Jesús Alfredo Duarte Briz
Expediente 345/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 03/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesús Alfredo Duarte Briz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil dieciocho. ACUSE DE RECIBO. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 13754 y sus anexos y hace del conocimiento que en proveído de dos de los actuales, ese juzgado de distrito se avocó al conocimiento del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Finalmente, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al ARCHIVO el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. DESINCORPORARSE Y DESTRUIBLE. En consideración a lo anterior y toda vez que de la certificación que antecede se desprende que dentro de los presentes autos no obra glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I, punto vigésimo, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESINCORPORARSE Y DESTRUIRSE, una vez que trascurran seis meses a partir del presente acuerdo, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.*lsm.
- Principal
Por lista notifico a la parte tercero interesada SERGIO MECINO MORALES el siguiente auto: Morelia, Michoacán, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. ESTADO DE LOS AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los autos, específicamente del oficio número 13586-A, que remitió la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, al cual se encuentra inserta la resolución emitida en el incidente de acumulación planteado por el Congreso del Estado de Michoacán respecto de los juicios de amparo 360/2018, 345/2018, 347/2018 y 355/2018 de los índices de los Juzgados Segundo, Tercero y Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta capital, respectivamente, al diverso III-336/2018 de su índice. Ahora, de la interlocutoria de mérito se desprende que los actos reclamados en el juicio de amparo III-336/2018, promovido por Olivia Benítez Reyes, consistieron básicamente en: a).- La falta de fundamentación y motivación del proceso y/o acuerdo y/o decreto emitido el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, por el que se discutió, votó y designó, como Magistrado Especializado en Materia de Anticorrupción, dentro de la segunda terna de aspirantes presentada; y b).- La falta de fundamentación y motivación del dictamen presentado al Pleno del H. Congreso del Estado, para la referida designación. Actos que atribuyó a las autoridades responsables: 1. Congreso del Estado de Michoacán; y 2. Comisiones de Gobernación y de justicia de la Septuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán. Ahora, de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se desprende que el promovente Jesús Alfredo Duarte Briz, promovió demanda de amparo respecto de las autoridades y actos que a continuación se citan: I.- Del pleno de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, la designación de Rafael Rosales Coria y Sergio Mecino Morales como Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa. II.- De las Comisiones de Justicia y Gobernación de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, los dictámenes a través de los cuales se propusieron al Pleno del Congreso Local a Rafael Rosales Coria y Sergio Mecino Morales, para ocupar los cargos de Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas. Asimismo, del informe justificado rendido por el Presidente de la Mesa Directiva de la Septuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en conjunto con los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y de Justicia, éstos aceptaron el acto que respectivamente les fue atribuido, pues manifestaron, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, haber aprobado el Decreto número 564, de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho en el que se determinó elegir a los Magistrados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, así como la aprobación del proyecto de decreto que contiene las ternas para elegir a dichos funcionarios. Informe del cual se desprende que los actos reclamados en el juicio de amparo III-336/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, y que por orden de prelación resulta ser el más antiguo, emanan del mismo Decreto 564, que originó un solo procedimiento y expediente administrativo, que contiene dos ternas para la designación de dos Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, siendo éstos Rafael Rosales Coria y Sergio Mecino Morales. ANÁLISIS DE ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. Una vez analizadas las constancias que obran el expediente, es pertinente destacar el contenido de los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los cuales en lo que interesa, precisan lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. La demanda de amparo adhesivo, que debe turnarse al órgano jurisdiccional que recibió el amparo principal; II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; III. Los recursos de revisión, queja y reclamación relacionados con un juicio de amparo, al que tenga el antecedente del que derivan, conocido por cualquier vía; con excepción de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; V. Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; VI. Los recursos de revisión fiscal, al que conozca o haya conocido del juicio de amparo directo; VII. Los recursos de apelación, al tribunal unitario de Circuito que haya conocido del o los anteriores; VIII. Cuando se determine la separación de juicios o de procesos, los expedientes que deriven se remitirán al órgano jurisdiccional que la decretó; IX. En el caso de los procedimientos penales, así como sus recursos, que cuenten con antecedentes, se turnarán de manera relacionada; X. Tratándose del ejercicio de la acción penal se observará lo siguiente: a) Cuando sea por delito grave, perfeccionada la averiguación o subsanadas las omisiones y el Ministerio Público las vuelva a presentar, lo hará directamente ante el juzgado que conoció en primer término, quien deberá recibirla y dar aviso a la oficina de correspondencia común para que el asunto le sea contabilizado según el motivo de la devolución; y b) Cuando el Ministerio Público presente de nuevo un ejercicio de la acción penal por delito clasificado como no grave y que le fue devuelto con antelación por algún órgano jurisdiccional, deberá presentarlo por conducto de la oficina de correspondencia común para que se turne en forma relacionada al mismo juzgado de la siguiente manera: 1. Si se trata de un ejercicio de la acción penal en el que se negó la orden de aprehensión se le asignará un nuevo número de registro en el rubro de ejercicio de la acción penal sin detenido; y 2. Si el juzgado la devolvió por omisión de formalidades, se capturará para efectos de control, en el tipo de asunto ejercicio de la acción penal devuelto; XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido den antecedente registrado; XII. Los casos en los que por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; y XIII. Los demás que determine el Pleno. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos o de los titulares de los órganos jurisdiccionales podrá determinar criterios específicos de relación. Dichos criterios deberán comunicarse a las oficinas de correspondencia común por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, y compilarse en un listado que se difundirá a través del portal de Intranet del Consejo. La Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos deberá elaborar y mantener actualizado el listado a que se refiere el párrafo anterior. Quedan exentas de crear algún antecedente para la relación con posteriores asuntos las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento, embargo, así como las órdenes de cateo que resulten indispensables para las averiguaciones previas, ello para los órganos jurisdiccionales que las dictan, y no así para los que conocen del amparo. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano". De los preceptos trascritos se advierte que existen dos formas de turnar los asuntos, en forma aleatoria y relacionada, así como los criterios generales de relación. Por su parte, la fracción II del artículo 46 del citado Acuerdo Plenario, establece que tratándose de juicios de amparo promovidos contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, "se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos". Asimismo, en la fracción IV del aludido numeral, se determina que el turno corresponderá al órgano que tenga el último antecedente del asunto con el que guarde relación. De la interpretación sistemática y funcional de dichos preceptos se advierte que sólo los asuntos que no tengan antecedentes, se turnarán en forma aleatoria por la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. De este modo, el encargado de la citada oficina verificará si un asunto está relacionado con otro por provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado, para turnarlo al juzgado que haya tenido previo conocimiento. Dicho lo anterior, de los presentes autos se advierte que por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, turnó al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, Olivia Benítez Reyes promovió demanda de amparo, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, Septuagésima Tercera Legislatura, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, de quienes reclamó el dictamen presentado para la designación de Magistrado Especializado en Materia Anticorrupción y Acuerdo o Decreto de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, por medio del cual se discutió, votó y designó a Sergio Mecino Morales para tal cargo; demanda que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, siendo registrado dicho libelo con el número de juicio de amparo III-336/2018. Asimismo, la demanda que generó el juicio de amparo en que se actúa, fue presentada el veinte de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada en esa misma fecha a este juzgado, libelo en el que el quejoso Jesús Alfredo Duarte Briz, reclamó del Pleno de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, así como de las Comisiones de Justicia y de Gobernación de dicha legislatura, la designación de Rafael Rosales Coria y Sergio Mecino Morales, como Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, así como los dictámenes a través de los cuales se propusieron al pleno del Congreso Local a dichas personas para ocupar el cargo antes señalado. Ahora, conviene destacar que mediante oficio presentado el once de septiembre del año en curso, el Delegado del Congreso del Estado de Michoacán, informó lo siguiente: ".se manifiesta que: el DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONTIENE TERNAS PARA ELEGIR DOS MAGISTRADOS ESPECIALIZADOS EN ANTICORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DE GOBERNACIÓN, es el documento por medio del cual, se presentan las ternas de aspirantes de entre los cuales se designarán a dos Magistrados Especializados en la materia de anticorrupción y responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa. Que el Decreto Legislativo número 564, publicado el 13 trece de abril de 2018 dos mil dieciocho, es el documento por medio del cual se designa a los Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa a los ciudadanos Rafael Rosales Corla y Sergio Mecino Morales, se anexa el Decreto en cita, en ejemplar sin valor, por corresponder a un Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Que el proceso legislativo, el cual se encuentra conformado en un solo expediente, desprendiéndose del mismo, entre otros, la aprobación del Dictamen con proyecto de Decreto que contiene terna para la designación de dos Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia; así como la aprobación del Decreto que elige como Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa a los ciudadanos Rafael Rosales Coria y Sergio Mecino Morales." De lo anterior, se obtiene que si bien la selección de los Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativas del Estado de Michoacán de Ocampo, se realiza mediante dos ternas distintas porque serían elegidos dos magistrados, lo cierto es que ambas ternas son parte de un mismo procedimiento administrativo de selección, respecto del cual existe un único expediente; lo que a su vez implica que el Juzgado Federal que conoce de cualquier acto que derive de dicho procedimiento, deberá conocer de los subsecuentes amparos en los que se hayan reclamado otras actuaciones derivadas de aquél, como en el caso, sería otra terna dentro del mismo procedimiento o expediente. Luego, aun cuando se considerara que cada terna se administra de manera independiente respecto de la otra y que por ende, se trata de actos que siguen solicitudes y la elección de magistrados diferentes; la realidad es que ambas ternas son actuaciones que derivan de un mismo procedimiento de selección, que además se lleva en un solo expediente. Por tanto, si al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, se turnó con antelación la demanda de amparo en las que se reclamó un acto derivado del decreto 564, de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, que contiene las ternas para elegir a los Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, y de las cuales derivaron sendos nombramientos de Rafael Rosales Coria y de Sergio Mecino Morales como tales, esta potestad federal estima que el referido órgano jurisdiccional, es quien debe conocer del presente asunto al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 46, fracciones II y IV, del Acuerdo General en aplicación. En mérito de lo anterior, previa copia que de las principales constancias se obtengan para formar el cuaderno de antecedentes, mediante oficio en el que se inserte esta determinación, remítase el juicio de amparo en que se actúa e incidente de suspensión relativo, al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, por tratarse de asunto relacionado con el que previamente ha conocido, pues el acto ahora reclamado por el amparista, deriva del mismo decreto legislativo que originó un solo procedimiento y expediente administrativo, solicitando el correspondiente acuse de recibo. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintidós de octubre del año en curso. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. ESTADO DE LOS AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los autos, específicamente del oficio número 13586-A, que remitió la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, al cual se encuentra inserta la resolución emitida en el incidente de acumulación planteado por el Congreso del Estado de Michoacán respecto de los juicios de amparo 360/2018, 345/2018, 347/2018 y 355/2018 de los índices de los Juzgados Segundo, Tercero y Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta capital, respectivamente, al diverso III-336/2018 de su índice. Ahora, de la interlocutoria de mérito se desprende que los actos reclamados en el juicio de amparo III-336/2018, promovido por Olivia Benítez Reyes, consistieron básicamente en: a).- La falta de fundamentación y motivación del proceso y/o acuerdo y/o decreto emitido el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, por el que se discutió, votó y designó, como Magistrado Especializado en Materia de Anticorrupción, dentro de la segunda terna de aspirantes presentada; y b).- La falta de fundamentación y motivación del dictamen presentado al Pleno del H. Congreso del Estado, para la referida designación. Actos que atribuyó a las autoridades responsables: 1. Congreso del Estado de Michoacán; y 2. Comisiones de Gobernación y de justicia de la Septuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán. Ahora, de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se desprende que el promovente Jesús Alfredo Duarte Briz, promovió demanda de amparo respecto de las autoridades y actos que a continuación se citan: I.- Del pleno de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, la designación de Rafael Rosales Coria y Sergio Mecino Morales como Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa. II.- De las Comisiones de Justicia y Gobernación de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, los dictámenes a través de los cuales se propusieron al Pleno del Congreso Local a Rafael Rosales Coria y Sergio Mecino Morales, para ocupar los cargos de Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas. Asimismo, del informe justificado rendido por el Presidente de la Mesa Directiva de la Septuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en conjunto con los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y de Justicia, éstos aceptaron el acto que respectivamente les fue atribuido, pues manifestaron, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, haber aprobado el Decreto número 564, de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho en el que se determinó elegir a los Magistrados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, así como la aprobación del proyecto de decreto que contiene las ternas para elegir a dichos funcionarios. Informe del cual se desprende que los actos reclamados en el juicio de amparo III-336/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, y que por orden de prelación resulta ser el más antiguo, emanan del mismo Decreto 564, que originó un solo procedimiento y expediente administrativo, que contiene dos ternas para la designación de dos Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, siendo éstos Rafael Rosales Coria y Sergio Mecino Morales. ANÁLISIS DE ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. Una vez analizadas las constancias que obran el expediente, es pertinente destacar el contenido de los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los cuales en lo que interesa, precisan lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. La demanda de amparo adhesivo, que debe turnarse al órgano jurisdiccional que recibió el amparo principal; II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; III. Los recursos de revisión, queja y reclamación relacionados con un juicio de amparo, al que tenga el antecedente del que derivan, conocido por cualquier vía; con excepción de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; V. Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; VI. Los recursos de revisión fiscal, al que conozca o haya conocido del juicio de amparo directo; VII. Los recursos de apelación, al tribunal unitario de Circuito que haya conocido del o los anteriores; VIII. Cuando se determine la separación de juicios o de procesos, los expedientes que deriven se remitirán al órgano jurisdiccional que la decretó; IX. En el caso de los procedimientos penales, así como sus recursos, que cuenten con antecedentes, se turnarán de manera relacionada; X. Tratándose del ejercicio de la acción penal se observará lo siguiente: a) Cuando sea por delito grave, perfeccionada la averiguación o subsanadas las omisiones y el Ministerio Público las vuelva a presentar, lo hará directamente ante el juzgado que conoció en primer término, quien deberá recibirla y dar aviso a la oficina de correspondencia común para que el asunto le sea contabilizado según el motivo de la devolución; y b) Cuando el Ministerio Público presente de nuevo un ejercicio de la acción penal por delito clasificado como no grave y que le fue devuelto con antelación por algún órgano jurisdiccional, deberá presentarlo por conducto de la oficina de correspondencia común para que se turne en forma relacionada al mismo juzgado de la siguiente manera: 1. Si se trata de un ejercicio de la acción penal en el que se negó la orden de aprehensión se le asignará un nuevo número de registro en el rubro de ejercicio de la acción penal sin detenido; y 2. Si el juzgado la devolvió por omisión de formalidades, se capturará para efectos de control, en el tipo de asunto ejercicio de la acción penal devuelto; XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido den antecedente registrado; XII. Los casos en los que por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; y XIII. Los demás que determine el Pleno. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos o de los titulares de los órganos jurisdiccionales podrá determinar criterios específicos de relación. Dichos criterios deberán comunicarse a las oficinas de correspondencia común por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, y compilarse en un listado que se difundirá a través del portal de Intranet del Consejo. La Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos deberá elaborar y mantener actualizado el listado a que se refiere el párrafo anterior. Quedan exentas de crear algún antecedente para la relación con posteriores asuntos las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento, embargo, así como las órdenes de cateo que resulten indispensables para las averiguaciones previas, ello para los órganos jurisdiccionales que las dictan, y no así para los que conocen del amparo. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano". De los preceptos trascritos se advierte que existen dos formas de turnar los asuntos, en forma aleatoria y relacionada, así como los criterios generales de relación. Por su parte, la fracción II del artículo 46 del citado Acuerdo Plenario, establece que tratándose de juicios de amparo promovidos contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, "se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos". Asimismo, en la fracción IV del aludido numeral, se determina que el turno corresponderá al órgano que tenga el último antecedente del asunto con el que guarde relación. De la interpretación sistemática y funcional de dichos preceptos se advierte que sólo los asuntos que no tengan antecedentes, se turnarán en forma aleatoria por la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. De este modo, el encargado de la citada oficina verificará si un asunto está relacionado con otro por provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado, para turnarlo al juzgado que haya tenido previo conocimiento. Dicho lo anterior, de los presentes autos se advierte que por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, turnó al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, Olivia Benítez Reyes promovió demanda de amparo, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, Septuagésima Tercera Legislatura, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, de quienes reclamó el dictamen presentado para la designación de Magistrado Especializado en Materia Anticorrupción y Acuerdo o Decreto de veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, por medio del cual se discutió, votó y designó a Sergio Mecino Morales para tal cargo; demanda que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, siendo registrado dicho libelo con el número de juicio de amparo III-336/2018. Asimismo, la demanda que generó el juicio de amparo en que se actúa, fue presentada el veinte de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada en esa misma fecha a este juzgado, libelo en el que el quejoso Jesús Alfredo Duarte Briz, reclamó del Pleno de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, así como de las Comisiones de Justicia y de Gobernación de dicha legislatura, la designación de Rafael Rosales Coria y Sergio Mecino Morales, como Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, así como los dictámenes a través de los cuales se propusieron al pleno del Congreso Local a dichas personas para ocupar el cargo antes señalado. Ahora, conviene destacar que mediante oficio presentado el once de septiembre del año en curso, el Delegado del Congreso del Estado de Michoacán, informó lo siguiente: ".se manifiesta que: el DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONTIENE TERNAS PARA ELEGIR DOS MAGISTRADOS ESPECIALIZADOS EN ANTICORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ELABORADO POR LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DE GOBERNACIÓN, es el documento por medio del cual, se presentan las ternas de aspirantes de entre los cuales se designarán a dos Magistrados Especializados en la materia de anticorrupción y responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa. Que el Decreto Legislativo número 564, publicado el 13 trece de abril de 2018 dos mil dieciocho, es el documento por medio del cual se designa a los Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa a los ciudadanos Rafael Rosales Corla y Sergio Mecino Morales, se anexa el Decreto en cita, en ejemplar sin valor, por corresponder a un Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Que el proceso legislativo, el cual se encuentra conformado en un solo expediente, desprendiéndose del mismo, entre otros, la aprobación del Dictamen con proyecto de Decreto que contiene terna para la designación de dos Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia; así como la aprobación del Decreto que elige como Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa a los ciudadanos Rafael Rosales Coria y Sergio Mecino Morales." De lo anterior, se obtiene que si bien la selección de los Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativas del Estado de Michoacán de Ocampo, se realiza mediante dos ternas distintas porque serían elegidos dos magistrados, lo cierto es que ambas ternas son parte de un mismo procedimiento administrativo de selección, respecto del cual existe un único expediente; lo que a su vez implica que el Juzgado Federal que conoce de cualquier acto que derive de dicho procedimiento, deberá conocer de los subsecuentes amparos en los que se hayan reclamado otras actuaciones derivadas de aquél, como en el caso, sería otra terna dentro del mismo procedimiento o expediente. Luego, aun cuando se considerara que cada terna se administra de manera independiente respecto de la otra y que por ende, se trata de actos que siguen solicitudes y la elección de magistrados diferentes; la realidad es que ambas ternas son actuaciones que derivan de un mismo procedimiento de selección, que además se lleva en un solo expediente. Por tanto, si al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, se turnó con antelación la demanda de amparo en las que se reclamó un acto derivado del decreto 564, de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, que contiene las ternas para elegir a los Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, y de las cuales derivaron sendos nombramientos de Rafael Rosales Coria y de Sergio Mecino Morales como tales, esta potestad federal estima que el referido órgano jurisdiccional, es quien debe conocer del presente asunto al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 46, fracciones II y IV, del Acuerdo General en aplicación. En mérito de lo anterior, previa copia que de las principales constancias se obtengan para formar el cuaderno de antecedentes, mediante oficio en el que se inserte esta determinación, remítase el juicio de amparo en que se actúa e incidente de suspensión relativo, al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, por tratarse de asunto relacionado con el que previamente ha conocido, pues el acto ahora reclamado por el amparista, deriva del mismo decreto legislativo que originó un solo procedimiento y expediente administrativo, solicitando el correspondiente acuse de recibo. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintidós de octubre del año en curso. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. AUTORIDAD CMPLE REQUERIMIENTO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Delegado del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a través del cual, cumple con el requerimiento que le fue formulado en proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciocho y al efecto señala que la aprobación del Dictamen con proyecto de Decreto que contiene terna para la designación de dos Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, la aprobación del Decreto que elige como Magistrados Especializados en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa a los ciudadanos Rafael Rosales Coria y Sergio Mecino Morales, entre otros, derivan del mismo proceso legislativo, el cual se encuentra conformado en un solo expediente; asimismo, exhibe copia del Decreto Legislativo número 564, publicado el trece de abril del año en curso. De lo anterior este órgano jurisdiccional toma conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.*lsm.
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