Jessica Sarai Torres Mena

Expediente 914/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
914/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Jessica Sarai Torres Mena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    MESA V. Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintisiete de septiembre del año en curso; con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución que sobresee en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Ahora, el expediente original en que se provee se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió y se negó la suspensión provisional y se negó la definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo y sí lo tiene el incidente de suspensión derivado del mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA V. En Mérida, Yucatán, a las diez horas con diecinueve minutos del veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del Secretario de Juzgado con quien actúa, Pablo Pérez Pacheco, procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, dentro del juicio V-914/2019, promovido por JESSICA SARAI TORRES MENA, contra actos del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. El Secretario hace constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. A continuación, el Secretario en funciones de Juez ordena al Secretario de Juzgado hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se da cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a las autoridades responsables; d) Proveídos mediante los cuales se tuvieron por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera, e) Constancia de notificación a la autoridad tercera interesada y, f) el alegato ministerial 486/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado mismos que obran en autos. Acto seguido, el ciudadano Secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de garantías, incluyendo el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario de Juzgado procede a dar cuenta con las pruebas documentales que anexó la parte quejosa a su escrito con número de registro de Oficialía de Partes 11916; así como el anexo que el Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado con sede en Progreso, Yucatán, adjunto a su informe de Ley, mismos que obran agregados en autos. En ese orden de ideas, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten tales probanzas, las que se desahogan sin más trámite en atención a su propia y especial naturaleza. Enseguida se abre el período de alegatos se da cuenta nuevamente con el escrito de la parte quejosa con número de registro de Oficialía de Partes 11916, y con el pedimento número 486/2019, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual, solicita se le niegue o en su caso se sobresea en el presente juicio de amparo a la parte quejosa, a lo que el Secretario en funciones de Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados las manifestaciones de la parte quejosa y del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mismas que serán tomadas en consideración al momento de emitir la sentencia de amparo, y a continuación, el suscrito Secretario en funciones de Juez procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos antes señalados, no habiendo otro asunto pendiente se procede a dictar la sentencia correspondiente. Visto, para resolver el presente juicio de amparo número V-914/2019 promovido por JESSICA SARAI TORRES MENA, contra el acto que reclamó al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el cuatro de julio del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnada al día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, que por turno le correspondió conocer, JESSICA SARAI TORRES MENA, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, y otras autoridades, consistente en la orden de aprehensión, reaprehensión, detención, localización, presentación, orden de investigación y orden de cateo en el predio número 4 LL de la calle 29 de la colonia Benito Juárez de la ciudad y puerto de Progreso, Yucatán. SEGUNDO.- ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgador Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y artículos PRIMERO, fracción XIV, SEGUNDO, fracción XIV, numeral 6, y CUARTO, fracción XIV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, (reformado y adicionado por el diverso 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado), por tratarse de una demanda de amparo en materia penal, promovida contra un acto dictado y que tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, visible en la página 32, que en su rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". Así como la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Así, se estima que los actos que aquí se reclaman son los siguientes: La orden de aprehensión, reaprehensión, detención, localización, presentación, orden de investigación y orden de cateo en el predio número 4 LL de la calle 29 de la colonia Benito Juárez de la ciudad y puerto de Progreso, Yucatán. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión, reaprehensión, detención, localización, presentación, orden de investigación y orden de cateo en el predio número 4 LL de la calle 29 de la colonia Benito Juárez de la ciudad y puerto de Progreso, Yucatán, el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, el Fiscal General del Estado, el Director de Averiguación y Atención Temprana y el Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de dichos actos sin que exista prueba en contrario aportada por la parte quejosa, pues de las constancias que obran en autos no se advierte la certeza de tal acto y tampoco hay alguna presunción legal o humana que evidencie su certeza. Así mismo, el Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral con residencia en la ciudad de Progreso, Yucatán, al rendir su informe justificado negó la existencia únicamente por lo que respecta a la orden de aprehensión, reaprehensión, detención, localización, presentación y orden de investigación; por ende, procede sobreseer en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, únicamente por lo que corresponde a las autoridades y actos precisados en este considerando: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Apoya lo anterior la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. " CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Progreso, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la orden de cateo respecto del inmueble ubicado en la calle 29 con cruzamiento en las calles cuarenta y dos y cuarenta y cuatro de la colonia Ismael García de Progreso, Yucatán. Lo que se advierte de las constancias que remitió junto con su informe justificado consistente en el expedientillo número 21/2019, formado con el escrito del fiscal investigador adscrito a dicho órgano jurisdiccional, del que se advierte la determinación de cinco de julio del año en curso, en el que decretó la orden de cateo reclamada. Documentales que este juzgador le confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º. QUINTO. Causal de improcedencia. Es procedente analizar las causas de improcedencia por ser ésta una cuestión oficiosa para este órgano jurisdiccional, las invoquen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales de la Ley de Amparo invocados establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Para demostrarlo, en primer término es oportuno definir la noción de interés jurídico y legítimo para efectos del juicio de amparo. El artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once, por virtud de la reforma constitucional de seis de junio de ese año, pone de manifiesto, para lo que aquí interesa, lo siguiente: a) Que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; b) Que tal carácter lo tendrá quien refiera ser titular de un derecho subjetivo, o de un interés legítimo individual o colectivo; c) Que la parte agraviada deberá exponer las razones por las que el acto que reclama viola los derechos reconocidos por la Constitución; y afecta su esfera jurídica, ya sea en forma directa, o en forma indirecta, por virtud de su especial situación frente al orden público. Previamente a la reforma que se destaca, el numeral 107 Constitucional atendía a la necesaria existencia de un interés jurídico para acudir al juicio de amparo, de tal manera que, éste sería improcedente contra actos que no afectaran el interés jurídico del quejoso; y, ahora, la reforma al citado numeral, hace referencia a un interés legítimo. Sin embargo, no se advierte que el legislador haya pretendido dar a los vocablos "jurídico" o "legítimo", una connotación desvinculada de la idea de afectación o agravio en la esfera jurídica del quejoso. Es decir, bajo cualquiera de ambas perspectivas (jurídica o legítima) el interés, para efectos del amparo, se asocia al resentimiento de un perjuicio por parte del agraviado. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado las diferencias entre el interés jurídico, el interés simple y la mera facultad. Así, ha puntualizado que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; por tanto, cuando se requiera contar con interés jurídico, el interesado deberá acreditar que le asiste un derecho subjetivo vulnerado, y no una mera facultad o potestad, o un interés simple. Tratándose del interés legítimo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que su existencia requiere, como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (registro 2007921), de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." De lo anterior se colige, que no es posible equiparar ambas clases de interés (jurídico y legítimo), pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la ley en estudio, así lo han estimado, al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, puesto que éste proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o indirectamente derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Las anteriores consideraciones generales son útiles a esta sentencia, toda vez que revelan la necesidad de que la procedencia del juicio de amparo, a través de la figura del "interés", se funde siempre en una afectación derivada de la omisión, acto o norma general reclamada. En dicho contexto, para que un juicio de amparo satisfaga la exigencia de ser promovido por la parte agraviada a quien perjudique la ley o el acto reclamado, es necesario que el ejercicio de la acción constitucional tenga por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quienes demanden su protección en razón de la existencia real al momento de la formulación de la pretensión correlativa ante la autoridad judicial, ya que a nada práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no corresponden a la parte quejosa. De ahí que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional que el acto o ley reclamados, causen perjuicio o afecten la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o indirecta, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, y que ello se acredite en el juicio. En ese orden de ideas, la quejosa señala como acto reclamado la orden de cateo en el predio número cuatro letra LL, de la calle Veintinueve de la colonia Benito Juárez de la ciudad de Progreso, Yucatán; sin que la quejosa demostrara su interés jurídico. Ahora, la autoridad responsable Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Progreso, anexó a su informe el expedientillo 21/2019 (orden de cateo), de cinco de julio del año en curso, en donde manifestó que en esa fecha autorizó una orden de cateo; sin embargo precisó que dicha orden fue para introducirse al predio sin número exterior visible, de la calle Veintinueve con cruzamiento en las calles Cuarenta y dos y Cuarenta y cuatro de la colonia Ismael García de la ciudad de Progreso, Yucatán, la cual consistió en: "PRIMERO. Siendo las 16:30 horas del día de hoy (5 de julio de 2019), se decreta ORDEN DE CATEO respecto del PREDIO SIN NÚMERO EXTERIOR VISIBLE, DE LA CALLE 29 POR 42 Y 44 DE LA COLONIA ISMAEL GARCÍA DE PROGRESO, YUCATÁN (.)" Como se puede advertir, la quejosa carece de interés jurídico, porque no acreditó, ni de manera indiciaria, que sea propietaria o poseedora del bien inmueble que señaló en la demanda de amparo, así como tampoco del predio, sobre el cual se practicó la técnica de investigación consistente en la orden de cateo autorizada sobre el inmueble sin número exterior visible, de la calle Veintinueve con cruzamiento en las calles Cuarenta y dos y Cuarenta y cuatro de la colonia Ismael García de la ciudad de Progreso, Yucatán, cuya propiedad y posesión dice ostentar; mucho menos, que el acuerdo de aseguramiento afecte su derecho de posesión y de propiedad. Por tanto, es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional, que el acto reclamado cause perjuicio o afecten la esfera jurídica de la quejosa, por lo que, si lo reclamado fue la orden de cateo y su ejecución, a realizarse en el inmueble sin número exterior visible, de la calle Veintinueve con cruzamiento en las calles Cuarenta y dos y Cuarenta y cuatro de la colonia Ismael García de la ciudad de Progreso, Yucatán, que la amparista alega como de su propiedad y posesión, es necesario para justificar esa afectación o perjuicio, que quien pide amparo demuestre que el inmueble, cuya propiedad y posesión dice ostentar, es el mismo materia de dichos actos de autoridad, pues de esa manera justificará su interés jurídico para ser oído en defensa de sus derechos, ya que de no acreditar lo aludido, no tendrá por qué ser escuchado en la carpeta de investigación de donde derivó dicho mandamiento, en tanto no pruebe que los actos le causan alguna molestia en sus propiedades, posesiones o derechos. Lo anterior, porque, además, no existe identidad entre el bien inmueble motivo de la orden de cateo (predio sin número exterior visible, de la calle Veintinueve con cruzamiento en las calles Cuarenta y dos y Cuarenta y cuatro de la colonia Ismael García de la ciudad de Progreso, Yucatán) y el diverso número cuatro letra LL, de la calle Veintinueve de la colonia Benito Juárez de la ciudad de Progreso, Yucatán, cuya propiedad alega ostentar la quejosa, ya que no demostró que se trata del mismo bien inmueble. Por tanto, si la quejosa no aporta al juicio de amparo los elementos de convicción conducentes que demuestran de manera fehaciente la identidad del bien materia del cateo de donde emanan los actos reclamados, patente resulta que, en dicho supuesto, no puede sostenerse válidamente que tales actos le irroguen perjuicio, siendo evidente, por ende, que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación a su interés jurídico. Cobra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o. J/2, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 327, Tomo III, Febrero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "POSESION, IDENTIFICACION DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACION. Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantías." En esa tesitura, al carecer de interés jurídico la quejosa, se actualiza la causal de improcedencia invocada, y con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. SEXTO.- SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Finalmente, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y considerado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E : PRIMERO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por JESSICA SARAI TORRES MENA, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el tercero y quinto subsecuentes. SEGUNDO.- En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el oficio signado por la tercero interesada en este asunto, la Fiscal adscrita al Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado, residente en Progreso, Yucatán, mediante el cual informa que dicha representación social fue debidamente emplazada al presente juicio, el uno de agosto del año en curso, mediante oficio 269991. De lo que se toma conocimiento para los fines legales a que haya lugar Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de la lectura de las constancias que integran los mismos, se advierte que hasta la presente fecha no obran constancias en estos autos de que se haya emplazado a juicio al tercero interesado, Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado con sede en Progreso, Yucatán, ni obra en autos el acuse de recibo del oficio V-26991/2019, mediante el cual, se ordenó su emplazamiento; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señalan como nuevas hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Atento a lo anterior, a fin de evitar dilaciones procesales innecesarias, requiéranse vía telegráfica, a dicha autoridad tercera interesada, para que de inmediato, informe a este Órgano Jurisdiccional, de ser el caso, la fecha en que recibió el oficio de referencia, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, se le impondrá una multa de diez días de unidades de medida y actualización, de conformidad con la fracción I del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la anterior Ley de Amparo, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Háganse del conocimiento de lo anterior, a la autoridad tercera interesada arriba señalada, solicitándole de contestación a lo requerido vía telegrama, a fin de evitar, como ya se dijo, mayores dilaciones en el proceso.

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