Jesús Adrian Castillo Rodríguez

Expediente 1813/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1813/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
11/12/2018

Partes del expediente

  • Jesús Adrian Castillo Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución dictada el quince de noviembre del presente año (fojas 25 a la 28), dentro del plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, como se aprecia de la certificación que antecede; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el ordinal 214 de la Ley en comento, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto Vigésimo Primero, del capítulo Quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto Vigésimo Primero del capítulo Quinto, pues se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO Visto el estado de autos, se advierte que el presente juicio de garantías, se encuentra debidamente integrado y como está ordenado en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso (foja 297), remítanse los autos originales del juicio de amparo 2302/2016, promovido por *** contra actos del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Santiago Ixcuintla, Nayarit, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la parte quejosa, en contra de la sentencia terminada de engrosar el cinco de septiembre de la citada anualidad (fojas 281 a 288).

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el dieciocho de septiembre del año en curso, la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa (fojas 103 a 105). En relación con lo anterior, por acuerdo de diecinueve de septiembre de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar dentro del presente sumario constitucional, el veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 51 a 74), se determinó conceder a la parte quejosa Eulalia Bonilla Huizar, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "a) Los artículos 23, fracción XXVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, con residencia en esta ciudad, por conducto de quien se encuentre facultado para ello, devuelva las contribuciones erogadas por la amparista el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, las cuales se encuentran detalladas en el recibo oficial, expedido por dicha Secretaría y recepcionado por el Recaudador de Rentas de mérito, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente". De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción XXVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y b) Devolver la contribución erogada, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse incluir la actualización fiscal correspondiente. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado el dieciocho de septiembre del año en curso, la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque generado el tres de septiembre de la anualidad citada, a nombre de la quejosa Eulalia Bonilla Huizar y del que se advierte que devolvió la cantidad de $4,099.60 (Cuatro mil noventa y nueve pesos 60/100 moneda nacional), a la promovente del amparo con su actualización fiscal respectiva (fojas 103 y 104). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $4,069.33 (Cuatro mil sesenta y nueve pesos 33/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho y el tres de septiembre del año en curso se generó el cheque número 0000828 por concepto de devolución de lo erogado; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero al mes de julio, ambos de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado). Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de la presente anualidad entre el índice para el mes de julio del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero del año en curso fue de 132.009; y para el mes de julio del año en curso 132.991. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00743. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $4,069.33 (Cuatro mil sesenta y nueve pesos 33/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $4,099.56 (Cuatro mil noventa y nueve pesos 56/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $4,069.33 (Cuatro mil sesenta y nueve pesos 33/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $30.23 (Treinta pesos 23/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $4,099.60 (Cuatro mil noventa y nueve pesos 60/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que hasta la fecha no obran los acuses de recibo de los oficios 26241/2018, 26242/2018 y 26243/2018, a consignación del Tesorero Municipal, Director de Catastro Municipal y Ayuntamiento Constitucional, todos de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual se les notifica el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia de veinticinco de mayo del año en curso emitida en autos. Luego, al no contarse con el acuse referente del oficio en comento, requiérase al Administrador Postal de esta ciudad, a efecto de que en términos del artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes al recibo del oficio de notificación correspondiente, se sirva informar el tratamiento aplicado a las piezas postales que les hubiera correspondido al número de oficios 26241/2018, 26242/2018 y 26243/2018, a consignación del Tesorero Municipal, Director de Catastro Municipal y Ayuntamiento Constitucional, todos de Bahía de Banderas, Nayarit, o en su caso, remita el acuse respectivo, en el entendido de que éstas fueron depositadas en esa oficina postal el veintisiete de junio de la citada anualidad, como se acredita con las constancias que se le anexa al oficio de notificación que al efecto se envíe. Apercibido que en caso de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, conforme lo establece el dispositivo 237, fracción I de la Ley de Amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis.

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