Jesús Alberto Villa Medina

Expediente 64/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
64/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
06/03/2019

Partes del expediente

  • Jesús Alberto Villa Medina
  • Junta Especial Número Cincuenta Y Tres (53) de la Federal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El seis de marzo de dos mil diecinueve, Angélica Bobadilla Larios, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Certifico: Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo, transcurrió del veinte de febrero al cinco de marzo de dos mil diecinueve, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra del auto dictado por este Tribunal Federal el día doce de febrero del año en curso (fojas 25-28) dentro del presente juicio de amparo 64/2019; Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión; Que no existen tomos de pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a seis de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de doce de febrero de dos mil diecinueve, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes; y en atención a que el proveído de que se trata no requiere ejecución material, con fundamento en el ordinal 214, de la Ley de la Materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. En consecuencia, dese el trámite correspondiente que establece el punto décimo primero del citado acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    El doce de febrero de dos mil diecinueve, la licenciada Angélica Bobadilla Larios, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado, con residencia en esta ciudad, CERTIFICO: Que en este Juzgado se tramita el diverso juicio de amparo 1993/2018, promovido por el quejoso Jesús Alberto Villa Medina, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado, con residencia en Guadalupe, consistentes en la omisión o abstención de dictar auto que cite para laudo definitivo, así como de dictar laudo definitivo dentro del término de diez días que establece la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral ordinario 27/2017, mismo que se encuentra pendiente de dictar sentencia. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los autos del presente asunto y con una promoción con folio 1665. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a doce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas (por conducto de su presidenta). Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley aplicable se tienen ofrecidas como pruebas de la mencionada responsable las documentales que adjunta a su ocurso; mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas. Ahora bien, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, las cuales deberán analizarse de oficio, por lo que éste juzgador advierte que se actualiza la prevista en la fracción X del referido ordenamiento legal, que dispone: "Articulo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" La fracción trascrita contempla la improcedencia del juicio de amparo cuando los actos reclamados sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Para la actualización de esta causa de improcedencia es necesario que el diverso amparo sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto o actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos (en este último supuesto, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; subsistiendo el análisis de los actos de aplicación). En relación con la identidad de las autoridades responsables en los juicios de amparo de que se trate, debe precisarse que aun cuando exista diferencia respecto a éstas porque se señalen a diferentes autoridades ejecutoras, es posible que la causa de improcedencia se actualice en tanto el factor fundamental es que se trate del mismo acto y misma autoridad ordenadora; esto, porque a las autoridades ejecutoras sólo podrán realizar lo que la ordenara le indique, salvo que se les reclamen vicios propios. Así, esta causal impide que se realice el análisis de los actos reclamados en dos juicios de amparo diversos, lo que responde a un principio de seguridad jurídica a fin de que no se dicten sentencias contradictorias. Por tanto, cuando se reclamen actos que sean materia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, el segundo juicio de amparo resulta improcedente. Tampoco será impedimento para estimar actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa, el hecho de que se encuentre o no demostrada la existencia del acto reclamado. Las consideraciones expuestas encuentran apoyo en las tesis aislada sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito del epígrafe y contenido siguientes: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente". Ahora, como se desprende del informe justificado rendido por la presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con residencia en Guadalupe, se advierte que el quejoso promovió diverso juicio de amparo ante este juzgado Primero de Distrito, el cual se registró bajo el número 1993/2018, contra del mismo acto reclamado; y de la consulta del juicio de amparo de mérito, en lo que aquí interesa, se obtienen los siguientes antecedentes: a). En escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, cuyo conocimiento le correspondió, por razón de turno, a este juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, Jesús Alberto Villa Medina, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, el que hizo consistir en la omisión o abstención de dictar auto que cite para laudo definitivo, así como de dictar laudo definitivo dentro del término de diez días que establece la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral ordinario 27/2017. b). Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo; mediante diverso de cuatro de enero del año en curso se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable y dicho asunto se encuentra pendiente de dictar sentencia respectiva. Así las cosas, es evidente que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consistente en la omisión o abstención de dictar laudo definitivo dentro del juicio laboral 27/2017, es materia de estudio en diverso juicio de amparo, a saber, el tramitado bajo expediente 1993/2018 del índice de este juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas con sede en esta ciudad, promovido por el mismo quejoso Jesús Alberto Villa Medina, contra la omisión o abstención de dictar auto que cite para laudo definitivo, así como de dictar laudo definitivo dentro del término de diez días que establece la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral ordinario 27/2017. Así las cosas, y tomando en consideración lo antes expuesto, es un hecho notorio para el suscrito resolutor que la parte quejosa señala el mismo acto reclamado que es materia de estudio del diverso 1993/2018. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En ese contexto es notorio y manifiesto que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo se actualiza la hipótesis normativa que establece el ordinal 61, fracción X, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta minutos del uno de marzo de dos mil diecinueve); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "...El doce de febrero de dos mil diecinueve, la licenciada Angélica Bobadilla Larios, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado, con residencia en esta ciudad, CERTIFICO: Que en este Juzgado se tramita el diverso juicio de amparo 1993/2018, promovido por el quejoso Jesús Alberto Villa Medina, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado, con residencia en Guadalupe, consistentes en la omisión o abstención de dictar auto que cite para laudo definitivo, así como de dictar laudo definitivo dentro del término de diez días que establece la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral ordinario 27/2017, mismo que se encuentra pendiente de dictar sentencia. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los autos del presente asunto y con una promoción con folio 1665. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a doce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado, con residencia en Guadalupe, Zacatecas (por conducto de su presidenta). Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley aplicable se tienen ofrecidas como pruebas de la mencionada responsable las documentales que adjunta a su ocurso; mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas. Ahora bien, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, las cuales deberán analizarse de oficio, por lo que éste juzgador advierte que se actualiza la prevista en la fracción X del referido ordenamiento legal, que dispone: "Articulo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" La fracción trascrita contempla la improcedencia del juicio de amparo cuando los actos reclamados sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Para la actualización de esta causa de improcedencia es necesario que el diverso amparo sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto o actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos (en este último supuesto, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; subsistiendo el análisis de los actos de aplicación). En relación con la identidad de las autoridades responsables en los juicios de amparo de que se trate, debe precisarse que aun cuando exista diferencia respecto a éstas porque se señalen a diferentes autoridades ejecutoras, es posible que la causa de improcedencia se actualice en tanto el factor fundamental es que se trate del mismo acto y misma autoridad ordenadora; esto, porque a las autoridades ejecutoras sólo podrán realizar lo que la ordenara le indique, salvo que se les reclamen vicios propios. Así, esta causal impide que se realice el análisis de los actos reclamados en dos juicios de amparo diversos, lo que responde a un principio de seguridad jurídica a fin de que no se dicten sentencias contradictorias. Por tanto, cuando se reclamen actos que sean materia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, el segundo juicio de amparo resulta improcedente. Tampoco será impedimento para estimar actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa, el hecho de que se encuentre o no demostrada la existencia del acto reclamado. Las consideraciones expuestas encuentran apoyo en las tesis aislada sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito del epígrafe y contenido siguientes: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente". Ahora, como se desprende del informe justificado rendido por la presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con residencia en Guadalupe, se advierte que el quejoso promovió diverso juicio de amparo ante este juzgado Primero de Distrito, el cual se registró bajo el número 1993/2018, contra del mismo acto reclamado; y de la consulta del juicio de amparo de mérito, en lo que aquí interesa, se obtienen los siguientes antecedentes: a). En escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, cuyo conocimiento le correspondió, por razón de turno, a este juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, Jesús Alberto Villa Medina, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, el que hizo consistir en la omisión o abstención de dictar auto que cite para laudo definitivo, así como de dictar laudo definitivo dentro del término de diez días que establece la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral ordinario 27/2017. b). Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo; mediante diverso de cuatro de enero del año en curso se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable y dicho asunto se encuentra pendiente de dictar sentencia respectiva. Así las cosas, es evidente que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consistente en la omisión o abstención de dictar laudo definitivo dentro del juicio laboral 27/2017, es materia de estudio en diverso juicio de amparo, a saber, el tramitado bajo expediente 1993/2018 del índice de este juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas con sede en esta ciudad, promovido por el mismo quejoso Jesús Alberto Villa Medina, contra la omisión o abstención de dictar auto que cite para laudo definitivo, así como de dictar laudo definitivo dentro del término de diez días que establece la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral ordinario 27/2017. Así las cosas, y tomando en consideración lo antes expuesto, es un hecho notorio para el suscrito resolutor que la parte quejosa señala el mismo acto reclamado que es materia de estudio del diverso 1993/2018. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En ese contexto es notorio y manifiesto que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo se actualiza la hipótesis normativa que establece el ordinal 61, fracción X, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta minutos del uno de marzo de dos mil diecinueve); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe..."

  4. Principal

    CUENTA. El veinticinco de enero de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Jesús Alberto Villa Medina, registrada con el folio 1065 y tres copias que se adjuntan. Con la circunstancia de que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se advierte que existe un registro con el nombre de José Carlos Adabache López, y otro a nombre de Yamil Adabache López. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de enero de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jesús Alberto Villa Medina, contra actos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Especial de la Cincuenta y Tres en el estado, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 64/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. ADMISIÓN. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Cabe precisar que la asignación de dicha data, está supeditada a las cargas laborales del juzgado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramita por no solicitarlo así la parte quejosa. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídasele informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el cual deberá rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles, plazo que se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de ese proveído, en el entendido que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avale la existencia del acto reclamado y que soporte su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencione la responsable, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. REQUERIMIENTO POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a la autoridad señalada como responsable, como a las demás partes, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y a la que tenga el carácter de tercera interesada a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. CUESTIÓN RELATIVA A EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tienen como terceros interesados en el presente juicio al Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Zacatecas, con sede en Guadalupe, Zacatecas y al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección XXIX, con sede en esta ciudad, por tanto con fundamento en el diverso numeral 26, fracción II, inciso b), de la citada ley, con transcripción del presente auto empláceseles mediante oficio, remitiéndoles copia de la demanda de derechos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en calle Uno, número doscientos veintitrés altos, fraccionamiento Bulevares, en esta ciudad. Asimismo, como ya se asentó, del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito se advierte que existe un registro con el nombre de José Carlos Adabache López, y otro a nombre de Yamil Adabache López por lo anterior y toda vez que el acopio de información de cédulas profesionales de los abogados postulantes se lleva a cabo a nivel nacional, esto da pauta a la existencia de homónimos, por tanto; requiérase a la parte quejosa para que proporcione el número de registro de las cédulas profesionales de los autorizados en comento, para estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda, por lo que, por el momento se tienen únicamente autorizados para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6944/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.

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