Jesús Ángel Jimenez Flores

Expediente 870/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
870/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Jesús Ángel Jimenez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 870/2023-VII, promovido por Jesús Ángel Jiménez Flores, por propio derecho, contra actos de la Secretaria de Educación del Estado y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el seis de julio de dos mil veintitrés, y recibido en este órgano jurisdiccional el siete del mismo mes y año, Jesús Ángel Jiménez Flores, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Secretaria de Educación del Estado y otras autoridades, al que le reclamó el siguiente acto: "(.) ACTO RECLAMADO.- Lo es la dilación excesiva para resolver el procedimiento administrativo sobre inscripción de predio ignorado que solicite por conducto de la Administración de Rentas de Huetamo, Michoacán, en la que cumplí con los requisitos que prevé la Ley de Catastro del Estado (vigente en momento), y sin que esta la fecha (sic), se me haya notificado la resolución administrativa correspondiente, no obstante, de haber cubierto los derechos fiscales por la presentación de dicha solicitud, en la que ejerzo el derecho humano fundamental de petición. (.)." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. 1. De esa demanda correspondió conocer, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, el que, por acuerdo de diez de julio de dos mil veintitrés, requirió a la parte quejosa para que aclarara su demanda amparo, porque no se desprendía intervención alguna de las autoridades que señaló como responsables en las dilaciones impugnadas. 2. Mediante escrito presentado el once de julio de dos mil veintitrés, la parte quejosa indicó que, por un error humano, la demanda presentada no estaba relacionada con las autoridades señaladas como responsables, los antecedentes, los conceptos de violación, ni con el capítulo de suspensión del acto reclamado, en ese sentido, indicó que la aclaraba en los términos siguientes: "(.) ACTO RECLAMADO. 1. Lo es el oficio con número SRÍA/ACAD/FDCS/NÚM.OF.0127/2023, de fecha 30 de mayo de 2023, que remitió el Dr. Sergio Carmelo Domínguez Mota, Presidente del H. Consejo Técnico, y Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, al Dr. Edgar Martínez Altamirano; Secretario Particular de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el que da respuesta al memorándum número 0406/2023, respecto al escrito sin firma del C. Jesús Ángel Jiménez Flores, en el que solicita a la rectora de la Máxima Casa de Estudios le ayude a resolver su situación de titulación; que se sometió a consideración del H. Consejo técnico de esa dependencia en fecha del 22 de mayo del año en curso, la problemática planteada; debido a que realizó el examen de CENEVAL en diciembre de 2022, pero no presenté ante la Secretaria Académica de esa dependencia mis documentos y/o expediente de la modalidad "titulación por evaluación nacional de conocimientos (CENEVAL)", como lo marca el artículo 64 del Reglamento de Titulación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y, además, se corroboró en la sección de control escolar de esa facultad los antecedentes del suscrito quejoso de los cuales se puede apreciar que concluí la carrera de licenciado en derecho en el ciclo escolar en el 17/18 SA, por lo tanto, como lo establece el artículo No. 3, b) del citado Reglamento, el solicitante únicamente podrá titularse a través de la modalidad "Titulación por Curso de Especialización". 2. La inconstitucionalidad del artículo 3°, inciso b), del Reglamento de Titulación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. (.)." En esa promoción, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 1°, 5° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Así, previas prevenciones y sus cumplimientos, por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo; solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. A las once horas con cincuenta minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, porque la parte quejosa reclama actos de autoridades en materia administrativa con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, de su aclaración, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, de su aclaración, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional consisten en: La inconstitucionalidad del artículo 3°, inciso b), del Reglamento de Titulación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, emitido el treinta y uno de agosto de dos mil once, en el Salón de Sesiones del H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de tal casa de estudios. Numeral que, afirmó el promovente del amparo, tuvo como primer acto de aplicación el oficio número SRÍA/ACAD/FDCS/NÚM.OF.0127/2023, de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el que el Presidente del Consejo Técnico de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, determinó que el aquí quejoso únicamente podía titularse a través de la modalidad de "Titulación por Curso de Especialización". Precisión que se realiza en esos términos, debido a que si bien la parte quejosa, en su demanda de amparo, indicó un diverso acto reclamado, consistente en "la dilación excesiva para resolver el procedimiento administrativo sobre inscripción de un predio", también lo es que en las aclaraciones de tal promoción presentadas con posterioridad, precisó que por un error involuntario la demanda no estaba relacionada y, para tal efecto, anexó la que consideró sí precisaba el acto reclamado, haciendo valer los antecedentes y motivos de disenso correspondientes. Por ende, tampoco serán motivo de análisis constitucional los antecedentes y conceptos de violación vertidos en el escrito inicial de seis de julio de dos mil veintitrés, sino únicamente los establecidos en la aclaración de demanda. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Conforme lo precisa la agente del Ministerio Público de la Federación, al rendir su pedimento, no son ciertos los actos reclamados atribuidos a la (1) Secretaria de Educación del Estado y a la (2) Rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, toda vez que, al rendir sus informes justificados, negaron su existencia, por lo que así deberá tenérseles. Habida cuenta que la parte quejosa no aportó prueba idónea para desvirtuar dicha negativa, aun y cuando los actos reclamados son de naturaleza positiva. De ahí que ante la inexistencia precisada, se sobresee en el presente juicio de amparo únicamente por cuanto ve a los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables indicadas, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." "SOBRESEIMIENTO, ACTOS RECLAMADOS INEXISTENTES. Cuando las autoridades responsables niegan la existencia de los actos reclamados, recae en la quejosa la carga de demostrar lo contrario; de tal manera que si no desvirtúa los informes justificados, procede el sobreseimiento del juicio en términos del artículo 74 fracción IV de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Contrario a lo referido por la agente del Ministerio Público de la adscripción en su pedimento, son ciertos los actos reclamados a las restantes autoridades responsables Director y Presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los cuales se encuentran representados por la misma persona, ello porque si bien no afirmaron o negaron la existencia de los actos reclamados, también lo es que realizaron manifestaciones en cuanto a su certeza. Además, dicha existencia se corrobora con las constancias que anexó a su informe justificado; las que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y crean plena convicción en este Juzgador al no ser objetadas por las partes, por el contrario corroboran lo señalado por el quejoso en su demanda de amparo. QUINTO. Antecedentes relevantes. Previo a determinar lo conducente, conviene traer a glosa los principales antecedentes de los actos reclamados, con el propósito de lograr mayor claridad en la presente determinación; los que se obtienen de lo narrado bajo protesta de decir verdad por el quejoso en su demanda de amparo, así como de los diversos documentos que anexó a dicho escrito inicial, y a los ofrecidos por las responsables, al rendir sus informes justificados, en los términos siguientes: 1. Con fecha dieciocho de abril de dos mil veintitrés, el quejoso presentó una solicitud de resolución para titulación a la Rectora y Secretario Administrativo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por vía electrónica (whatsapp), en la cual agregó sus datos, tales como su nombre, matrícula 1369056G, la carrera que cursó y aprobó en el plan de estudios de licenciatura en Derecho, en la modalidad "educación a distancia", extensión "Huetamo", correspondiente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, durante el periodo correspondiente a los ciclos escolares 2013/2014 al 2017/2018. Además, que la plataforma digital electrónica SIIA (Sistema Integral de Información Administrativa), sí le permitió elegir la modalidad de titulación. Así, explica que esa petición fue para que lo ayudara a resolver su situación de titulación, ya que logró obtener un resultado favorable en su examen de CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior), en diciembre de dos mil veintidós. De esa manera, refiere que en tal solicitud afirmó que tenía algunos años de haber egresado e, incluso, desconocía de la modificación al Reglamento de Titulación y, por cuestiones económicas, no logró "abrir expediente" en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; además por la pandemia (COVID-19) se le complicó iniciar su titulación. 2. Señala que el quince de junio del presente año, observó en su correo institucional 1369056g@umich.com, la contestación a la solicitud precisada en el numeral anterior, a la que se anexó el oficio número SRÍA/ACAD/FDCS/NÚM.OF.0127/2023, de treinta de mayo de dos mil veintitrés, signado por el Presidente del Consejo Técnico de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el que, a su vez, le dijo que, sometida su petición al Consejo Técnico de la Dependencia, de conformidad con el artículo 3°, inciso b), del Reglamento de Titulación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, únicamente podía titularse a través de la modalidad denominada "Titulación por Curso de Especialización", con lo que rechazó su solicitud. Hasta aquí los antecedentes de los actos reclamados. SEXTO. Estudio de causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Ahora, es necesario precisar que el artículo 3°, inciso b), del Reglamento de Titulación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no se vincula estrictamente a cuestiones académicas, porque el título profesional, diplomado o grado académico a la persona que haya concluido estudios de tipo superior, se exige para obtener la cédula profesional y así ejercer la profesión de licenciado en Derecho en el Estado de Michoacán, acorde al artículo 5°, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 12 y 13 de la Ley Profesiones del Estado de Michoacán, de ahí que sea analizable su constitucionalidad en el presente juicio de amparo. Así, toda vez que las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló el único concepto de violación que se encuentra en el apartado relativo de la aclaración de la demanda de amparo, el que se da por reproducido en este considerando como si a la letra se transcribiera, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." OCTAVO. Estudio. El único concepto de violación vertido para controvertir los actos reclamados es infundado, por las razones que más adelante se expresarán. Análisis del único concepto de violación relativo a la inconstitucionalidad del artículo 3°, inciso b) del Reglamento de Titulación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. I. Consideración previa, ejercicio del control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad Primeramente, es necesario acotar que de los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva que el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad (no así el difuso) respecto de normas generales por vía de acción está depositado exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva, por medio del análisis exhaustivo de los argumentos que los quejosos propongan en su demanda o en los casos en que proceda la suplencia de la queja, si una disposición es contraria o no a la Constitución Federal y a los derechos humanos previstos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Este argumento se apoya en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de tesis: 16/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006186, Segunda Sala, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I página 984 Jurisprudencia (Común, Administrativa), del rubro y texto siguientes: "CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado." En tal virtud, partiendo de lo argumentado en el presente caso por la parte quejosa sobre el tema de inconstitucionalidad de un artículo de un Reglamento, este resolutor federal en ejercicio del control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad, procede a analizar los argumentos propuestos, a fin de determinar si las disposiciones de carácter general impugnadas expresamente son o no contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales. Sirven de apoyo a lo anterior las CCLXXXIX/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010143 Primera Sala Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II página 1647 Tesis Aislada (Común), que indica: "CONTROL CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SUS DIFERENCIAS. De los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad respecto de normas generales por vía de acción está depositado exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva, por medio del análisis exhaustivo de los argumentos que los quejosos propongan en su demanda o en los casos en que proceda la suplencia de la queja, si una disposición es contraria o no a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el control difuso que realizan las demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, se ejerce de manera oficiosa, si y sólo si, encuentran sustento para ello, respaldándose en el imperio del cual están investidas para juzgar conforme a la Constitución. Por tanto, el control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, es decir, en su competencia específica, se constriñe a establecer la legalidad del asunto sometido a su consideración con base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia. Es aquí donde el juzgador ordinario, al aplicar la norma, puede contrastar, de oficio, entre su contenido y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional (esto es, realizar el control difuso) en ejercicio de una competencia genérica, sin que la reflexión que realiza el juez común, forme parte de la disputa entre actor y demandado. En ese sentido, la diferencia toral entre los medios de control concentrado y difuso estriba, esencialmente, en que en el primero es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley forme parte de la litis, al plantearlo expresamente en su demanda de amparo; mientras que en el segundo, ese tema no integra la litis, que se limita a la materia de legalidad (competencia específica); no obstante, por razón de su función, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento de las partes, el juzgador puede desaplicar la norma que a su criterio no sea acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos". Tesis CCXC/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010144 Primera Sala Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II página 1648, Tesis Aislada (Común), del tenor siguiente: "CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO NO LIMITA NI CONDICIONA EL DEL CONTROL CONCENTRADO. En atención a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso que realizan los Jueces ordinarios, en el ámbito de sus competencias, constituye una herramienta en su labor de decir el derecho conforme a la Ley Suprema. Esta facultad se ha entendido en el sentido de que el órgano judicial puede ejercerla ex officio, esto es, en razón de su función jurisdiccional y sin que medie petición alguna de las partes; sin embargo, es factible que en un juicio contencioso el actor solicite que el juzgador ejerza control difuso respecto de alguna norma. En este caso, al existir un argumento de nulidad expreso, se dan dos posibilidades: 1) que el órgano jurisdiccional coincida con lo expuesto por el actor y considere que debe desaplicar la norma; y, 2) que no convenga con lo solicitado. En este último supuesto, si el órgano del conocimiento considera que la norma no es contraria a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, bastará con que mencione en una frase expresa que no advirtió que la norma fuese violatoria de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesaria una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, pues la norma no le generó convicción que pusiera en entredicho la presunción de constitucionalidad de la que gozan las disposiciones jurídicas de nuestro sistema; ello, porque no puede imponerse al juzgador natural la obligación de contestar de fondo los argumentos de inconstitucionalidad o inconvencionalidad que le hagan valer en la demanda, ya que ese proceder implicaría que la vía se equipare al control concentrado, desvirtuándose con ello la distinción entre los dos modelos de control que están perfectamente diferenciados en nuestro sistema. Por tanto, es inexacto considerar que en su demanda de amparo el quejoso deba combatir el análisis de constitucionalidad efectuado por la autoridad responsable, pues el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de las normas generales por vía de acción se deposita exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva si una disposición es o no contraria a la Constitución Federal y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Además, tratándose de procedimientos de control concentrado, el tema de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad de leyes -planteado expresamente por el solicitante de amparo- forma parte de la litis y, por ende, el Tribunal Colegiado de Circuito está obligado a pronunciarse de forma directa sobre éste. De ahí que los juzgadores de amparo deben abordar el estudio de constitucionalidad de leyes al dictar sentencia en amparo directo cuando estos aspectos sean planteados en los conceptos de violación, sin que los pronunciamientos que hubiese realizado la autoridad responsable en el juicio de nulidad, por medio del ejercicio del control difuso, limiten o condicionen el ejercicio de las facultades del control concentrado". II. Síntesis del único concepto de violación Ahora, en su único concepto de violación, el quejoso aduce que la inconstitucionalidad del artículo 3°, inciso b), del Reglamento de Titulación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, deriva en que da un trato diferenciado discriminatorio, al imponer una modalidad de titulación de un curso de especialización cuando excedan de 3 años después de haber concluido y aprobado el plan curricular de estudios y, con ello, limitarlo a elegir la opción de titulación que prefiera. Afirma que con ello se restringen sus derechos fundamentales de libertad para titularse y obtener su cédula profesional, por ende, también de dedicarse a la profesión de licenciado en derecho, como forma de trabajar de manera lícita. También refiere que dicha disposición normativa impugnada está por encima de las normas constitucionales contenidos en los ordinales 3° y 5°, porque establece de manera imperativa el trámite para titularse por curso de especialización, por la sola razón de que transcurrieron tres años desde que se egresa de la facultad, esto es, extingue las opciones establecidas en el artículo 2° de dicho Reglamento, sin que exista una consideración legal que justifique ese proceder. Argumentos que, como se adelantó, resultan infundados. III. Marco constitucional Contenido del derecho fundamental de igualdad Primeramente, es necesario señalar que de los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se obtiene que ambos reconocen de forma expresa el derecho fundamental de igualdad formal o ante la ley; que en nuestro país implica que todas las personas gozan de los mismos derechos y garantías que tutelan el propio texto constitucional y los tratados internacionales de los que México es parte, así como de los derechos previstos en la normatividad secundaria. Además, como lo ha establecido la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, con la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, las condiciones de aplicación y supuestos de protección de los derechos protegidos por la Constitución, incluido el de igualdad, se ampliaron significativamente con el contenido de los tratados internacionales. Así, ha determinado que el derecho humano a la igualdad jurídica, en su faceta formal, comprende dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley. El primero implica que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación; mientras que el segundo conlleva a que la norma jurídica no contenga diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. Los principios apuntados están referidos al derecho a la igualdad jurídica visto desde un punto de vista formal, en razón de que la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación ha clarificado que la tutela a este derecho humano también comprende una modalidad sustantiva, en la que se busca alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, por lo que en ciertos casos es necesario remover obstáculos sociales, políticos, culturales y económicos que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos. En relación con dicho derecho humano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, en esencia, lo siguiente: La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad humana. De manera que solo es discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación objetiva y razonable". Conceptualmente, las distinciones constituyen diferencias compatibles con la Convención Americana, por ser razonables, proporcionales y objetivas; mientras que las discriminaciones constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos. El principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. Los Estados Parte tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. Adicionado a lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que el derecho humano a la igualdad y no discriminación directa será trastocado, cuando la distinción en la norma y su aplicación obedece explícitamente a alguno de los factores prohibidos o no justificados constitucionalmente, por ejemplo, con base en alguna de las categorías sospechosas previstas en el quinto párrafo del artículo 1° Constitucional. Derecho a la educación y a la libertad de trabajo Ahora, es necesario precisar que del artículo 3°, primer párrafo y fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el derecho a la educación es una prerrogativa que tiene todo ser humano a recibir la formación, instrucción, dirección o enseñanza necesaria para el desarrollo armónico de todas sus capacidades, a través de los programas oficiales establecidos y de conformidad con las normas jurídicas vigentes; para tal fin autoriza a las universidades y demás instituciones de educación superior, a las que la ley les otorgue autonomía, la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas. También que realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de dicho artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; y, determinarán sus planes y programas. Por su parte, los artículos 11 y 14 de la Ley General de Educación Superior, establecen que en los estudios correspondientes a los de licenciatura, a su conclusión, se obtendrá un título profesional correspondiente. En ese sentido, en tales disposiciones el legislador democrático secundario prevé una autorización o delegación expresa que faculta a las instituciones de educación superior para que otorguen un título profesional, diplomado o grado académico a la persona que haya concluido estudios de tipo superior y cumplido los requisitos académicos establecidos en los planes de estudio y ordenamientos aplicables, para ello estas serán las que determinarán los requisitos y modalidades en que sus egresados obtendrán dicho título. Además, faculta al legislador estatal para que establezca cuáles son las profesiones que requieren título para su ejercicio, desde la necesidad de que la sociedad cuente con profesionistas que tengan, al menos, conocimientos básicos para llevarlo a cabo, bajo ciertos estándares mínimos. Tal facultad que tienen las instituciones de educación superior para determinar los requisitos y modalidades en que sus egresados podrán obtener el título profesional, diploma o grado académico correspondiente, se encuentra relacionado con su autonomía universitaria. En ese sentido, se trae a colación lo que al respecto se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la evolución, naturaleza y alcances de la autonomía universitaria, así como su interacción con el derecho fundamental a la educación superior, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 119/2017 (10ª.), de rubro: "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. CONSTITUYE UNA GARANTÍA INSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, POR LO QUE NO PUEDE SER UTILIZADA PARA RESTRINGIRLO", expuso, en lo que interesa, las siguientes premisas relevantes: a) El más alto tribunal del país planteó, entre otras interrogantes a resolver, la siguiente: ¿Cuál es la naturaleza jurídica, alcances y limitaciones que tiene la autonomía universitaria protegida por el artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Al respecto, indicó que el artículo 3o., fracción VII, constitucional establece -en lo que interesa- que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tienen la facultad y responsabilidad de autogobernarse; que realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de ese artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; y que determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, y administrarán su patrimonio. b) Que en varias ocasiones el alto tribunal se había pronunciado sobre el sentido y alcance de la autonomía universitaria, entre las que destacan, el amparo en revisión 337/2001 y el amparo directo en revisión 3123/2013, de los que derivaron las tesis de rubros siguientes: "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA.-SU ALCANCE." y "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS DEBEN TOLERAR UNA MAYOR INTROMISIÓN EN SU DERECHO AL HONOR, A LA VIDA PRIVADA Y A SU PROPIA IMAGEN, CUANDO RECIBAN CRÍTICAS SOBRE SU DESEMPEÑO EN EL CARGO.", y, reiteradamente, ha sostenido que las universidades públicas autónomas son organismos descentralizados del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad es impartir educación pública en términos del artículo 3° constitucional. En ese orden de ideas, dijo, las universidades públicas, como organismos del Estado, no son un fin en sí mismas, sino que constituyen una de las garantías institucionales del derecho humano a la educación superior y, en este sentido, tienen un carácter instrumental dependiente del cumplimiento de sus objetivos constitucionales, a saber: educar, investigar y difundir la cultura. Además que la autonomía universitaria prevista en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal, respecto de las universidades que revistan tal carácter, consiste en la facultad de gobernarse a sí mismas, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; la posibilidad de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la responsabilidad de administrar su patrimonio, con la finalidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en su libertad de enseñanza, sin que ello signifique su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, restringida a sus fines. c) Que el sentido de la autonomía universitaria es proteger el principio de libre enseñanza (libertad de cátedra, de investigación, y de examen y discusión de las ideas), indispensable para la formación y transmisión del conocimiento. Dicho con otras palabras, la autonomía universitaria constituye una garantía institucional de la educación pública y tiene como finalidad proteger las condiciones necesarias para la satisfacción del derecho a la educación superior, así como maximizar el respeto a aquel principio; de ahí que ostenta un carácter exclusivamente instrumental y no constituye, per se, un fin en sí misma. d) En perspectiva histórica, el desarrollo de la garantía institucional de la autonomía universitaria estuvo vinculada la necesidad de repeler la injerencia de poderes extraños a la universidad, como los provenientes del poder político y eclesiástico, dos de los principales escollos que históricamente ha enfrentado el desarrollo del conocimiento. Por ello, dijo la Primera Sala, es importante no confundir la autonomía universitaria, como medio, garantía y arreglo institucional que se predica de una persona jurídica de derecho público (universidad autónoma), con los derechos fundamentales de las personas físicas que son miembros de esta, es decir, la garantía individual de la libertad de enseñanza, como parte del derecho fundamental a la educación superior y sus diferentes haces normativos (entre ellos, la libertad de cátedra), que es el fin. Es decir, el hecho de que la autonomía universitaria tenga una relación instrumental con la maximización de derechos individuales, no implica que ésta sea a su vez un derecho humano de una persona jurídico-colectiva que haya de ponderarse con los derechos humanos de sus miembros. La autonomía universitaria, en tanto garantía institucional de un derecho humano, el derecho a la educación, está subordinada a la maximización de éste. Por lo que, dijo la Suprema Corte, por regla general, el ejercicio legítimo de la autonomía universitaria no puede incluir en ningún caso la restricción de aspecto alguno del derecho a la educación, por lo que aquella no puede invocarse como un argumento que justifique restringir algún aspecto del derecho humano al que está destinada a servir, como podría ser, en el caso, la gratuidad. Sostener lo contrario sería inaceptable, pues sería tanto como afirmar que los medios pueden usarse para frustrar los fines que los justifican. e) A partir de la comprensión de la autonomía universitaria como una garantía institucional del derecho a la educación superior es que puede entenderse su contenido: - por una parte, la facultad de darse sus propias normas ("autonormación"), esto es, la de definir sus estatutos y regulaciones internas; - la potestad de autogobernarse, eligiendo de entre sus miembros, a sus propias autoridades y órganos de gobierno, definiendo los requisitos para ingresar, permanecer y egresar de ella, etcétera; y, - la facultad de administrar su patrimonio, que implica la de establecer distintos mecanismos de financiamiento y de obtener ingresos. Sin embargo, dichas facultades de ninguna manera dotan a las universidades de un régimen de excepcionalidad, extraterritorialidad o privilegio, que las sustraiga del respeto al Estado de derecho, esto es, a los principios y normas del sistema jurídico, pues no son absolutas, ya que deben ejercitarse dentro del marco establecido por la Constitución y las leyes del Estado, y sobre todo, de manera congruente con la finalidad constitucional que están llamadas a garantizar, que es precisamente la plena efectividad del derecho a la educación superior. (Hasta aquí lo resuelto por la suprema corte de justicia de la nación). Tales consideraciones, entre otras, dieron origen a la tesis siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2015590 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 119/2017 (10a.) Página: 132 AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. CONSTITUYE UNA GARANTÍA INSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, POR LO QUE NO PUEDE SER UTILIZADA PARA RESTRINGIRLO. La autonomía universitaria es una garantía institucional del derecho a la educación superior, es decir, tiene un carácter exclusivamente instrumental y no conforma, per se, un fin en sí misma, por lo que es valiosa si y sólo si -y en la medida en que- maximiza el derecho humano a la educación superior. En este sentido, no debe confundirse la autonomía universitaria, en cuanto garantía institucional que se predica de una persona jurídica de derecho público -la universidad autónoma-, con los derechos fundamentales de las personas físicas que la integran: el derecho a la educación superior y sus distintos haces normativos, como el derecho a la libre investigación y discusión de las ideas, el derecho a la libertad de cátedra, entre otros. Esto es, el hecho de que la autonomía universitaria tenga una relación instrumental con la maximización de derechos individuales, no implica que ésta sea a su vez un derecho humano de una persona jurídico-colectiva que deba ponderarse con los derechos humanos de sus miembros. La autonomía universitaria, en definitiva, está subordinada a la maximización del derecho a la educación, por lo que, por regla general, el ejercicio legítimo de aquélla no puede incluir la restricción de aspecto alguno del derecho a la educación." En la inteligencia que las consideraciones expuestas en la ejecutoria sintetizada que derivaron en la emisión, entre otras, de la tesis referida, son de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito, al emanar de un criterio emitido por el máximo tribunal del país, en términos de lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, se obtiene que el derecho a la educación se encuentra íntimamente ligado a la libertad de trabajo que prevé el numeral 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que indica que el gobernado puede ejercer su profesión, esto es, desenvolverse en el mundo laboral, teniendo como condición que el oficio de que se trate sea lícito, no dañe a tercero ni al sector social. IV. Metodología para el estudio sobre derecho de igualdad Ahora, este órgano jurisdiccional reitera que el artículo 3°, inciso b) del Reglamento de Titulación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, exige para tener derecho a alguna de las opciones de titulación previstas en el numeral 2 de tal ordenamiento (por ejemplo, por evaluación nacional de conocimientos o CENEVAL y por curso de especialización, entre otras), que no hayan transcurrido más de tres años de la conclusión del ciclo escolar en que el interesado realizó su última inscripción. Empero, si ya excedió de tal lapso, para tener derecho a titularse, los interesados deberán aprobar una especialización en las modalidades precisadas en el diverso 70 del reglamento en cita. Norma que, según se dijo, no contraviene el derecho humano a la igualdad jurídica en su aspecto formal. Lo que se sostiene porque se observa que el numeral impugnado no establece un trato diferenciado entre el universo de aspirantes para la obtención de un título profesional en la facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es así, en principio, porque se observa que el trato diferenciado que alega la parte quejosa no está sustentado en una categoría sospechosa, ni puede considerarse que constituya una discriminación estructural en contra de un grupo social o sus integrantes, respecto del cual, la autoridad no ha llevado a cabo las acciones necesarias para eliminar o revertir esa situación, por lo que el escrutinio de constitucionalidad no tiene que ser de carácter estricto o intenso. Por lo tanto, el vicio que se atribuye el referido numeral 3, inciso b), del Reglamento de Titulación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, debe analizarse mediante un escrutinio ordinario de constitucionalidad a partir de la faceta formal de derecho humano a la igualdad jurídica, para lo cual, debe seguirse la metodología establecida por la Primera Sala de nuestro más alto Tribunal Constitucional, que exige un análisis dividido en dos etapas sucesivas y no simultáneas: 1) La primera implica determinar si las situaciones a comparar, en efecto pueden contrastarse, o si, por el contrario, revisten divergencias importantes que impidan una confrontación entre ambas, por no entrañar realmente un tratamiento diferenciado relevante. 2) La segunda, en la cual se estudie si las distinciones de trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su justificación sea objetiva y razonable. Racionalidad de la distinción contenida en el numeral 3°, inciso b), del Reglamento de Titulación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Para desahogar el primer paso de la metodología a seguir, este Juzgador advierte que las personas que hayan concluido sus estudios de tipo superior en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, regidos por el numeral tildado de inconstitucional, se encuentran en una situación semejante. En virtud que todos los egresados de dicha casa de estudios se encuentran en la posibilidad de que en el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que haya concluido el ciclo escolar en que el interesado realizó su última inscripción, podrán titularse por cualquiera de las formas que establece el artículo 2°, de dicho ordenamiento. Mientras que, en caso de no hacerlo en dicha temporalidad, no podrán titularse a través de todas las formas referidas en el numeral precisado en el párrafo anterior y, para lograrlo, necesitarán hacer específicamente alguno de los cursos de especialización establecidos en el numeral 70 de tal legislación. Entonces, en el primer paso del test ordinario debe concluirse que nos encontramos ante un tratamiento diferenciado entre personas que se encuentran en una situación similar (estudiantes que concluyeron el programa de estudios de licenciatura, que pretenden obtener su titulación, como requisito previo para obtener la cédula profesional y ejercerla, en tanto a los estudiantes que tienen menos de los tres años referidos las permite elegir por cualquier opción de titulación; y, a los que no lo tienen, los limita a hacerlo solo a través de la aprobación de una especialización.). Con lo que se satisface la primera etapa. Ahora, en relación con la segunda fase, existe una distinción legítima o admisible, objetiva y razonable para imponer la citada diferencia de trato. Cierto, la sola circunstancia de que se proponga imponer una modalidad de titulación de un curso de especialización por haber excedido el plazo de tres años con que contaban los egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no implica restricción injustificada alguna a los derechos fundamentales de los aspirantes para titularse, menos aún para poderse dedicar a la profesión de licenciado en derecho. En primer lugar, la limitación de referencia tiene asidero constitucional, porque de conformidad con el artículo 3º, fracción VII, de la Ley Fundamental, las universidades autónomas tienen la facultad de emitir las disposiciones que las autoregulan vinculadas, entre otras cosas, a la libertad de examen. Lo que se relaciona a lo previsto en los numerales 11 y 14 de la ley General de Educación Superior, conforme a los cuales, se faculta a cada institución que tenga dicha naturaleza, a establecer en sus disposiciones los requisitos y modalidades en que sus egresados podrán obtener el título profesional, por ejemplo, la limitación contenida en el artículo 3º, inciso b), del Reglamento de Titulación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Además, tal distinción se considera idónea y necesaria, pues de la interpretación literal de dicho precepto y sistemática en relación con los diversos 67 a 70, primer párrafo, y del 71 al 73 del propio reglamento, así como de lo manifestado por la responsable al rendir su informe justificado, se aprecia que a través de la limitación señalada, lo que se pretende es corroborar que las personas que tienen tres años contados a partir de haber concluido el ciclo escolar en que realizaron su última inscripción, ostentan conocimientos actualizados para titularse y, por ende, ejercer de manera correcta, ética y con conciencia social, entre otros, su práctica profesional. Incluso, ello también se justifica por el hecho de que a través de tal mecanismo, en cierta medida, se fomenta e impulsa a los estudiantes recién egresados para que, en un tiempo más breve y razonable (tres años desde su última inscripción), puedan titularse, al ofrecerles mayores opciones y facilidades para tal efecto, en su propio beneficio y el de la institución, al contar con mayor cantidad de alumnos titulados, generándole mayor prestigio y reconocimiento académico a nivel estatal, nacional e, incluso, internacional. En la inteligencia de que, además, la limitación referida no afecta de manera desproporcionada su derecho a titularse la educación, pues no se le prohíbe, de manera absoluta, obtenerla como requisito previo para ejercer su profesión; sino que sujeta al interesado a solicitar previamente ante la Secretaría Académica de la Facultad, en términos de lo referido en los ordinales 63 y 64 del Reglamento en cita, la autorización para titularse mediante la modalidad de la especialización en la propia Universidad o a través de una diversa con la que se tenga convenio, se insiste, a efecto de corroborar si sus conocimientos se encuentran actualizados. De ahí que el alumno interesado, como el quejoso, aún puede obtener su título y, a la postre, la cédula profesional para poder ejercer legalmente la profesión, en términos de lo que exige el segundo párrafo del artículo 5º, párrafo segundo, constitucional, en relación con el numeral 3° de la Ley de Arancel de Abogados en el Estado de Michoacán. A más de que, de aprobar el curso en los términos exigidos, se le expedirá una constancia de especialidad. Esto es, si bien ya no cuentan con un amplio abanico de opciones para titularse, sí lo es que aún existe tal posibilidad, aunque solo se delimite a una de sus modalidades, como lo es el curso de especialización y, por esa sola razón, es que aún subsiste esa expectativa de derecho para obtener su título profesional y, en consecuencia, dedicarse a la profesión por la cual estudiaron, si así lo desean. Por ese motivo, este Juzgador observa que no existe afectación injustificada o carente de razonabilidad alguna en el artículo 3°, inciso b), del Reglamento de Titulación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que contravenga los artículos 3° y 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por todo ello, es infundado lo que se arguye en el sentido de que el artículo reclamado es discriminatorio e incluye una medida arbitraria. También se observa que el dispositivo normativo impugnado no se encuentra por "encima" de la Constitución o bien que no sea acorde a ésta, como incorrectamente lo afirma el quejoso en su concepto de violación, en virtud de que nuestra Carta Magna no establece de manera limitativa que las instituciones educativas de estudios superiores tengan que establecer diversas opciones para obtener un título profesional, ni prohibición alguna para que solo exista una forma de hacerlo después de cierto tiempo de egresado, siempre y cuando, sea justificada y razonable, como en el caso. Por el contrario, como se explicó, el poder reformador de la Constitución remite al legislador secundario la facultad de legislar al respecto y, a su vez a las universidades autónomas la potestad de autonormación, así el artículo 14 de la Ley General de Educación Superior, otorga a las instituciones de educación superior, como lo es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la facultad para determinar los requisitos y modalidades en que sus egresados puedan obtener su título profesional. En ese contexto, tal casa de estudios, al emitir el artículo tildado de inconstitucional, sí se encontraba en la posibilidad de establecer una temporalidad -tres años- para que los egresados tuvieran amplias opciones de titulación y, en caso de no hacerlo, solo dejar una de estas, como lo es el curso de especialización, en los términos ya analizados. De ahí lo infundado de su motivo de disenso. De esta manera, se considera que el artículo 3°, inciso b) del Reglamento de Titulación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es acorde al marco constitucional. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa invocó la tesis de rubro: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. LA OMISIÓN DE ENTREGAR A SUS EGRESADOS EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS Y EL TÍTULO PROFESIONAL, ASÍ COMO DE TRAMITAR LA CÉDULA CORRESPONDIENTE, CONSTITUYE UN ACTO EQUIVALENTE A LOS DE AUTORIDAD, IMPUGNABLE EN EL AMPARO INDIRECTO.", sin embargo, ésta es acorde a lo resuelto en la presente ejecutoria. En virtud de que en ésta se establece que las universidades autónomas pueden ser autoridad para efectos del juicio de amparo, respecto de actos realizados con sus alumnos, carácter que así se le reconoció en el presente asunto. Por lo referido, ante la calificación de infundado del único motivo de disenso expuesto por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa que debe hacerse extensiva al acto de aplicación del artículo tildado de inconstitucional, consistente en el oficio número SRÍA/ACAD/FDCS/NÚM.OF.0127/2023, de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el que el Presidente del Consejo Técnico de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el que determinó que el aquí quejoso únicamente podía titularse a través de la modalidad de "Titulación por Curso de Especialización", al no haberlo combatido por vicios propios. Se cita como apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Registro digital: 232361 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Constitucional Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Primera Parte, página 251 Tipo: Jurisprudencia LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." (énfasis añadido). Respecto a las diversas manifestaciones formuladas por el agente del Ministerio Público de la adscripción, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no hace valer diversa causa de improcedencia, ni existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Por lo antes expuesto, fundado, y además con apoyo en los artículos 76, 77, 78 y relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesús Ángel Jiménez Flores, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el último de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza, hasta hoy treinta de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 870/2023 promovido por Jesús Ángel Jiménez Flores contra actos de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Representante de la Secretaria de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad. Abogado General y Apoderado de la Rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad. Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad. Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en cuanto Presidente del Consejo Técnico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obran en autos las documentales que el quejoso anexó a su demanda y escritos diversos; asimismo, obran en autos las documentales que el Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por sí y en cuanto Presidente del Consejo Técnico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad, adjuntó al rendir su informe justificado; pruebas que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente los formuló la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, mediante pedimento 758/2023, presentado el treinta y uno de agosto del año en curso. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. JOSÉ SIERRA ORTIZCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy FesvmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy FesvmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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