Jesus Alejandro Lopez Herrera
Expediente 91/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesus Alejandro Lopez Herrera
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo ********************, por el que se desechó la demanda de amparo interpuesta por Jesús Alejandro López Herrera; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, párrafo segundo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo interpuesta por Jesús Alejandro López Herrera; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación Finalmente, de autos se advierte que ya le transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa Jesús Alejandro López Herrera, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, y, por tanto, las notificaciones subsecuentes se le harán, por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado de Distrito, aún las de carácter personal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta suscrito por el escrito suscrito por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Guasave, Sinaloa, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho número 76/2023, en el que se le encomendó notificar al quejoso Jesús Alejandro López Herrera, el proveído veintidós de febrero del presente año; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Por tanto, téngase por notificado de dicho proveído al quejoso Jesús Alejandro López Herrera, en términos de la diligencia de trece marzo de dos mil veintitrés.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de cuenta, promovida por Jesús Alejandro López Herrera, contra actos de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con residencia en la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 91/2023-1A. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito aclaratorio relativo a la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE: Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con residencia en la Ciudad de México. ACTOS RECLAMADOS A la autoridad responsable le reclamo el que no me haya otorgado autorización para el consumo de cannabis, ya que yo le solicité dicho permiso mediante escrito presentado el 05 de septiembre de 2022, al cual recayó su respuesta mediante oficio número 223301EL354032 de 30 de septiembre de 2022, la cual me enteré hasta el pasado martes 07 de Febrero de 2023. Manifestó bajo protesta de decir verdad que los siguientes constituyen los antecedentes del acto reclamado: 1.- Como ya lo adelanté, el 05 de Septiembre de 2022, presenté petición dirigida al Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (escrito que se acompaña al presente); a dicha solicitud le recayó la respuesta que Martha Patricia Rodríguez Nava en su calidad de Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, hizo mediante oficio número 223301EL354032 de 30 de Septiembre de 2022 (el cual se acompaña al presente). De la respuesta que me dio la autoridad señalada como responsable, yo me enteré hasta el pasado martes 07 de Febrero de 2023. Precisado lo anterior, con apoyo en lo que dispone el artículo 107, fracción IV de la Carta Magna, en relación con los artículos 61, fracción XX, y 113 de la ley de la materia, en relación con los artículos 17 bis y 438 de la Ley General de Salud, y 3º, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como el artículo 23, fracción III, inciso 1), inciso d), del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este órgano de control constitucional estima que debe desecharse la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [. IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;] LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" Del citado artículo, se desprende que cuando exista un juicio o medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto (sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ni plazo mayor para su otorgamiento), se surte la causa de improcedencia invocada; señalándose como causas de excepción las siguientes: 1) carezca de fundamentación, 2) se hagan valer en su contra violaciones directas a derechos humanos y 3) proceda en su contra algún medio ordinario previsto en la normativa reglamentaria, sin que las Leyes que rijan el acto contemplen su existencia. Desde este punto de vista, el principio de definitividad supone el agotamiento de todas las acciones o recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, de existir alguna acción ordinaria de defensa que no sea agotada traerá como consecuencia la improcedencia del Juicio de Amparo, salvo que se configure alguna excepción, como se ha visto. Este principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos fundamentales de las personas, por lo que, previo a su promoción, deben agotarse todas aquellas instancias ordinarias de modificación, revocación o nulificación del acto reclamado legalmente establecidos. El reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando el acto de autoridad impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo, como se dijo en los párrafos precedentes. Por su parte los artículos 17 bis y 438 de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro señalan: LEY GENERAL DE SALUD "Artículo 17 bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios: I. Efectuar la evaluación de riesgos a la salud en las materias de su competencia, así como identificar y evaluar los riesgos para la salud humana que generen los sitios en donde se manejen residuos peligrosos; II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud de la persona, salud ocupacional y saneamiento básico; Fracción reformada DOF 07-06-2011, 16-03-2022 III. Elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas relativas a los productos, actividades, servicios y establecimientos materia de su competencia, salvo en las materias a que se refieren las fracciones I y XXVI del artículo 3o. de esta Ley; IV. Evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de su competencia se requieran, así como aquellos actos de autoridad que para la regulación, el control y el fomento sanitario se establecen o deriven de esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y los demás ordenamientos aplicables; V. Expedir certificados oficiales de condición sanitaria de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia; VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción II de este artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de salud, con independencia de las facultades que en materia de procesos y prácticas aplicables en los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento primario de bienes de origen animal para consumo humano, tenga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal; Fracción reformada DOF 07-06-2012 VII. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de las actividades, productos y servicios a los que se refiere esta Ley y sus reglamentos; VIII. Ejercer el control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos y tejidos y células de seres humanos, salvo lo dispuesto por los artículos 329, 332, 338 y 339 de esta Ley; Fracción reformada DOF 11-06-2009 IX. Ejercer las atribuciones que esta Ley y sus reglamentos le confieren a la Secretaría de Salud en materia de sanidad internacional, con excepción de lo relativo a personas; X. Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en el ámbito de su competencia; XI. Ejercer las atribuciones que la presente Ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le confieren a la Secretaría de Salud en materia de efectos del ambiente en la salud, salud ocupacional, residuos peligrosos, saneamiento básico y accidentes que involucren sustancias tóxicas, peligrosas o radiaciones; XII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, especialmente cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los productos, actividades o establecimientos materia de su competencia, y XIII. Las demás facultades que otras disposiciones legales le confieren a la Secretaría de Salud en las materias que conforme a lo dispuesto en este artículo sean competencia de la Comisión. "Artículo 438.- Contra actos y resoluciones de las autoridades sanitarias que con motivo de la aplicación de esta Ley den fin a una instancia o resuelvan un expediente, los interesados podrán interponer el recurso de inconformidad." De los numerales transcritos se puede advertir que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, y que sus atribuciones se ejercen con base en lo dispuesto por la Ley General de Salud, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como demás ordenamientos aplicables que le sean correspondientes. Asimismo, el artículo 438 establece que en contra de los actos y resoluciones emitidos por las autoridades sanitarias previstas por la Ley General de Salud, como es el caso de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, procederá el recurso de inconformidad. Por otra parte, el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 3º, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como el artículo 23, fracción III, inciso 1), inciso d), del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establecen: Ley Federal de Procedimiento Administrativo "Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente." Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [. ] XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; [.] Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa "Artículo 23.- El Tribunal contará con una Sala Regional especializada en materia de propiedad intelectual, que se denominará "Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual", con competencia en todo el territorio nacional y sede en el Distrito Federal. Esta Sala Especializada tendrá competencia material para tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas a que se refiere el artículo 14, fracciones XI, XII XIV, penúltimo y último párrafos de la Ley, dictadas con fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial, en la Ley Federal del Derecho de Autor, en la Ley Federal de Variedades Vegetales, así como en los demás ordenamientos que regulan la materia de Propiedad Intelectual, o que tengan alguna injerencia en las citadas materias. De lo antes transcrito es posible concluir que conforme a lo previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el numeral 3º, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, procede el juicio de nulidad en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativa. Asimismo, de conformidad con el artículo 23, fracción III, inciso 1), inciso d), del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dicho órgano cuenta con una Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, la cual conocerá de los actos que dicten los Órganos Reguladores de la Actividad del Estado y, que en términos del inciso d) transcrito lo será de los actos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Atento a ello, este Juzgado de Distrito estima que previamente a impugnarse en la presente instancia constitucional el acto aquí reclamado, debió combatirse a través del recurso de inconformidad previsto en la Ley General de Salud y, en su caso, lo resuelto en dicho recurso administrativo, podrá ser impugnado mediante el juicio de nulidad en términos del citado artículo 3º, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Se estima lo anterior, en virtud de que por una parte, la referida Ley General de Salud, prevé la procedencia del recurso de inconformidad contra actos de las autoridades sanitarias y por otra, la ley orgánica del tribunal en comento, precisa que el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es procedente contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, instancia o resuelvan un expediente en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del recurso de inconformidad y, en su caso, el juicio de nulidad, si estos no se agotan previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad como lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De lo antes expuesto, se puede concluir que el acto reclamado en el presente juicio de amparo puede y debe ser impugnado mediante el recurso de inconformidad y, en su caso, mediante el juicio de nulidad ante la Sala Especializada del Tribunales Federal de Justicia Administrativa, conforme a los artículos 438 de la Ley General de Salud, y 3°, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cabe precisar que no se actualiza ninguna excepción para que el gobernado no esté obligada a agotar el juicio contencioso administrativo federal o el recurso de revocación, toda vez que la promovente no se ostenta como tercero extraño a procedimiento administrativo alguno, no reclama la inconstitucionalidad de una ley, no se está en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su reclamo radica en el oficio de uno de diciembre dos mil veinte, mediante el cual se resolvió negar la solicitud de autorización para el consumo de estupefacientes Cannabis Sativa. Asimismo, no se trata de una determinación que carezca de fundamentación, toda vez que del contenido de la misma, se advierte que citan diversos artículos de la Ley General de Salud, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, Reglamento de Insumos para la Salud, así como del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. De igual forma, el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los prohibidos por el diverso 22 constitucional. Por tanto, la obligación de apegarse al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, no constituye una negativa a dicha protección ni un eximente al cumplimiento de la obligación de tutela y garantía de los derechos humanos por parte de las autoridades nacionales, ya que el sometimiento del caso al conocimiento de la autoridad competente en la vía ordinaria, no significa que no deba realizar el análisis de los argumentos donde la quejosa sostiene violaciones directas a derechos humanos reconocidos en los Tratados Internacionales, en virtud de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se encuentra obligado a examinarlos y resolverlos conforme a derecho proceda en un control difuso de convencionalidad, el cual también le compete y se encuentra obligado a ejercer. Ello es así, en razón de que como ya se vio, por una parte, la referida Ley Orgánica dispone que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente para conocer de las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y por otra parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que rige a los juicios de nulidad que se promuevan ante el tribunal de mérito, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Sobre este tema, es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1194, libro 28, marzo de dos mil dieciséis, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro digital 2011289 que al efecto se transcribe: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." De igual forma, cobra vigencia la jurisprudencia a./J.19/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 783, libro 187, abril de dos mil quince, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro digital 2008807, cuyo rubro y texto señalan: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Carta Magna, en relación con los artículos 61, fracción XX, y 113 de la ley de la materia, en relación con los artículos 17 bis y 438 de la Ley General de Salud, y 3º, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como el artículo 23, fracción III, inciso 1), inciso d), del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Administrativa, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, del resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Ahora bien, al tomar en consideración que en el escrito de demanda de amparo la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones uno distinto a la jurisdicción de este Juzgado; por tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil en turno, con sede en Guasave, Sinaloa, para que en auxilio de la Justicia Federal y por comisión de las labores de este juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda notifique este proveído al quejoso Jesús Alejandro López Herrera, en el domicilio que señalo para oír y recibir notificaciones en el Ejido El Crucero, Guasave, Sinaloa, Código Postal 81120; asimismo, lo requiera en los términos precisados en el presente acuerdo y para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de este Juzgado, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley.
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