Jesús Andrés Vázquez Mena

Expediente 1013/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1013/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Laura Isabel Vázquez
  • Jesús Andrés Vázquez Mena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veinticinco de mayo del presente año, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracciones a) y b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por analogía de razón, se indica que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, ya que se concedió la suspensión de oficio y de plano; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación en los Libros de Gobierno. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con diecinueve minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, procede a celebrar la misma. Acto seguido, la secretaria procede a dar cuenta al Juez con la demanda, así como los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, que ya obran agregados en autos; asimismo, se hace constar que a la presente data, no se tiene conocimiento que la autoridad responsable Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Progreso del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, hubiese rendido su informe justificado. Al respecto el Juez acuerda: se tienen por rendidos en tiempo y forma los informes de cuenta, con excepción de la autoridad responsable omisa; por tanto, celébrese la audiencia constitucional en el presente asunto. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, la Secretaria da cuenta con las documentales remitidas por la autoridad responsable Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Progreso del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, en vía de apoyo al informe relativo a la suspensión de plano decretada en estos autos. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara cerrado este periodo. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS, la Secretaria da cuenta con el alegato ministerial número 375/2022, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, recibido en este Juzgado Federal el día de ayer, registrado con el número de promoción 12151; asimismo, hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. Por lo que el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaria, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formuladas las manifestaciones de la Representación Social Federal, mismas que podrán ser tomadas en consideración al resolverse el presente asunto; con lo anterior, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS. Finalmente, no habiendo diligencias por desahogar, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1013/2022-V-A, promovido por Margarita del Carmen Parra Baeza, a favor de Jesús Andrés Vázquez Mena, Laura Isabel Vázquez, Rodolfo Beltrán Zapata y Francisca Noemí Aké Burgos, en contra de los actos que reclaman del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Progreso del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante comparecencia ante la secretaria de guardia, el día catorce de abril de dos mil veintidós, Margarita del Carmen Parra Baeza, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, a favor de Jesús Andrés Vázquez Mena, Laura Isabel Vázquez, Rodolfo Beltrán Zapata y Francisca Noemí Aké Burgos, en contra de los actos que atribuidos al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio, ambos con sede en Progreso; así como del Fiscal General del Estado de Yucatán y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Pronunciamiento de la suspensión de plano. Por auto de la misma fecha (catorce de abril de dos mil veintidós), se concedió a los impetrantes la suspensión de plano de los actos reclamados y se mandó ratificar la demanda, la que se registró con el número 1013/2022-V-A. TERCERO. Admisión parcial de la demanda de amparo. Por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, entre otras cuestiones, se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto de la quejosa Francisca Noemí Aké Burgos. Por otra parte, se admitió a trámite la demanda únicamente respecto de los quejosos Jesús Andrés Vázquez Mena, Laura Isabel Pat Koyoc y Rodolfo Beltrán Zapata; por lo que se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal; se señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, Constitucionales; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: La incomunicación y detención. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados al Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán, toda vez que así lo manifestó en su informe justificado (registrados con los números de promoción 11080 y 11772). Asimismo, no es cierto el acto reclamado consistente en la incomunicación de los directos quejosos Jesús Andrés Vázquez Mena, Laura Isabel Pat Koyoc y Rodolfo Beltrán Zapata, atribuidos al Fiscal General del Estado de Yucatán (registrado con el número de promoción 10694) y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (registrado con el número de promoción 11945). Lo anterior, toda vez que al rendir sus correspondientes informes justificados, negaron categóricamente la existencia de dicho acto; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En tales condiciones, ante la negativa expresada por la autoridad responsable respecto de los referidos actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la detención atribuido a la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado (registrado con el número de promoción 11945). Por su parte, las autoridades responsables Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en Progreso y Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, negaron la existencia de ese acto reclamado, al rendir sus correspondientes informes justificados y los relativos a la suspensión de plano; sin embargo, hicieron manifestaciones que evidencian su existencia. Cobra aplicación, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, ha quedado establecido, que se debe tener como acto reclamado por la parte quejosa la orden de detención dictada en su contra. Sin embargo, de las constancias que anexó el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, en vía de apoyo al informe de suspensión de plano requerido, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierte que los directos quejosos Jesús Andrés Vázquez Mena, Laura Isabel Pat Koyoc y Rodolfo Beltrán Zapata, estuvieron presentes en el área de seguridad de la Unidad de Investigación y Litigación de Progreso, Yucatán, en calidad de imputados de los hechos posiblemente delictuosos contenidos en la Carpeta de Investigación número F1-F1/000120/2022. Empero, por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veintidós, fueron puestos en inmediata libertad dentro del término a que se refieren los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, fracción XVII y 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número P.CL/97, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Margarita del Carmen Parra Baeza, a favor de Jesús Andrés Vázquez Mena, Laura Isabel Pat Koyoc y Rodolfo Beltrán Zapata, en contra del acto reclamado consistente en la incomunicación a las autoridades responsables, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Margarita del Carmen Parra Baeza, a favor de Jesús Andrés Vázquez Mena, Laura Isabel Pat Koyoc y Rodolfo Beltrán Zapata, en contra del acto reclamado consistente en la detención que reclama del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en Progreso; así como del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y Fiscal General del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la sexto considerando de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese. Así lo resolvió y firmó el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio número 3542/2021, del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de veinte de mayo del año en curso, del que se advierte que el quejoso ERMILO JAVIER CASTILLA ROCHE, por conducto de su defensor particular Emiliano Zapata Cetina, solicitó se haga del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su facultad de atracción, del recurso de revisión que interpuso; por lo que el Tribunal oficiante lo remitió para que la Superioridad resuelva lo relativo a la mencionada solicitud. Así mismo se advierte que suspendió el turno y resolución del medio de impugnación presentado, hasta en tanto nuestro Máximo Tribunal de la Nación emita pronunciamiento al respecto. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense a los presentes autos el oficio UAJ.-03421/170522 rendido vía telegráfica por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, residente en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de doce de abril del presente año, informa que las constancias solicitadas como justificación a su informe, obran en el diverso juicio de amparo 313/2022, del índice de este Juzgado de Distrito, mismas que señaló como hecho notorio, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, en virtud de lo informado por la autoridad oficiante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como hecho notorio, para que dichas constancias sean tomadas en consideración en la audiencia constitucional, por lo que se ordena obtener copia certificada de las mismas para que sean agregadas a este expediente y tenerlas a la vista al momento de dictar la resolución respectiva. Notifíquese y cúmplase.

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