JESÚS ALBERTO RUIZ POLO y Otros.
Expediente 1136/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1136/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- JESÚS ALBERTO RUIZ POLO y Otros.
- Jesús Alberto Ruiz Polo
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existir actuación pendiente por realizar. Aun cuando se tuvo por no presentada la demanda promovida en el presente juicio de amparo, debe tenerse en cuenta que al haberse concedido en su momento la suspensión de plano, procede calificar este expediente, como DEPURABLE, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y transcurrido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, para que desahogaran la prevención contenida en dicho auto, sin que lo hubieran realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y con fundamento en el párrafo segundo del artículo 114, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA, la demanda de amparo promovida a favor de *****. (.). Es menester precisar que dicho criterio, se atiende por considerar que no se opone a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. Como consecuencia de lo anterior, se dejan sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el auto inicial. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones pública de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, del estado de autos se advierte que en proveído de trece de los cursantes, este órgano jurisdiccional, se reservó de proveer respecto del sobre devuelto que contiene el oficio 24879/2022, hasta en tanto se admitiera a trámite la presente demanda. Atento a lo anterior, y tomando en consideración que en esta misma data se tiene por no presentada la demanda de amparo, por lo tanto resulta innecesario realizar mayor pronunciamiento en cuanto al sobre devuelto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a trece de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la notificación personal de cinco de septiembre de dos mil veintidós, realizada por la actuaria de la adscripción, mediante la cual le notificó al quejoso ***, el proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, y el citado quejoso manifestó lo siguiente: (.). Ahora bien, vista las manifestaciones vertidas por el quejoso dígasele que debe estarse a lo acordado en auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en el que se le informó que este órgano jurisdiccional no cuenta con el expediente original toda vez que, se remitió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto contra el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, donde se sobreseyó fuera de audiencia. Asimismo, no pasan desapercibidas las manifestaciones realizadas por el quejoso en el que señala que, de no requerir al Tribunal de Alzada las copias que necesita se le dejaría en estado de indefensión, sin embargo, en el citado proveído se le informó que quedan a salvo sus derechos para que lo requiera ante el tribunal antes citado. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y las manifestaciones que realizó el quejoso en las cuales menciona que su defensor de oficio renunció, se advierte que el quejoso no ha tenido comunicación con su defensor. Por ende, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, requiérase al Coordinador Penal Zona Costa, del Instituto de la Defensoría Pública en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, a efecto de que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de que se encuentre debidamente notificado del presente acuerdo; se sirva informar a este Juzgado, quién es el Defensor Público que suplirá al Defensor Público Jorge Jaime Hernández Ramírez, que representará a la parte quejosa, mientras este se encuentre de licencia, la cual empezó a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós. Se apercibe que de no dar cumplimiento a lo anterior o no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa de Cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Socia Número Quince "Cps-Chipas", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, comisiónese al actuario de la adscripción para que se constituya a dicho centro penitenciario y le notifique el presente proveído. Lo anterior, se autoriza, no obstante que la población de Villa Comaltitlán, Chiapas, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción. Finalmente, en las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 136 y 138, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, decima época, página 18, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. De autos se aprecia que en sentencia terminada de engrosar el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal concedió a la parte quejosa Operadora de Estancias Creativas, Sociedad Anónima de Capital Variable, el amparo de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ***En mérito de anterior, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, para el efecto siguiente: Se cobre a la quejosa la cuota señalada en el artículo 39, inciso A), de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tapachula, Chiapas, para el ejercicio Fiscal dos mil veintiuno, (atendiéndose al giro de la quejosa (Hotel con otros o sin otros servicios), y se le reintegre la parte que cubrió en exceso. Lo anterior, toda vez que la declaratoria de inconstitucionalidad no afecta integralmente a la contribución, por lo cual la quejosa no puede ver totalmente desincorporada de su esfera de obligaciones, la de pagar por el derecho (licencia de anualidad), sino sólo en la parte que resulta desproporcionada o excesiva, respecto de los comprobantes que ofertó como medios de prueba en el presente juicio de amparo. Por lo que al tomar en cuenta que es a la autoridad exactora a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente Municipal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, deberá requerirse a la ***, con sede en esta ciudad, para que devuelva a la parte quejosa la cantidad que se haya pagado en exceso." En proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a las autoridades responsables Tesorera Municipal, Director de Ingresos, ambos dependientes de la Tesorería Municipal y Sindica Municipal, adscritos al Honorable Ayuntamiento de Tapachula, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada por este juzgado de Distrito (fojas 316- 317). Del medio de impugnación correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Turno, radicado con el número 594/2021, quien dictó resolución de tres de junio de dos mil veintidós, (fojas 302 a 321) cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, en el considerando cuarto, reflejado en el primer resolutivo de la sentencia recurrida; atento a las consideraciones vertidas en el considerando sexto de la presente ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de revisión se confirma la sentencia recurrida en el juicio de amparo indirecto 173/2021, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, contra reclamados y autoridades responsables precisados y señaladas en el considerando primero de la presente ejecutoria, por los motivos y para los efectos indicados en el último considerado de la sentencia que se revisa." Por ende, mediante acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 192 de la Ley de Amparo, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas (fojas 323 a 327). En acatamiento a la sentencia de amparo, mediante oficio ***/2022, recibido en auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, remitió constancias relativas al ***, en cumplimiento dado al fallo protector (fojas 352 a 371). Consecuentemente, en el mismo auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós (fojas 373 a 375), con las citadas constancias se dio vista a la parte quejosa ***, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; sin que hiciera pronunciamiento alguno a pesar de estar debidamente notificado (fojas 376-377). Precisado lo anterior, se procede a realizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector, en virtud que la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se concedió para el efecto de que la responsable ***, cobrara a la quejosa ***, la cuota señalada en el artículo 39, inciso A), de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tapachula, Chiapas, para el ejercicio Fiscal dos mil veintiuno, (atendiéndose al giro de la quejosa ***, y se le reintegrara la parte que cubrió en exceso. Del examen de las documentales remitidas por la autoridad responsable, las cuales merecen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se observa que acató los efectos de la sentencia de amparo, pues la ***, realizó lo siguiente: *** Lo anterior, permite concluir que la autoridad responsable ***, ha cumplido con el aspecto fundamental del fallo protector. Sirve de apoyo a lo antes considerado por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 128/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 539, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia Común, localizable en la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 171749, que señala: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA EN AMPARO DIRECTO. DEBEN DECLARARSE INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A DEMOSTRAR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. Cuando se otorga el amparo para efectos en contra de una sentencia o laudo, por irregularidades procesales o formales, o bien cuando habiéndose estudiado el fondo del asunto se hayan definido todas las cuestiones debatidas, el cumplimiento del fallo protector consiste, en esencia, en dejar sin efecto la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra que atienda a la sentencia de la Justicia Federal. De esta manera, si acorde con lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se limita a examinar si es correcta o no la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora, resulta evidente que los agravios en los que se aduzca que la nueva resolución jurisdiccional no cumple con exactitud lo ordenado en la sentencia de amparo deben declararse inoperantes, pues en todo caso ello constituye un cumplimiento defectuoso o con exceso, que debe combatirse a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracciones IV y IX, de la Ley de Amparo." En consecuencia, lo procedente es declarar cumplida la sentencia de mérito, en términos del artículo 77 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 301, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 165807, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Así como, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 192174, de título: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpreta la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda. Con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. En ese tenor, se hace de su conocimiento que queda expedito su derecho para hacer valer el recurso correspondiente, toda vez que en párrafos que anteceden se proveyó lo conducente en relación al cumplimiento de la sentencia amparadora. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
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