Jesus Alejandra Acosta Varela

Expediente 240/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
240/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Jesus Alejandra Acosta Varela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual remite diversas documentales, relativas al expediente laboral J.E.No.2-0-30-08-110/2020 relacionado con el presente juicio de amparo; agréguese a los presentes autos sin mayor proveído, toda vez que el presente juicio de amparo fue resuelto y se ordenó su archivo, por auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, (notificado el veintinueve de enero siguiente personalmente) en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el nueve de noviembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  3. Principal

    Vista la razón levantada por la actuaria de este Juzgado, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa licenciado Valente Carrete Herrera en su carácter de apoderado legal de Jesús Alejandra Acosta Varela, el proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, por los motivos que expone; en consecuencia, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, por la parte quejosa el ubicado en el despacho jurídico ubicado en Calle Tenochtitlán número 272-2, Colonia Bienestar, de esta ciudad, para lo cual se ordena notificar por conducto de la actuaria adscrita a este juzgado, dicho proveído a la parte quejosa, en el domicilio citado.

  4. Principal

    Visto el estado guardan los presentes autos, se advierte que en auto de treinta de noviembre de dos mil veinte causó ejecutoria el presente juicio de amparo y, en ese mismo acuerdo se le dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; de igual forma, por auto del siete de diciembre de dos mil veinte, también se le dio vista con diversos documentos relacionados con el cumplimiento al fallo protector. Los citados proveídos se les notificaron a la parte agraviada el ocho de diciembre de dos mil veinte y, el trece de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, sin que se desahogaran tales vistas. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de nueve de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió conceder el amparo solicitado por Jesús Alejandra Acosta Varela y se fijaron los siguientes efectos: ". Para el efecto de que los Integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, una vez que se le notifique el acuerdo que declare ejecutoriada esta sentencia, deje insubsistente su auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, en donde se fijaron los días veinte, veintiuno y veintidós de abril de dos mil veintiuno, para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y, en su lugar dicte otro en donde señale fecha para el desahogo correspondiente, pero dentro de los términos previstos en ley, y continúe con el procedimiento dentro de los plazos legales señalados en la Ley Federal del Trabajo, hasta dictar el laudo correspondiente. De igual forma, la Junta responsable deberá llevar a cabo todas las medidas necesarias para que las autoridades requeridas (Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) rindan lo solicitado en vía de informe, ello de conformidad con el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. ..." En cumplimiento a lo anterior, mediante oficios 903 y 976 recibidos en este juzgado el veintiséis de noviembre y dos de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con domicilio en esta ciudad, informó que por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dejó insubsistente el auto de cuatro de agosto de dos mil veinte y señalo fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, esto es, señaló: Las diez horas del nueve de diciembre de dos mil veinte, para el desahogo de diversa prueba testimonial; Las diez horas del diez de diciembre de dos mil veinte, para el desahogo de la prueba de inspección judicial I; Las diez horas del once de diciembre de dos mil veinte, para el desahogo de la prueba de inspección judicial II; Las diez horas del catorce de diciembre de dos mil veinte, para el desahogo de diversa prueba de inspección ocular. Finalmente, respecto de las pruebas ofrecidas relativas a documentales en vía de informe a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con fundamento en el artículo 688 de la Ley Federal del Trabajo, les giró oficio para que informaran sobre lo solicitado. En ese tenor, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la responsable dejara insubsistente su auto de cuatro de agosto de dos mil veinte y en su lugar dicte otro en donde señale fecha para el desahogo de los medios de prueba ofrecidos por la parte actora, pero dentro de los términos previstos en ley, lo cual ya aconteció; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 1º, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, se comunica a las partes que conforme a la Circular SECNO/1/20221 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual hizo del conocimiento la decisión adoptada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en el sentido de aprobar el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", por lo cual, en atención a la fracción II, punto 2 se hace del conocimiento que del 12 al 18 de enero de 2021, resulta aplicable el acuerdo general 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, se levanta la suspensión de plazos y términos prevista en la Circular CAP/3/2020 y, por ende, se reanudan los plazos y términos en la totalidad de los juicios y procesos; de igual manera se precisa lo siguiente: 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021, los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada

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