Jesús Alejandro Gómez Torres
Expediente 1589/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1589/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jesús Alejandro Gómez Torres
- Delegado Estatal en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta firmado por la directora general del Registro Civil del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido mediante proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, emitió el acta de defunción del aquí quejoso. Estudio de causal de sobreseimiento. En el caso, del análisis de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los artículos 107, fracción I, Constitucional, 6° y 16 de la Ley de Amparo, dado que durante la tramitación del juicio de amparo acaeció la muerte del quejoso. En efecto, de conformidad con el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando el quejoso muera durante el juicio, siempre que el acto reclamado sólo afecte a su persona. Esto es, tratándose de un derecho personalísimo del quejoso, como la vida y la libertad y sin que exista afectación a intereses patrimoniales que pudieran trascender en sus herederos, es inconcuso que sobreviene dicha causa de sobreseimiento; empero, cuando contrariamente a ello, sí reviste una significación económica que pudiera afectar a su sucesión, no procede la extinción del juicio de amparo, por dichos motivos. Sin embargo, por disposición del artículo 16 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado está afectando intereses particulares que subsisten con posterioridad a la muerte del quejoso, su sucesión ha de continuar el juicio, por conducto de su representante legal, para obtener la protección constitucional respecto del acto reclamado que, afectando derechos patrimoniales, no quedaron extinguidos por la muerte del quejoso. Lo que no opera, si no se realiza la intervención de su sucesión o de persona con legitimación para continuar con la acción de amparo, incluso si, de los informes sobre la existencia de algún juicio sucesorio, se obtuvieron resultados negativos. Es así, porque ante la falta de promoción en el juicio de amparo, por parte de quien pudiera resentir afectación a sus derechos económicos obtenidos por transmisión derivada de la muerte del quejoso, no es factible prorrogar la representación del promovente de amparo. En efecto, al no existir parte agraviada, ni sujeto jurídico en favor de quien pudiera dictarse la sentencia para restituirlo en el goce del derecho violado, que constituye un presupuesto procesal del juicio de amparo, en términos de los artículos 6° de la Ley de la Materia, en concordancia con la fracción I del artículo 107 Constitucional, hace sobrevenir la causa de improcedencia invocada y por ende el sobreseimiento en el juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción III, del ordenamiento jurídico citado en primer término. En la especie, se precisa que el acto reclamado por el promovente se hace consistir esencialmente en la falta de atención médica al quejoso Jesús Alejandro Gámez Torres. Ahora, del oficio de cuenta se aprecia que la directora general del Registro Civil del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitió el acta de defunción con número de folio A26 281697, del aquí quejoso, quien falleció el dieciséis de octubre del presente año. En esa tesitura, al existir certeza del fallecimiento del quejoso por encontrarse acreditado con el certificado de defunción respectivo, remitido por la citada autoridad; por lo consiguiente, es pertinente destacar que el acto reclamado por el extinto peticionario de amparo en esta instancia constitucional, se circunscribe únicamente a la esfera personal del quejoso, toda vez que los actos reclamados destacados versan sobre la falta de atención médica. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Por tal motivo, resulta indudable, como se anunció, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia invocada, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción III, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 6, este último interpretado en sentido contrario; todos de la Ley de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis XVI.5o.8 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, página 1793, Materia Común, Novena Época, con número de registro digital: 179176 sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. Al resolver el Amparo directo 826/2003, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo." No es obstáculo para decretar el sobreseimiento, que se haga fuera de la audiencia, pues es de tal manera clara y evidente la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a.J 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386, registro digital 184572, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De igual forma, debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para las once con cincuenta y nueve minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes.. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta firmado por la directora general del Registro Civil del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido mediante proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, emitió el acta de defunción del aquí quejoso. Estudio de causal de sobreseimiento. En el caso, del análisis de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los artículos 107, fracción I, Constitucional, 6° y 16 de la Ley de Amparo, dado que durante la tramitación del juicio de amparo acaeció la muerte del quejoso. En efecto, de conformidad con el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando el quejoso muera durante el juicio, siempre que el acto reclamado sólo afecte a su persona. Esto es, tratándose de un derecho personalísimo del quejoso, como la vida y la libertad y sin que exista afectación a intereses patrimoniales que pudieran trascender en sus herederos, es inconcuso que sobreviene dicha causa de sobreseimiento; empero, cuando contrariamente a ello, sí reviste una significación económica que pudiera afectar a su sucesión, no procede la extinción del juicio de amparo, por dichos motivos. Sin embargo, por disposición del artículo 16 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado está afectando intereses particulares que subsisten con posterioridad a la muerte del quejoso, su sucesión ha de continuar el juicio, por conducto de su representante legal, para obtener la protección constitucional respecto del acto reclamado que, afectando derechos patrimoniales, no quedaron extinguidos por la muerte del quejoso. Lo que no opera, si no se realiza la intervención de su sucesión o de persona con legitimación para continuar con la acción de amparo, incluso si, de los informes sobre la existencia de algún juicio sucesorio, se obtuvieron resultados negativos. Es así, porque ante la falta de promoción en el juicio de amparo, por parte de quien pudiera resentir afectación a sus derechos económicos obtenidos por transmisión derivada de la muerte del quejoso, no es factible prorrogar la representación del promovente de amparo. En efecto, al no existir parte agraviada, ni sujeto jurídico en favor de quien pudiera dictarse la sentencia para restituirlo en el goce del derecho violado, que constituye un presupuesto procesal del juicio de amparo, en términos de los artículos 6° de la Ley de la Materia, en concordancia con la fracción I del artículo 107 Constitucional, hace sobrevenir la causa de improcedencia invocada y por ende el sobreseimiento en el juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción III, del ordenamiento jurídico citado en primer término. En la especie, se precisa que el acto reclamado por el promovente se hace consistir esencialmente en la falta de atención médica al quejoso Jesús Alejandro Gámez Torres. Ahora, del oficio de cuenta se aprecia que la directora general del Registro Civil del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitió el acta de defunción con número de folio A26 281697, del aquí quejoso, quien falleció el dieciséis de octubre del presente año. En esa tesitura, al existir certeza del fallecimiento del quejoso por encontrarse acreditado con el certificado de defunción respectivo, remitido por la citada autoridad; por lo consiguiente, es pertinente destacar que el acto reclamado por el extinto peticionario de amparo en esta instancia constitucional, se circunscribe únicamente a la esfera personal del quejoso, toda vez que los actos reclamados destacados versan sobre la falta de atención médica. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Por tal motivo, resulta indudable, como se anunció, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia invocada, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción III, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 6, este último interpretado en sentido contrario; todos de la Ley de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis XVI.5o.8 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, página 1793, Materia Común, Novena Época, con número de registro digital: 179176 sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. Al resolver el Amparo directo 826/2003, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo." No es obstáculo para decretar el sobreseimiento, que se haga fuera de la audiencia, pues es de tal manera clara y evidente la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a.J 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386, registro digital 184572, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De igual forma, debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para las once con cincuenta y nueve minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes.. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto la certificación de cuenta, se desprende que no fue posible celebrar la audiencia incidental de modificación de suspensión en relación a la garantía de daños y perjuicios, señalada para el veinticuatro de los actuales, en razón del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a la circular SGP/02/2023, emitida por la secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como los avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco del año en curso, firmados por el coordinador suplente y la coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, respectivamente, que declararon inhábiles el periodo comprendido del diecinueve al veintinueve de octubre del presente año. Diferimiento de audiencia incidental. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia, y se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Integración de oficio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio telegráfico de cuenta remitido por la gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, -en representación de la Subdirección General de Administración del Agua y de la gerente de Servicios a Usuarios ambas de ese Desconcentrado-, con residencia en la Ciudad de México, toda vez que mediante determinación de treinta de octubre pasado, se ordenó el archivo del presente sumario, por haberse considerado un asunto totalmente concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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