Jessica Nicole Dogre Marrufo
Expediente 135/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 135/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jessica Nicole Dogre Marrufo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala la ley de la materia en su artículo 202, para que la parte quejosa se inconformara, con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a la parte promovente del amparo conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Asimismo, y como lo dispone el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte el oficio del Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, por sí y por el Secretario de dicha Secretaría, y anexo que acompañó, mismos que ya obran glosados a los presentes autos, con el cual informa lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído de siete de abril del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto. Consecuentemente, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el nueve de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la quejosa JESSICA NICOLE DOGRE MARRUFO. Asimismo, por auto de treinta de marzo de la presente anualidad, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a la responsable para que dé cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. De manera que el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y el Secretario de dicha Secretaría, autoridades responsables, estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: ." SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, a fin de que se reintegre a los impetrantes de amparo en el goce de sus derechos humanos que les fueron afectados, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisan los efectos de la concesión del amparo instado, para que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y el Secretario de Seguridad Pública del Estado, ambos con sede en esta ciudad, en el ámbito de su competencia: a) Dejen sin efectos el acta de sanción administrativa (orden de arresto) de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, en la que impuso a la quejosa Jessica Nicole Dogre Marrufo, un arresto administrativo de veinticuatro horas. Cabe destacar que el anterior pronunciamiento, no veda la posibilidad de que las autoridades administrativas en uso de sus atribuciones pueda llevar a cabo un arresto por hecho diverso, pues se trata de una facultad potestativa de ésta, la cual podrá ejercer, siempre y cuando respete la garantía de audiencia en forma previa a la imposición del referido arresto administrativo correspondiente. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 497, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada." ." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, por sí y por el Secretario de dicha Secretaría, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria, pues remitió en copia certificada el oficio número SSP/DJ/10383/2021, de fecha uno de los corrientes, del que se advierte que en esa misma fecha dejó sin efectos el acta de sanción administrativa (orden de arresto) de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, en la que impuso a la quejosa Jessica Nicole Dogre Marrufo, un arresto administrativo de veinticuatro horas, dejando insubsistentes las horas faltantes por compurgar y por lo tanto, y no se le obligó a agotar el tiempo restante; siendo que con ello, se le restituyo en el goce de las garantías que le fueron violadas. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el oficio suscrito por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, por sí y por el Secretario de dicha Secretaría, con un anexo que adjunta, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplido o no la sentencia ejecutoria.
- Principal
Vistos los presentes autos, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera interpuesto recurso de revisión contra la sentencia constitucional firmada en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 81, inciso e), de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución que por una parte, SOBRESEYÓ y por la otra AMPARÓ a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo1, requiérase al Secretario de Seguridad Pública del Estado y Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, ambos con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien 1Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en el numeral 2582, en armonía con el diverso ordinal 2383, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como que se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución.
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