardan los autos del juicio de origen, del cual emana el acto reclamado en esta instancia constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, toda vez que las partes no las hicieron valer, ni este juzgador advierte de oficio alguna causa de improcedencia, se procede al estudio del asunto. SEXTO. Conceptos de violación y estudio de fondo. El quejoso hizo valer, en síntesis, el siguiente concepto de violación. Que conforme al artículo 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, la responsable está obligada a resolver respecto de los beneficios de libertad anticipada, sin que a la fecha haya resuelto sobre su situación jurídica. Es infundado el motivo de inconformidad expuesto por la parte quejosa, por las siguientes consideraciones. Los artículos 189 fracciones V a IX, XII y XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México vigente hasta el treinta de septiembre del año dos mil nueve, así como 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del Reglamento Interior de los Juzgados de Ejecución de Sentencias en el Estado de México, establecen: "Artículo 189. El Juez Ejecutor de Sentencias, tendrá las siguientes atribuciones: (.) V. Elaborar y emitir las resoluciones judiciales apoyándose en los dictámenes que emitan los Consejos Interno y Técnico Interdisciplinarios, de todos aquellos internos con sentencia que ha causado ejecutoria y que estén en posibilidad de obtener los beneficios que establece ésta Ley, respecto de las medidas preliberacionales, la remisión parcial de la pena y la libertad condicional, sin perjuicio de ordenar la repetición, ampliación o desahogo de éstos; VI. Solicitar a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social dictamen del Consejo Técnico Interdisciplinario en relación a la aplicación de las medidas de preliberación, remisión parcial de la pena y libertad condicional; VII. Resolver sobre el otorgamiento del tratamiento preliberacional contenido en ésta ley, apoyándose en los dictámenes técnicos e informes emitidos por los Consejos Técnico e Interno Interdisciplinarios correspondientes; VIII. Resolver sobre la remisión parcial de la pena, apoyándose en los dictámenes técnico jurídicos e informes emitidos por los Consejos Técnico e Interno Interdisciplinarios correspondientes; IX. Resolver sobre el otorgamiento de la libertad condicional, apoyándose en los dictámenes técnicos jurídicos e informes emitidos por los Consejos Técnico e Interno Interdisciplinarios correspondientes; (.) XII. Resolver sobre el otorgamiento del beneficio de libertad condicionada al Sistema de Localización y Rastreo contenido en esta ley, apoyándose en los dictámenes técnicos e informes emitidos por los Consejos Técnico e Interno Interdisciplinarios correspondientes; y XIII. Las demás que señalen otras disposiciones legales." "Artículo 26. El procedimiento para otorgar beneficios o tratamiento, se iniciará de oficio o a petición del interno. Artículo 28. Se iniciará a petición de parte cuando lo solicite el interno. Artículo 29. Cuando el interno reúna los requisitos legales para ser susceptible de obtener beneficios o tratamiento correspondientes, el Juez radicará el expediente respectivo y solicitará a la Dirección que en un plazo perentorio remita debidamente integrado el expediente clínico-criminológico y los correspondientes dictámenes de los Consejos Técnico e Interno, respecto de la situación técnico-jurídica del interno. Artículo 30. Cuando no se encuentre debidamente integrado el expediente clínicocriminológico, falten dictámenes de los Consejos Técnico o Interno, o el Juez estime que no están actualizados o deban ampliarse, solicitará a la Dirección que en un plazo no mayor de 10 días hábiles, se realicen y remitan los estudios o dictámenes complementarios, así como los demás faltantes del expediente. Artículo 31. Cuando el Juez estime que es pertinente la práctica o ampliación de alguna diligencia, dictamen o estudio para resolver eficientemente, podrá realizarla o solicitar el dictamen o la aplicación de nuevos estudios a la Dirección o al cuerpo de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Artículo 32. Una vez integrado el expediente, el Juez dará vista al Ministerio Público adscrito para que dentro del término de tres días, proceda a su desahogo, si así lo estima conveniente. Artículo 33. El Juez en todo momento, hasta antes de dictar la resolución que corresponda, podrá solicitar todos aquellos informes, dictámenes o elementos de convicción que estime convenientes, y que sean necesarios para la mejor solución del asunto de que se trate. Artículo 34. El Juez goza de libertad, bajo su prudente arbitrio, para valorar los dictámenes, estudios, informes y demás elementos allegados al expediente, analizándolos en lo individual y en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia." (El énfasis es propio). En armonía con lo expuesto, el análisis de los dispositivos legales transcritos establece claramente el trámite a seguir, en aquéllos casos en que existe la petición de un sentenciado para analizar la viabilidad en la aplicación de un beneficio previsto en la ley, en el caso concreto, la preliberación. Conforme a ello, a fin de resolver sobre bases sólidas la procedencia del beneficio en comento, es necesario que la juez de ejecución de sentencias, agote los siguientes pasos: Integrar el expediente particular del interno, hoy quejoso, con los documentos, dictámenes y datos necesarios para resolver sobre el beneficio. Solicitar a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado que en un plazo perentorio remita debidamente integrado el expediente clínico-criminológico y los dictámenes de los Consejos Técnico e Interno del Centro Penitenciario en que se halla recluido el peticionario, respecto de la situación técnico jurídica de éste. De no estar debidamente integrado el expediente clínico-criminológico, por faltar los dictámenes de los Consejos Técnico o Interno, o de estimar que no están actualizados o deban ampliarse, solicitará a la Dirección que en un plazo no mayor de 10 días hábiles, se realicen y remitan los estudios o dictámenes complementarios, así como los demás faltantes del expediente. Si estima pertinente la práctica o ampliación de alguna diligencia, dictamen o estudio para resolver eficientemente, podrá realizarla o solicitar el dictamen o la aplicación de nuevos estudios a la Dirección o al cuerpo de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Una vez integrado el expediente, dará vista al Ministerio Público adscrito. Declarado agotado el procedimiento, dentro del término de diez días emitirá resolución. Resta destacar que de conformidad con los preceptos reproducidos, el juez cuenta con amplias facultades para recabar todos aquellos elementos que estime necesarios para resolver el asunto y goza de libertad para valorarlos, según su prudente arbitrio, en atención a las reglas de la lógica y la experiencia. Por tanto, si en la misma fecha en que la juez responsable recibió la petición del aquí quejoso, giró el oficio correspondiente al director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, para que le informara sobre la situación jurídica del sentenciado; y, de igual manera, solicitó la remisión del expediente criminológico debidamente integrado en todas y cada una de la áreas técnicas que constituyen el tratamiento de readaptación (dictámenes y datos necesarios para resolver sobre el beneficio), para lo cual otorgó un término perentorio de diez días hábiles, es factible concluir que se encuentra ceñida al procedimiento indicado. De ahí que no exista violación en detrimento de los derechos del quejoso, en específico, el acceso efectivo a la justicia. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 113/2001, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Materia Constitucional, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya literalidad es: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." Máxime que del oficio DGPRS/DTL/089/2017 de doce de enero de dos mil diecisiete, signado por el Director Técnico Legal del de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, se observa que fue el nueve del mismo mes, en que el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Penitenciario denominado "Santiaguito", sesionó al interno Jesús Arizmendi Ochoa para dar inicio a la elaboración de los dictámenes y estudios de las áreas técnicas que se requieren para la valoración del beneficio peticionado, el cual fue recibido y acordado por la juez responsable el dieciséis de enero de dos mil diecisiete (un día antes de la presentación de la demanda que dio origen al presente amparo). Por tanto, es factible señalar que la Juez de Ejecución de Sentencias de Toluca, Estado de México, no se encuentra en facultades de emitir la resolución correspondiente a la petición del beneficio de preliberación elevada por el quejoso ante su potestad; ello, hasta en tanto el Consejo Técnico Interdisciplinario del centro penitenciario en que se encuentra recluido el quejoso, concluya con la actualización de los dictámenes y estudios solicitados, los cuales pueden ser ampliados a petición de la juez responsable una vez que se reciban; y, en consecuencia, no se advierte dilación en perjuicio de los derechos del quejoso para resolver sobre la libertad anticipada solicitada mediante petición de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Así, dado que los conceptos de violación resultaron infundados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, siendo menester precisar que en el caso, el suscrito no advirtió circunstancia alguna en la que tuviese aplicación la suplencia de la queja deficiente, ya que como se ha visto y a consideración de quien resuelve, la autoridad responsable no vulneró los derechos del quejoso. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La JUSTICIA DE UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Jesús Arizmendi Figueroa, contra el acto que reclamó de la autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
SE RESUELVE: ÚNICO: LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA"
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la parte quejosa, en proveído de veinticuatro de enero de los cursantes, con el informe justificado de la responsable; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos de este día, y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, para su celebración.
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