Jesús Alfredo Rodríguez Valenzuela

Expediente 958/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
958/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
14/11/2019

Partes del expediente

  • Jesús Alfredo Rodríguez Valenzuela y Otros.
  • Ramón Adriel Barragán Monarrez y Otros.
  • Jesús Alfredo Rodríguez Valenzuela
  • Ramón Adriel Barragán Monarrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de oficio y de plano, con excepción de la demanda de amparo y auto donde se concedió la medida cautelar, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QIUE DICE... Acapulco, Guerrero; veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por la Asistente de Despacho Judicial adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, mediante el cual, en atención a lo solicitado en auto de catorce del mes y año en curso, informa que dentro de la causa penal 352/2019, en audiencia de ocho de octubre de dos mil diecinueve, se impuso a Ramón Adriel Barragán Monarrez la medida cautelar de prisión preventiva, quedando recluido desde entonces en el centro regional de reinserción social en esta ciudad, mientras que el once siguiente se le dictó auto de vinculación por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área, posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área, y contra la salud en la modalidad de posesión del narcótico denominado cannabis sativa I, conocida comúnmente como marihuana, con fines de comercio, en su hipótesis de venta, decretándose un plazo de cierre de investigación de dos meses, el cual fenece el once diciembre de dos mil diecinueve. En tales condiciones, de lo informado por la autoridad judicial sobre la situación jurídica del quejoso, queda de relieve que desde el ocho de los actuales Ramón Adriel Barragán Monarrez quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el centro regional de reinserción social en esta ciudad decretada en la causa penal 352/2019, tan es así que su localización se obtuvo en dicho centro penitenciario. En concatenación con lo anterior, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, prevé como causal de improcedencia del juicio de amparo cuando se inste contra actos consumados de modo irreparable. Dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable"; [...] Conforme al Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición, un "hecho consumado" lo constituye la acción que se ha llevado a cabo (que ha concluido), adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla. Así, la interpretación gramatical del precepto transcrito permite colegir que los "actos consumados" son aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, actos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Por su parte, el vocablo "irreparable" constituye el adjetivo que se aplica para denominar aquello "que no se puede reparar"; es decir, que no es susceptible de enmendar, corregir o remediar. Así, es factible concluir que por actos consumados de modo irreparable, debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estima transgredido, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Así se sostiene, dado que para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable; y, b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo); de ahí, el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas; razón por la cual, resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la ley de la materia. Pues ningún efecto práctico conduciría analizarse la constitucionalidad de los actos reclamados, en razón que, de otorgársele la protección constitucional sería imposible restituirle el derecho humano violado. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, pero esto ocurre sólo cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento (actos consumados de modo reparable). Sin embargo, tratándose de los actos consumados de modo irreparable resulta improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Sobre esas bases, cabe concluir que la naturaleza de los actos consumados, para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente del derecho que alega tener tutelado y que aduce le fue transgredido, igual que antes de las violaciones que afirma se le cometieron. Sentado lo anterior, tenemos que en el caso en estudio la detención realizada el cuatro de octubre de dos mil diecinueve por elementos de la Coordinación Operativa del Grupo de operaciones Especiales Jaguar de la Policía Estatal; quedó consumada de modo irreparable, pues el ocho de octubre siguiente fue consignado ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, quien en audiencia de once de los actuales dentro de la causa penal 352/2019, le decretó auto de vinculación a proceso y confirmó dicha medida cautelar, quedando desde entonces recluido en el centro de reinserción social de esta ciudad. De ahí, que la captura del citado quejoso ocurrida el cuatro del mes en curso, jurídica y materialmente produjo todos sus efectos y consecuencias, de tal manera que, ni física ni materialmente, podría restituírsele en el goce de los derechos humanos violados, en tanto que respecto al pretendido estado de incomunicación debe ponderarse el hecho de que al substanciarse la causa penal 352/2019, deben observarse los principios del sistema penal acusatorio, entre los cuales está el de inmediación que exige la presencia del imputado en cada una de las audiencias que se verifiquen, de ahí que ni siquiera ese aspecto requiera objetivamente que se constate la existencia o no de dicho acto reclamado. Consecuentemente, al haber quedado consumado de un modo irreparable el acto reclamado respecto al quejoso Ramón Adriel Barragán Monarrez en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVI de la ley de la materia, en tanto que la libertad del quejoso se encuentra sujeta a la determinación de una autoridad judicial y que conforme a los principios que rigen el sistema penal acusatorio bajo el cual habrá de substanciarse el proceso al que se encuentra sujeto el quejoso anula la posibilidad de que se encuentra en estado de incomunicación; lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, dejando sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional.. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos se advierte que el diez de octubre de dos mil diecinueve, se reservó a proveer respecto a la comparecencia mediante la cual el diverso quejoso Jesús Alfredo Rodríguez Valenzuela, no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Christian Olea Gandarillas, hasta en tanto se tuviera conocimiento de la situación jurídica del diverso quejoso Ramón Adriel Barragán Monarrez, lo cual ya aconteció, por lo que se provee; con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la misma, quedando sin efectos las providencias decretadas. Finalmente, atendiendo a lo resuelto en líneas precedentes, se dejan sin efectos el despacho 373/2019 girado al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Azueta. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese tal circunstancia vía telegráfica al juez de referencia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Coordinador Operativo de la Región Cosa Grande de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado de Distrito que autoriza. Doy fe.

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