Jesús Alfonso Montellanos Reyna
Expediente 904/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 904/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Jesús Alfonso Montellanos Reyna
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte promovente Leopoldo Zapata Torres, por conducto de su representante legal Jesús Alfonso Montellanos Reyna, no impugnó el auto de diecisiete de diciembre del año pasado (fojas 21 a 25), por el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Por último, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
El día de hoy queda notificada la parte quejosa Leopoldo Zapata Torres y a su autorizado por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de diecisiete de diciembre de dos mil quince, dictado dentro del juicio de amparo 904, que a la letra dice: Vista la demanda de amparo promovida por Leopoldo Zapata Torres, por conducto de su representante legal Jesús Alfonso Montellanos Reyna, personalidad que se tiene por acreditada con la copia cotejada del auto de uno de diciembre del presente año, por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 904/2015. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por la parte promovente en esta instancia se hacen consistir básicamente en: a) el auto de uno de diciembre del presente año, dictado dentro del juicio laboral 208/2015, mediante el cual, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, determinó desechar el incidente de falta de personalidad que promovió el quejoso Leopoldo Zapata Torres, por conducto de su apoderado jurídico, contra la persona que se ostentó como representante legal de la parte demanda en dicho juicio, que lo es Servicios Integrales Mondelez, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; y b) la admisión y resolución del incidente de nulidad de actuaciones promovida por quien dice representar los intereses de la demandada, el cual fue declarado procedente, sin fundar ni motivar su resolución incidental, ni tomar en cuenta las pruebas ofrecidas por las partes, tanto en el incidente de falta de personalidad como en el incidente de nulidad de actuación, según refiere. En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Tales preceptos establecen una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento (como lo es el juicio laboral promovido ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza) el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, como regla general, que los actos procesales sólo tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en caso de que éste obtenga resolución favorable a sus intereses. Así pues, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos procesales, como ya se dijo, tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trata, caso en que no debe esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque aquélla obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Entonces, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que al momento de obtener una sentencia favorable desaparecen en la realidad dejando intacta la esfera jurídica del gobernado. Así pues, la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra actos cometidos durante el procedimiento judicial, únicamente se actualiza cuando la violación afecta de manera material algún derecho sustantivo o fundamental, sin que actualmente conforme al criterio federal transcrito, para establecer la procedencia del amparo, pueda acudirse a la diversa opinión relativa a la violación procesal exorbitante a las partes, pues ello fue abandonado. Sobre la base expuesta, es evidente que el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades, posesiones o derechos), de igual forma tampoco implica una violación procesal en grado exorbitante o superior a la parte quejosa; pues las consecuencias de la resolución reclamada no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos; por lo tanto, es incuestionable que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, la demanda de amparo que se analiza contiene un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, se estima que la acción constitucional intentada deviene improcedente, porque el auto de uno de diciembre de dos mil quince, dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, en los autos del juicio laboral 208/2015, promovido por el quejoso, en contra de Servicios Integrales Mondelez, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en el que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad que promovió en dicho expediente la parte actora -aquí promovente-, contra quien se ostentó como representante legal de la demandada; así como, la admisión y resolución del incidente de nulidad de actuaciones promovida por quien dice representar los intereses de la demandada, el cual fue declarado procedente, sin fundar ni motivar su resolución incidental, ni tomar en cuenta las pruebas ofrecidas por las partes, tanto en el incidente de falta de personalidad como en el incidente de nulidad de actuación, según refiere; no constituyen actos que causen un perjuicio irreparable a la parte quejosa, pues es una resolución que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad si el laudo que ponga fin al juicio resulta finalmente favorable a los intereses de la parte quejosa. Ciertamente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley de Amparo, se consideran violaciones procesales, las determinaciones de los juicios tramitados ante tribunales del trabajo, cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. Luego, los autos reclamados corresponden a actos emitidos dentro de juicio, denominados de carácter intraprocesal, que no tienen una ejecución de imposible reparación, por lo que no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubican en la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso numeral 104, fracción V, de la Ley de Amparo; y en cambio de acuerdo con lo dispuesto por el precepto 172, fracción V de la mencionada ley, como ya se dijo, se trata de una violación intraprocesal; habida cuenta que a la parte quejosa le reviste el carácter de parte actor en el juicio laboral número 208/2015, de origen, quien lógicamente se encuentra haciendo valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escucha en juicio. Consecuentemente, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar de plano la demanda de amparo. Por otra parte, se tiene como como domicilio el que indica en su demanda de amparo. Por último, conforme al procedimiento de acceso a la información, la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite; así también, que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes. Lo anterior, por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.
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