Jesús Adrián Castillo Rodríguez
Expediente 2183/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2183/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/12/2017
Partes del expediente
- Jesús Adrián Castillo Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Visto elestado de autos, se DIFIERE la audiencia constitucional y se señalan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por el Juez Mixto de Primera Instancia de San Blas, Nayarit, mediante el cual informa haber cumplido con la sentencia de amparo y lo que pretende acreditar con las documentales que adjunta; en consecuencia, con fundamento en el arábigo 193 de la Ley de la materia, agréguense a sus autos el oficio y anexos de mérito y téngase por hechas las manifestaciones que refiere la citada autoridad responsable. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte, que la sentencia concesoria de garantías dictada en el presente juicio de amparo, fue para el efecto de que la responsable realizara lo siguiente: Verifique si ya le fue proporcionada la información solicitada en el juicio ejecutivo mercantil en cita, pues de ser así, dé vista a las partes del juicio a efecto de que estén en aptitud de promover lo que a su interés convenga, en atención al principio dispositivo que rige el juicio ejecutivo mercantil de donde deriva; y, En el supuesto de que aún no se haya proporcionado la información requerida en auto de doce de julio de dos mil dieciséis, haga efectivo el apercibimiento ahí contenido." Luego, en atención a las copias que acompaña la autoridad oficiante, se obtiene que la información solicitada en el juicio ejecutivo mercantil de referencia, ya le fue proporcionada, como se advierte específicamente del proveído de treinta de noviembre del año en curso, en el cual recibe el oficio signado por el Apoderado del Banco Nacional de México; sin embargo, no da vista a las partes del citado expediente, con la información que le fue proporcionada mediante el mismo, para que promuevan lo que a su interés convenga, como se le indicó en la sentencia, ya que solo ordena agregar a sus autos el oficio en cuestión; en consecuencia, tampoco obra notificación realizada a las partes del referido auto; motivo por el cual, solo se le tiene en vías de cumplimiento al fallo protector, dado que no se advierte la notificación de referencia; entonces, de conformidad al artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la responsable denominada Tribunal de Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en San Blas, Nayarit, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de total cumplimiento al fallo protector, lo cual deberá informar a este órgano para los efectos legales conducentes; bajo apercibimiento.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo, mediante el cual remite las notificaciones practicadas a la persona de referencia, del proveído de veintidós de noviembre del año en curso, dictado dentro del expediente 182/2017, por medio del cual se acordó la demanda presentada por el mismo, requiriéndolo para que precisara diversas irregularidades destacadas en el mismo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, agréguese el mismo a los presentes autos para que surta los efectos legales correspondientes. En este contexto, este Juzgado de Distrito de manera oficiosa advierte que se surte la causal de improcedencia, contenida en el arábigo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De lo transcrito se observa, que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que ocurre cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que aparece publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De la jurisprudencia invocada se advierte, que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo; y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni dejo huella en la esfera jurídica de la parte solicitante del amparo. Por tanto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, de tal forma que la esfera jurídica del particular vuelve al estado que tenía antes de que se produjera su alteración por los actos de la autoridad que fueron reclamados en el juicio de garantías. Las anteriores consideraciones llevan a concluir, que para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1. Un acto de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo; 3. O bien, de una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías. Los anteriores requisitos fueron colmados en el caso concreto, pues el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, dictó el acuerdo de veintidós de noviembre del año en curso, dictado dentro del juicio 182/2017 (foja 25), por el que determinó requerir al promovente del mismo, para que precisara las irregularidades destacadas en el citado acuerdo. De tal manera, que al haber proveído la demanda presentada por el ahora quejoso, en el que se le hace saber que existen diversas irregularidades, precisándole que al subsanar las mismas se acordara lo que en derecho proceda, auto que le fue notificado el veintiocho de noviembre del año en curso (fojas 28 y 29), lo que es inconcuso que la responsable ya no incurre en omisión de emitir el acuerdo reclamado; en consecuencia, los efectos de tal situación quedaron destruidos de forma total e incondicional; sin que sea obstáculo a lo anterior, que no se haya admitido la demanda imputada a la responsable, toda vez que al respecto, se le requirió al promovente indicara horario de trabajo, así como las prestaciones que reclama en cuanto a la indemnización o reinstalación, lo cual condiciona la admisión del juicio, hasta una vez el promovente de cumplimiento. Por tanto, al no existir más la omisión reclamada por la parte quejosa, consistente en la omisión de emitir el acuerdo de demanda dentro del juicio 182/2017, se obtiene que cesaron los efectos de la violación constitucional; en este orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de Ley de Amparo, resulta ociosa por no existir ya los actos, la materia o los efectos reclamados. En este tenor, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del precepto 61, en relación con el numeral 77, fracción II de la Legislación aplicable, razón por la que resulta procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción V del arábigo 63, todos Ordenamiento Legal en cita. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.1072003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Materia Común, correspondiente a marzo de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, apoya lo anterior, por analogía, el criterio jurisprudencial 415, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página trescientos cincuenta y seis, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, la tesis número II. 1°. C. T. 217 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página trescientos trece del Tomo XIV correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTO CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se recama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." En consecuencia, la causal de sobreseimiento de la que se ha dado noticia precedentemente, impide ingresar al análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues el sentido del fallo no sólo obliga a ello sino que veda la posibilidad para realizarlo, pues de lo contrario tal proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo. Apoya lo dicho, la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por ende, se deja sin efecto legal alguno la audiencia constitucional programada para las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
- Principal
VISTO EL ESTADO DE AUTOS, REQUIÉRASE NUEVAMENTE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS, DEN CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR; APERCIBIDAS QUE DE NO HACERLO SIN CAUSA JUSTIFICADA, SE LES IMPONDRÁ UNA MEDIDA DE APREMIO.
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