Jesús Alfonso Trece Alemán

Expediente 134/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 31 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
134/2023
Año
2023
Actuaciones
31
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Jesús Alfonso Trece Alemán
  • Antonio Rosas Méndez
  • Fiscal del Ministerio Público Adscrito A la Fiscalía Especializada En Combate Al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.
  • Justo Morales García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por Jesús Alfonso Trece por conducto de su autorizado Luis Alberto Wong Zaragoza, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo; del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta que fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y contiene firma electrónica conforme la regulación dispuesta por el Consejo de la Judicatura Federal por el abogado del quejoso Jesús Alfonso Trece Aleman, mediante el cual interpone recurso de revisión. Con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, dentro del término legal remítase el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, en turno y distribúyanse entre las demás partes copias simples del escrito de expresión de agravios, debiendo recabarse las constancias respectivas, integrándose las mismas al expediente electrónico de este juicio de derechos. Una vez que el mismo se encuentre debidamente integrado, envíese al Tribunal de Alzada para la substanciación del recurso de revisión que se interpone. Asimismo, se instruye la Oficial Judicial A de este juzgado, realice adecuadamente los movimientos necesarios en el sistema para que se vincule la consulta y se habilite el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, que le corresponda conocer del citado recurso de revisión. Lo anterior, en acatamiento a los lineamientos relativos a la utilización preferente de los medios tecnológicos, comunicaciones y soluciones digitales entre órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Fórmese cuadernillo de antecedentes y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Notifíquese; personalmente a las partes.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 134/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Poder Judicial en el Estado de Zacatecas, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que más adelante se precisan. Asimismo, alegó violación al artículo 20, apartado B, fracción IV constitucional. SEGUNDO. Admisión. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo titular la registró con el número 134/2023; por auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto de los actos y la autoridad responsable que más adelante se precisarán, a quien se solicitó rindiera su respectivo informe justificado; dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto emitido por una autoridad penal dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es indispensable que en toda sentencia se precise en forma clara el acto reclamado, porque se debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable a lo expuesto, la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro digital 181810, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por tanto, el análisis de demanda de amparo, así como de las constancias de autos, revelan que las autoridades responsables y los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Autoridad responsable: Magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Actos reclamados: La resolución de fecha veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal ********************, en la cual, confirma la determinación de exclusión de pruebas emitida en la causa penal de origen. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado de ahí que se tenga acreditado el mismo. Lo anterior, se corrobora con las documentales que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en el toca penal ********************, de cuyo contenido se aprecia el auto combatido, constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. No obstante que, como se mencionó, no se actualiza alguna causal de improcedencia, este juez de amparo estima necesario justificar la procedencia del juicio de amparo, al tenor de los siguientes argumentos. Justificación de procedencia del amparo indirecto contra la exclusión de la totalidad de las pruebas. Para comenzar, es necesario justificar que, si bien es cierto, el quejoso señaló como acto reclamado la sentencia de fecha veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal ********************, en la cual, confirma la determinación de exclusión de pruebas emitida en la causa penal de origen, resolución que únicamente versa sobre la exclusión de pruebas en la etapa intermedia, sí es procedente el juicio de amparo. La exclusión de la totalidad de pruebas por parte del acusado, a primera vista resulta en una mera violación procesal; sin embargo, en este caso en particular, constituye un acto de imposible reparación. El artículo 173, en su apartado B de la Ley de Amparo, señala el catálogo de violaciones procesales que se deben estudiar tratándose del amparo directo en materia penal tratándose de asuntos que emanen del proceso penal acusatorio. Específicamente en la fracción VII, indica que será motivo de estudio en amparo directo que no se reciban las pruebas que hayan sido ofrecidas legalmente o cuando no fueran recibidas con arreglo a derecho. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al respecto dentro de diversos amparos directos en revisión, los cuales dieron origen a la tesis de registro digital 2018868, la cual dice lo siguiente: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." Lo relevante de dicho criterio jurisprudencial viene en el sentido de que, en el amparo directo no se pueden estudiar cuestiones procesales que hayan sido materia de las primeras dos etapas del proceso penal acusatorio, pese a que sean violaciones cometidas al procedimeinto, pues dicha situación es acorde con lo establecido en los artículos 20, apartado A, fracción IV de la Constitución y 75 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, si la exclusión de la totalidad de medios de prueba del acusado es un acto de imposible reparación, ya que no se estudiará en la etapa de juicio ni se podrá subsanar de otra manera, es que este jugador de amparo considera que la situación es factible de ser estudiada en amparo indirecto. Justificada la procedencia del juicio protector de derechos humanos, se continua con el estudio de fondo. QUINTO. Estudio de fondo. Se omite la transcripción de los conceptos de violación hechos valer, en virtud de que no existe obligación de ello, pues los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en las sentencias de amparo se satisfacen con la precisión de los puntos debatidos y derivados de la demanda de garantías. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, el quejoso hace valer tres conceptos de violación, el primero de ellos engloba diversos argumentos; no obstante, se sintetizan en los siguientes enunciados: El primero de ellos versa sobre la confirmación de extemporaneidad del escrito de exclusión de pruebas del imputado, y sobre este tema hace valer diversos argumentos: Que el cómputo realizado por la Segunda Sala Penal es erróneo, aunado a que no obra constancia de cuando es que comenzó a correr el término para que el quejoso presentara su escrito de contestación de acusación. Que su acuerdo se encuentra dentro del término de ley, porque presentó su escrito en fecha seis de junio de dos mil veintidós y en el acuerdo de siete siguiente, no se asentó que fuera extemporáneo, lo que convalidó la presentación de su escrito de contestación de acusación. Que los artículos 337 y 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales utiliza el vocablo "podrá", lo que a juicio del quejoso, se traduce en una potestad de ofrecer sus medios de prueba dentro del plazo de ley; es decir, que el quejoso podrá decidir si presentar su escrito de contestación de acusación dentro del término que desee. Que la Sala hace una interpretación restrictiva de los artículos 337 y 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en perjuicio del quejoso. El segundo es relativo a la admisión como prueba anticipada del testimonio de la víctima, la cual también fue confirmada por la autoridad responsable; pues la defensa consideró que ya habían variado las situaciones para considerarla como anticipada. Finalmente, el tercer punto trata de la confirmación que hizo la Segunda Sala Penal de la admisión de la prueba testimonial a cargo del hermano de la víctima; dado que el imputado señaló que ese medio de prueba debía ser excluido. Por cuestión de técnica se estudiaran los conceptos de violación en un orden diverso al planteado por el quejoso, es decir, a continuación se dará respuesta a los motivos de disenso planteados en segundo y tercer lugar. Los conceptos de violación segundo y tercero son inoperantes. Para justificar la calificativa impuesta a esos conceptos de violación, resulta necesario mencionar que serán materia de amparo indirecto los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados constitucionalmente o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Bajo ese tenor, cuando los actos intraprocesales reclamados no afecten derechos sustantivos de la parte quejosa reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en los que México sea parte, el juicio de amparo será improcedente. Es decir, serán actos de imposible reparación aquellos que sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Al respecto se considera que la admisión del testimonio de la víctima y de su hermano, no son actos de imposible reparación, en razón de que no afecta derechos sustantivos, puesto que únicamente tiene efectos de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo. Lo anterior, puesto que los efectos de la determinación reclamada, no entraña necesariamente la emisión de una sentencia que resulte adversa al imputado. Para poner en contexto lo anterior, las admisiones de la declaración de la víctima (como prueba anticipada) y de la testimonial del hermano del afectado, fueron admitidas en la etapa intermedia del procedimiento penal. Al respecto, según lo establecido en el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, concretamente en el primer párrafo, señala que la finalidad de esta etapa (entre otras cosas) es la de ofrecer y admitir los medios de prueba en los cuales las partes sustenten sus respectivas teorías del caso. Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 6/2021, ahondó más en el tema, al señalar los siguientes argumentos: "(.) 80. Dicho de otra manera, si la etapa inicial e intermedia son preparatorias para el buen conducir de la etapa de juicio, bajo esa premisa, los datos de prueba (etapa de investigación) y los medios de prueba (etapa intermedia), en relación con el juicio oral, constituyen una preparación a lo que será valorado como prueba. Esto se traduce a que conforme avanza el iter probatorio o camino de la prueba se construye el plexo probatorio que será empleado por las partes para la defensa de sus posicionamientos y por el órgano jurisdiccional para la libre y lógica valoración y adopción de una postura respecto al cumplimiento del estándar probatorio requerido. 81. Será ese universo de pruebas, creado a partir de la admisión y exclusión de medios de prueba, junto con los acuerdos probatorios, y demás pruebas que excepcionalmente puedan ser introducidas en juicio, el que constituirá la materia prima sobre la cual las partes podrán sostener su teoría del caso (fáctica, probatoria y jurídica) y realizar los actos procesales propios de la audiencia de debate: afirmar, probar y alegar, incluyendo los alegatos de apertura y de clausura. (.) 85. A lo largo del proceso previamente desarrollado, y de manera conclusiva en la deliberación jurisdiccional, el juez o tribunal de juicio oral debe valorar las pruebas en particular, y el plexo probatorio en general de manera libre, con las limitantes intrínsecas y extrínsecas de las reglas de la experiencia, de la lógica y de la sana crítica, es decir, de conformidad con el mandato constitucional de valoración probatoria: la sana crítica. 86. En ese sentido, el órgano jurisdiccional debe asignar el valor correspondiente a cada una de las pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicar y justificar su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Lo anterior, para verificar si se cumple o no el estándar de condena requerido, a saber, la plena convicción de la responsabilidad más allá de toda duda razonable. 87. De esa manera es posible comprender que por regla general, la creación del plexo probatorio, mediante la exclusión y admisión de medios de prueba dista de ser un acto de imposible reparación; pues sobre este aún falta que se lleve a cabo un ejercicio de contradicción y deliberativo que podrá o no ser favorable a las partes, pero será hasta el momento de la valoración probatoria que se afecte la esfera jurídica del quejoso, a través del ejercicio argumentativo que realicen las partes, y valorativo que genere el órgano jurisdiccional sobre la totalidad del cúmulo probatorio. 88. En ese sentido, el auto de apertura a juicio en relación con la exclusión de medios de prueba forma parte de esa construcción, misma que resulta ahora claro que no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica de imputado, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva: la valoración en el juicio oral, y, por tanto, existe en un plano puramente procedimental. En ese tenor, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. (.) Lo anterior no significa que los gobernados queden desprotegidos ante posibles violaciones al momento de que el Juez de Control admita medios de prueba, pues esas posibles violaciones apuntan únicamente a derechos adjetivos. Por tanto, hacer procedente el amparo indirecto en su contra inclinaría innecesariamente la balanza al garantismo, protegiendo violaciones a derechos cuyos efectos no son materialmente demostrables en ese momento, en detrimento de los principios de continuidad y concentración (la eficacia del proceso). Además, esta protección no sólo encuentra cabida en la norma, o en principios estructurales del proceso, sino también está compelida al Juez de Control -quien dirige la etapa intermedia y la admisión de medios de prueba-. Figura que constituye una herramienta estructural que aporta un peso a la balanza en favor del garantismo del proceso penal, y que, por tanto, representa un protector de los derechos fundamentales, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal que corresponden a los imputados a lo largo del procedimiento. Y así es como debe ser entendido su papel cuando se analiza la procedencia del amparo indirecto, pues coadyuva a que se cumpla en determinado grado con la finalidad del amparo indirecto -la protección de derechos fundamentales- y no rompe con la eficacia del proceso. En ese sentido, la función del Juez de Control constituye un mecanismo de protección consagrado en el ordenamiento jurídico, que busca garantizar que el material probatorio que trascienda a la etapa de juicio sea aquel que se ajuste a la legislación ordinaria y a los derechos fundamentales. Esto se logra imponiendo al Juez de Control la tarea específica de proteger la observancia del respeto irrestricto a los derechos de los imputados y de preservar la legalidad, asimismo forzando que la decisión de excluir medios de prueba esté completamente desvinculada de la ulterior valoración del plexo probatorio, pues evita que el órgano jurisdiccional de audiencia intermedia juzgue sobre la valoración de las pruebas (al ser el juez de juicio oral a quien compete dicha tarea). (.)" De los anteriores argumentos vale la pena rescatar lo siguiente: 1.- La finalidad de la etapa intermedia es continuar con el camino de la prueba y así formar el plexo probatorio, con el cual, las partes van a sostener su teoría del caso en la audiencia del juicio. 2.- Sobre ese universo de pruebas que las partes presentarán ante el tribunal de enjuiciamiento, éste deberá de otorgarle valor a cada una de ellas acorde a las reglas establecidas en la legislación aplicable, para verificar si se cumple o no con el estándar requerido para sentenciar a una persona. 3.- Asimismo, las pruebas en el sistema penal acusatorio se rigen por ciertos principios y la afectación a estas directrices, solamente conlleva la afectación de derechos adjetivos. 4.- En consecuencia, la exclusión o admisión de medios de pruebas, no se ve reflejada en la esfera jurídica de las partes del proceso, hasta que se valoran y se toman en cuenta para el dictado de una sentencia. 5.- Esta situación, no deja en estado de indefensión a ninguna de las partes, pues el Juez de Control al actuar en la etapa intermedia, debe regirse por la legislación aplicable y los principios estipulados, con lo cual, de cierta manera tutela los derechos objetivos y subjetivos de los intervinientes. Como se puede ver, de las ideas resaltadas, es claro que la admisión o exclusión de pruebas per se, no constituye un acto que pueda ser reclamado en amparo indirecto, pues como se ha venido insistiendo, solamente constituye una afectación a los derechos procesales del aquí quejoso y que, de ninguna manera conlleva dejarlo en estado de indefensión. Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia a la cual dio origen la contradicción de tesis 6/2021, la cual fue emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2023906, la cual es de rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." Acotado lo anterior, es que se decreta la inoperancia de los temas sujetos a debate en los conceptos de violación titulados como segundo y tercero, consistentes en la admisión de los testimonios de la víctima (con el carácter de anticipada) y de su hermano. Finalmente, no pasa inadvertido que la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte que fue tratada en este apartado, habla de improcedencia y no de inoperancia; lo cierto es que la sentencia reclamada no puede fraccionarse como documento para declarar la improcedencia sobre ciertos temas, lo que conduce a decretar su inoperancia en lugar de improcedencia del juicio de amparo, ya que el acto reclamado considerado como un todo, involucra un tema que debe ser atendido de fondo. Esta cuestión planteada, obedece a la continencia de la causa como principio rector de los procesos jurisdiccionales, que obliga a los juzgadores a considerar como una unidad la demanda y el acto reclamado, lo que prohíbe estudiar una parte del acto reclamado y omitir otra por considerar que esta última no genera una afectación a derechos sustantivos. Sobre estas consideraciones, relativas a la unidad de la sentencia y la continencia de la causa, resulta ilustrativa la tesis con registro digital 226404, emitida por el Quinto Tribuna Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, que se inserta a continuación: "SENTENCIA, DEBE CONSIDERARSE COMO UNIDAD. Toda sentencia, como acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, por lo que debe considerarse como unidad, lo que trae como consecuencia la eficacia vinculatoria de las consideraciones del fallo, implicando elementos fundamentales para determinar el alcance de la decisión." Así como la diversa jurisprudencia con número de registro 160967, creada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL PRINCIPIO DE CONTINENCIA DE LA CAUSA OBLIGA AL JUZGADOR A ESTUDIAR TODOS SUS COMPONENTES, AUNQUE ALGUNOS NO SEAN DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. En los juicios de amparo, tomando en consideración la unidad de la demanda y que se trata de un solo acto reclamado, no puede dividirse la continencia de la causa, esto es, no es posible examinar una parte de dicho acto y omitir el estudio de otra, bajo el argumento de que la determinación contenida en una de ellas sí trae aparejada una ejecución de imposible reparación y lesiona los derechos de la agraviada, en tanto que las consideraciones en que se sustenta la segunda parte no ocasiona una afectación de tal naturaleza, por tratarse de una violación procesal reclamable en el juicio de amparo directo que llegare a promoverse en contra de la sentencia definitiva, puesto que al ser procedente la vía indirecta en la primera hipótesis referida, ello es suficiente para que la autoridad jurisdiccional que conozca del juicio constitucional emprenda el estudio del resto de los argumentos que conforman el acto reclamado, aunque estos últimos no ocasionen una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa." Por lo cual, como se refirió en líneas precedentes, los conceptos de violación marcados como segundo y tercero, resultan inoperantes. Resta estudiar el primer concepto de violación (dividido en los cuatro argumentos desglosados con anterioridad), en el que el quejoso ataca la exclusión de la totalidad de medios de prueba. Dicho concepto de violación deviene, por una parte, ineficaz y, por otra, infundado. Para justificar la negativa del amparo, se estudiarán cada uno de los argumentos vertidos por el quejoso, dentro de los siguientes tópicos: 1) Consideraciones de la fase escrita de la etapa intermedia en el proceso penal acusatorio; 2) Conteo del plazo para la interposición de la contestación al escrito de acusación en el caso concreto; y 3) Utilización del vocablo "podrá" en los plazos de la etapa intermedia. 1) Consideraciones y plazos de la fase escrita en la etapa intermedia en el proceso penal acusatorio. Para proporcionar claridad en la presente sentencia, vale la pena resaltar la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, específicamente tratándose de la fase escrita: 1.- Para comenzar, el artículo 334, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la etapa intermedia en el proceso penal acusatorio se integra de dos fases, una escrita y otra oral; la primera de ellas da inicio con la presentación del escrito de acusación por parte del Fiscal del Ministerio Público. 2.- Acaecido lo anterior, el juzgado de control mandará a notificar con el escrito de acusación a todas las partes dentro del juicio, ello acorde al numeral 336 de la legislación adjetiva penal. 3.- Una vez notificadas las partes, el arábigo 338 del multicitado cuerpo de leyes, le otorga el término de tres días a la víctima u ofendido a partir de la legal notificación, para que se constituyan en el juicio y coadyuven con el Fiscal del Ministerio Público. 4.- Posteriormente, se le da la posibilidad al imputado de presentar su escrito de contestación de acusación, en el cual, entre otras cosas, podrá ofrecer sus medios de prueba y señalar los defectos del escrito del fiscal. La presentación de este escrito de contestación, se hará dentro del plazo de diez días, una vez que fenezca el término para que la solicitud de coadyuvancia, y ya presentado, se notificará de nuevo en el plazo de veinticuatro horas a las partes restantes, esto acorde al artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En resumen, el fiscal presentará su escrito de acusación, una vez notificado, se le da el término de tres días a la víctima u ofendido para cooperar en el proceso, fenecido el plazo para coadyuvar, el imputado cuenta con diez días para dar contestación al escrito de acusasión, para dar mayor claridad se inserta la siguiente tabla: Acción dentro de la fase escrita dentro de la etapa intermedia. Fundamento dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Término. 1.- Presentación del escrito de acusación. Artículos 334 y 335. Inicia la etapa intermedia. 2.- Notificación. Artículo 336. Al día siguiente de la recepción del escrito de acusación. 3.- Constitución de la víctima u ofendido como coadyuvante. Artículo 338. Tres días a partir de la notificación del escrito de acusación. 4.- Contestación al escrito de acusación por parte del imputado. Artículo 340. Diez días a que venza el plazo para coadyuvar. Ahora bien, el numerario 341 de la legislación penal procesal, refiere que, para la fijación de la audiencia intermedia, únicamente basta con que el Fiscal presente su escrito de acusación. Esto significa que la parte ofendida o el imputado, pueden abstenerse de contestar al escrito de acusación, según su estrategia de litigio; sin embargo, la ley señala que la audiencia no podrá ser fijada antes de treinta días naturales, para darles la posibilidad a la víctima o al acusado de tener una participación más activa en el proceso. Como se puede ver, el desarrollo de la fase intermedia sí se encuentra constreñida a términos de los que ostentan las partes para la seguridad jurídica de los intervinientes; asimismo, la contestación al escrito de acusación es optativa, acorde con la estrategia de litigio que pueda tener la defensa. Sentado lo anterior, se procede al estudio del plazo en el análisis concreto de este asunto. 2) Conteo del plazo para la interposición de la contestación al escrito de acusación en el caso concreto. Ahora bien, el quejoso señaló que su escrito de contestación de acusación fue presentado en tiempo y forma, al tenor de dos argumentos: 1.- Cuando presentó su escrito de contestación a la acusación, el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Jalpa lo tuvo por recibido y no asentó que fuera extemporáneo. 2.- La Sala Penal no computó bien el término y que no existe constancia de cuando debía de comenzar el plazo para que el imputado presentara su escrito de contestación de acusación. Dichos argumentos son ineficaces, ya que el quejoso parte de una premisa falsa; para sostener lo anterior, es menester dirigirnos a las constancias que integran el toca penal de apelación penal ********************. Por lo que hace al computo del plazo, dentro de la sentencia que se duele el quejoso y de la audiencia intermedia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se advierte que el Fiscal del Ministerio Público presentó su escrito de contestación en fecha veinte de agosto del año dos mil veintiuno. A razón del escrito de acusación, el propio veinte de agosto, el juzgado de control lo tuvo por recibido, señaló que la víctima tenía la opción de ejercer como coadyuvante, que posteriormente, una vez transcurrido el plazo para el ofendido, comenzarían los diez días para que la defensa ofreciera sus medios de prueba y ordenó su notificación personal. A la víctima por conducto del Fiscal del Ministerio Público, se le notificó vía telefónica el referido día veinte de agosto de dos mil veintiuno; por lo cual, comenzó a correr su término para su solicitud de coadyuvancia y feneció el veintitrés del citado mes y año. Por su parte, al defensor del imputado el licenciado ******************** se le notificó el mismo día veinte y se le hizo sabedor que una vez vencido el término de la víctima para coadyuvar, podría ofrecer su escrito de contestación al escrito de acusación; sobre esta notificación, en las constancias del toca penal se logra apreciar una captura de pantalla en donde el abogado defensor acusa de recibido. Además, en el minuto 9 de la audiencia intermedia de treinta y uno de agosto del año anterior, el defensor del imputado aceptó textualmente que se le había corrido traslado con el escrito de acusación. Ahora bien, si la defensa del imputado presentó su escrito de acusación ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jalpa en fecha seis de junio de dos mil veintidós, según se desprende del sello de recibido, es claro que fue presentado con casi un año de diferencia; y por lo tanto, es extemporáneo. Entonces, considerando que el imputado solamente cuenta con el término de diez días a partir de que fenece el plazo de la víctima u ofendido para participar como coadyuvante en el juicio penal, y este término venció el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, es notorio que su contestación es extemporánea. Fortalece los anteriores argumentos, la tesis aislada con número de registro digital 2020653, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, la cual es de rubro y texto siguientes: "OFRECIMIENTO DE MEDIOS DE PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL QUE REALIZA EL IMPUTADO RESPECTO DE AQUELLOS QUE PRETENDA DESAHOGAR EN JUICIO ORAL, DEBE FORMULARLO EN LA FASE ESCRITA DE LA ETAPA INTERMEDIA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A QUE FENEZCA EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 340, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PUES, DE LO CONTRARIO, DEBEN EXCLUIRSE. El artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. En la primera, se lleva a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba, esto es, por escrito ante el Juez de control en términos del artículo 340 de dicho ordenamiento. Por su parte, el diverso artículo 337 regula el descubrimiento probatorio, que consiste en la obligación del imputado o defensor de entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en audiencia intermedia; así como que el acusado o su defensor deberá descubrir los medios de prueba que pretenda ofrecer en la audiencia de juicio; de ahí que el imputado debe ofrecer los medios de prueba que pretenda desahogar en el juicio oral en el plazo de diez días siguientes a que fenezca el señalado para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, a que se refiere el primer párrafo del citado numeral 340, ya que de no hacerlo así, deben excluirse, pues brindar la posibilidad de ofrecer los medios de prueba como lo pretenden el imputado y su defensor, esto es, con base en el último párrafo del artículo 337, que dispone que en caso de que éstos requieran más tiempo para preparar el descubrimiento o su caso, podrán solicitar al Juez de control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, que les conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos, se le daría un trato procesal diferente al órgano acusador y a la parte ofendida, lo cual está prohibido por el principio de igualdad procesal que impera en el sistema procesal penal acusatorio y oral; máxime que se perdería de vista que el ofrecimiento de medios de prueba y el descubrimiento probatorio son momentos procesales diversos, porque en la primera fase de la etapa intermedia es donde se lleva a cabo ese ofrecimiento, lo que es diferente a lo previsto en el diverso 337 indicado, es decir, el descubrimiento probatorio, mismo que deberán realizar las partes procesales durante la celebración de la audiencia intermedia, una vez que ya fueron ofrecidos esos medios ante la autoridad jurisdiccional en sus respectivas contestaciones a la acusación planteada por el Ministerio Público. Por tanto, aun cuando existe un margen de ofrecimiento y admisión de medios de prueba, la revisión sobre su incorporación debe ser puntual y estricta, esto es, debe sujetarse a los presupuestos procesales que rigen la función jurisdiccional, dentro de los cuales están los plazos inscritos en la ley, por lo que las partes deben sujetarse a las formalidades que al respecto establece la legislación aplicable." Como se puede ver, el plazo estudiado por la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia fue correcto y sí existe constancia de notificación a partir del cual, la defensa del imputado estaba obligado a presentar su escrito de contestación a acusación; por lo cual, deviene ineficaz el referido argumento. Ahora bien, el quejoso señala que su escrito se encuentra en tiempo y forma, esto porque al presentarlo ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jalpa, se tuvo por recibido en auto de seis de junio de dos mil veintidós y no se asentó que fuera extemporáneo. Esta consideración también es errónea. Analizando el auto al que hace referencia el quejoso, únicamente se tuvo por recibido el escrito de contestación y por ofrecidos sus medios de prueba, es decir, solamente se determinó que el licenciado ********************, había presentado ante el órgano jurisdiccional su escrito, sin analizar su oportunidad o contenido, ya que esas cuestiones de fondo no deben ser examinadas en un escrito. En efecto, en el sistema penal acusatorio lo preponderante es lo alegado en las audiencias orales por lo cual, siempre debe de prevalecer lo dicho en audiencia, pues es donde se dilucidaran las cuestiones que versen sobre el fondo del asunto, máxime si se establece que la versión escrita constituye una mera formalidad. En abono a lo anterior, es pertinente traer a colación lo que establece el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en el penúltimo párrafo se establece textualmente que en ningún caso la versión escrita podrá exceder a lo dicho oralmente, veamos: "Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: I. Las que resuelven sobre providencias precautorias; II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia; III. La de control de la detención; IV. La de vinculación a proceso; V. La de medidas cautelares; VI. La de apertura a juicio; VII. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio; VIII. Las de sobreseimiento, y IX. Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo. En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. (.)" Lo subrayado es propio. Como se puede ver fue correcta la determinación de recibir el escrito de contestación de acusación no correspondía realizar alguna consideración de fondo, pues constituiría una violación al citado numeral. Por tanto, su argumento tendiente a señalar que su escrito de contestación fue presentado en tiempo, ya que no se señaló lo contrario en el acuerdo diecisiete de junio de dos mil veintidós, es ineficaz. Estudiada la extemporaneidad del escrito de contestación, procede entrar a la interpretación del vocablo "podrá". 3) Utilización del vocablo "podrá" en los plazos de la etapa intermedia. Referente a este punto, la parte quejosa señala que el plazo de diez días para dar contestación al escrito de acusación es optativo, ya que el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales utiliza el vocablo "podrá", lo que se traduce en una potestad de la defensa ceñirse a ese término. Para comenzar, resulta pertinente reproducir textualmente lo señalado en el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 340. Actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia Dentro de los diez días siguientes a la notificación de la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su Defensor, mediante escrito dirigido al Ministerio Público, o bien en audiencia intermedia: I. Podrán señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y si lo consideran pertinente, requerir su corrección. No obstante, la defensa tendrá la misma oportunidad en la audiencia intermedia; II. Podrá solicitar la acumulación o separación de acusaciones, o III. Podrá manifestarse sobre los acuerdos probatorios. Deberá descubrir los medios de prueba que pretenda desahogar en juicio para tal efecto, a partir de este momento y hasta en un plazo máximo de diez días deberá entregar física y materialmente a las demás partes dichos medios de prueba, con salvedad del informe pericial el cual deberá ser entregado a más tardar el día de la celebración de la audiencia intermedia, sin perjuicio de que se anuncie en este momento. El escrito del acusado o su Defensor se notificará al Ministerio Público y al coadyuvante dentro de las veinticuatro horas siguientes a su comparecencia." De la lectura del ordinal 340, se advierte el argumento que se ha venido repitiendo de manera reiterada, el acusado cuenta con diez días para presentar su escrito de contestación al escrito de acusación. Ahora bien, es cierto que el artículo en comento utiliza la expresión "podrá"; sin embargo, el quejoso realiza una interpretación errónea de dicho vocablo. Al respecto, la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia, da contestación a estos razonamientos de manera muy acertada y las cuales comparte este juzgador de amparo, pues efectivamente, los abogados en el sistema penal acusatorio pueden optar por tres tipos de estrategias para ejercer una defensa adecuada: 1) Pueden optar por ofrecer medios de prueba que soporten su propia teoría del caso y en su caso, generar mayor convicción que la adoptada por la fiscalía. 2) También cuentan con la opción de una estrategia más pasiva, en la cual, no se pretende demostrar una teoría del caso, sino simplemente desacreditar la presentada por la partes acusadora y beneficiarse del principio de presunción de inocencia e in dubio pro reo. 3) Por último, se puede seguir una estrategia de defensa que reúna las dos anteriores. Esta idea se relaciona con el derecho constitucional que tiene el acusado de ofrecer pruebas, el cual puede ejercer o no, según sus intereses, pues tampoco se le puede obligar a ofrecer medios de prueba únicamente por estar señalado en la constitución, ya que perdería su carácter de derecho para convertirse en una obligación. Sobre ese argumento, la potestad que otorga la utilización del vocablo "podrá" en el artículo 340 del código procesal penal, va más bien encaminada en posibilidad de escoger la estrategia que se considere más idónea para una adecuada defensa. Es decir, contestar el escrito de acusación es un derecho del acusado, el cual puede decidir ejercerlo o no, según lo considere su defensa y esta omisión, atendiendo a las causas particulares que dieron origen a esa omisión, no necesariamente deben considerarse como perjudiciales para el imputado. Sobre esta idea, conviene traer la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 202100, la cual ahonda más en el tema, veamos: "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. PARA DECLARAR LA VIOLACIÓN A ESTE DERECHO, ES NECESARIO QUE LAS FALLAS O DEFICIENCIAS DE LA DEFENSA NO SEAN CONSECUENCIA DE LA ESTRATEGIA PLANTEADA POR EL ABOGADO DEFENSOR. En el análisis del juicio, el juzgador debe evaluar detenidamente que las fallas o deficiencias en la defensa no sean, desde ningún punto de vista, consecuencia de la estrategia defensiva del abogado defensor, pues al ser licenciado en derecho se le reconoce un amplio margen de libertad para ejercer sus funciones. Una estrategia defensiva es un plan diseñado e implementado por la defensa con la finalidad de proteger/promover los intereses del inculpado, de acuerdo con el contexto fáctico y normativo del caso. En ese sentido, se reconoce que cada abogado es autónomo en el diseño de la defensa a seguir a favor del inculpado y no se soslaya que el silencio o la inactividad de éste o su defensor puede interpretarse como una estrategia legítima de defensa, ya que el derecho a guardar silencio, lejos de ser una restricción del derecho a la defensa o del debido proceso, constituye un derecho del inculpado previsto en los artículos 20 de la Constitución Federal y 8, numeral 2, inciso g), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, la posibilidad de que el Juez distinga si está ante una estrategia de defensa, o bien, frente a una violación a los derechos del inculpado, dependerá, necesariamente, del contexto de cada caso. Consecuentemente, dependiendo de la etapa que corresponda y del sistema de justicia penal bajo el cual está siendo juzgado el imputado, el órgano jurisdiccional debe verificar si en la causa penal acontece o aconteció lo siguiente: 1) ausencia sin justificación evidente de pruebas; 2) silencio inexplicable de la defensa; 3) ausencia de interposición de recursos; 4) omisión de asesoría; 5) desconocimiento técnico del procedimiento penal del abogado; o, 6) ausencia o abandono total de la defensa. Así, al verificarse la existencia de una o varias de las condiciones anteriores, se estaría ante una violación manifiesta del derecho de defensa adecuada en su vertiente material; de lo contrario, se entenderá que el silencio o la inactividad del inculpado o de su defensor atiende a una estrategia legítima de defensa." Resta decir que, como se señaló en la tesis anteriormente citada, de rubro "OFRECIMIENTO DE MEDIOS DE PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL QUE REALIZA EL IMPUTADO RESPECTO DE AQUELLOS QUE PRETENDA DESAHOGAR EN JUICIO ORAL, DEBE FORMULARLO EN LA FASE ESCRITA DE LA ETAPA INTERMEDIA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A QUE FENEZCA EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 340, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PUES, DE LO CONTRARIO, DEBEN EXCLUIRSE.", el acusado tiene la obligación de ceñirse al término de diez días para contestar el escrito de acusación y que dicho plazo es fatal. No se pierde de vista el amplio número de tesis aisladas y jurisprudencias que el quejoso invoca sobre la acepción de la palabra "podrá"; sin embargo, ninguna de ellas le genera un beneficio, ya que no guardan relación con el derecho a ofrecer pruebas del quejoso, y menos con lo relativo al artículo referido. En consecuencia es infundado el argumento vertido por el quejoso, relativo a la interpretación favorable del vocablo "podrá" dentro del artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En otro orden de ideas, el quejoso sostiene que se debió de hacer una interpretación favorable del artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y permitirle contestar el escrito de acusación cualquier tiempo más allá del término de diez días; sin embargo, ese argumento atentaría contra los principios rectores del proceso penal acusatorio, específicamente el de contradicción e igualdad ante la ley. Lo anterior es así, dado que si el acusado dispusiera de un tiempo indefinido y no establecido en la ley para ofrecer sus medios de prueba, sería perjudicial para la seguridad jurídica de la víctima y desnaturalizaría el sistema de etapas que se maneja en el proceso penal acusatorio, pues nunca se podría concluir la etapa intermedia; además de que otorgaría una ventaja procesal injustificada al acusado. Además, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal ya ha realizado pronunciación al respecto a que la observancia del principio pro persona, de ninguna manera debe inobservar los principios de legalidad, igualdad, debido proceso y seguridad jurídica que se encuentran reconocidos en nuestra Carta Magna y en instrumentos internacionales. Esta consideración se ve reflejada en la jurisprudencia emitida por la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual tiene como número de registro digital 2006485, y es de epígrafe siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Por lo que, resulta aplicable la calificativa de infundado al argumento del quejoso, en el que señaló que se debió hacer una interpretación favorable del artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así las cosas, ante lo inoperante, infundado e ineficaz de los conceptos de violación previamente examinados, y al no existir queja deficiente que suplir, lo que se impone es negar el amparo solicitado. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos reclamados a la Segunda Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Zacatecas, por lo motivos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, y de manera electrónica a la agente del ministerio público adscrito.

  4. Principal

    POR LO EXPUESTO, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO SIN EXCESOS O DEFECTOS.

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