Jesús Alfonso Montellanos Reyna

Expediente 248/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
248/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
27/09/2018

Partes del expediente

  • Jesús Alfonso Montellanos Reyna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de veinticuatro de septiembre del año en curso.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa y a los terceros interesados mediante proveído de siete de septiembre del año en curso (foja 114), para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento informado por la autoridad responsable sobre la sentencia de amparo, sin que a la fecha se haya recibido escrito alguno por medio del cual hubieren desahogado la vista. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, es procedente pronunciarse respecto si la ejecutoria ha quedado cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En principio, se tiene en cuenta que los efectos de la sentencia son los siguientes: "... se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Jesús Alfonso Montellanos Reyna, para que, dentro del plazo de tres días contados a partir de que cause ejecutoria esta resolución, la autoridad responsable Junta de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Acuña, Coahuila, y su Presidente, efectúen lo siguiente: 1. Deje insubsistente la determinación reclamada de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio laboral con número de expediente 52/2016, únicamente en la parte en que impuso la multa al aquí quejoso sobre la cual se otorga la protección constitucional. 2. En vía de consecuencia, deberán quedar insubsistentes todas las determinaciones referentes a la ejecución de esa multa impuesta, lo que implica ordenar a la autoridad exactora dejar sin efectos el cobro de la misma". Enseguida, se procede a reseñar los antecedentes del cumplimiento al fallo protector: 1. Mediante proveído de seis de agosto del año en curso (foja 99 y 100), causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo y se ordenó dar vista a las partes para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación con el oficio 1060/2018, mediante el cual la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, informó que dejó insubsistente la determinación reclamada de veintiuno de marzo de este año, dictada en el juicio laboral con número de expediente 52/2016, únicamente en la parte en que impuso la multa al aquí quejoso Jesús Montellanos Reyna, sobre la cual se otorgó la protección constitucional en este juicio de amparo, quedando sin efectos todas las determinaciones referentes a la ejecución de esa multa; de lo que las partes fueron oportunamente notificadas, sin que hayan manifestado nada al respecto. 2. En acuerdo de veintidós de agosto de este año (fojas 106 y 107), se requirió a la autoridad responsable de que se trata, acreditara en autos con el documento correspondiente, haber ordenado a la autoridad exactora Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza, Oficinas de Recaudación de Rentas, dejar sin efectos de manera definitiva el cobro de la multa de que se trata. 3. Mediante proveído de siete de septiembre de este año (foja 114), se tuvo por recibido el oficio 1249/2018, signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, con el que remitió copia certificada del acuerdo de veintiocho de agosto del año en curso, así como del oficio 1244/2018, derivado del mismo, a través del cual ordenó al Titular de Recaudación de Rentas, en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, dejar sin efectos la multa que impuso al aquí quejoso Jesús Montellanos Reyna, el veintiuno de marzo de este año; quedando debidamente notificadas las partes, sin que hayan manifestado nada al respecto. En mérito de lo expuesto, se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo están cumplidos, ya que la autoridad responsable dejó insubsistente la determinación reclamada de veintiuno de marzo de este año, dictada en el juicio laboral con número de expediente 52/2016, únicamente en la parte en que impuso la multa al aquí quejoso Jesús Montellanos Reyna, sobre la cual se otorgó la protección constitucional en este juicio de amparo, quedando insubsistentes todas las determinaciones referentes a la ejecución de esa multa, ordenando mediante oficio 1244/2018, al Titular de Recaudación de Rentas, en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, dejar sin efectos la multa de que se trata. En ese sentido se advierte que se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos transgredidos, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo Por tanto, es evidente que se cumplió con el núcleo esencial que motivó la concesión del amparo otorgado; sin que sea técnico que este Juzgado Federal se ocupe de la legalidad de lo resuelto con posterioridad al no haber sido materia de la litis. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos uno, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con registro 165807, la cual establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Por tales razones, se estima cumplida la sentencia dictada en este juicio, para todos los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; por tanto, archívese este asunto y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la permanencia en este Juzgado, de la documental que remitió la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, que motivó la apertura del tomo I de pruebas (fojas 39 y 40); devuélvasele.

  3. Principal

    El día de hoy queda debidamente notificada la parte quejosa por medio de lista de acuerdos del auto de siete de septiembre de dos mil dieciocho, lo anterior, por no acudir a notificarse de manera personal.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa y a los terceros interesados mediante proveído de seis de agosto del año en curso (fojas 99 y 100), para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento informado por la autoridad responsable sobre la sentencia de amparo, sin que a la fecha se haya recibido escrito alguno por medio del cual hubieren desahogado la vista. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, es procedente pronunciarse respecto si la ejecutoria ha quedado cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo . En principio, se tiene en cuenta que los efectos de la sentencia son los siguientes: "... se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso ***, para que, dentro del plazo de tres días contados a partir de que cause ejecutoria esta resolución, la autoridad responsable Junta de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Acuña, Coahuila, y su Presidente, efectúen lo siguiente: 1. Deje insubsistente la determinación reclamada de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio laboral con número de expediente 52/2016, únicamente en la parte en que impuso la multa al aquí quejoso sobre la cual se otorga la protección constitucional. 2. En vía de consecuencia, deberán quedar insubsistentes todas las determinaciones referentes a la ejecución de esa multa impuesta, lo que implica ordenar a la autoridad exactora dejar sin efectos el cobro de la misma". Enseguida, se procede a reseñar los antecedentes del cumplimiento al fallo protector: Mediante proveído de seis de agosto del año en curso (foja 99 y 100), causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo y se ordenó dar vista a las partes para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación con el oficio 1060/2018, mediante el cual la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, informó que dejó insubsistente la determinación reclamada de veintiuno de marzo de este año, dictada en el juicio laboral con número de expediente 52/2016, únicamente en la parte en que impuso la multa al aquí quejoso ***, sobre la cual se otorgó la protección constitucional en este juicio de amparo, quedando insubsistentes todas las determinaciones referentes a la ejecución de esa multa. Sin embargo, la autoridad responsable no acreditó en autos con el documento correspondiente, haber ordenado a la autoridad exactora Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza, Oficinas de Recaudación de Rentas, dejar sin efectos de manera definitiva el cobro de la multa de que se trata. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable señalada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada del documento que acredite lo anterior, o bien, informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo establecido, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la unidad de medida diaria a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 258 de la Ley de Amparo. Lo anterior, para que este órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de pronunciarse sobre el cumplimiento al fallo protector.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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