Jesús Argüelles Besanilla
Expediente 1129/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 25 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1129/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 19/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jesús Argüelles Besanilla
- Juan Santos Hernández
- Juan Santos Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Devuélvase al Tribunal responsable el tomo de constancias, así como el documento original que obra en la caja de valores, mismos que exhibió en apoyo a su informe de ley. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que no fue posible el desahogo de la diligencia de muestreo caligráfico con cargo al quejoso, fijada para las once horas del veintiuno de febrero del año en curso, en virtud de la inasistencia de éste último. Ahora bien, de constancias de autos se advierte que mediante proveído de uno de febrero del presente año, se fijó la fecha y hora referida a efecto de desahogar la diligencia de muestreo caligráfico con cargo al quejoso, apercibiendo a éste último que en caso de no presentarse, la firma objetada de falsa (la cual obra en la demanda de amparo) se tendría como no estampada de su puño y letra, de conformidad con el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, el seis de febrero del presente año, al quejoso se le dejó citatorio en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, a efecto de que en el término de dos días hábiles compareciera en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional, para que se le notificara personalmente el acuerdo de uno de febrero año en curso (de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la ley de la materia), sin embargo en virtud de su inasistencia dentro del plazo referido, el once de febrero de la presente anualidad el actuario de la adscripción precedió a notificarle tal acuerdo por medio de lista. Sobre tales bases resulta inconcuso que, no obstante que el quejoso se encontraba debidamente notificado del requerimiento realizado mediante proveído de uno de febrero de dos mil diecinueve, no se presentó en las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito a las once horas del veintiuno del mes y año en que se actúa, para el desahogo de la diligencia de muestreo caligráfico a su cargo, en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento ahí realizado, por ende con fundamento en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se determina que la firma objetada de falsa (la cual obra en la demanda de amparo), se tiene como no estampada del puño y letra de Jesús Argüelles Besanilla. En otro orden, atendiendo a lo antes expuesto, el suscrito considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 6°, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos legales aludidos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Del primer artículo trascrito se observa que, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, conforme al precepto citado en segundo lugar, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley, asimismo, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. De análisis conjunto de tales normas, se advierte que cuando no existe manifestación de voluntad (firma) por parte del quejoso para instar el juicio de amparo, ello conlleva a que no existe instancia de parte agraviada, de ahí que ante la falta de ésta, resulta la actualización de un motivo de improcedencia. Apoya lo anterior la jurisprudencia 156, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintiocho, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "DEMANDA FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Así como la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página trescientos quince, del volumen X, octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Por tanto, en virtud que en el presente proveído se determinó que la firma estampada en la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, no fue estampada del puño y letra de Jesús Argüelles Besanilla, en consecuencia el suscrito considera que no se ha ejercitado la acción constitucional, pues tal circunstancia equivale a su falta de voluntad para instar el juicio de amparo. De lo anterior, deviene inconcuso que no se aprecia la voluntad del compareciente, es decir, no hay instancia de parte, pues si no obra en la demanda de amparo la firma de Jesús Argüelles Besanilla, no puede considerarse ejercitada la acción constitucional, por ser aquélla una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte que interesa la tesis aislada 1.150.A.17 K (9a.), con registro número 171,799, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente". Consecuentemente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 6°, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, por ende, se deja sin efectos la reanudación de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta minutos del seis de marzo del año en curso. Es aplicable a la anterior determinación las jurisprudencias 2a./J. 25/2012 (10a.) y 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas respectivamente en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1279; y Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, que disponen: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia". "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo antes expuesto hágase del conocimiento del perito oficial William Abraham Avalos Verdin, que ya no se hace necesario su auxilio en el presente asunto. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y PERITO EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que no fue posible el desahogo de la diligencia de muestreo caligráfico con cargo al quejoso, fijada para las once horas del veintiuno de febrero del año en curso, en virtud de la inasistencia de éste último. Ahora bien, de constancias de autos se advierte que mediante proveído de uno de febrero del presente año, se fijó la fecha y hora referida a efecto de desahogar la diligencia de muestreo caligráfico con cargo al quejoso, apercibiendo a éste último que en caso de no presentarse, la firma objetada de falsa (la cual obra en la demanda de amparo) se tendría como no estampada de su puño y letra, de conformidad con el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, el seis de febrero del presente año, al quejoso se le dejó citatorio en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, a efecto de que en el término de dos días hábiles compareciera en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional, para que se le notificara personalmente el acuerdo de uno de febrero año en curso (de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la ley de la materia), sin embargo en virtud de su inasistencia dentro del plazo referido, el once de febrero de la presente anualidad el actuario de la adscripción precedió a notificarle tal acuerdo por medio de lista. Sobre tales bases resulta inconcuso que, no obstante que el quejoso se encontraba debidamente notificado del requerimiento realizado mediante proveído de uno de febrero de dos mil diecinueve, no se presentó en las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito a las once horas del veintiuno del mes y año en que se actúa, para el desahogo de la diligencia de muestreo caligráfico a su cargo, en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento ahí realizado, por ende con fundamento en el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se determina que la firma objetada de falsa (la cual obra en la demanda de amparo), se tiene como no estampada del puño y letra de Jesús Argüelles Besanilla. En otro orden, atendiendo a lo antes expuesto, el suscrito considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 6°, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos legales aludidos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Del primer artículo trascrito se observa que, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, conforme al precepto citado en segundo lugar, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley, asimismo, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. De análisis conjunto de tales normas, se advierte que cuando no existe manifestación de voluntad (firma) por parte del quejoso para instar el juicio de amparo, ello conlleva a que no existe instancia de parte agraviada, de ahí que ante la falta de ésta, resulta la actualización de un motivo de improcedencia. Apoya lo anterior la jurisprudencia 156, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintiocho, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "DEMANDA FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Así como la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página trescientos quince, del volumen X, octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Por tanto, en virtud que en el presente proveído se determinó que la firma estampada en la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, no fue estampada del puño y letra de Jesús Argüelles Besanilla, en consecuencia el suscrito considera que no se ha ejercitado la acción constitucional, pues tal circunstancia equivale a su falta de voluntad para instar el juicio de amparo. De lo anterior, deviene inconcuso que no se aprecia la voluntad del compareciente, es decir, no hay instancia de parte, pues si no obra en la demanda de amparo la firma de Jesús Argüelles Besanilla, no puede considerarse ejercitada la acción constitucional, por ser aquélla una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte que interesa la tesis aislada 1.150.A.17 K (9a.), con registro número 171,799, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente". Consecuentemente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 6°, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, por ende, se deja sin efectos la reanudación de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta minutos del seis de marzo del año en curso. Es aplicable a la anterior determinación las jurisprudencias 2a./J. 25/2012 (10a.) y 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas respectivamente en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1279; y Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, que disponen: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia". "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo antes expuesto hágase del conocimiento del perito oficial William Abraham Avalos Verdin, que ya no se hace necesario su auxilio en el presente asunto.
- Principal
Visto el estado de autos, del que se advierte que mediante proveído de uno de febrero de dos mil diecinueve, se señalaron las once horas del veintiuno de febrero del presente año, a efecto de desahogar la diligencia de muestreo caligráfico con cargo al quejoso; en tal virtud, a efecto de dar oportunidad al desahogo de la referida diligencia, se difiere la reanudación de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se programan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma.
Quedan 21 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
- Jesus Alejandro Medellin Ibarra1508/2022
- Jesus Alejandro Ortiz Padilla652/2022
- Jesús Alfredo Payán Reyes1010/2023
- Jesús Alonso Torres1002/2023
- Jesus Andres Hernández Araujo321/2018
- Jesús Antonio Martínez Sánchez631/2023
- Jesus Argüelles Besanilla1177/2017
- Jesús Argüelles Besanilla298/2018
- Jesus Argüelles Besanilla127/2021
- Jesús Argüelles Besanilla640/2018
- Jesus Arturo Orendadin Arriaga829/2021
- Jesus Ascencion Hernandez Puente472/2019