JESÚS ALVARADO RESENDIZ y Otros.

Expediente 338/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
338/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
15/08/2017

Partes del expediente

  • JESÚS ALVARADO RESENDIZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; quince de agosto de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual remite copia certificada de la resolución pronunciada en el toca relativo al recurso de queja civil 70/2017, interpuesto en contra del proveído de seis de abril del año en curso, dictado por este juzgado; agréguese al expediente en que se actúa, el oficio de cuenta y testimonio de referencia, acúsese recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que el punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "UNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por, Jesús Alvarado Reséndiz y Diego Guadalupe Abascal Valdez, por su propio derecho en contra del auto de seis de abril del dos mil diecisiete, dictado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en el Juicio de amparo indirecto 338/217, promovido por dichos recurrentes, en contra de los actos que reclamaron del Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en Acapulco, Guerrero." En tal virtud, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula..

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero comunica que se admitió el recurso de queja.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Visto el escrito signado por los quejosos ********************, a través del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de seis de abril del año en curso; con fundamento en los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del ocurso que se provee al juicio en que se actúa; remítase al Tribunal Colegiado que por Materia y Turno le corresponda conocer del recurso de mérito, el original y copia de éste, así como copia certificada de las constancias que ********************, para el efecto de que se substancie el recurso de mérito. Ahora bien, de conformidad con el numeral 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación, en el sentido de que es cierto únicamente el acto relativo a la emisión del proveído que refiere. Finalmente, como lo solicita, acorde a lo dispuesto en el artículo 13, párrafo segundo, de la ley de la materia, téngase como representante común de los quejosos al señalado en segundo término, sin perjuicio de que con posterioridad sea sustituida. Notifíquese.

  4. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, MISMA QUE DICE... Acapulco, Guerrero; seis de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Alvarado Reséndiz y Diego Guadalupe Abascal Valdez, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 338/2017, y fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En atención a lo anterior, se precisa lo siguiente. La parte quejosa, en esencia, reclama: * La audiencia de remate de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, celebrada en el juicio hipotecario 136/2015-II, en la cual se adjudicó, se declaró fincado el remate a favor de los ejecutantes Mario Uriostegui Salgado y María Esther Mendoza Uriostegui, el cual se encuentra pendiente de aprobarse. * La falta de notificación a dicha audiencia y su ejecución. De los hechos que constituyen sus antecedentes, se obtiene que: Los peticionarios de amparo son parte actora en el juicio laboral 1536/2014, del índice de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje; sumario en el cual se dictó a su favor laudo condenatorio. Con motivo de inscripciones preventivas relativas al juicio hipotecario en mención, los quejosos promovieron ante el juez responsable tercería excluyente de dominio, la cual a firman, está pendiente de resolverse. Precisado lo anterior, el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIX, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; De la lectura del artículo y fracción transcritos se advierte que se establecen tres supuestos esenciales para determinar que el juicio de amparo resulta improcedente: 1. Se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa; 2. Haya sido interpuesto por el quejoso; y, 3. Dicho recurso tenga por objeto modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Es decir, para que se tenga por comprobada la improcedencia aludida, se debe acreditar que el acto contra el cual se pidió la protección constitucional, a su vez, sea materia de un recurso o defensa legal; que éste haya sido admitido, esté en trámite, y sea idóneo para conducir a la insubsistencia legal de la determinación combatida; pues el propósito que persigue el establecimiento legal de dicha causal, consiste en evitar que existan dos resoluciones en relación con una misma controversia, que, desde luego, anula el riesgo de que aquellas sean contradictorias entre sí. Ahora bien, a efecto de demostrar la actualización de la improcedencia que se plantea, se advierte que la quejosa, quien se ostenta como persona extraña a juicio, en su demanda de amparo afirma que, promovió tercería excluyente de dominio a fin de que se excluya el bien inmueble ubicado en "lote 41 subdividido en lotes 201, 202, 206-2 de la manzana 27 del ex ejido de Santa Cruz de esta ciudad"; rematado en el juicio hipotecario número 1536/2014 y adjudicado a favor de la parte actora en audiencia de remate de dieciséis de marzo del año en curso; asimismo refiere que dicha tercería fue admitida y se encuentra en su etapa probatoria. Bajo ese contexto, los artículos 89 y 90 del Código Procesal Civil en el Estado de Guerrero, prevén: "Artículo 89.- Terceros excluyentes. En un juicio seguido por dos o más personas, puede un tercero presentarse a deducir, por derecho propio, otra acción distinta de la que se debate entre aquéllos, para el efecto de pedir que se excluyan los derechos del actor y demandado o los de aquél solamente. Procede la tercería excluyente en los siguientes casos: I. Cuando el tercero se funde en el dominio que tenga sobre los bienes en cuestión o sobre la acción que se ejerce; II. Cuando el tercero se funde en la preferencia o mejor derecho que tenga para ser pagado; y III. Cuando el tercero haga valer un derecho dependiente del título que sirve de base al juicio. En estos casos se observará lo siguiente: a) La tercería excluyente podrá hacerse valer en cualquier estado del juicio, aún cuando esté dictada sentencia ejecutoria, con tal de que, si es de dominio, no se haya dado posesión de los bienes al rematante, o al actor, en su caso, por vía de adjudicación y que, si es de preferencia, no se haya hecho pago al demandante; b) No se admitirá la tercería si el tercero consintió en la constitución del gravamen o del derecho real en garantía de la obligación. Las tercerías excluyentes se iniciarán por demanda, con la que se acompañarán los documentos justificativos de la acción sin cuyo requisito no será admitida ni se le dará trámite. La substanciación de las tercerías excluyentes se tramitarán en forma incidental. Artículo 90.- Reglas aplicables a las tercerías excluyentes. Serán aplicables a las tercerías excluyentes, las siguientes reglas: I. Si el actor y el demandado se allanaren a la demanda; el juzgador sin más trámites, mandará cancelar los embargos, si fuere excluyente de dominio o dictará sentencia si fuere de preferencia. En igual forma se procederá cuando ambos dejaren de contestar la tercería. El ejecutado que haya sido declarado en rebeldía en el juicio principal, seguirá con el mismo carácter en la tercería; II. Se sobreseerá todo procedimiento de apremio en el caso de embargo precautorio, juicio ejecutivo o ejecución forzosa contra bienes o derechos reales determinados, siempre que conste en el expediente, certificación auténtica del Registro Público de Propiedad, que dichos bienes o derechos están inscritos a favor de persona distinta de aquélla contra la cual se decretó el embargo o se siguió el procedimiento, a no ser que se hubiere dirigido contra ellas la acción como causahabientes, del que aparece como dueño en el Registro. La petición de sobreseimiento podrá promoverse hasta antes de que se ponga al adjudicatario en posesión de los bienes y con la misma se correrá traslado al ejecutante. Si la resolución declara el levantamiento del embargo será apelable en el efecto devolutivo; si es desestimatoria, el interesado podrá deducir directamente la tercería; III. Las tercerías excluyentes no suspenden el curso del negocio en que se interpongan. Si fueren de dominio, el juicio seguirá sus trámites hasta el remate y desde entonces suspenderán sus procedimientos hasta que se decida la tercería. También se suspenderá el procedimiento si la tercería se hace valer antes de que se haya dado posesión de los bienes al rematante o al actor, en su caso. Si la tercería fuere de preferencia, se seguirán los procedimientos del juicio principal en que se interponga, hasta la realización de los bienes embargados, suspendiéndose el pago que se haga al acreedor que tenga menor derecho, definida que quede la tercería. Entretanto se decida ésto, se depositará a disposición del juzgador el precio de la venta. Si sólo alguno de los bienes ejecutados fuere objeto de la tercería, los procedimientos del juicio principal continuarán hasta vender y hacer pago al acreedor con los bienes no comprometidos en la tercería; y IV. La interposición de una tercería excluyente autoriza al demandante para pedir que se mejore la ejecución en otros bienes del deudor. Si la tercería se interpone ante un juzgador de paz, y el interés de ella exceda del que la ley respectiva someta a la jurisdicción de estos juzgadores, aquél ante quien se interpongan remitirá lo actuado en el negocio principal y tercería al juzgador que sea competente para conocer del negocio que represente mayor interés. Este una vez que reciba los expedientes correrá traslado de la demanda entablada y decidirá la tercería sujetándose en la substanciación a lo que aquí se dispone". Sentado lo anterior, se surte la causa de improcedencia en estudio, dado que en la presente vía constitucional se aduce un derecho preferente sobre el inmueble rematado y adjudicado en el juicio hipotecario en audiencia de remate de dieciséis de marzo del año en curso; y promovió tercería excluyente de dominio, en la que controvierte tal derecho, cuya finalidad perseguida tiene como consecuencia que se nulifique, revoque o modifique éste. Por tanto, es incuestionable que no pueden coexistir el juicio de amparo indirecto y la tercería excluyente de dominio que se encuentra en trámite, en virtud de que ésta constituye un mecanismo de defensa que, de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal del acto reclamado. Es aplicable por analogía, dado que se basa en la legislación de amparo abrogada, cuyo contenido es esencialmente idéntico al de la legislación vigente, la tesis de jurisprudencia 188/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, página 1586, cuyo rubro y texto son: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN TRÁMITE. EL HECHO DE QUE QUIEN LA PROMUEVA INTERPONGA, COMO TERCERO EXTRAÑO, JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO, ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando se encuentre en trámite ante una autoridad jurisdiccional una tercería excluyente de dominio donde el quejoso controvierte la propiedad y los derechos provenientes de un embargo, y a la vez intente un juicio de amparo en el que como tercero extraño no sólo reclama la posesión, sino que aduce que los bienes afectados por el embargo son de su propiedad, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque la finalidad perseguida con la promoción de la tercería tiene como consecuencia que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado. Por tanto, es incuestionable que no pueden coexistir el juicio de amparo indirecto y la tercería excluyente de dominio que se encuentra en trámite, en virtud de que ésta constituye un mecanismo de defensa que, de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal del acto reclamado, lo que provoca la improcedencia del juicio." Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda y el escrito aclaratorio, e indudable, porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para ese efecto designa en el escrito de demanda; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Rocío Ramírez Ventura, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Omar Ramírez Sorroza, por no contar con el requisito anterior. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.

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