Jesús Andrés Arredondo Mendoza
Expediente 1866/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1866/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/12/2018
Partes del expediente
- Jesús Andrés Arredondo Mendoza
Actuaciones
- Incidental
Toluca, Estado de México; doce de diciembre de dos mil dieciocho. Apertura del incidente de suspensión. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1866/2018-II, promovido por Jesús Andrés Arredondo Mendoza y Hugo Geyser Gutiérrez Torres, contra actos del Jefe de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades. Solicitud de informe previo. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. En el informe requerido, las responsables tendrán que sujetarse a las hipótesis previstas en el numeral 140 de la Ley de Amparo, es decir, tendrán que expresar si es o no cierto el acto que se les atribuye y las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, para tal efecto, se les envía copia de la demanda. Se apercibe a las responsables que en caso de ser omisa en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados, para el sólo efecto de la suspensión, además de que se harán acreedoras a una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Precisión del acto reclamado. El quejoso tilda de inconstitucional: "Del Jefe, Administrador General de Aduanas, Administrador Central de Operación Aduanera, Titular del Órgano Interno de Control, Administrador General de Recursos y Servicios, Subadministradora Recursos y Servicios en Toluca, todos del Servicio de Administración Tributaria, órgano administrativo desconcentrado de la Secretara de Hacienda y Crédito Público, se reclama la emisión del acuerdo de inicio de procedimiento de cualquier índole, incoado en mi contra, o cualquier orden tendente a la remoción cese que pudiera culminar en la destitución o inhabilitación del cargo que actualmente desempeño. 1. Del Administrador Central de Operación Aduanera del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público: a) La orden unilateral de carácter informal vía mensaje de 'WhatsApp", carente de toda fundamentación y motivación por la que se me instruye presentar renuncia, que pudiera culminar con la remoción, cese, destitución o inhabilitación del cargo que actualmente desempeño. b) La omisión de ordenar notificación de alguna resolución proveniente de una autoridad competente en la que se haya determinado la remoción o cese que pudiera culminar en la destitución o inhabilitación del cargo que actualmente desempeño, como Administrador de la Aduana de Toluca, al cual fui nombrado por el Administrador Central de Operación Aduanera del Servicio de Administración Tributaria, mediante oficio 800-01-00-00-00-2018-048, de 27 de febrero del año en curso, con efectos a partir del 1 de marzo siguiente. Determinación que no se me ha notificado formalmente por lo que, no he tenido la posibilidad material de conocer el contenido de los actos reclamados y de los cuales tuve conocimiento el dieciséis de noviembre del año en curso, cuando lamentablemente, recibí una orden unilateral de carácter informal vía mensaje de 'WhatsApp", por parte del Administrador Central de Operación Aduanera del Servicio de Administración Tributaria, Guillermo Peredo Rivera, por la que me instruyo tajantemente -"envié la renuncia, de lo contrario tendremos que proceder de otra forma", sin darme mayor explicación y sin proporcionarme información alguna del porque giraba dicha instrucción. 3. De las autoridades responsables ejecutoras Notificadores adscritos a la Administración Central de Operación Aduanera y a la Administración de Recursos y Servicios, ambos del Servicio de Administración Tributaria, se reclama la falta de notificación al quejoso de cualquier acuerdo de inicio de procedimiento de cualquier índole u orden de remoci6n o cese que pudiera culminar en la destituci6n o inhabilitación del cargo que actualmente desempeño como Administrador de la Aduana de Toluca.". Marco Jurídico De La Suspensión. Antes de entrar al estudio de la suspensión, es pertinente precisar que los artículos 107 fracción X de la Constitución General de la República, 128, 129, 138 fracción I y 139 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario del amparo debe reunir para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, las cuales son: la naturaleza de la violación alegada; la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir los quejosos con su ejecución; los que la suspensión origine a los terceros interesados; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso. Improcedencia de la suspensión. Por tanto, respecto a la emisión propiamente del acto reclamado; con fundamento en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión provisional solicitada, en razón de que la parte quejosa está obligada a demostrar aunque sea de manera indiciaria que el acto combatido le agravia y le causa daños y perjuicios de difícil reparación, para así dejar satisfecha la procedibilidad prevista en el numeral 131 de la Ley de Amparo, situación que no aconteció al no aportar prueba alguna tendente a demostrar la afectación a sus derechos subjetivos. Sobre el particular en lo conducente, se invoca la jurisprudencia número 96/1997, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1997, Tomo VI, que a la letra dice: "SUSPENSION PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTICULO 124, FRACCION I, DE LA LEY DE LA AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." Asimismo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 262, del Semanario Judicial de la Federación, Enero de 1992, Tomo IX, Octava Época, bajo el tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERÉS JURÍDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aún en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no puede desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y de dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolver sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar." Prevención de autoridades inexistentes. En diverso aspecto, se previene al quejoso para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se le tendrá como inexistente y por ende no se le dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia incidental el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notificación a las autoridades responsables. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado de Distrito. Domicilio. De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en este órgano de control constitucional, dado que el que indicó en el proemio de la demanda se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, ello hasta en tanto, la parte quejosa cumpla con el requerimiento formulado en la comunicación oficial ordenada en el juicio principal del que emana este incidente, o sea omiso a dicho requerimiento. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta se tienen por autorizado en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo a la profesionista citada en el proemio de la demanda; es decir, solo para oír y recibir notificaciones, por no encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Acumulación de autos. Ahora toda vez que en el cuaderno principal se determinó acumular el presente juicio de amparo al diverso 1856/2018-VI, remítase los presentes cuadernos incidentales, para los efectos legales a que haya lugar y sin que se haga pronunciamiento respecto a la fecha de la audiencia incidental, pues debido a la acumulación, se tomara en cuenta la fecha señalada para tal efecto en el incidente de suspensión derivado del juicio 1856/2018-VI, esto es las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Notifíquese.¿
- Principal
II) Toluca, Estado de México; doce de diciembre de dos mil dieciocho. Recepción de los autos. Por recibido el oficio suscrito por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, al cual se adjunta el juicio de amparo 1615/2018, promovido por Jesús Andrés Arredondo Mendoza y Hugo Geyser Gutiérrez Torres, contra actos del Jefe de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades, así como once copias de demanda, porque dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la misma. Radicación. Atento a lo anterior, este juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto; fórmese el expediente respectivo y regístrese el presente asunto en el Libro de Gobierno bajo el número 1866/2018-II. Acúsese recibo. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo, únicamente respecto del quejoso Jesús Andrés Arredondo Meza y Hugo Geyser Gutiérrez Torres. Intervención del Ministerio Público. Acorde con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, desé la intervención correspondiente. Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de la Materia, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este juzgado de Distrito, copia simple de la demanda. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia número VI. 3o. J/2, consultable en la página 373, de la Fuente: Semanario Judicial de la Federación II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, aportada por el otrora Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PUBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA. Incidente de suspensión. Con dos copias de la demanda y de los escritos aclaratorios, fórmese por separado el incidente de suspensión. Requerimiento de informe justificado. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase el informe justificado a las responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio de notificación. Requerimiento de constancias. De acuerdo a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, apercíbase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Causales de improcedencia. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 del Ordenamiento legal invocado, requiéraseles para que, en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado; apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Apercibimiento en caso de inexistencia de autoridades. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no existan, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se le tendrá como inexistente y por ende no se le dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta se tienen por autorizado en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista citado en el proemio de la demanda; es decir, solo para oír y recibir notificaciones, por no encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notificación a la parte quejosa. En ese orden, es pertinente indicar que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado; por tal motivo, como lo dispone el ordinal 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, líbrese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en Turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, con plenitud de jurisdicción para llevar a cabo las diligencias necesarias a fin de dar cumplimiento a la encomienda, e inclusive en días y horas inhábiles, como lo establece el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, notifique a Jesús Andrés Arredondo Mendoza y Hugo Geyser Gutiérrez Torres o su autorizada Patricia Alejandra Guzmán Valdés, el presente proveído, en el domicilio ubicado en calle San Rodrigo, Manzana 620, lote 2, código postal 22664, colonia San Juan Bosco, Lomas de San Martín, Tijuana, México. Asimismo, en términos del numeral 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en la misma diligencia, lo requiera por el plazo de tres días previsto en la fracción II del ordinal 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que señale domicilio donde oír y recibir notificaciones dentro de esta ciudad de Toluca, Estado de México. Con el apercibimiento que de no hacerlo, las notificaciones aún las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fija en este órgano jurisdiccional, en conformidad con lo establecido en el ordinal 27, fracción II, de la Ley de la Materia. En tal virtud, se solicita atentamente al juez exhortado, que con independencia de la fecha en que reciba el exhorto, lleve a cabo la diligencia encomendada en los términos anteriormente estipulados, y de no existir inconveniente legal, se sirva acusar recibo. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En el entendido que si compareciera a este recinto judicial la parte agraviada o alguno de sus autorizados, el actuario judicial podrá realizarles la notificación del presente proveído. Acumulación de autos. Por otro lado, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para un Juez de Distrito un "hecho notorio" lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, que pueden tomarse en cuenta aunque ninguna de las partes lo alegue. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia XXII J/2, publicada en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, Novena Época, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Así, al tener a la vista la demanda de amparo relativa al juicio de amparo 1856/2018-VI, se advierte que ésta fue promovida por Jesús Andrés Arredondo Mendoza y Hugo Geyser Gutiérrez Torres contra actos del Jefe de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades, y por el mismo acto. Así las cosas, teniendo en consideración que los juicios referidos, se encuentran relacionados entre sí, dado que en ellos se señalan los mismos actos reclamados; en consecuencia, este Juzgado de Distrito, determina que en el caso concreto es procedente la acumulación de los citados juicios, de conformidad con lo que establecen los artículos 66 de la Ley de Amparo en relación con los diversos 71, 72, 74, 75 y 76 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Se expone tal aserto, pues la acumulación de que se trata, tiene por objeto, tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten en negocios que impliquen el mismo problema jurídico, si los actos reclamados son sustancialmente los mismos; por ende, a efecto de lograr que la impartición de justicia sea pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, sin que se haga pronunciamiento respecto a la fecha de la audiencia constitucional, pues debido a la acumulación del presente juicio de amparo, se tomara en cuenta la fecha señalada para tal efecto en el juicio 1856/2018-VI, esto es las diez horas del ocho de enero de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en los términos establecidos en el presente auto.
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