Jesus Alejandro Ortiz Padilla

Expediente 652/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
652/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Jesus Alejandro Ortiz Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de junio de dos mil veintidós. Se declara auto consentido. Visto el estado de autos, se declara consentido el acuerdo que declaro cumplida ejecutoria. Documento susceptible de devolución. agréguese el escrito de cuenta Se desecha denuncia de repetición. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficios que se remitan a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Agregan oficios. devuelve parcialmente diligenciado el exhorto Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Recepción de pieza postal. Glósese a los autos la pieza postal devuelta por el Administrador de Correos de esta ciudad, relativa al oficio 3717/2021, dirigido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la anotación que indica. En tal virtud reenvíense al domicilio correcto, a fin de que tenga conocimiento del recurso de revisión interpuesto en el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Razón: En diecinueve de mayo de dos mil veintidós, el licenciado Arturo Itzcóatl Hernández García, Secretario del Juzgado, da cuenta a la Juez, con la(s) promoción(es) registrada(s) con el(los) número(s) de correspondencia interna 8903. Conste.San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Recepción de escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual desahoga la vista otorgada mediante proveído de nueve de mayo del año en curso y realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento informado, mismas que serán tomadas en consideración al resolver enseguida sobre dicha cuestión. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que: 1. En el asunto que nos ocupa, con fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó y por otra, se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. 2. Contra la anterior determinación, la parte quejosa interpuso el recurso de revisión, mismo que correspondió conocer y resolver al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, registrándolo bajo el toca 447/2021. 3. En sesión ordinaria virtual de siete de abril del año en curso, el citado Tribunal emitió la resolución correspondiente, en la que por una parte modifico, por otra sobreseyó y por último, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí: "I. Deje insubsistente la resolución reclamada. II. Dicte una nueva en la que: II.I En relación con las medidas de rehabilitación, específicamente, en lo relativo a la atención médica, remita a la quejosa a efecto de que reciba una valoración médica general o especializada, según lo determine, a efecto de establecer si requiere o no acceso a las garantías establecidas en materia de atención médica para efecto de satisfacer las medidas de rehabilitación física previstas en el artículo 62, fracción I, de la ley en comento. II.II. Con base en lo anterior, determine lo que corresponda respecto de la procedencia de la medida de compensación, consistente en el daño sufrido en la integridad física de la víctima. II. III. En los términos precisados en la presente ejecutoria y en observancia al derecho de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, funde y motive lo que estime procedente respecto a la procedencia o no de la medida de satisfacción relativa a la disculpa pública peticionada. II. IV. En observancia al principio de exhaustividad, emita el pronunciamiento correspondiente sobre las medidas de no repetición propuestas por la aquí quejosa y cuyo estudio omitió, relativas a: - la prohibición de los policías responsables de acercarse a su domicilio y a de su familia y se abstengan de causarles cualquier molestia en sus personas y bienes (foja 91 del cuaderno anexo); y, - a impulsar y conocer el resultado de las investigaciones en los órganos internos de control en la averiguación previa iniciada contra funcionarios públicos hasta que se logre una sentencia justa (foja 92 del cuaderno anexo). En la inteligencia de que se deberán reiterar los aspectos ajenos a la presente concesión.". 4. En proveído de veintiséis de abril del año actual, se tuvieron recibidos los autos del presente expediente, así como el testimonio de la ejecutoria de amparo remitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, asimismo, se requirió a la responsable, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí, a fin de que en el término legal diera cumplimiento a la citada ejecutoria. Informes sobre el cumplimiento. 5. Mediante oficio recibido el cuatro de mayo del año en curso, el Encargado de Despacho y Director General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Directora del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y el Director del Registro Estatal de Víctimas, como integrantes del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, informaron que con fecha veintisiete de abril de dos mil veintidós, se dejó sin efectos la resolución combatida, dictada dentro del expediente CIE-14/2020 y se ordenó emitir una nueva resolución, atendiendo los lineamientos observados por la autoridad judicial federal, acompañando copia certificada de dicho fallo, dictado el dos de mayo de la anualidad en curso, en los referidos autos. Valoración probatoria. 6. Documental(es) a la(s) cual(es) se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2 y que resulta(n) suficiente(s) para demostrar: - Que se dejó insubsistente la resolución reclamada; y, - Que se dictó una nueva resolución. Análisis de las consideraciones vertidas en la ejecutoria. Ahora bien, a fin de determinar si la nueva resolución se emitió atendiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, debemos partir de las consideraciones expuestas por el Primer Tribunal Colegiado de este Noveno Circuito, que modificó la sentencia dictada por este juzgado. Así, en el considerando décimo primero, en el cual se desarrolló el estudio de los conceptos de violación, por una parte se precisó que, de acuerdo con lo señalado en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, indica que las medidas que debe cumplir la reparación integral del daño, se encuentran previstas en su artículo 25, desglosadas en sus componentes, en los artículos 61, 62, 73 y 74; por lo que, cada medida atiende a una finalidad específica, a saber: - Medidas de restitución: Medidas para restablecer a la víctima, en la medida de lo posible, a la situación anterior al hecho victimizante. - Medidas de rehabilitación: La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos - Medidas de compensación: que tienen una connotación puramente económica, pecuniaria. - Medidas de satisfacción: La satisfacción engloba toda una serie de medidas diversas que tienen en común la finalidad de reconocer la dignidad de la víctima como persona; esto es, el trato a la víctima como titular de derechos, respetando su autonomía y considerándola como el fin de la actuación del Estado. - Garantías de no repetición: Medidas de carácter particular o general cuyo fin es garantizar, en la medida de lo posible, la no repetición del hecho victimizante. Asimismo, trajo a colación que en el asunto que nos ocupa, existe la recomendación 07/2018, de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, en la que se concluyó: - Que en el caso, se vulneraron los derechos humanos a la integridad, seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica, por omisiones atribuibles a elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado y del Municipio de San Luis Potosí; por acciones imputadas a un servidor público de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (al haberse señalado que se ostentó como actuario judicial el día de los hechos que motivaron la queja) así como por omisiones atribuidas a diversos agentes del Ministerio Público encargados de la integración de diversas carpetas de investigación. - Recomendando a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, entre otras cuestiones, que reparase el daño en los términos y bajo los alcances que establece la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí. Por otra parte, destacó el tribunal que, de la lectura del escrito presentado por la ahora quejosa el diez de agosto de dos mil veinte, en el que solicitó y realizó una propuesta en relación con la reparación integral del daño causado por violación a sus derechos humanos peticionó medidas de restitución, de rehabilitación primera, segunda y tercera, de compensación, de satisfacción y de no repetición, respecto de las cuales se pronunció en el sentido de que había sido acertado lo resuelto por la responsable; sin embargo, también se señaló (motivo de la concesión del amparo), que era esencialmente fundado lo manifestado por la quejosa en cuanto a que la resolución administrativa combatida (i) no cumplía con las características de ser integral ni efectiva, además de que (ii) no consideraba el contenido de la resolución del órgano no jurisdiccional de protección de derechos humanos en el estado. Primero, porque en el apartado de medidas de rehabilitación, específicamente en lo relativo a la atención médica, la misma no cumplía con las características de ser diferenciada ni efectiva, puesto que era necesario que la autoridad responsable determinara, con fundamento en el artículo 33 de la ley de la materia, remitir a la quejosa a efecto de que recibiera una valoración médica general o especializada, según lo determine, a efecto de establecer si requiere o no acceso a las garantías establecidas en materia de atención médica para efecto de satisfacer las medidas de rehabilitación física contempladas en el artículo 62, fracción I, de la ley en comento (médica, psicológica y psiquiátrica especializadas). Luego, si en el caso, según señaló el tribunal, la responsable dijo que como ya se habían cubierto las medidas de ayuda y asistencia con cargo a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y toda vez que la quejosa gozaba del Seguro Popular a cargo del Instituto de Salud del Bienestar, dicha medida no se traducía en beneficio comprobable para la quejosa, con lo que resultaba patente que la determinación carecía de un elemento concreto y objetivo como una valoración médica, lo que evidenciaba que no se habían atendido a las condiciones específicas de la víctima. Segundo, porque señaló el tribunal de alzada que era incorrecto que la responsable hubiese considerado, al pronunciarse sobre el daño sufrido en la integridad física de la víctima, que no resultaba aplicable la medida de compensación prevista en la fracción I, del artículo 64 de la ley de la materia (reparación del daño sufrido en la integridad física), en el sentido de que no advertía evidencias de daños que hubieren afectado la integridad física de la solicitante; lo anterior fue traducido por dicho tribunal, como una transgresión al derecho legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, relacionado con los derechos de fundamento y motivación, específicamente en torno a la petición formulada por la solicitante, respecto al ofrecimiento de una disculpa pública. Lo anterior, porque en la determinación combatida, la responsable soslayaba exponer el sustento correspondiente, ya que solo definía lo que consideraba constituye una disculpa y que la misma procede cuando se causa un daño grave e irreparable, sin exponer el sustento de su argumento, aunado a que tampoco precisaba las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que la habían conducido a establecer que, en la recomendación, no se analizaron afectaciones graves a la dignidad de la solicitante o daño irreparable. Tercero, porque se transgredió el principio de exhaustividad al pronunciarse la responsable respecto a las medidas de no repetición, relativas a: - La prohibición de los policías responsables de acercarse a su domicilio y a de su familia y se abstengan de causarles cualquier molestia en sus personas y bienes; y, - A impulsar y conocer el resultado de las investigaciones en los órganos internos de control en la averiguación previa iniciada contra funcionarios públicos hasta que se logre una sentencia justa. Conclusiones respecto al análisis de las consideraciones. 7. De todo lo anterior, se tendrá por cumplida la ejecutoria de amparo, siempre y cuando en la nueva resolución se desprenda que: (i) En el apartado de medidas de rehabilitación, específicamente en lo relativo a la atención médica, se cumpla con las características de ser diferenciada y efectiva, determinando, con fundamento en el artículo 33 de la ley de la materia, remitir a la quejosa a efecto de que reciba una valoración médica general o especializada, según lo determine, a efecto de establecer si requiere o no acceso a las garantías establecidas en materia de atención médica para efecto de satisfacer las medidas de rehabilitación física contempladas en el artículo 62, fracción I, de la ley en comento (médica, psicológica y psiquiátrica especializadas); (ii) Al pronunciarse sobre el daño sufrido en la integridad física de la víctima, en torno a la petición formulada por la solicitante, respecto al ofrecimiento de una disculpa pública, proporcione los argumentos y precise las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que la conduzcan a establecer que en la recomendación no se analizaron afectaciones graves a la dignidad de la solicitante o daño irreparable, resolviendo lo conducente a la aplicación de la medida de compensación prevista en la fracción I, del artículo 64 de la ley de la materia (reparación del daño sufrido en la integridad física); y, (iii) Se atiendan las medidas de no repetición propuestas por la solicitante, consistentes en: - La prohibición de los policías responsables de acercarse a su domicilio y a de su familia y se abstengan de causarles cualquier molestia en sus personas y bienes; y, - A impulsar y conocer el resultado de las investigaciones en los órganos internos de control en la averiguación previa iniciada contra funcionarios públicos hasta que se logre una sentencia justa. Manifestaciones. 8. En el ocurso de cuenta, la autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo señala: Que la responsable estaba obligada a emitir una nueva resolución en la que, en relación con las medidas de rehabilitación, específicamente, en lo relativo a la atención médica, a efecto de que la quejosa reciba una valoración médica general o especializada, para efecto de satisfacer las medidas de rehabilitación fiscas previstas en el artículo 62, fracción I, de la ley en comento, sin embargo, que de la resolución de dos mayo pasado, no se advierte que haya dado cumplimiento a la misma, no hay ningún pronunciamiento, ni ninguna indicación tendente a que se realice una valoración médica general o especializada a la quejosa. Que con fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, la quejosa presentó una solicitud de acceso a los recursos del FAARI (Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral), para cubrir medidas de ayuda inmediata, asistencia y atención ante la responsable, para que le fueran reembolsados los gastos que tuvo que erogar por concepto de un tratamiento de extrema urgencia de tipo odontológico, sin embargo, aún no había recibido respuesta. Que, con relación a la propuesta respecto al ofrecimiento de una disculpa pública, dentro del plan de reparación integral por el daño sufrido, se advertía una transcripción exacta del punto 141 de la resolución reclamada, ahora en el punto 174. Que, con relación a las medidas de no repetición (precisadas con antelación), si bien determinó procedente la prohibición de los policías responsables de acercarse al domicilio de la víctima y a su familia y abstenerse de causarles cualquier molestia en sus personas o bienes, no se advertían los oficios que hubiesen girado a las corporaciones policiacas. Con relación al impulso y conocer el resultado de las investigaciones en los órganos internos de control en la averiguación previa iniciada contra los funcionarios públicos hasta sentencia justa, lo único que señaló es que se pondría a disposición de la quejosa, la representación jurídica por parte de la comisión ejecutiva, sin que se advierta una orden directa o precisa a los asesores de que realicen tal investigación o que den el impulso procesal a los citados procedimientos. Análisis de la resolución emitida por la responsable. 9. Acotados los puntos por los cuales se analizará si la ejecutoria se encuentra cumplida, con la emisión del nuevo fallo de dos de mayo del año en curso y vistas las manifestaciones de la parte quejosa, se tiene que en la resolución que emite la responsable: 1. En el apartado de medidas de rehabilitación, específicamente en lo relativo a la atención médica, no se desprende que la autoridad responsable haya dado cumplimiento al fallo protector, en cuanto a que se ocupe de resarcir la vulneración a la integridad física de la quejosa, toda vez que no determinó remitir a la quejosa a efecto de que reciba una valoración médica general o especializada, según lo determine, para establecer si requiere o no acceso a las garantías establecida en materia de atención médica para efecto de satisfacer la medidas de rehabilitación física contempladas en el artículo 62, fracción I, de la ley de la materia. Toda vez que al pronunciarse sobre las medidas de rehabilitación, determinó que la quejosa y los integrantes de su familia, ya reciben atención médica a través del Seguro Popular ahora Instituto de Salud de Bienestar y que, de la actualización del informe social de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno se advertía que en el área de salud, la atención la llevan de manera particular, solicitando a la Comisión Ejecutiva el pago directo de consultas médicas, medicamentos y demás necesidades que requieran con motivo de dichas atenciones. Que por lo que se refiere a la atención psicológica, no se advertía manifestación alguna de la solicitante para intervención en esa materia de la medicina; para finalmente hacer una relación de las consultas de atención médica a las que acudió la quejosa y los apoyos. De ahí que no se desprende la remisión de la quejosa a una valoración médica general o especializada, según se determine, a efecto de establecer si requiere o no acceso a las garantías establecidas en materia de atención médica para efecto de satisfacer las medidas de rehabilitación física contempladas en el artículo 62, fracción I, de la ley en comento (médica, psicológica y psiquiátrica especializadas). 2. En cuanto a la medida de satisfacción relativa a la disculpa pública peticionada, si bien como lo señala la ocursante, el punto 174 que aborda el tema, es transcripción íntegra del 141 de la resolución reclamada, en el punto 175 se desprende el sustento de su argumento, así como las razones particulares que condujeron a la responsable establecer que en la recomendación en comento, no se analizaron afectaciones graves a la dignidad de la solicitante o daño irreparable. Por lo que en ese aspecto, se considera cumplido el efecto amparatorio. 3. No acontece lo mismo en cuanto a las medidas de no repetición, toda vez que, como lo sostiene la quejosa, del informe y anexos no se desprende la remisión y entrega de los oficios a las corporaciones, en las que se les haga saber la prohibición a que se encuentran sujetos y por otro lado, tampoco se desprende orden directa que dé impulso a los procedimientos seguidos en los órganos de control interno, respecto de la averiguación previa iniciada contra los funcionarios públicos involucrados, hasta que se logre una sentencia justa, sino que impone a la quejosa la carga de acudir con los asesores de la comisión, para dar seguimiento a dichos procedimientos, lo que evidentemente revictimiza a la quejosa. Por lo que ese rubro tampoco se encuentra cumplido, conforme a los lineamientos de la ejecutoria. Determinación sobre el cumplimiento. 10. Con base en lo anterior, resulta evidente que aún no se restituye completamente a la disconforme en el goce de sus derechos infringidos; por tal motivo, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, no ha lugar a declarar cumplida la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. Requerimiento. 11. Con base en lo anterior, en seguimiento a lo ordenado por la Superioridad y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí, a fin de que, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado las constancias con las que acredite que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos ordenados en el fallo pronunciado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, dentro del recurso de revisión 447/2021, de siete de abril de dos mil veintidós, determinando: La remisión de la quejosa a valoración médica, general o especializada, según lo determine, para establecer si requiere o no acceso a las garantías establecida en materia de atención médica para efecto de satisfacer la medidas de rehabilitación física contempladas en el artículo 62, fracción I, de la ley de la materia; hecho ello, resuelva lo que en derecho corresponda; y, Ordene las acciones necesarias para atender las medidas de no repetición consistentes en acreditar la remisión de los oficios a las corporaciones policiacas correspondientes, en los que se haga de su conocimiento la prohibición a que se encuentran sujetos y ordenar las acciones necesarias a los asesores de esa comisión, para que se impulsen y se conozca el resultado de las investigaciones en los órganos internos de control en la averiguación previa iniciada contra los funcionarios públicos, hasta sentencia justa. Apercibimiento. 12. En caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo que se concede, sin causa justificada, en términos de los artículos 237, fracción I y 258 del ordenamiento legal en cita, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación, de conformidad con lo previsto en el artículo citado en primer término. Notifíquese personalmente; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficio a la autoridad señalada.

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