Jesús Alfonso Carreón Estrada

Expediente 616/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
616/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
21/07/2017

Partes del expediente

  • Jesús Alfonso Carreón Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente, contra el auto de seis de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por *******, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad. Por ende, conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello, haciendo constar en la carátula que el presente asunto no se trata de información reservada, de la prevista en el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no se opusieron a la publicación de su nombre y datos a que alude el artículo 3, fracción III, del ordenamiento legal invocado y que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental y de valor jurídico, no constan documentos originales, así como que es susceptible de destrucción, de conformidad con la fracción I del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE A LA LETRA: Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de julio de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda promovida por *******, contra actos de la Juez Segundo de lo Civil, Distrito Judicial Galeana y Ministro Ejecutor o Notificador adscrito al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial Galeana. Fórmese el expediente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anotarlo en el Libro de Gobierno respectivo, como juicio de amparo *******. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto -motivo manifiesto e indudable de improcedencia-, ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J-75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En principio es menester puntualizar que la demanda de amparo debe analizarse como un todo y no de manera aislada respecto de los capítulos que la conforman, lo anterior con el objeto de establecer de manera certera la controversia constitucional planteada, pues si existe discrepancia entre los actos reclamados con los conceptos de violación, deberá atenderse a la verdadera voluntad de la parte quejosa al momento de promover el juicio constitucional. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia I.3o.C. J/40, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizada en la página 1240, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN INTEGRALMENTE. Es legal una sentencia cuando su dictado no se aparta de los hechos constitutivos de la controversia, sino que se apoya en una debida interpretación del escrito inicial de demanda, ocurso, que como cualquier otro acto jurídico es susceptible de interpretación cuando existen palabras contrarias. La interpretación de la demanda debe ser integral, a fin de que el juzgador armonice los datos en ella contenidos y fije un sentido que sea congruente con los elementos que la conforman, lo que se justifica plenamente, en virtud de que se entiende que el Juez es un perito en derecho, con la experiencia y conocimientos suficientes para interpretar la redacción oscura e irregular, y determinar el verdadero sentido y la expresión exacta del pensamiento de su autor que por error incurre en omisiones o imprecisión, tomando en cuenta que la demanda constituye un todo que debe analizarse en su integridad por la autoridad a efecto de dilucidar las verdaderas pretensiones sometidas a litigio. A partir de esas premisas, quien resuelve estima actualizada, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; De los preceptos transcritos se deduce que en el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se deduce que tratándose de actos de ejecución de sentencia dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el juicio de amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución que se dicte en ese procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; ya que la finalidad de dicho precepto legal, es evitar que los gobernados abusen del juicio de amparo retardando el cumplimiento de una resolución jurisdiccional que reviste el carácter de cosa juzgada. Ante esta perspectiva, es evidente que en el particular se actualiza, de manera notoria e indudable, la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, -este último interpretado en sentido contrario-, ambos de la Ley de Amparo, pues aun cuando el acto cuya constitucionalidad se censura, consistente en el acuerdo que ordena poner a la parte actora en posesión material del bien inmueble materia del juicio especial de desahució, lo que se traduce en una orden de lanzamiento emitida en contra del quejosos por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Galeana, fue emitido después de concluido el citado conflicto de desahució, específicamente en la sección de ejecución; sin embargo, los actos tendentes a ejecutar la sentencia, como son la orden de lanzamiento aquí reclamada, no puede considerarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ya que con ella no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirlo, ni se ordena el archivo definitivo del expediente; únicos supuestos en los que será procedente el juicio de amparo en tratándose de actos de ejecución de sentencia, como expresamente lo precisa la actual Ley de Amparo en el numeral y fracción antes transcritos. En efecto, la procedencia del juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, implica que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada en contra de una persona que fue oída y vencida en juicio, porque al promoverse el juicio de amparo en contra de la última resolución y de demostrarse que hubo infracción legal y que se dejó sin defensa a la parte quejosa, la consecuencia será la de reponer el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de control constitucional, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 32/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2011, página 31, que dice: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. En la especie, el quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, que era poseedor de un bien inmueble ubicado en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, derivado del contrato de arrendamiento que celebró con la ahora tercero interesada; asimismo, refirió que esta última promovió el juicio especial de desahucio, que se radicó ante el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Galeana, bajo el consecutivo 1033/2014 y en el que se dictó sentencia que condenó al ahora quejoso a la desocupación y entrega del bien arrendando. De igual forma, dentro de los antecedentes que al efecto narran los impetrantes, el quejoso expresamente reconoce que, a pesar de la condena, la sentencia definitiva no le generaba algún problema pero que, mediante acuerdo de veintidós de junio del año en curso, se ordenó lanzar al demandado del predio arrendado, lo cual se ejecutó el veintiséis de junio del año en curso. Así, atendiendo a los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró el impetrante, se concluye que fue parte formal en el juicio de origen, máxime que el acto materia de reclamo no es la falta de llamamiento a juicio, sino exclusivamente la ejecución de la sentencia dictada en dicho procedimiento, que se materializa en la orden de lanzamiento, que se dictó sin otorgar el plazo de gracia que prevé el artículo 944 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. En esa medida, el quejoso únicamente reclama la ilegalidad de la continuación del procedimiento de ejecución de sentencia, por lo que de ninguna manera se le puede considerar como personas extrañas al juicio especial de desahucio del que deriva el acto reclamado, ni aún personas extrañas por equiparación, porque como ya se dijo, su único reclamo consiste en que han transcurrido quince años desde la sentencia de remate, sin que se hubiere llevado a cabo la ejecución de la sentencia, sin controvertir en forma alguna el emplazamiento al juicio, lo que además resulta acorde con el acto que señala como reclamado. Por tanto, el acto reclamado por el quejoso de ninguna manera constituye la última resolución de ese procedimiento, toda vez que del contenido de la demanda se desprende que no es aquel en que la autoridad responsable hubiere aprobado o reconocido el cumplimiento total de lo sentenciado o bien que se hubiere declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o en su caso, que hubiera ordenado el archivo definitivo del expediente; es decir, se trata de una actuación intermedia que puede reclamarse como una violación cometida durante ese procedimiento, pues esa violación debe ser alegada y en su caso, reparada en el juicio de amparo que se interponga contra la última resolución dictada en la fase de ejecución de sentencia; por lo que deviene improcedente el juicio de amparo promovido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2º.C.337C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1033, Tomo XVII, Junio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión última resolución en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva a la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. De igual forma, la Jurisprudencia I.3º.C.J/21, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 511, Tomo XI, Junio de 2000, de la Época y Semanario en consulta, del rubro y texto siguientes: ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. La orden de lanzamiento constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto, o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva que sea distinta a la que fue objeto de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías. En las relacionadas condiciones, el amparo promovido resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo en vigor, este último aplicado en sentido contrario; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Finalmente, debe decirse que a fin de respetar los principios de Pro Persona y Recurso Efectivo, como parte del derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional, el gobernado no queda exento de respetar los principios de procedencia previstos en las leyes para interponer un medio de defensa, de ahí que el derecho a un recurso efectivo, contemplado en el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin verificar los requisitos de procedencia previstos en las leyes, porque las formalidades procesales son la vía que hace posible llegar a una adecuada resolución. Al respecto, resulta aplicable la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 525, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el numeral 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, autoriza para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que refiere en su ocurso; siempre y cuando se encuentre acreditado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.phgd*agb

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