Jesús Alfredo Massa Rodríguez
Expediente 1515/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 58 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1515/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 58
- Última actuación
- 22/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jesús Alfredo Massa Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 58.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente expediente, se acuerda: agréguese para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Tizimín, Yucatán, con el que acusa recibo del pagaré suscrito por *********de fecha dos de marzo de dos mil catorce, que se le remitió mediante oficio 6333/2019-I-B, de seis de marzo del año en curso. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y la cuenta que antecede, se aprecia que mediante proveído de diecinueve de febrero del año en curso se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, sea realizó a ambas partes el veinticinco de febrero pasado por medio de la lista de estrados (fojas 559 y 562), sin que a la fecha alguna de ellas hubiera hecho manifestación al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia firmada el treinta de abril de dos mil dieciocho, en el primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso JESÚS ALFREDO MASSA RODRÍGUEZ en contra de los actos reclamados de la Juez y actuario adscritos al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Tizimín, Yucatán, Director y Registrador de Gravámenes, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán, y con residencia en esta ciudad, para el efecto siguiente: "... que la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar de Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, deje insubsistente el embargo trabado el veinte de enero de dos mil quince, por el actuario de su adscripción, sobre el predio número doscientos cuarenta y tres, de la calle cuarenta y cinco letra "A" de la localidad y municipio de Tizimín, Yucatán. La concesión se hace extensiva al Director y Registrador ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad..." Determinación que fue recurrida por el tercero interesado y cuya revisión correspondió, por razón de materia, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, que mediante acuerdo de tres de julio de dos mil dieciocho admitió a trámite el recurso de mérito, registrándolo con el número de toca 247/2018 (foja 504). Posteriormente, mediante resolución de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, la citada Superioridad resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jesús Alfredo Massa Rodríguez en contra de los actos que reclama a la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, Actuario de su adscripción, ambos con residencia en Tizimín, Yucatán, Director y Registrador de Gravámenes, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, los dos con residencia en esta ciudad; por los motivos y efectos precisados en la sentencia recurrida." Luego, por acuerdo dictado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el oficio 536 de veinticinco del propio mes y año, mediante el cual, remitió copia certificada de la resolución descrita en párrafos que anteceden; razón por la cual, este Juzgado Federal requirió a las autoridades responsables para que cumplieran con la ejecutoria de mérito. A fin de cumplir con la sentencia ejecutoria, la aludida juez mediante oficio 293/2019 de doce de febrero del año en curso, informó que en la propia fecha dictó un acuerdo en el que ordenó dejar insubsistente el embargo trabado sobre el predio número doscientos cuarenta y tres, de la calle cuarenta y cinco, letra "A", de la localidad y municipio de Tizimín, Yucatán; y que giró oficio a la autoridad registral respectiva a fin de que levantara dicho embargo (foja 554). Por su parte, la Directora y Registradora, ambas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, comunicaron mediante oficios relacionados en proveído de siete de febrero del año en curso, que cancelaron el referido embargo decretado por la juez responsable en el juicio ejecutivo mercantil 541/2014. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades responsables se encontraban obligadas, en el ámbito de sus competencias, a dejar insubsistente el embargo trabado en el juicio de origen y proceder a su cancelación en las oficinas registrales respectivas, lo que así realizaron y acreditaron, de ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a las autoridades responsables, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, notifíquese personalmente al quejoso el presente proveído, a fin de que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibió durante la tramitación del juicio y que obran en autos glosados en las fojas 125, 127 y 337, los cuales se le devolverán previa razón y acuse de recibo que se deje en este expediente. Apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos en el proceso de depuración de este expediente, de conformidad con lo acordado en los párrafos que anteceden. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que siga al resguardo de esta secretaría, el pagaré suscrito por Ana María Silveira y Alcocer de fecha dos de marzo de dos mil catorce, que se le requirió a la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, ni tampoco, el legajo de copias certificadas del juicio natural que ésta remitió en apoyo a su informe de ley; en consecuencia, por medio de oficio que al efecto se le dirija, devuélvansele dichos anexos, debiendo acusar recibo del pagaré. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y la cuenta que antecede, se aprecia que mediante proveído de diecinueve de febrero del año en curso se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, sea realizó a ambas partes el veinticinco de febrero pasado por medio de la lista de estrados (fojas 559 y 562), sin que a la fecha alguna de ellas hubiera hecho manifestación al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia firmada el treinta de abril de dos mil dieciocho, en el primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso JESÚS ALFREDO MASSA RODRÍGUEZ en contra de los actos reclamados de la Juez y actuario adscritos al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Tizimín, Yucatán, Director y Registrador de Gravámenes, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán, y con residencia en esta ciudad, para el efecto siguiente: "... que la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar de Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, deje insubsistente el embargo trabado el veinte de enero de dos mil quince, por el actuario de su adscripción, sobre el predio número doscientos cuarenta y tres, de la calle cuarenta y cinco letra "A" de la localidad y municipio de Tizimín, Yucatán. La concesión se hace extensiva al Director y Registrador ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad..." Determinación que fue recurrida por el tercero interesado y cuya revisión correspondió, por razón de materia, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, que mediante acuerdo de tres de julio de dos mil dieciocho admitió a trámite el recurso de mérito, registrándolo con el número de toca 247/2018 (foja 504). Posteriormente, mediante resolución de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, la citada Superioridad resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jesús Alfredo Massa Rodríguez en contra de los actos que reclama a la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, Actuario de su adscripción, ambos con residencia en Tizimín, Yucatán, Director y Registrador de Gravámenes, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, los dos con residencia en esta ciudad; por los motivos y efectos precisados en la sentencia recurrida." Luego, por acuerdo dictado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el oficio 536 de veinticinco del propio mes y año, mediante el cual, remitió copia certificada de la resolución descrita en párrafos que anteceden; razón por la cual, este Juzgado Federal requirió a las autoridades responsables para que cumplieran con la ejecutoria de mérito. A fin de cumplir con la sentencia ejecutoria, la aludida juez mediante oficio 293/2019 de doce de febrero del año en curso, informó que en la propia fecha dictó un acuerdo en el que ordenó dejar insubsistente el embargo trabado sobre el predio número doscientos cuarenta y tres, de la calle cuarenta y cinco, letra "A", de la localidad y municipio de Tizimín, Yucatán; y que giró oficio a la autoridad registral respectiva a fin de que levantara dicho embargo (foja 554). Por su parte, la Directora y Registradora, ambas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, comunicaron mediante oficios relacionados en proveído de siete de febrero del año en curso, que cancelaron el referido embargo decretado por la juez responsable en el juicio ejecutivo mercantil 541/2014. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades responsables se encontraban obligadas, en el ámbito de sus competencias, a dejar insubsistente el embargo trabado en el juicio de origen y proceder a su cancelación en las oficinas registrales respectivas, lo que así realizaron y acreditaron, de ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a las autoridades responsables, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, notifíquese personalmente al quejoso el presente proveído, a fin de que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibió durante la tramitación del juicio y que obran en autos glosados en las fojas 125, 127 y 337, los cuales se le devolverán previa razón y acuse de recibo que se deje en este expediente. Apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos en el proceso de depuración de este expediente, de conformidad con lo acordado en los párrafos que anteceden. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que siga al resguardo de esta secretaría, el pagaré suscrito por Ana María Silveira y Alcocer de fecha dos de marzo de dos mil catorce, que se le requirió a la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, ni tampoco, el legajo de copias certificadas del juicio natural que ésta remitió en apoyo a su informe de ley; en consecuencia, por medio de oficio que al efecto se le dirija, devuélvansele dichos anexos, debiendo acusar recibo del pagaré. Notifíquese personalmente y cúmplase. SER NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, seis de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y la cuenta que antecede, se aprecia que mediante proveído de diecinueve de febrero del año en curso se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, sea realizó a ambas partes el veinticinco de febrero pasado por medio de la lista de estrados (fojas 559 y 562), sin que a la fecha alguna de ellas hubiera hecho manifestación al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia firmada el treinta de abril de dos mil dieciocho, en el primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso JESÚS ALFREDO MASSA RODRÍGUEZ en contra de los actos reclamados de la Juez y actuario adscritos al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Tizimín, Yucatán, Director y Registrador de Gravámenes, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán, y con residencia en esta ciudad, para el efecto siguiente: "... que la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar de Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, deje insubsistente el embargo trabado el veinte de enero de dos mil quince, por el actuario de su adscripción, sobre el predio número doscientos cuarenta y tres, de la calle cuarenta y cinco letra "A" de la localidad y municipio de Tizimín, Yucatán. La concesión se hace extensiva al Director y Registrador ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad..." Determinación que fue recurrida por el tercero interesado y cuya revisión correspondió, por razón de materia, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, que mediante acuerdo de tres de julio de dos mil dieciocho admitió a trámite el recurso de mérito, registrándolo con el número de toca 247/2018 (foja 504). Posteriormente, mediante resolución de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, la citada Superioridad resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jesús Alfredo Massa Rodríguez en contra de los actos que reclama a la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, Actuario de su adscripción, ambos con residencia en Tizimín, Yucatán, Director y Registrador de Gravámenes, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado, los dos con residencia en esta ciudad; por los motivos y efectos precisados en la sentencia recurrida." Luego, por acuerdo dictado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el oficio 536 de veinticinco del propio mes y año, mediante el cual, remitió copia certificada de la resolución descrita en párrafos que anteceden; razón por la cual, este Juzgado Federal requirió a las autoridades responsables para que cumplieran con la ejecutoria de mérito. A fin de cumplir con la sentencia ejecutoria, la aludida juez mediante oficio 293/2019 de doce de febrero del año en curso, informó que en la propia fecha dictó un acuerdo en el que ordenó dejar insubsistente el embargo trabado sobre el predio número doscientos cuarenta y tres, de la calle cuarenta y cinco, letra "A", de la localidad y municipio de Tizimín, Yucatán; y que giró oficio a la autoridad registral respectiva a fin de que levantara dicho embargo (foja 554). Por su parte, la Directora y Registradora, ambas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, comunicaron mediante oficios relacionados en proveído de siete de febrero del año en curso, que cancelaron el referido embargo decretado por la juez responsable en el juicio ejecutivo mercantil 541/2014. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades responsables se encontraban obligadas, en el ámbito de sus competencias, a dejar insubsistente el embargo trabado en el juicio de origen y proceder a su cancelación en las oficinas registrales respectivas, lo que así realizaron y acreditaron, de ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a las autoridades responsables, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, notifíquese personalmente al quejoso el presente proveído, a fin de que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibió durante la tramitación del juicio y que obran en autos glosados en las fojas 125, 127 y 337, los cuales se le devolverán previa razón y acuse de recibo que se deje en este expediente. Apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos en el proceso de depuración de este expediente, de conformidad con lo acordado en los párrafos que anteceden. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que siga al resguardo de esta secretaría, el pagaré suscrito por Ana María Silveira y Alcocer de fecha dos de marzo de dos mil catorce, que se le requirió a la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, ni tampoco, el legajo de copias certificadas del juicio natural que ésta remitió en apoyo a su informe de ley; en consecuencia, por medio de oficio que al efecto se le dirija, devuélvansele dichos anexos, debiendo acusar recibo del pagaré. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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