Jesus Alberto Villa Medina

Expediente 156/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
156/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
11/03/2019

Partes del expediente

  • Jesus Alberto Villa Medina

Actuaciones

  1. Principal

    El once de marzo de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del cuatro al ocho de marzo del año en curso, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a once de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del referido acuerdo, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    El veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Jesús Alberto Villa Medina, registrada con el número de folio 2294, con cinco copias de ésta que se adjuntan. Que al tener a la vista la diversa boleta de turno de demanda de amparo se realizó una búsqueda minuciosa en el libro de registros de juicios de amparo de este Juzgado y se encontró que Jesús Alberto Villa Medina promovió el diverso juicio 1993/2018, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado, con residencia en Guadalupe, consistentes en la omisión o abstención de dictar auto que cite para laudo definitivo, así como de dictar laudo definitivo dentro del término de diez días que establece la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral ordinario 27/2017, mismo que se encuentra pendiente de dictar sentencia. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de febrero de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por a Jesús Alberto Villa Medina, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guadalupe, Zacatecas y otra autoridad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 156/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables las siguientes: III.-AUTORIDADES RESPONSABLES, señalo como Autoridad Responsable Ordenadora la H. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje especial de la 53 en el Estado de Zacatecas y como autoridad responsable ejecutora al C. Oficial Notificador adscrito a la autoridad señalada como responsable ordenadora, ambas con domicilio bien conocido en la ciudad de Zacatecas capital. IV.-ACTO RECLAMADO, reclamo de la Autoridad señalada como responsable ordenadora la omisión o abstención de dictar laudo definitivo dentro del término de diez días que establece la Ley Federal del Trabajo, dentro del Juicio Laboral ordinario número 27/2017 y de la ejecutora, la omisión de notificar el Laudo antes referido." En ese contexto, este resolutor considera que en la especie se patentiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la ley reglamentaria en consulta, que establece: "Art. 61.- "El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;". La fracción trascrita contempla la improcedencia del juicio de amparo cuando los actos reclamados sean materia de juicio de amparo anterior, esto es, cuando sobre lo planteado en la demanda de amparo existe una instancia constitucional en trámite. Para la actualización de esta causa de improcedencia es necesario que el amparo anterior sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos (en este último supuesto, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; subsistiendo el análisis de los actos de aplicación). En relación con la identidad de las autoridades responsables en los juicios de amparo de que se trate, debe precisarse que aun cuando exista diferencia respecto a éstas porque se señalen a diferentes autoridades ejecutoras, es posible que la causa de improcedencia se actualice en tanto el factor fundamental es que se trate del mismo acto y misma autoridad ordenadora se continúen dos juicios de amparo; esto, porque a fin de cuentas las autoridades ejecutoras sólo podrán realizar lo que la ordenara le indique, salvo que se les reclamen vicios propios. Así, esta causal impide que se realice el análisis de los actos reclamados en dos procedimientos de amparo de manera simultánea, lo que responde a un principio de seguridad jurídica a fin de que no se dicten sentencias contradictorias. Por tanto, cuando se reclamen actos que son materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, el segundo juicio de amparo resulta improcedente. Tampoco será impedimento para estimar actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa, el hecho de que se encuentre o no demostrada la existencia del acto reclamado. Así se desprende, en lo conducente de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO. No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia". Ahora, como se desprende de la cuenta secretarial, ante este propio juzgado se tramita el diverso juicio de amparo 1993/2018, promovido por Jesús Alberto Villa Medina, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado, con residencia en Guadalupe, lo cual, es un hecho notorio para el suscrito juez federal. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." De las constancias que integran el citado juicio de amparo 1993/2018, se advierte lo siguiente: a). En escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, cuyo conocimiento le correspondió, por razón de turno, a este juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, Jesús Alberto Villa Medina, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, el que hizo consistir en la omisión o abstención de dictar auto que cite para laudo definitivo, así como de dictar laudo definitivo dentro del término de diez días que establece la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral ordinario 27/2017. b). Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo; mediante diverso de cuatro de enero del año en curso se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable y dicho asunto se encuentra pendiente de dictar sentencia respectiva. Así las cosas, es evidente que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consistente en la omisión o abstención de dictar laudo definitivo dentro del término de diez días que establece la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 27/2017, es materia de estudio en diverso juicio de amparo, a saber, el tramitado bajo expediente 1993/2018 del índice de este propio órgano jurisdiccional, promovido por el mismo quejoso Jesús Alberto Villa Medina, contra el mismo acto reclamado, dictado dentro del referido juicio laboral ordinario 27/2017, por lo que tales actos no pueden ser objeto de análisis dentro de un nuevo juicio de derechos, en tanto que en la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 1993/2018, como ya se dijo se señalaron como actos reclamados los mismos que en la demanda de garantías que nos ocupa. Dicho juicio se encuentra en trámite, en razón de que se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso artículo 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por JESÚS ALBERTO VILLA MEDINA. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tienen como autorizados únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a José Carlos Adabache López y Yamile Adabache López y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Uno (1), número doscientos veintitrés altos (223), fraccionamiento Boulevares de esta ciudad. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: El veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Jesús Alberto Villa Medina, registrada con el número de folio 2294, con cinco copias de ésta que se adjuntan. Que al tener a la vista la diversa boleta de turno de demanda de amparo se realizó una búsqueda minuciosa en el libro de registros de juicios de amparo de este Juzgado y se encontró que Jesús Alberto Villa Medina promovió el diverso juicio 1993/2018, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado, con residencia en Guadalupe, consistentes en la omisión o abstención de dictar auto que cite para laudo definitivo, así como de dictar laudo definitivo dentro del término de diez días que establece la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral ordinario 27/2017, mismo que se encuentra pendiente de dictar sentencia. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de febrero de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por a Jesús Alberto Villa Medina, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guadalupe, Zacatecas y otra autoridad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 156/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables las siguientes: III.-AUTORIDADES RESPONSABLES, señalo como Autoridad Responsable Ordenadora la H. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje especial de la 53 en el Estado de Zacatecas y como autoridad responsable ejecutora al C. Oficial Notificador adscrito a la autoridad señalada como responsable ordenadora, ambas con domicilio bien conocido en la ciudad de Zacatecas capital. IV.-ACTO RECLAMADO, reclamo de la Autoridad señalada como responsable ordenadora la omisión o abstención de dictar laudo definitivo dentro del término de diez días que establece la Ley Federal del Trabajo, dentro del Juicio Laboral ordinario número 27/2017 y de la ejecutora, la omisión de notificar el Laudo antes referido." En ese contexto, este resolutor considera que en la especie se patentiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la ley reglamentaria en consulta, que establece: "Art. 61.- "El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;". La fracción trascrita contempla la improcedencia del juicio de amparo cuando los actos reclamados sean materia de juicio de amparo anterior, esto es, cuando sobre lo planteado en la demanda de amparo existe una instancia constitucional en trámite. Para la actualización de esta causa de improcedencia es necesario que el amparo anterior sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos (en este último supuesto, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; subsistiendo el análisis de los actos de aplicación). En relación con la identidad de las autoridades responsables en los juicios de amparo de que se trate, debe precisarse que aun cuando exista diferencia respecto a éstas porque se señalen a diferentes autoridades ejecutoras, es posible que la causa de improcedencia se actualice en tanto el factor fundamental es que se trate del mismo acto y misma autoridad ordenadora se continúen dos juicios de amparo; esto, porque a fin de cuentas las autoridades ejecutoras sólo podrán realizar lo que la ordenara le indique, salvo que se les reclamen vicios propios. Así, esta causal impide que se realice el análisis de los actos reclamados en dos procedimientos de amparo de manera simultánea, lo que responde a un principio de seguridad jurídica a fin de que no se dicten sentencias contradictorias. Por tanto, cuando se reclamen actos que son materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, el segundo juicio de amparo resulta improcedente. Tampoco será impedimento para estimar actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa, el hecho de que se encuentre o no demostrada la existencia del acto reclamado. Así se desprende, en lo conducente de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO. No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia". Ahora, como se desprende de la cuenta secretarial, ante este propio juzgado se tramita el diverso juicio de amparo 1993/2018, promovido por Jesús Alberto Villa Medina, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado, con residencia en Guadalupe, lo cual, es un hecho notorio para el suscrito juez federal. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." De las constancias que integran el citado juicio de amparo 1993/2018, se advierte lo siguiente: a). En escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, cuyo conocimiento le correspondió, por razón de turno, a este juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, Jesús Alberto Villa Medina, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, el que hizo consistir en la omisión o abstención de dictar auto que cite para laudo definitivo, así como de dictar laudo definitivo dentro del término de diez días que establece la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral ordinario 27/2017. b). Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo; mediante diverso de cuatro de enero del año en curso se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable y dicho asunto se encuentra pendiente de dictar sentencia respectiva. Así las cosas, es evidente que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consistente en la omisión o abstención de dictar laudo definitivo dentro del término de diez días que establece la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 27/2017, es materia de estudio en diverso juicio de amparo, a saber, el tramitado bajo expediente 1993/2018 del índice de este propio órgano jurisdiccional, promovido por el mismo quejoso Jesús Alberto Villa Medina, contra el mismo acto reclamado, dictado dentro del referido juicio laboral ordinario 27/2017, por lo que tales actos no pueden ser objeto de análisis dentro de un nuevo juicio de derechos, en tanto que en la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 1993/2018, como ya se dijo se señalaron como actos reclamados los mismos que en la demanda de garantías que nos ocupa. Dicho juicio se encuentra en trámite, en razón de que se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso artículo 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por JESÚS ALBERTO VILLA MEDINA. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tienen como autorizados únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a José Carlos Adabache López y Yamile Adabache López y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Uno (1), número doscientos veintitrés altos (223), fraccionamiento Boulevares de esta ciudad. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

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