Jesús Alejandro Vega Pérez

Expediente 386/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
386/2016
Año
2016
Actuaciones
20
Última actuación
26/07/2016

Partes del expediente

  • Jesús Alejandro Vega Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de siete de julio del año en curso, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ******* Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil dieciséis y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el, licenciado *******, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de julio de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El nueve de mayo de dos mil dieciséis, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua y Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, a quienes les reclamó la privación ilegal de su libertad y el decomiso ilegal de su vehículo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de diez de mayo de dos mil dieciséis, la demanda de amparo se registró con el número *******; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo adicionan y reforman, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama la privación de su libertad y el decomiso de su vehículo. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua y Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, y en su denominación correcta, al rendir sus respectivos informes justificados negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo. Por su parte, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito en materia penal en el Estado de Chihuahua, fue omiso en rendir el informe justificado que se le solicitó, a pesar de que fue notificado para ello. Ahora, el artículo 117, de la Ley de Amparo, establece que cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado. Sin embargo, del informe que rindió el Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial se advierte que el agente del Ministerio Pública de la Federación titular de la agencia quinta investigadora en esta ciudad tenía a su cargo la carpeta de investigación instruida a nombre del quejoso. De igual manera, de las constancias de autos se advierte que se le dio vista al quejoso con dicho informe para que ampliara la demanda respecto de tal autoridad, lo que no ocurrió. Además, el quejoso ofreció de su parte copias simples de su credencial para votar, de un recibo de agua a nombre de ******* y del título del automotor del Estado de Colorado, Estados Unidos de América. Tales documentos carecen de eficacia demostrativa y por tanto son ineficaces para acreditar lo que el promovente pretende, en virtud de que se presentaron sin certificación, de manera que solo son indicios según lo estipulado en los artículos 136 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa del numeral dos, así como, por identidad de razón, en la tesis registrada con el número 228231 sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Tomo III, Segunda Parte-1 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra establece: COPIAS FOTOSTATICAS SIN CERTIFICAR. VALOR PROBATORIO. Si la autoridad responsable acompañó a su informe justificado copia fotostática de determinados documentos sin certificación, carecen de valor probatorio en los términos de los artículos 93, 136 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al juicio de amparo. Así como la diversa IV.3o. J/23 con número de registro 202550 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Novena Época de texto y rubro siguiente: DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas. Entonces, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que textualmente dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo ******* promovido por *******, respecto de las autoridades responsables y actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Incidental

    Sentencia Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de junio de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 386/2016-I-2, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el diez de mayo de dos mil dieciséis del presente año, ***************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua y Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, a quienes les reclamó la privación de la libertad, la detención y/o arresto y el decomiso de su vehículo. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de diez de mayo del año en curso, se tramitó el incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la que después de diferida, se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. El Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Chihuahua, fue omiso en rendir el informe previo que se le solicitó, a pesar de encontrarse debidamente notificado del oficio 9933/2016, mediante el cual se le requirió, como se advierte del acuse postal que corre agregado a foja cincuenta y siete de autos. Ahora, el artículo 142, de la Ley de Amparo, establece que cuando la autoridad responsable no rinda su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado, para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. En el caso, se concede la suspensión defintiva respecto a la detención reclamada, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, lo solicitó la parte quejosa, con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues no se advierte que se actualice alguno de los supuestos que de manera enunciativa señala el diverso artículo 129 de la ley de la materia. De conformidad con lo establecido en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, la medida suspensional se concede para el efecto, de que Jesús Alejandro Vega Pérez, sin dilación, sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el artículo 16 Constitucional lo permite, o su consignación, según corresponda. La presente medida surte efectos a partir del momento en que se pronuncia el presente acuerdo, no obstante que sea recurrido por las partes, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 168 de la ley de la materia y tomando en consideración que la parte quejosa es omisa en precisar el delito por el que se le sigue la averiguación de la que derivan los actos reclamados, las circunstancias del caso, la situación económica en que vive actualmente, si existe algún daño patrimonial, a cuánto asciende la reparación del daño, a fin de no poner la suspensión fuera de su alcance, y que por el momento no se cuenta con algún otro dato para su determinación, el suscrito, estima prudente fijar a la parte accionante una garantía por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos moneda nacional), la que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley. Apoya lo anterior el contenido de la tesis de jurisprudencia 66/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Septiembre de dos mil uno, página 436, del rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AUN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. En la inteligencia de que la medida que se concede, no surtirá efectos si se trata de orden de detención dictada por autoridad judicial competente, se sorprenda al quejoso en flagrante delito, se trate de un caso urgente previsto en el quinto párrafo, del artículo 16 de la Constitución General de la República, en cuyos casos podrá ser capturado. Si opta por póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; debiendo señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si opta por billete de depósito, éste contendrá entre otros, los siguientes requisitos: nombre del depositante, en el rubro correspondiente al concepto: "para garantizar la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa" (nombre del garante por el que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión 386/2016-I-2; y, en el rubro de autoridad: "Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua". También debe precisarse que esta medida cautelar no surte efecto si la orden reclamada obedece a un acto diverso del reclamado, dictado por distinta autoridad o si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito. Por otra parte, respecto a la medida cautelar que solicita la parte quejosa por lo que hace al decomiso de su vehículo automotor, se niega la suspensión definitiva, toda vez que no se encuentran reunidos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo vigente. Para una mejor comprensión, conviene precisar que el quejoso reclama en la demanda de amparo, el decomiso del bien de su propiedad ejecutada por la Policía Federal de Caminos. En ese sentido, no obstante que la parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que se libere el bien mueble de su propiedad de manera inmediata. Sin embargo, a consideración del que suscribe, no demuestra tener algún interés, pues no aportó en su libelo prueba alguna que acredite al menos indiciariamente su interés jurídico del que se pudiera advertir que le causan agravios los actos reclamados, ello pues para acreditar su propiedad ofrece un título expedido en el Estado de Colorado de los Estados Unidos de América en copia simple. Tal documento carece de eficacia demostrativa y por tanto es ineficaz para acreditar lo que el promovente pretende, en virtud de que se presentó sin certificación, de manera que solo es indicio según lo estipulado en los artículos 136 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa del numeral dos, así como, por identidad de razón, en la tesis registrada con el número 228231 sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Tomo III, Segunda Parte-1 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra establece: COPIAS FOTOSTATICAS SIN CERTIFICAR. VALOR PROBATORIO. Si la autoridad responsable acompañó a su informe justificado copia fotostática de determinados documentos sin certificación, carecen de valor probatorio en los términos de los artículos 93, 136 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al juicio de amparo. Así como la diversa IV.3o. J/23 con número de registro 202550 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Novena Época de texto y rubro siguiente: DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas. Además, apoya tal determinación la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 309, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1993, Octava Época, del rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN, INTERÉS JURÍDICO PARA OTORGAR LA. La negativa de la suspensión definitiva se ajusta a derecho, cuando el quejoso no acredita su interés jurídico, aun cuando sea en forma presuntiva. En ese sentido, para obtener la suspensión defintiva que solicita, el quejoso debió señalar el bien que se asegura se le decomisó y acreditar al menos indiciariamente la propiedad o posesión del mismo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se concede la suspensión definitiva que solicitó ***************, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva que solicitó ***************, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yasmin Jiménez Vega. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que no obra el informe justificado del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua ni el acuse postal del oficio por el que se le requirió. Asimismo, del informe justificado del Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, denominación correcta de la señalada por el quejoso como Jefe Regional de la Agencia Federal de Investigación, delegación Ciudad Juárez, Chihuahua, se advierte la participación del titular de la Agencia Quinta Investigadora. Entonces, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia se ordena dar vista al quejoso por un término de quince días, para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto del titular de la Agencia Quinta Investigadora, en el entendido que su escrito de ampliación deberá contener todos los requisitos del 108 de la Ley de Amparo y deberá presentar las copias para todas las partes. Apercibido que de no hacerlo se estudiará el juicio de amparo en los términos del escrito inicial de demanda. A fin de dar margen a lo anterior, se señalan las nueve horas con veinte minutos del siete de julio de dos mil dieciséis para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yasmin Jiménez Vega. Doy fe.

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