Jesus Angel Cruz Vazquez

Expediente 1631/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1631/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
06/11/2017

Partes del expediente

  • Jesus Angel Cruz Vazquez
  • Director de Seguridad Publica del Ayuntamiento de Metepec, Estado de Mexico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VIII Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinte de octubre de dos mil diecisiete (foja 22), a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Jesús Ángel Cruz Vázquez. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación invocada, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente expediente es susceptible de depuración, porque mediante auto de siete de octubre de dos mil diecisiete (fojas 6 a la 11), se concedió la suspensión de plano y de oficio del acto reclamado (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y cuarto). En el entendido que el expediente carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo, y no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII, del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    VIII. La certificación de cuenta evidencia que el quejoso Jesús Ángel Cruz Vázquez, en el plazo de cinco días otorgado, no dio cumplimiento a los requerimientos formulados en auto de siete de octubre de dos mil diecisiete (foja 6 a la 11); por tanto, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el auto de referencia y acorde con lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida contra actos del Director de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México. En el libro de gobierno, háganse las anotaciones correspondientes. Finalmente, hágase del conocimiento el contenido del presente acuerdo al Director de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; once de octubre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta y el estado procesal de autos evidencian que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse a las diez horas con treinta y cinco minutos, como se precisó en auto de trece de septiembre del año en curso; sin embargo, el veintiocho de septiembre (foja 78), se tuvo por rendido el informe justificado de la Directora General Adjunta de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos, en representación del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en representación del Presidente de la República, acuerdo notificado el veintinueve de septiembre siguiente; en consecuencia trascurre el plazo referido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Por tanto, a fin de evitar cualquier violación procesal, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y para su celebración se señalan las doce horas del treinta de octubre de dos mil diecisiete. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia publicada con el número 7, en la página 11 de la actualización 2001, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, tomo VI, materia común cuyo rubro y texto son: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, ("...el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,..."), sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; diez de octubre de dos mil diecisiete. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa en proveído de veintiocho de septiembre pasado, para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto al informe de cumplimiento que dio al fallo protector la autoridad responsable. Por ende, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran el juicio para verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: 1. El quejoso Ezequiel Apolonio Jiménez Garcés, en el presente juicio de amparo, señaló como actos reclamados: El auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, emitido por el referido Tribunal Agrario en los autos del expediente 166/2005; y los actos del procedimiento de ejecución que le dieron origen. 2. En sentencia de siete de marzo de la presente anualidad, este Juzgado de Distrito, resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ezequiel Apolonio Jiménez Garcés, por derecho propio y en su carácter de heredero universal y albacea testamentario a bienes de Socorro Garcés Palma, en contra del acto reclamado atribuido al Tribunal Agrario del Noveno Distrito, y los actos del procedimiento de ejecución que le dieron origen, atribuidos a las demás autoridades responsables, por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos establecidos en la parte final de esta resolución." 3. Inconforme con dicha resolución, el Director General Jurídico y Consultivo de la Consejería Jurídica en representación del Gobernador del Estado de México, y el Director General de Avalúos y Obras del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales, en suplencia por ausencia de la Presidenta de ese Instituto, promovieron recurso de revisión, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; autoridad que el veinticuatro de julio de la presente anualidad, resolvió: "PRIMERO. Se DESECHA el recurso de revisión interpuesto por el INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES, de conformidad con el Considerando Cuarto de este fallo. SEGUNDO, Se CONFIRMA la sentencia recurrida. TERCERTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a EXEQUIEL APOLONIO JIMÉNEZ GARCÉ, por propio derecho y en su carácter de heredero universal y albacea testamentario a bienes de SOCORRO GARCÉS PALMA. CUARTO. Se declaran SIN MATERIA los recursos de revisión adhesivos interpuestos por el quejoso." 4. Recibido que fue en este juzgado, dicho testimonio, se requirió a las responsables el cumplimiento a la sentencia de amparo; en el entendido que los efectos de la concesión de amparo fueron para que el Tribunal responsable: "1. Dejara insubsistente el acto reclamado. 2. Ordenara al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que emita un nuevo dictamen en el plazo de diez días, basado en el artículo 121 de la Ley Federal de la Reforma Agraria aplicable conforme a la sentencia, en el cual debería valuar el monto del bien expropiado atendiendo al valor comercial actual a la fecha en que se realice el avalúo, en función del destino final que se invocó para expropiarlo. 3. En el entendido que la sentencia se tendría por cumplida una vez que la autoridad valuadora emitiera el nuevo dictamen e hiciera del conocimiento de este juzgado, en el que se verificará si se empleó el valor comercial actual y destino de expropiación conforme al artículo 121 de la Ley Federal de la Reforma Agraria aplicable, sin que sea objeto de la concesión lo correcto o incorrecto del monto establecido, ni el método empleado para determinar el valor comercial actual ni el destino final que se haya invocado para expropiarlo" Concesión que se hizo extensiva a las autoridades del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, por lo que se refiere a los actos del procedimiento de ejecución que les son atribuidos. 6. Con motivo de lo anterior, mediante oficios recibidos en este juzgado en proveídos de veintiuno de agosto y veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con residencia en Toluca informó las gestiones que se encontraba realizando a efecto de cumplimentar la sentencia de amparo, de las que se desprende que dejó insubsistente el acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, que requirió al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIN) a efecto de que realizara un nueve dictamen en los términos indicados en el artículo 121 de la ley Federal de Reforma Agraria, y con las especificaciones indicadas por dicho Tribunal, y que apercibió a dicho Instituto a efecto de que llevara a cabo lo encomendado. 7. Ahora, del análisis de los lineamientos del fallo protector y de las constancias exhibidas, se evidencia que el fallo protector de amparo no se cumplió en sus términos. Lo anterior es así toda vez que si bien el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve con residencia en Toluca dejó insubsistente el auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis; lo cierto es que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIN) no ha emitido un nuevo dictamen valuando el monto del bien expropiado atendiendo al valor comercial actual a la fecha en que se realizará el avalúo, en función del destino final que se invocó para expropiarlo, por lo cual, dicho dictamen no ha sido remitido a este juzgado. Por tanto, en términos del artículo 196, párrafo segundo y tercero de la Ley de Amparo, se tiene por no cumplida la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo, se estima que la sentencia de amparo no está cumplida en sus términos, y de conformidad con lo dispuesto en el diverso 238 del citado ordenamiento, procede imponerle a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, así como a la Presidenta del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIN), una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita. En consecuencia, gírese oficio al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que en el término de tres días computados legalmente, proporcione a este juez, el nombre de la persona a quien le recae el carácter de Presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y proporcione la Clave Única de Registro de Población, asimismo deberá proporcionar dicha clave respecto de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve Araceli Cubillas Melgarejo, ello para estar en posibilidad de iniciar el procedimiento económico coactivo referente a la multa en comento. En este orden de ideas, y ante la contumacia de las autoridades responsables en dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con los artículo 192 a 198 y 211 de la Ley de Amparo, así como tercero transitorio del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; y punto décimo quinto del Acuerdo General 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito y punto tercero del diverso Acuerdo General 12/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de inejecución de sentencia y de repetición del acto reclamado, así como el procedimiento que se seguirá; remítase el presente expediente de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, a efecto de que se inicie el incidente de inejecución de sentencia respectivo, toda vez que la responsables, a la fecha no han dado cabal cumplimiento al fallo protector dictado en este sumario constitucional. Con los insertos necesarios fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y envíense a la superioridad los autos originales como quedó asentado, en el entendido que una vez que obren en su totalidad las constancias de notificación será remitido el presente juicio al Tribunal de alzada competente. Con independencia de lo anterior, continúese actuando en el cuaderno de antecedentes respectivo a fin de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Finalmente, toda vez que en auto de cuatro de octubre de la presente anualidad este órgano de control constitucional se reservó proveer lo conducente a las manifestaciones vertidas por el quejoso respecto al cumplimiento que dieron las responsables a la sentencia de amparo hasta en tanto se hiciera la valoración de dicho cumplimiento, lo que a la fecha acontece, en tal virtud, dígase al quejoso que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

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