Jesús Alberto Valdez Valenzuela
Expediente 567/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 567/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jesús Alberto Valdez Valenzuela
Actuaciones
- Principal
Declaración de estado. Del estado de los autos se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 97, fracción I, inciso a), de la ley en cita, para interponer recurso de queja en contra del proveído dictado en treinta de septiembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de a Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado.¿ Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo. Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez que transcurran tres años, toda vez que se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de septiembre de dos mil veinte. 1. Radicación. Vista la demanda de amparo presentada por Jesús Alberto Valdez Valenzuela, contra actos del órgano de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal del Estado de Sonora, en esta ciudad; en consecuencia, fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda. 2. Desechamiento de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por lo que en tal virtud, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el particular, se sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción de la Ley Amparo y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: 1.El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De las normas trascritas se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En ese sentido, tiene la calidad de quejoso aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la propia ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Dicho precepto también establece que la autoridad pública no podrá invocar interés legítimo; que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el peticionario deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, y que el juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan un menoscabo común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. En relación con el interés jurídico para promover el juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar mediante la vía constitucional, algún acto de autoridad violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto de autoridad o una norma, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del gobernado. Así, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que únicamente el sujeto titular de ellos puede ocurrir a la vía constitucional, precisamente, porque el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa violación. Entonces, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes de los peticionarios del amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Así, el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquélla que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de las sentencias. En congruencia con lo anterior, ambos tipos de interés participan de cuatro elementos o rasgos característicos que los diferencian, los cuales resultan orientadores para determinar en qué casos debe satisfacerse uno u otro, a fin de acreditar el exigido por la norma constitucional para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los cuales son: a) Titularidad del interés: tratándose del jurídico es una persona, de manera individual y exclusiva, mientras que, del legítimo, un grupo de personas; b) Poder de exigencia del titular: tratándose del primero es la capacidad de exigir de otro, en este caso, de la autoridad, que realice cierta conducta de dar, hacer o no hacer en su beneficio, mientras que en el segundo no puede exigirse una prestación para sí, sino sólo puede exigir que la autoridad actúe conforme a la ley, porque la violación a ésta le produce una afectación a su situación, su cumplimiento, un beneficio o una ventaja jurídica; c) Norma de la que surge: tratándose del jurídico se crea para salvaguardar los intereses de particulares individualmente considerados, mientras que respecto del legítimo es para salvaguardar intereses generales, el orden público o el interés social; y, d) Tipo de afectación que sufre el titular del interés: tratándose del jurídico la afectación deriva de una lesión directa a la esfera jurídica del gobernado, en tanto que en relación con el legítimo se produce de manera indirecta, es decir, no es una lesión a la persona, sino a la comunidad, sin embargo, afecta o impacta calificadamente a un grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto. Así, dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. Dicho principio consiste en que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, por su apoderado, por su defensor cuando el acto derive de un procedimiento penal o por cualquier persona en los casos en que la propia ley lo permite expresamente -de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Amparo-. En esa tesitura, la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio con motivo de una ley o acto de autoridad, que transgreda los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ende, la afectación a un derecho legítimamente tutelado, otorga al agraviado la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional competente a efecto de exigir se le restituya en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija. La facultad de acudir en defensa de la violación a los derechos fundamentales constituye el interés jurídico; por tanto, sólo tendrá interés jurídico para acudir al amparo aquella persona a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. De ahí que, el interés jurídico de una persona surge cuando el acto reclamado se relaciona con su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto, persona física o moral, privada u oficial. Entonces, si el acto o ley reclamada, no se refiere a los derechos contenidos en la esfera jurídica del quejoso, es concluyente que éste carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo y, en consecuencia, debe declararse la improcedencia del juicio, en términos de las normas citadas. En efecto, la falta de interés jurídico deriva de la ausencia de afectación directa de algún derecho subjetivo, por orden lógico, previo a analizar si los actos reclamados afectan dicho interés con relación al quejoso, debe examinarse si es titular del derecho que aduce tener; de lo contrario, no sería factible considerar que sufre afectación alguna, que es lo que genera el interés jurídico y, la falta de éste, a su vez, la improcedencia del amparo. Sobre todo, porque la sola presentación de la demanda de amparo no establece en modo alguno una presunción juris tantum en favor del peticionario de amparo, a fin de acreditar su interés jurídico; dado que, la eficacia del mismo está condicionada a su demostración, sin que sea permisible ni válido relevar a la parte promovente de su obligación de probarlo para instar el juicio constitucional. Bajo ese contexto, el promovente aduce que le causan un perjuicio las invitaciones de comparecencia, libradas el veintiuno y veinticinco de agosto del año en curso, a nombre de Jesús Benjamín Hurtado Aguirre a efecto de participar en medios alternos de controversia, dentro del expediente SON/HER/RGE/2020/091/33466. Sin embargo, del contenido de esas invitaciones no se desprende que la Facilitadora Certificada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal -quien las suscribió- formulara apercibimiento alguno en caso de incomparecencia, máxime que esta libradas a nombre de diversa persona -Jesús Benjamín Hurtado Aguirre- del promovente. Entonces, es oportuno señalar que la naturaleza de dichas invitaciones de comparecencia, no se pueden considerar como actos que restrinjan la libertad personal, pues ese no es su objeto, sino lograr la comparecencia para la realización de un acto procesal, del cual el promovente ni siquiera es parte, pues como se refirió, dichas medios de citación no están dirgidos a él. Por tanto, al tratarse de actos que no son restrictivos de libertad, no viola derechos fundamentales del impetrante; además, en ningún momento debe perderse de vista que esas invitaciones de comparecencia las cuales se reitera no están dirigidas a la parte promevente constituyen actos tendentes a la integración de una posible averiguación previa, contra lo cual es improcedente el juicio de amparo. Al respecto, sirve de apoyo por analogía el criterio contenido en la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyo rubro establece: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO." En efecto, toda vez que las invitaciones de comparecencia referidas, no transgreden los derechos fundamentales de la parte promovente, lo que pudiera permitirla procedencia del amparo indirecto en su contra; pues, de su contenido se desprende que no existe apercibimiento alguno para que comparezca, ni amenaza por parte de la autoridad de hacerlo acreedor de alguna sanción ante su inasistencia, reiterando de nueva cuenta que se encuentran dirigidos a diversa persona. Por el contrario, de su contenido se advierte que, en ambos casos, corresponde a una citación emitida dentro de una averiguación previa con la finalidad de escalecer los hechos que la originaron, lo cual forma parte de su facultad de investigación. En ese orden de ideas, las invitaciones de comparecencia emitidas dentro de un expediente, no afectan el interés jurídico, pues la dependencia que las gira está actuando en ejercicio de su facultad de investigación estatuida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley Amparo. 4. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda. 5. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se tienen por autorizados en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 6. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 9. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agréguese la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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