Jesús Antonio Espinos Mejía

Expediente 1311/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1311/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
03/02/2022

Partes del expediente

  • Jesús Antonio Espinos Mejía

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de febrero de dos mil veintidós. ACUSE Intégrese para que obre como corresponda el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, a través del cual, acusa recibo del expediente E.P.J.1/2/2020; mismo que le fue devuelto mediante oficio 32952/2021, de tres de enero pasado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede ... se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, devuélvase a la Junta responsable, el anexo que remitió al sumario en que se actúa, en complemento a su informe justificado, solicitado el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Visto el oficio de cuenta, por medio del cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, informa que el tribunal de su adscripción declinó competencia, respecto del juicio de amparo directo 270/2021 de su índice y adjunta demanda de amparo original y sus anexos; entre ellos el expediente laboral +++++++, en veinte fojas. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO En esas condiciones, en términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, se asume el conocimiento del asunto; asimismo, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1311/2021-I-A; háganse las anotaciones respectivas. Acúsese recibo. DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro del escrito de demanda se advierte que el directo quejoso reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México: La resolución de once de noviembre de dos mil veinte, emitida en el juicio laboral ++++++++++, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, mediante la cual, declaró improcedente la medida cautelar relativa al secuestro de bienes (embargo precautorio). Expuesto lo anterior, este Juzgado estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los preceptos anteriores se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro de juicio que no son de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente o de manera directa derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, propiedad entre otros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es de los que irrogan perjuicio de imposible reparación al quejoso, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. En esta tesitura, el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto combatido consistente en la resolución de once de noviembre de dos mil veinte, con motivo de la tramitación del embargo precautorio dictado en el juicio laboral E.P.J.1/2/2020, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por la que se declaró improcedente la medida cautelar de secuestro de bienes, no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación; lo anterior, porque dicho acto, en todo caso, sólo afecta derechos procesales del impetrante de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis visible en la página 2363, Tomo: XXVII, Abril de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto son los siguientes: "EMBARGO PRECAUTORIO. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU NEGATIVA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CONTRA LA CUAL PROCEDA EL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el juicio de garantías ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, lo que se actualiza cuando afectan de manera directa e inmediata algunos de los derechos del gobernado tutelados por la Constitución Federal, lo que no acontece tratándose de la resolución que confirma el auto dictado en primera instancia, en el que se negó decretar el embargo precautorio de bienes, por estimar que al haberse iniciado el juicio, la solicitud debe sustanciarse en la vía incidental y con audiencia del demandado, en virtud de que tal negativa sólo produce efectos intraprocesales, aunado a que en términos del criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LVIII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, octubre de 2004, página 10, bajo el rubro: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.", los actos procesales se tornan de ejecución irreparable, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural; características que no reviste un acto de la anotada naturaleza, por lo que el amparo promovido en su contra es improcedente, al actualizarse la causal prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con aquel dispositivo, aplicado a contrario sensu." Lo anterior, pues de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio de garantías indirecto resulta improcedente contra los actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como en el caso acontece, pues no es un acto que lleve en sí mismo una ejecución de imposible reparación, toda vez que no causa algún daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación material, directa e inmediata en sus derechos sustantivos protegidos por las garantías constitucionales, y cualquier afectación que pudiera resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro del procedimiento de origen. En efecto, como se advierte de párrafos precedentes, el acto impugnado por la parte quejosa no es de aquellos que afectan materialmente algunos de los derechos fundamentales o sustantivos del gobernado tutelados por la Constitución General de la República o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que, en su caso, se trata de una violación de carácter intraprocesal que no causa un perjuicio de imposible reparación, pues ello sólo podrá ocurrir en caso de que dicha violación trascienda en el resultado del fallo y, de ser así, esa transgresión podrá ser motivo de impugnación en el amparo directo que se promueva en contra la sentencia que se dicte en el juicio o del acuerdo o resolución que ponga fin al mismo. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda intentada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dieciséis de enero de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2021. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. .

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO CORRESPONDIENTE, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINITUNO POR MEDIO DE LISTA: "Toluca, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Visto el oficio de cuenta, por medio del cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, informa que el tribunal de su adscripción declinó competencia, respecto del juicio de amparo directo 270/2021 de su índice y adjunta demanda de amparo original y sus anexos; entre ellos el expediente laboral +++++++, en veinte fojas. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO En esas condiciones, en términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, se asume el conocimiento del asunto; asimismo, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1311/2021-I-A; háganse las anotaciones respectivas. Acúsese recibo. DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro del escrito de demanda se advierte que el directo quejoso reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México: La resolución de once de noviembre de dos mil veinte, emitida en el juicio laboral ++++++++++, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, mediante la cual, declaró improcedente la medida cautelar relativa al secuestro de bienes (embargo precautorio). Expuesto lo anterior, este Juzgado estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los preceptos anteriores se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro de juicio que no son de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente o de manera directa derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, propiedad entre otros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es de los que irrogan perjuicio de imposible reparación al quejoso, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. En esta tesitura, el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto combatido consistente en la resolución de once de noviembre de dos mil veinte, con motivo de la tramitación del embargo precautorio dictado en el juicio laboral E.P.J.1/2/2020, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por la que se declaró improcedente la medida cautelar de secuestro de bienes, no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación; lo anterior, porque dicho acto, en todo caso, sólo afecta derechos procesales del impetrante de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis visible en la página 2363, Tomo: XXVII, Abril de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto son los siguientes: "EMBARGO PRECAUTORIO. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU NEGATIVA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CONTRA LA CUAL PROCEDA EL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el juicio de garantías ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, lo que se actualiza cuando afectan de manera directa e inmediata algunos de los derechos del gobernado tutelados por la Constitución Federal, lo que no acontece tratándose de la resolución que confirma el auto dictado en primera instancia, en el que se negó decretar el embargo precautorio de bienes, por estimar que al haberse iniciado el juicio, la solicitud debe sustanciarse en la vía incidental y con audiencia del demandado, en virtud de que tal negativa sólo produce efectos intraprocesales, aunado a que en términos del criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LVIII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, octubre de 2004, página 10, bajo el rubro: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.", los actos procesales se tornan de ejecución irreparable, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural; características que no reviste un acto de la anotada naturaleza, por lo que el amparo promovido en su contra es improcedente, al actualizarse la causal prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con aquel dispositivo, aplicado a contrario sensu." Lo anterior, pues de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio de garantías indirecto resulta improcedente contra los actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como en el caso acontece, pues no es un acto que lleve en sí mismo una ejecución de imposible reparación, toda vez que no causa algún daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación material, directa e inmediata en sus derechos sustantivos protegidos por las garantías constitucionales, y cualquier afectación que pudiera resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro del procedimiento de origen. En efecto, como se advierte de párrafos precedentes, el acto impugnado por la parte quejosa no es de aquellos que afectan materialmente algunos de los derechos fundamentales o sustantivos del gobernado tutelados por la Constitución General de la República o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que, en su caso, se trata de una violación de carácter intraprocesal que no causa un perjuicio de imposible reparación, pues ello sólo podrá ocurrir en caso de que dicha violación trascienda en el resultado del fallo y, de ser así, esa transgresión podrá ser motivo de impugnación en el amparo directo que se promueva en contra la sentencia que se dicte en el juicio o del acuerdo o resolución que ponga fin al mismo. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda intentada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dieciséis de enero de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2021. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles." .

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