Jesús Alfonso Trece Alemán

Expediente 818/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
818/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Jesús Alfonso Trece Alemán

Actuaciones

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ... En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    CUENTA. El cinco de octubre de dos mil veintiuno, se da cuenta con lo siguiente: a) Demanda de amparo promovida por Jesús Alfonso Trece Alemán, registrada con el número de folio 15423. b) La circunstancia de que los licenciados Luis Alberto Wong Zaragoza y Jesús Alan Coronado Guareño tienen registrada su cédula profesional (4308653 y 4536303) en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; no así el diverso profesionista Claudia Elizabeth Lemus Lugo. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de octubre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jesús Alfonso Trece Alemán, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito con Competencia en Ejecución Penal, Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 19, 20, 21, 22 y 133 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 818/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. A efecto de proveer lo procedente respecto a la demanda de amparo que nos ocupa, es relevante tener en cuenta lo dispuesto el artículo 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto anterior se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En el caso en estudio, de un análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama: De la Fiscalía General de la República Delegación Zacatecas; del Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México; de la Fiscalía General de Justicia del Estado; de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Zacatecas; de la Comisaría de la Policía Penitenciaria de Zacatecas, dependiente de la citada Dirección General; de la Unidad Jurídica de Ejecuciones y Sanciones de la Dirección dependiente de la citada Dirección General; del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-16 Zacatecas; del Titular del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas; del Director General de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas; del Titular de Seguridad Pública del Estado; y del Coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas: La orden de su traslado y ejecución, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas, a otro centro de reclusión. Al respecto, este juzgador estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio. recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (Énfasis añadido) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" La disposición legal invocada dispone que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales jurisdiccionales, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún medio de defensa por el que puedan ser modificadas revocadas o nulificadas. Ahora, a manera de preámbulo, conviene tener presente que el juicio de amparo es un mecanismo de control extraordinario previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sirve para impugnar los actos de autoridad que sean contrarios a ella en lo relativo a los derechos fundamentales de las personas, por lo que, para garantizar su eficacia, la procedencia y trámite de la acción no es irrestricta, sino que están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la protección a los derechos humanos de los gobernados. Dentro de estas reglas se encuentra el principio de definitividad, que establece que el juicio de amparo únicamente es procedente en contra de actos definitivos; es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; lo cual implica que antes de acudir a la instancia constitucional, se deberán agotar los mecanismos de defensa previstos en la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Este principio se encuentra radicado en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leves se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del luido, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución [...]." De los anteriores preceptos normativos se puede concluir que el principio de definitividad implica la obligación del promovente del amparo a agotar previamente los recursos o medios de defensa que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar el acto que en concreto cause perjuicio al solicitante del amparo. Asimismo, se ha sostenido jurisprudencialmente que, un medio ordinario de defensa, es aquel que tiene dichos efectos modificativos sobre el acto reclamado, el cual necesariamente debe estar previsto en la norma que rige el acto. Precepto del cual es factible establecer que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. También, vía jurisprudencia se ha sustentado que, para los efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Expuesto lo anterior, y atendiendo a que en el caso se estima que previo a la promoción del amparo se debió agotar el medio de defensa o recurso ordinario correspondiente, se precisa que la norma que rige tal revisión es la Ley Nacional de Ejecución Penal (publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis), de acuerdo a su artículo tercero transitorio que dice: "Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la presente Ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las disposiciones normativas que contravengan la misma" De la porción normativa se obtiene que con la entrada en vigor de la ley en cita, quedó abrogada la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas; y si bien se prevé que a los procedimientos que ya se encontraran en trámite a la entrada de su vigencia, les sería aplicable la legislación en vigor a su inicio, expresamente se establece que los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Ley de Ejecución Penal deben ser aplicados a todos los procedimientos que ahí se regulan, en atención al principio pro persona. En otro orden de ideas, es necesario precisar que conforme el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las órdenes de traslado, publicado el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se determinó que dichos mandatos (traslado) no deben ser considerados asuntos urgentes para turno, en virtud de que corresponde a la autoridad administrativa su determinación en situaciones que resulte necesario hacerlo de esa manera, y no requerir autorización previa del juez. La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé mecanismos de defensa para regular las cuestiones de internamiento de las personas privadas de su libertad, ya sea por prisión preventiva o que estén compurgando una pena, medios que se les denominó "peticiones administrativas" y "controversias ante el juez de ejecución o de control"; los cuales se desprenden de los artículos 115, 116 y 117, que en lo que interesa disponen: Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán relacionadas con: Las condiciones de internamiento y relacionadas con las mismas; [.] Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: 1. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; (.) III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. (.)". Así, de los preceptos transcritos, se deduce que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé como mecanismo para regular las cuestiones relacionadas a las condiciones de internamiento ante la autoridad administrativa las denominadas "peticiones administrativas", las cuales tienen como fin subsanar en un término de cinco días aquellos hechos u omisiones relacionados a esas condiciones. Asimismo, que vía controversia ante el Juez de Control y/o Ejecución, pueden ventilarse las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, por ejemplo, en materia de traslados. Que tratándose de casos urgentes como lo dispone el citado artículo 115 de la ley en comento, esto es, cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento (traslado) que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el juez para plantear su petición, siendo el caso que para esos supuestos dicho juzgador, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Resulta relevante para el caso lo dispuesto por el artículo 117 citado, puesto que del mismo se obtiene que los sujetos legitimados tienen a su alcance la acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, a través de la que podrán impugnar el traslado cuando tengan conocimiento del mismo, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente. Además destaca que tratándose de traslados urgentes -es decir los realizados sin previa autorización judicial- podrán ser recurridos precisamente ante el juez penal que corresponda, quien al analizarlo podrá revocarlo o confirmarlo. Entonces, de acuerdo a lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. De manera que una orden de traslado y su ejecución son sujetas a revisión directa del juez de ejecución o de control mediante dicho mecanismo de defensa. Es decir, al tener noticia de la orden de traslado o su ejecución, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Lo anterior tal como lo dispone la tesis aislada 1a. XXIV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2023190, correspondiente a la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional". De ahí que contrario a lo sostenido por la parte promovente, no se actualice el supuesto de excepción referente a que el acto se dictó fuera de procedimiento, a que hacen referencia los criterios contenidos en las tesis siguientes: - 1a./J. 58/2016 (10a.), registro 2013066, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 36, noviembre de 2016, tomo II, Página 865, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA." - 1a./J. 83/2015 (10a.), registro 2010596, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 25, diciembre de 2015, tomo 1, Página 247, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DELA LEY DE LA MATERIA." - 1a. CLXVI/2014 (10a.), registro 2006256, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, Página 824, deI rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUVA LA CAUSA PENAL. - 1a./J. 17/2013 (10ª.), registro 2003323, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX abril 2013, Tomo 1, Página 800, rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUELLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÈRMINOS DEL ARTÌCULO 22, FRACCIÒN II, PÀRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO" Ello, porque de su análisis se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó como base la reforma constitucional a los artículos 18 y 21 de junio de 2011, donde se quitaron las facultades a las autoridades administrativas para decidir las controversias que se susciten en reclusión, para otorgárselos a la autoridad judicial, y que por ende, a partir de dicha reforma las autoridades administrativas ya no tienen competencia para ordenar traslados porque de hacerlo se trataría de actos emitidos fuera de procedimiento judicial. Los referidos criterios surgieron en la época de transición donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades legales para ello y sin autorización judicial, cuando aún no se ajustaba la legislación ordinaria ni las autoridades administrativas penitenciarias, a los principios constitucionales. Sin embargo, ello cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues creó un procedimiento judicial que regula los traslados, por el que por regla general la autorización judicial es previa y excepcionalmente en casos urgentes la autorización judicial es posterior; caso este último en el que la autoridad administrativa ordena y ejecuta el traslado para posteriormente solicitar la autorización judicial, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa, empero, también se previó la facultad de los internos de iniciar una controversia judicial para combatir ese traslado. En cuanto al último supuesto mencionado, la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, y como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley es que se trata de actos ocurridos dentro de procedimiento, a diferencia de lo analizado en los citados criterios en los que se alude a supuestos donde los actos fueron emitidos fuera de juicio. En todo caso, a través del medio de defensa que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, la autoridad judicial ordinaria podrá analizar si la autoridad administrativa atendió o se apegó a esas disposiciones legales, y de existir alguna violación, la consecuencia podría ser la declaración de nulidad de dicho traslado, y la orden de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha violación. De manera que a través de dicho procedimiento es dable resarcir alguna transgresión a derechos que sufriera en su caso algún interno en cuanto al traslado, por lo que el referido mecanismo de defensa es eficaz y tendría que agotarse previo a acudir al amparo. Por tanto, como se indicó, previo a acudir al juicio de amparo a reclamar su traslado debió agotar los citado mecanismo de control judicial que regula la Ley Nacional de Ejecución, en virtud de que dicho acto es susceptible de impugnarse ante el juez correspondiente. Sin que sea obstáculo para lo anterior la circunstancia relativa a que también se señalen como autoridades responsables al licenciado Ricardo Pablos Félix, Juez de Distrito con Competencia en Ejecución de Penal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado y al Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, ya que no se les atribuyes algún pronunciamiento o calificación de alguna solicitud para su traslado, lo que revela que la materia de la reclamación debe ser objeto de los medios reseñados con antelación. Aunado a que la propia parte quejosa refiere que no ha mediado intervención judicial puesto que precisamente dicha circunstancia afirma es la que torna inconstitucional el acto reclamado. En consecuencia, al no observarse el principio de definitividad y por tanto actualizada la causal prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Jesús Alfonso Trece Alemán. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tienen como autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Luis Alberto Wong Zaragoza y Jesús Alan Coronado Guareño, tienen registrada su cédula profesional (4308653 y 4536303) en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; no así el diverso profesionista Claudia Elizabeth Lemus Lugo, quien no cuenta con dicho requisito, por tanto, téngase como autorizada únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Asimismo, se tiene al ocursante señalado como número telefónico de contacto 3316026850 y correo electrónico licwongzaragoza@hotmail.com. Por otra parte, en virtud de que no señala domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, por única ocasión se ordena al actuario, se constituya en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil del Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, y notifique al quejoso el presente proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del acuerdo 8/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además de conformidad con la fracción XIX del precepto 2 del diverso acuerdo 13/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que se estime necesario. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.

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