Jesús Abraham Cruz de León

Expediente 221/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
221/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Junta Especial Número 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutierrez, Chiapas.
  • Jesús Abraham Cruz de León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA 3-A.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de agosto de dos mil veintidós. Vistos los oficios de cuenta, signados electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante los cuales solicita se le informe respecto del cumplimiento del presente juicio de amparo; asimismo, se le remitan copias certificadas del proveído en el que se ordenó dar vista a las partes en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, de las constancias de notificación correspondientes, del acuerdo en el que se decidió sobre el cumplimiento dictado al fallo protector y del auto en que éste haya quedado firme. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguense a los autos para los efectos legales conducentes, sin que se remita mayor pronunciamiento respecto a su contenido, en virtud de que en proveído de doce de julio de dos mil veintidós, se recibieron similares promociones y se acordó lo conducente. En consecuencia devuélvase al archivo el presente juicio, por tratarse de un asunto concluido.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a doce de julio de dos mil veintidós. Vistos los oficios de cuenta, signados electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante los cuales solicita se le informe respecto del cumplimiento del presente juicio de amparo; asimismo, se le remitan copias certificadas del proveído en el que se ordenó dar vista a las partes en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, de las constancias de notificación correspondientes, del acuerdo en el que se decidió sobre el cumplimiento dictado al fallo protector y del auto en que éste haya quedado firme. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguense a los autos para los efectos legales conducentes y hágase del conocimiento del citado Tribunal Colegiado que en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, en virtud de que el Presidente de la Junta Especial Número 49, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, remitió copias certificadas del laudo de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ***, de su índice estadístico y de las cédulas de notificación de dicha determinación, realizadas a la parte actora y demandada; acuerdo que quedó firme mediante auto de siete de junio de este año, ordenándose el archivo de este juicio. Por lo anterior, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, copias certificadas de los proveídos de dieciocho de mayo y siete de junio de dos mil veintidós, con sus respectivas constancias de notificación; para los efectos legales conducentes. Finalmente, se autoriza al actuario de la adscripción que corresponda, para firmar electrónicamente el oficio que derive de la presente determinación e incorporar el acuse que se obtenga de dicho envío al expediente electrónico

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a siete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que la parte quejosa pudo recurrir en revisión el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de garantías sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En tal virtud, comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. 1. De conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Hágase constar en la carátula del cuaderno principal la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia.

  4. Principal

    MESA 3-A.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual el Presidente de la Junta Especial Número 49, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en atención al proveído de once de mayo de dos mil veintidós y en apoyo a su informe justificado rendido de manera conjunta con la Actuaria de su adscripción, remiten copias certificadas del laudo de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral ***, de su índice estadístico y de las cedulas de notificación de dicha determinación de trece y dieciséis de mayo del año en curso, realizadas a la parte actora y demanda, respectivamente. Ahora bien, de las copias certificadas remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número 49, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se desprende que el cuatro de mayo de dos mil veintidós dictó laudo en el expediente laboral ***, mismo que notificó a la aquí quejosa el trece de mayo del año en curso, a través de su apoderada legal en el referido juicio; constancias a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de esta última. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia identificada como 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 153, Materia Común, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Este juzgador federal, de manera oficiosa, advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI , de la Ley de Amparo, contra los actos reclamados por el impetrante de amparo consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del Juicio Laboral *** y la omisión en notificar el laudo que recaiga a dicha determinación, como a continuación se destacará: En principio, debe indicarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, de donde derivó la tesis de jurisprudencia 59/99, estudió el contenido de la fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, de igual confección a la actual XXI, del mencionado ordinal 61. En ese fallo se dijo, el análisis gramatical de tal disposición permite precisar según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer y el término "efecto", lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el cual se hace algo; la Segunda Sala añadió, las consecuencias jurídicas del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes del nacimiento de la actuación combatida. Precisó, ello también ocurre cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la motivante del amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido; agregó el Alto Tribunal, bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa la autoridad emitente deja de invadir la esfera jurídica del quejoso, al culminar su actuación, implica, además de la detención definitiva de los actos de autoridad, la desaparición total de sus consecuencias. Expuso, la situación puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de lo combatido, pues es patente la justificación de la improcedencia de mérito es lo ocioso de examinar la constitucionalidad de una actuación que cesó de surtir efectos, tampoco los surtirá, ni dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Añadió, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el objeto justificante de la existencia e importancia del juicio de amparo, o sea, el de obtener la reparación constitucional prevista en el arábigo 80 de la Ley de la Materia -abrogada, el cual indicó, es la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, restableciendo las cosas al estado previo a su transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y si es de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetarlo y a cumplir lo exigido en derecho. La Segunda Sala sostuvo, en términos de la fracción XVI, del artículo 73, de la Ley de Amparo abrogada, es improcedente la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Arribó el Máximo Tribunal, a la plena convicción la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de lo impugnado, todos sus efectos desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, tampoco dejó huella. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia visible en la Página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Registro 193758, del Semanario Judicial de la Federación de Rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También, sirve de sustento a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia visible en la Página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Registro 196820, del Semanario Judicial de la Federación de Rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Debe decirse que los criterios citados con antelación, y que interpretan la Ley de Amparo, abrogada se hacen sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tal criterio de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Sobre esa base, se afirma como se dijo que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número 49, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se desprende que el cuatro de mayo de dos mil veintidós dictó laudo en el expediente laboral ***, mismo que notificó a la aquí quejosa el trece de mayo del año en curso, a través de su apoderada legal en el referido juicio. En ese tenor, es inconcuso que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues se han dejado de afectar los derechos del solicitante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, Novena Época, con número de registro: 197367, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio. Consecuentemente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del catorce de junio de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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